El Perú se encamina a las elecciones generales del 12 de abril de 2026 en un momento decisivo de su historia política. No se trata simplemente de una contienda más, sino de la posibilidad concreta del retorno de un gobierno popular con raíces provincianas y orientación nacionalista. Frente a décadas de hegemonía de élites económicas y políticas, emerge nuevamente el Perú profundo como protagonista del cambio.

La experiencia de las Elecciones generales de Perú de 2021 dejó una lección clara: el país real no coincide con el país que muestran los grandes medios ni las encuestadoras. La victoria de Pedro Castillo fue expresión de una mayoría históricamente excluida que irrumpió en la escena política. Hoy, ese mismo sujeto social no ha desaparecido; por el contrario, se encuentra en proceso de reorganización.

En ese contexto, la propuesta de Juntos por el Perú, liderada por Roberto Sánchez, representa la continuidad y maduración de esa corriente popular. Acompañado por figuras como Margot Palacios, Jaime Quito, Mercedes Castillo, Elías Varas y otros, sectores vinculados al nacionalismo y expresiones políticas regionales, este espacio no solo está en condiciones de superar la valla electoral, sino de disputar con fuerza el pase a una segunda vuelta.

Esta izquierda popular provinciana, con influencias del nacionalismo velasquista, recoge demandas históricas: cambio constitucional, soberanía sobre los recursos, justicia social y un rol activo del Estado en la economía. Su base no está en los círculos de poder limeños, sino en las regiones, en los sectores rurales y en las mayorías que han sido sistemáticamente marginadas del desarrollo.

En contraste, el poder oligárquico encuentra su principal expresión en Keiko Fujimori de Fuerza Popular, una fuerza que, pese a haber sufrido reiteradas derrotas electorales, mantiene presencia institucional y mediática. Su trayectoria reciente ha estado marcada por el cuestionamiento de resultados electorales y por el uso del Congreso como espacio de confrontación política, en un contexto donde las mayorías parlamentarias han respondido históricamente a intereses neoliberales.

Sin embargo, como ya ha ocurrido en procesos anteriores, el desenlace no se definirá únicamente en el terreno visible. Existe un vasto electorado invisibilizado por las encuestas: ciudadanos del Perú profundo que no participan en los circuitos mediáticos y que deciden su voto en función de experiencias concretas. Este “voto oculto” podría ser nuevamente decisivo, inclinando la balanza hacia una opción de cambio estructural.

En este escenario, la posibilidad de una segunda vuelta entre una izquierda popular y una derecha oligárquica no solo es viable, sino coherente con la dinámica histórica reciente del país. Lo que está en juego no es únicamente una elección, sino la disputa por el modelo de país: uno orientado a las mayorías nacionales o uno que continúe subordinado a intereses de élite. Y todo indica que, una vez más, el Perú profundo tendrá la última palabra.

En los comicios generales de 2026, los personeros electorales cumplen un papel fundamental en la vigilancia del proceso democrático. Como representantes acreditados de los partidos políticos, su misión es fiscalizar cada etapa de la jornada electoral y asegurar que los votos emitidos sean respetados y correctamente contabilizados, siempre dentro del marco de la Ley Orgánica de Elecciones del Perú y bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Los personeros de mesa de sufragio desarrollan una labor técnica y minuciosa. Desde la instalación de la mesa, verifican que el ánfora esté vacía y que el material electoral esté completo. Durante la votación, observan el cumplimiento de las normas y, en el escrutinio, revisan voto por voto para evitar errores o interpretaciones indebidas. Tienen la facultad de formular observaciones, impugnar votos cuando corresponda y exigir que todo quede registrado en las actas, documentos clave para cualquier eventual reclamo.

Por otro lado, los personeros de centro de votación cumplen una función estratégica. Supervisan el desarrollo general en todo el local, coordinan con los personeros de mesa de su organización política y canalizan incidencias ante las autoridades electorales. Su rol permite identificar problemas recurrentes o situaciones que podrían afectar a varias mesas, contribuyendo a una respuesta más ordenada y efectiva.

No obstante, sus funciones tienen límites estrictos. Los personeros no pueden intervenir directamente en el proceso, manipular material electoral, influir en la decisión de los votantes ni realizar propaganda dentro del local. Su papel es observar, registrar y reportar, respetando la autoridad de los miembros de mesa y garantizando que sus acciones se mantengan dentro de la legalidad.

En ese sentido, una labor eficiente de los personeros no solo fortalece la transparencia electoral, sino también la confianza ciudadana en los resultados. La correcta observación, el registro oportuno de incidencias y la coordinación entre niveles permiten que estos actores se conviertan en piezas clave para asegurar que cada voto cuente en los comicios generales de 2026.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene intensificando la capacitación de personeros de centro y de mesa en todo el país, como parte de los preparativos para las elecciones generales 2026. La medida busca asegurar que los representantes de las organizaciones políticas desempeñen correctamente su rol de fiscalización durante la jornada electoral.

El proceso formativo está dirigido a miles de personeros acreditados, quienes cumplen una función clave en la vigilancia del desarrollo del sufragio. A través de jornadas presenciales y plataformas virtuales, la ONPE brinda instrucción sobre la instalación de mesas, el desarrollo de la votación, el escrutinio y el llenado adecuado de actas electorales.

Uno de los principales enfoques de estas capacitaciones es la prevención de errores y controversias durante el conteo de votos, especialmente en un escenario con múltiples candidaturas y una cédula de votación más compleja. Para ello, se han implementado simulacros y materiales didácticos que recrean situaciones reales del día de la elección.

La estrategia también contempla un despliegue descentralizado mediante oficinas regionales, con el objetivo de llegar a zonas urbanas y rurales. De esta manera, se busca garantizar que todos los personeros, sin importar su ubicación, cuenten con la preparación necesaria para ejercer su labor de manera eficiente y transparente.

Especialistas en materia electoral coinciden en que una adecuada capacitación de los personeros fortalece la confianza ciudadana en los resultados. En ese sentido, la ONPE reafirma su compromiso con la formación continua como un pilar clave para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso electoral en el Perú.