La visita del pontífice ocurre en medio de las consecuencias sociales del ajuste económico, el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores populares y las diferencias entre el discurso social del Vaticano y las políticas del Ejecutivo argentino.

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2026.- El papa León XIV llegó este domingo a Argentina, donde fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery. Se trata de la primera visita de un pontífice al país desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su viaje apostólico. La llegada del líder de la Iglesia católica ocurre en un escenario marcado por la pobreza, la desigualdad y las controversias generadas por el programa de ajuste económico impulsado por el Gobierno argentino.

El contexto social será uno de los principales telones de fondo de la visita. Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes al primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3 % de la población de los 31 aglomerados urbanos relevados, mientras que la indigencia llegó al 7,5 %. El indicador de pobreza registró un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, lo que evidencia un nuevo deterioro en las condiciones de vida de millones de personas.

Aunque el índice de pobreza se encuentra por debajo del registrado al inicio de la gestión de Milei, su reciente repunte vuelve a poner en discusión los efectos sociales del modelo económico. La reducción del gasto público, los recortes presupuestarios, los despidos en el sector estatal y las dificultades que enfrentan distintos sectores productivos y laborales forman parte de un escenario de tensión entre los objetivos fiscales del Ejecutivo y las demandas de protección social.

Una visita atravesada por las diferencias políticas

La presencia de León XIV también adquiere relevancia por las diferencias entre la orientación social de la Iglesia católica y las políticas económicas del Gobierno argentino. Mientras el Ejecutivo defiende el ajuste como una condición para estabilizar la economía y reducir la inflación, distintos sectores eclesiásticos han expresado preocupación por el impacto de esas medidas sobre las personas pobres, los trabajadores, los jubilados y las personas con discapacidad.

En ese contexto, el pontífice llega a un país donde la cuestión social ocupa un lugar central en el debate público. Su antecesor, el papa Francisco, mantuvo una posición crítica frente a las desigualdades económicas y defendió reiteradamente la necesidad de colocar a las personas más vulnerables en el centro de las decisiones políticas. Ese legado constituye una referencia inevitable para una visita que se desarrolla bajo un gobierno que reivindica una profunda reducción de la intervención estatal.

La agenda oficial contempla encuentros institucionales y actividades pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante su primera jornada, León XIV tiene previsto reunirse con el presidente Milei en la Casa Rosada y participar en un encuentro con autoridades, representantes del cuerpo diplomático y miembros de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

La deuda social, en el centro de la expectativa

Durante los días siguientes, el Papa desarrollará actividades con comunidades religiosas y distintos sectores de la sociedad. Entre ellas figuran una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, institución dedicada a la atención de personas con discapacidad; una celebración multitudinaria en Buenos Aires; actividades en Córdoba y una misa en la ciudad de Luján.

Estos compromisos tienen una dimensión que trasciende el protocolo religioso. La visita a una institución dedicada al cuidado de personas con discapacidad adquiere especial significado en medio de los cuestionamientos a los recortes y las dificultades que atraviesa ese sector. Del mismo modo, los encuentros con representantes sociales y comunitarios se producen en un contexto de reclamos por empleo, ingresos y acceso a derechos básicos.

La llegada de León XIV representa, así, un acontecimiento religioso e institucional de gran relevancia para Argentina, pero también ocurre en un momento de fuertes tensiones económicas y sociales. Sus mensajes sobre la pobreza, la dignidad humana y la protección de los sectores vulnerables serán observados con atención, tanto por una sociedad que reclama respuestas como por un Gobierno que busca sostener su programa económico.

Más allá de los gestos diplomáticos entre el Vaticano y la Casa Rosada, la visita vuelve a colocar una pregunta en el centro del debate argentino: cómo compatibilizar la estabilidad económica con la protección de quienes soportan las consecuencias más duras de la crisis.

Antes de que existiera la República, los pueblos indígenas ya habían puesto en cuestión el orden colonial. En 1780, desde el sur andino, una insurrección encabezada por José Gabriel Condorcanqui sacudió los cimientos del dominio español. No fue solamente una rebelión contra los abusos de los corregidores: fue una confrontación contra un sistema de explotación que llevaba siglos imponiéndose sobre las poblaciones originarias.

Cusco, noviembre de 1780.- El 4 de noviembre, en Tungasuca, la historia comenzó a cambiar de dirección. José Gabriel Condorcanqui, cacique de Surimana, Pampamarca y Tungasuca, hizo capturar al corregidor Antonio de Arriaga. Seis días después, el funcionario colonial fue ejecutado. Lo que parecía un ajuste de cuentas contra una autoridad abusiva se convirtió en el comienzo de una de las mayores insurrecciones anticoloniales de América. Detrás de aquel levantamiento estaban el rechazo a los repartos forzosos de mercancías, los tributos, la mita y los abusos del aparato colonial. No era una protesta aislada: era el hartazgo acumulado de pueblos sometidos a un orden que extraía su trabajo y sus recursos.

Pero aquella rebelión tenía algo más que indignación. Tenía organización, una conducción política y una propuesta que buscaba ampliar sus alianzas. Condorcanqui asumió el nombre de Túpac Amaru II, reivindicando su vínculo con la memoria de los incas. Su convocatoria no se limitó a los indígenas: buscó incorporar a mestizos, negros, criollos y sectores que rechazaban los abusos de las autoridades españolas. La rebelión pretendía construir una fuerza capaz de disputar el poder colonial, aunque las diferencias sociales y los intereses de sus posibles aliados terminarían convirtiéndose en uno de sus principales obstáculos.

El 16 de noviembre, Túpac Amaru promulgó el Bando de Libertad de los Esclavos. El documento ofrecía libertad a las personas esclavizadas que se sumaran a la causa rebelde y convocaba a los habitantes del territorio a enfrentar los abusos de los europeos. Fue una declaración de enorme alcance político para su tiempo, aunque no debe confundirse con la abolición efectiva y general de la esclavitud en los dominios españoles. Dos días después, el 18 de noviembre, las fuerzas insurgentes derrotaron a las tropas realistas en Sangarará. La victoria demostró que el ejército colonial podía ser vencido y multiplicó las expectativas de quienes veían en la insurrección una oportunidad para cambiar el orden establecido.

En aquella guerra, sin embargo, no todo se decidía en el campo de batalla. Micaela Bastidas, esposa de Túpac Amaru, desempeñó un papel político y militar fundamental. Organizó comunicaciones, movilizó recursos, coordinó abastecimientos y transmitió órdenes a los pueblos comprometidos con la insurrección. Los documentos coloniales que intentaron acusarla también dejaron constancia de su autoridad y capacidad de dirección. No fue una acompañante del líder rebelde: fue una protagonista de la conducción de la guerra. Y cuando llegó el momento de avanzar sobre Cusco, defendió una acción inmediata. Túpac Amaru optó por no tomar la ciudad en ese momento, una decisión que permitió a los realistas reorganizar sus defensas y recibir refuerzos desde Lima.

Cusco era mucho más que una ciudad. Era el centro político, religioso y administrativo del poder colonial en el sur andino. Su control podía modificar el curso de la rebelión. A comienzos de 1781, las fuerzas insurgentes intentaron cercarla, pero no consiguieron someterla. Las autoridades españolas aprovecharon el tiempo para concentrar tropas, recursos y mandos militares. La guerra se extendió por territorios del sur andino y se volvió cada vez más difícil para los rebeldes, que enfrentaban un aparato colonial con mayores recursos y capacidad de movilización. La ventaja inicial comenzaba a convertirse en una lucha desigual.

En abril de 1781 llegó el golpe decisivo. Tras las derrotas militares y la persecución de las fuerzas realistas, Túpac Amaru II fue capturado en Langui el 7 de abril. Micaela Bastidas y sus hijos también cayeron en manos de las autoridades coloniales. La captura no fue solamente la caída de una familia rebelde: el poder español buscaba destruir la conducción política y militar de una insurrección que había puesto en cuestión su autoridad sobre los Andes. Los procesos judiciales se convirtieron en instrumentos de castigo y escarmiento contra quienes habían desafiado el orden virreinal.

El 18 de mayo de 1781, la plaza de Armas del Cusco fue convertida en escenario de una ejecución pública. Micaela Bastidas fue asesinada después de sufrir tormentos y su esposo fue conducido al suplicio. A Túpac Amaru le cortaron la lengua y ataron sus extremidades a cuatro caballos que debían tirar en direcciones opuestas. El intento de descuartizamiento no consiguió separar su cuerpo. Finalmente, por orden de las autoridades coloniales, fue decapitado y sus restos fueron descuartizados. La represión no terminó con su muerte: las cabezas y extremidades de los ejecutados fueron distribuidas en distintos pueblos vinculados a la rebelión para sembrar miedo y advertir a la población sobre el costo de desafiar al poder español. Plataforma del Estado Peruano+1

Pero el imperio había confundido el silenciamiento de sus dirigentes con la desaparición de la rebelión. Diego Cristóbal Túpac Amaru, primo del líder ejecutado, continuó la resistencia. En el Alto Perú, los levantamientos de Túpac Katari y otros dirigentes ampliaron la dimensión territorial de la lucha. La guerra se prolongó hasta 1783, cuando los principales focos insurgentes fueron sometidos después de años de enfrentamientos y negociaciones. La Corona respondió también con medidas destinadas a debilitar los símbolos de identidad indígena: restringió expresiones culturales vinculadas al pasado inca, la vestimenta tradicional y el prestigio público de las lenguas originarias. La persecución del quechua y de la memoria incaica formó parte de una política de control cultural que tuvo consecuencias duraderas.

La rebelión que no terminó en la plaza

La ejecución de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas permitió al poder colonial recuperar el control militar, pero no borrar las razones que habían provocado el levantamiento. La explotación, la desigualdad y la exclusión de los pueblos indígenas sobrevivieron a sus dirigentes. Décadas después, la independencia política del Perú tampoco significó la inmediata desaparición de esas estructuras. La Gran Rebelión dejó una advertencia histórica: ningún orden político puede considerarse legítimo cuando se sostiene sobre el sometimiento de los pueblos. Túpac Amaru fue derrotado, pero su nombre permaneció en la memoria de los Andes como símbolo de resistencia, dignidad y lucha contra la dominación.

Saludos de Juntos por el Perú y un acto simbólico en Puno marcaron el onomástico del expresidente, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. Sus simpatizantes volvieron a reclamar su libertad.

Lima, 19 de octubre de 2026.- El expresidente Pedro Castillo Terrones cumple 57 años este lunes mientras permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate. La fecha motivó mensajes de solidaridad de representantes de Juntos por el Perú y una actividad simbólica de simpatizantes en Puno, con pedidos de libertad y reencuentro con su familia.

La bancada de Diputados de Juntos por el Perú envió un saludo de cumpleaños en el que destacó la trayectoria de Castillo desde el interior del país y expresó su deseo de que recupere la libertad y vuelva a encontrarse con su familia y el pueblo.

El senador Iber Maraví y la ex congresista Margot Palacios, ambos ayacuchanos y de conocida cercanía con el ex presidente, también difundieron felicitaciones públicas. Ambos calificaron a Castillo como «preso político», expresión que refleja su posición política y no una calificación judicial acreditada.

Los pronunciamientos evidencian que sectores vinculados a Juntos por el Perú y a organizaciones afines mantienen el reclamo de libertad como una de sus principales banderas políticas.

Puno: música y torta junto al Titicaca

En Puno, dirigentes de colectivos civiles realizaron un acto simbólico a orillas del lago Titicaca. La actividad incluyó música y una torta de cumpleaños, en una expresión de respaldo que sus participantes relacionaron con la resistencia política de Castillo.

Las manifestaciones se suman a otras celebraciones organizadas por simpatizantes en años anteriores. En octubre de 2024, por ejemplo, seguidores del exmandatario se congregaron en los exteriores del penal de Barbadillo para celebrar su cumpleaños y exigir su liberación.

El reclamo político y la situación judicial

Castillo permanece recluido por el proceso penal relacionado con los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y medidas sobre el sistema de justicia. Su situación judicial constituye el contexto central de los pedidos de libertad difundidos por sus seguidores.

A sus 57 años, el exmandatario continúa generando expresiones de apoyo entre sectores de izquierda y simpatizantes que cuestionan su encarcelamiento. El debate sobre su situación exige distinguir los reclamos políticos de sus partidarios de las decisiones que corresponden a las autoridades judiciales.