La población acató un paro de 24 horas ante la prolongada crisis de abastecimiento de agua potable. La protesta paralizó comercios, suspendió clases y bloqueó vías. Los ciudadanos exigen una solución inmediata, la construcción de una planta de tratamiento y cambios en la administración de SEDA Huánuco.

Huánuco, 4 de noviembre de 2026.- La ciudad de Huánuco paralizó sus principales actividades en una jornada de protesta de 24 horas para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable y la construcción de una planta de tratamiento. La medida, iniciada a las 00:00 horas, reunió a organizaciones sociales, vecinos, colegios profesionales y trabajadores de Construcción Civil, quienes cuestionan la gestión de los servicios de saneamiento frente a una crisis que, según los manifestantes, se prolonga desde hace aproximadamente dos meses.

La paralización tuvo un impacto directo en la vida cotidiana de la población. Los establecimientos comerciales cerraron sus puertas, las actividades escolares fueron suspendidas y los manifestantes bloquearon diferentes vías de comunicación, incluido un tramo de la carretera Central. La protesta expresó el malestar de los usuarios que reclaman acceso continuo a un servicio básico indispensable para las familias, los centros educativos y las actividades económicas.

Exigen planta de tratamiento y salida del OTASS

Entre las principales demandas de los manifestantes figura la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable que permita mejorar la calidad y garantizar el abastecimiento para Huánuco. También exigen la salida del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), entidad vinculada a la administración de SEDA Huánuco, así como cambios en los funcionarios responsables de la gestión.

Los usuarios cuestionan que, pese a la intervención del OTASS, continúen los problemas de abastecimiento y las deficiencias en la prestación del servicio. A ello se suman las denuncias por recibos elevados y cambios de medidores en Huánuco, Amarilis y Pillco Marca. El dirigente regional del sector educación, Armando Matos, cuestionó los montos facturados y sostuvo que el incremento de los pagos genera mayor indignación entre las familias.

Enfrentamientos y crisis en SEDA Huánuco

La jornada también estuvo marcada por enfrentamientos en los exteriores de SEDA Huánuco. Efectivos de la Policía Nacional utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a un grupo de manifestantes que intentaba ingresar a las instalaciones de la empresa. Durante la cobertura periodística se reportaron personas afectadas por los gases y ciudadanos que necesitaron asistencia, aunque no se precisó oficialmente el número de heridos ni la gravedad de sus lesiones. Canal N+2

La crisis también alcanzó a la administración de la empresa. El gerente general de SEDA Huánuco, Mirko Félix Jurado Dueñas, presentó su renuncia irrevocable mediante una carta fechada el 2 de noviembre, señalando motivos personales y fijando el 5 de noviembre como su último día de labores. A esta decisión se sumó la renuncia de la gerente de Operaciones, Analyn García Torres, presentada el 27 de octubre. Ambas salidas se producen en medio de los cuestionamientos ciudadanos a la gestión del servicio.

Río Higueras y deterioro de infraestructura agravan el problema

Entre los factores que habrían agravado el desabastecimiento figuran el incremento de la turbidez del río Higueras, principal fuente de captación de agua de la ciudad, debido a las lluvias, y el reporte de una posible rotura de una tubería matriz de aproximadamente 10 pulgadas. Según información difundida durante la cobertura de Canal N, las restricciones habrían reducido el suministro hasta en un 75 % de su capacidad. Estas condiciones requieren información técnica de SEDA Huánuco para determinar su alcance y las causas concretas de la interrupción.

El problema de fondo también está relacionado con la antigüedad y vulnerabilidad de la infraestructura de conducción. Una investigación publicada por Diario Ahora el 2 de noviembre advirtió sobre las diferencias entre los anuncios del Gobierno Regional y la propuesta técnica de SEDA Huánuco: mientras el gobernador Antonio Pulgar anunció una nueva planta de tratamiento, el gerente de la empresa sostuvo que el proyecto que se venía preparando contemplaba principalmente renovar el canal de conducción, sin incrementar la capacidad del sistema ni incorporar nuevos componentes. Diario Ahora

La población espera compromisos y soluciones concretas

Tras la jornada de protesta, el OTASS adoptó medidas relacionadas con los cuestionamientos a la administración de SEDA Huánuco, entre ellas cambios en la dirección de la empresa, según la información publicada por El Comercio. Sin embargo, las decisiones administrativas no resuelven por sí mismas el problema estructural del abastecimiento ni garantizan la ejecución de una nueva planta de tratamiento.

La demanda de los huanuqueños pone en discusión la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios básicos y la necesidad de inversiones que garanticen agua potable en condiciones adecuadas. La población espera que el Gobierno nacional, el Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional y el OTASS presenten soluciones con presupuesto, responsables y plazos definidos. El reclamo central sigue pendiente: que el acceso al agua deje de depender de un servicio intermitente y se convierta en una garantía efectiva para las familias de Huánuco.

La entrega de terrenos estatales para construir dos establecimientos penitenciarios en Huacho reaviva la oposición de autoridades y ciudadanos. La provincia reclama diálogo y exige que sus necesidades de salud, educación y desarrollo también sean atendidas.

Huacho, 5 de noviembre de 2026.- La decisión del Gobierno de impulsar la construcción de dos megapenales en Huacho, provincia de Huaura, ha reavivado el rechazo de sectores de la población que cuestionan la instalación de grandes establecimientos penitenciarios en su territorio. El 4 de noviembre, la presidenta Keiko Fujimori encabezó la entrega de terrenos estatales destinados a estos proyectos, pese a los cuestionamientos que las autoridades locales habían formulado desde 2025.

Gobierno entrega terrenos para dos megapenales

Durante una actividad realizada en el establecimiento penitenciario Ancón I, Fujimori anunció la entrega de títulos habilitantes correspondientes a dos terrenos estatales que comprenden aproximadamente 2.600 hectáreas. Los predios serán destinados a la construcción de dos centros penitenciarios en Huacho y el Gobierno ha solicitado acelerar su ejecución.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, informó que los establecimientos tendrían una capacidad conjunta proyectada de 24.000 internos: uno para 14.000 reclusos primarios y otro para 10.000 personas vinculadas a organizaciones criminales. La propuesta contempla sistemas de construcción modular y regímenes penitenciarios diferenciados.

Huaura ya había presentado su rechazo

La oposición institucional no comenzó con los recientes anuncios. El 28 de julio de 2025, el alcalde provincial Santiago Yuri Cano La Rosa presentó, según el pronunciamiento municipal difundido, un memorial dirigido a la entonces presidenta de la República, mediante el cual expresó el rechazo de la municipalidad a la construcción de un establecimiento penitenciario en la provincia.

El documento solicitó paralizar los procedimientos técnicos y administrativos del proyecto, instalar una mesa técnica intergubernamental con participación de las autoridades y la sociedad civil, y desarrollar mecanismos de consulta pública para evaluar los impactos sociales, económicos, urbanos y ambientales.

La provincia reclama hospitales, colegios y desarrollo

Los cuestionamientos también se expresan en las calles. El 4 de noviembre, ciudadanos de Huacho manifestaron su oposición mediante pintas con mensajes contra la construcción de nuevas cárceles, según reportes de medios locales. La controversia vuelve a poner sobre la mesa las demandas de una provincia que reclama mejores servicios públicos e inversiones para su población.

Entre las prioridades planteadas por las autoridades locales figuran hospitales modernos y equipados, infraestructura educativa, seguridad ciudadana, oportunidades laborales y proyectos que impulsen el desarrollo económico de sus distritos y centros poblados.

Un conflicto que exige diálogo y decisiones transparentes

El proyecto penitenciario también tiene antecedentes técnicos. En marzo de 2026, el Ministerio de Justicia suscribió un convenio de cooperación con CAF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para desarrollar los estudios de preinversión de un establecimiento penitenciario en Huacho, inicialmente proyectado para albergar a 16.520 internos.

Ahora, con la entrega de terrenos para dos establecimientos y una capacidad conjunta anunciada de 24.000 internos, el Gobierno avanza en su política de ampliación de la infraestructura penitenciaria. Sin embargo, sigue pendiente conocer cómo se atenderán los cuestionamientos de la población y qué mecanismos de participación y evaluación territorial se implementarán. La seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado no deberían convertirse en argumentos para ignorar las demandas de las comunidades. El futuro de Huaura también debe decidirse escuchando a sus habitantes.

La intervención de Ueno Bank dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y desató protestas en Paraguay. La oposición presentó un pedido de juicio político contra el presidente y el vicepresidente Pedro Alliana, en medio de cuestionamientos por presuntos conflictos de intereses y el manejo de fondos públicos.

Anunción, 4 de noviembre de 2026.- La crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank amenaza con convertirse en una de las mayores turbulencias políticas del Gobierno de Santiago Peña. El colapso de la entidad, que afecta a cerca de 2,9 millones de clientes, provocó protestas de ahorristas, cuestionamientos a las autoridades financieras y la presentación de un pedido de juicio político contra el mandatario paraguayo.

La oposición formalizó la acusación el miércoles 4 de noviembre, con el respaldo de 35 diputados, y solicitó convocar a una sesión extraordinaria para debatir la continuidad de Peña y del vicepresidente Pedro Alliana. La iniciativa busca establecer responsabilidades políticas por la crisis bancaria y por los presuntos vínculos entre el Gobierno y el grupo empresarial propietario de la entidad.

El escenario representa un desafío para el Ejecutivo, aunque la salida del presidente todavía no está definida. Para que el juicio político avance, la Cámara de Diputados necesita reunir 53 votos de sus 80 integrantes. Posteriormente, el Senado tendría que alcanzar una mayoría de dos tercios para disponer la destitución.

Ueno Bank: una crisis que golpea a millones de paraguayos

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido por la normativa financiera.

La decisión dejó fuera de servicio las operaciones de la entidad, incluidas las tarjetas, las aplicaciones digitales y las sucursales. Cerca de tres millones de personas quedaron sin acceso inmediato a sus cuentas, lo que generó incertidumbre entre trabajadores, comerciantes, empresas y ahorristas.

La situación también alcanzó al Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank. Además, la entidad financiera gestionaba el pago de las pensiones de unos 32.000 jubilados.

Sin embargo, la exposición de esos recursos no significa que los fondos previsionales hayan desaparecido. La situación de las inversiones deberá esclarecerse durante el proceso de resolución y las investigaciones correspondientes.

El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por depositante. Las autoridades paraguayas también anunciaron medidas para acelerar la devolución de parte de los ahorros y reducir el impacto sobre los usuarios afectados.

Los vínculos de Santiago Peña bajo cuestionamiento

Uno de los principales cuestionamientos políticos apunta a los vínculos empresariales que Peña mantuvo con el Grupo Vázquez, conglomerado que controla Ueno. El mandatario fue accionista de ese grupo hasta marzo de 2025, según información difundida por Reuters.

También se encuentra bajo escrutinio la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central del Paraguay, debido a que anteriormente había encabezado Financiera Ueno, entidad que posteriormente se convirtió en banco.

Carvallo presentó su renuncia en medio de la crisis, mientras que las autoridades judiciales iniciaron investigaciones para determinar posibles responsabilidades en el deterioro financiero de la institución.

Los cuestionamientos contra Peña fueron incorporados al pedido de juicio político, que incluye acusaciones de presunto conflicto de intereses, irregularidades regulatorias y exposición de recursos previsionales. Estas imputaciones corresponden a los argumentos de los legisladores que impulsan la destitución y deberán ser examinadas por las instancias correspondientes; no constituyen, por sí mismas, responsabilidades judiciales demostradas.

Protestas y creciente descontento social

La crisis bancaria también trasladó el conflicto a las calles. En Asunción, ahorristas y ciudadanos afectados protagonizaron manifestaciones para exigir respuestas de las autoridades y reclamar la devolución de su dinero.

Las protestas reflejan la preocupación de miles de familias que utilizaban Ueno Bank para recibir sus salarios, realizar pagos y administrar sus ahorros. Entre los reclamos también aparecieron exigencias de transparencia y responsabilidades políticas por la situación de la entidad.

La indignación social aumentó con las denuncias sobre el uso de recursos públicos y previsionales en operaciones financieras con el banco. La crisis dejó de ser un problema exclusivamente bancario y pasó a convertirse en un cuestionamiento a los mecanismos de supervisión y control del Estado.

¿Está en riesgo la continuidad de Santiago Peña?

La presentación del pedido de juicio político abre un nuevo frente de confrontación para el Gobierno paraguayo. Aunque la oposición consiguió reunir 35 firmas, todavía necesita alcanzar los dos tercios de la Cámara de Diputados para formular formalmente la acusación y remitirla al Senado.

El Partido Colorado mantiene una posición mayoritaria en el Congreso, aunque algunos legisladores disidentes respaldaron la iniciativa contra Peña. Ese escenario podría generar tensiones dentro del oficialismo y convertirse en un factor determinante para el futuro político del mandatario.

Mientras tanto, el presidente ha pedido priorizar los intereses de los ahorristas y ha anunciado medidas para acelerar la devolución de los depósitos. También sostuvo que las irregularidades que se determinen deberán ser investigadas y sancionadas.

La crisis de Ueno Bank, sin embargo, ya ha debilitado políticamente al Ejecutivo y puesto bajo presión a las instituciones responsables de supervisar el sistema financiero.

La continuidad de Santiago Peña dependerá ahora de la evolución de las investigaciones, de la respuesta del Gobierno a los afectados y, especialmente, de los votos que consiga la oposición en el Congreso. Lo que comenzó como una crisis bancaria amenaza con convertirse en una crisis de gobernabilidad en Paraguay.