Lima, 9 de noviembre de 2025 – El expresidente Martín Vizcarra reaccionó con firmeza a la decisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de excluirlo como candidato a la segunda vicepresidencia por el partido Perú Primero para las elecciones generales de 2026. La medida se basa en la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos impuesta por el Congreso en 2020, tras su destitución por «incapacidad moral permanente». En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, Vizcarra aseguró: «Podrán excluirme del proceso, pero no del corazón de los peruanos», y anunció que asumirá el rol de jefe de campaña de su partido, liderado por su hermano Mario Vizcarra.

La exclusión de Vizcarra ha generado una ola de reacciones en redes sociales, con más de 1.400 likes y cientos de comentarios en X, donde sus seguidores lo respaldan como víctima de una «arbitrariedad» política, mientras críticos cuestionan su insistencia en participar en política pese a las acusaciones de irregularidades durante su mandato. Perú Primero ajustó su fórmula presidencial, manteniendo a Mario Vizcarra como candidato a la presidencia, con Carlos Illanes Calderón y Judith Mendoza Díaz como primer y segunda vicepresidencia, respectivamente. Además, el expresidente afirmó que su equipo legal ha presentado recursos ante la ONPE y una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender sus derechos electorales.

El pronunciamiento de Vizcarra reaviva el debate sobre las inhabilitaciones políticas en Perú y su impacto en el derecho a la participación electoral. Mientras el país se prepara para las elecciones de 2026, la figura del expresidente sigue polarizando a la opinión pública, consolidándolo como un actor clave en la escena política nacional. Su rol como jefe de campaña promete mantenerlo en el centro de la contienda, mientras se espera la resolución de los recursos legales presentados.

La Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines (FENTAGRO) de Perú denunció este viernes 7 de noviembre un nuevo caso de intoxicación laboral que habría afectado a más de 50 trabajadores de la empresa Exportadora Frutícola del Sur – Grupo Athos, en el departamento de Ica. Según el pronunciamiento sindical, los afectados realizaban labores de cosecha de arándanos destinados a la exportación y fueron evacuados de emergencia a los hospitales Augusto Hernández y Félix Torrealva de ESSALUD debido a la gravedad de los síntomas, como se puede observar aquí: https://www.facebook.com/share/v/172mVeVSQn/

El gremio sindical señaló que este incidente se suma a una serie de accidentes laborales graves ocurridos en la misma empresa durante el último año, entre ellos la pérdida de extremidades por parte de trabajadores. FENTAGRO advierte que estos hechos evidencian un incumplimiento sistemático de la Ley N.º 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como una deficiente fiscalización por parte de las autoridades competentes. En su comunicado, la organización acusa a la empresa de no proporcionar equipos de protección ni capacitaciones adecuadas en seguridad laboral.

Ante esta situación, FENTAGRO solicitó a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) aumentar el número de inspectores en la región Ica, donde actualmente —según la federación— solo existen seis inspectores y quince auxiliares. El sindicato exigió además sanciones ejemplares para las empresas que incumplen las normas de seguridad, reiterando que “la exportación no debe significar exponer la vida ni la salud de los trabajadores”.

La Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho ha logrado que se disponga el inicio del juicio oral contra los exmilitares Wilfredo Mori Orzo, Said Amand Pinedo y Félix Neri Aguilar Reyes por su presunta responsabilidad en el delito de crimen de lesa humanidad en la modalidad de asesinato, ocurrido en marzo de 1985 en la zona de Chungui, provincia de La Mar (Ayacucho). Según la imputación fiscal, los acusados actuaron como autores mediatos al ordenar la detención y ejecución extrajudicial de una familia conformada por un padre, una madre y sus cuatro hijos —de edades de 1, 7, 9 y 11 años—, sin orden judicial y tras sindicaciones por presunta colaboración con la organización subversiva Sendero Luminoso.

Las víctimas fueron trasladadas a la base militar de Chungui, donde, según la acusación, se les ejecutó mediante disparos de arma de fuego en la cabeza, a pesar de encontrarse en absoluta indefensión. Posteriormente, fueron enterradas en una fosa ubicada aproximadamente a 190 metros de la base, en la quebrada de Chuschihuaycco.

En su momento, familiares y sobrevivientes denunciaron que esa práctica respondía a una política represiva sistemática diseñada desde altos mandos militares para eliminar presuntos enemigos del Estado, argumentación que la Fiscalía pone en el centro de su acusación.

Para los deudos de la familia y otros habitantes de Chungui la decisión de llevar el caso a juicio oral representa un paso fundamental hacia la justicia. El engranaje procesal avanza luego de décadas de impunidad, y los familiares han expresado que esperan que la instancia garantice “verdad, justicia y reparación” integral. Ahora el caso está programado para su trámite ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, el cual deberá examinar la prueba documental, pericial y testimonial sobre la imputación.