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La derecha y sus aliados del Congreso de la República blindan a Dina Boluarte

La vacancia presidencial es un mecanismo constitucional de última instancia para preservar la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho ante situaciones de extrema gravedad. No se trata de un instrumento menor, sino de una herramienta de emergencia que solo debe activarse cuando existen pruebas inobjetables de que el Jefe de Estado ha incurrido en causales expresamente establecidas en la Carta Magna.
En el caso de la presidenta Dina Boluarte, las denuncias en su contra no son meras especulaciones o diferencias políticas. Estamos hablando de acusaciones de la mayor gravedad, que incluyen crímenes de lesa humanidad por la represión brutal contra manifestantes, dejando un saldo trágico de decenas de vidas. A esto se suman cuestionamientos por su presunta implicación en actos de corrupción, obstrucción a la justicia y enriquecimiento inexplicable.

Sin embargo una vez más, la derecha vende patria ha demostrado su desprecio por la justicia y los derechos humanos al blindar a la presidenta Dina Boluarte de la vacancia, pese a las abrumadoras evidencias de su incapacidad moral para gobernar. En un acto repudiable, el Congreso desestimó las mociones de vacancia presentadas en su contra, impidiendo que rinda cuentas por los graves hechos que empañan su mandato.
Las acciones de Boluarte han sido ampliamente cuestionadas, tanto a nivel nacional como internacional. Su gobierno ha estado marcado por una represión brutal contra las protestas sociales, dejando un saldo trágico de 48 personas muertas a manos de las fuerzas del orden. Lejos de condenar estos crímenes de lesa humanidad, la mandataria ha avalado y defendido el uso excesivo de la fuerza letal, en flagrante violación de las normas internacionales de derechos humanos.
Pero los cuestionamientos no se detienen ahí. Boluarte enfrenta hasta cinco mociones de vacancia por delitos y actos de corrupción, incluyendo desbalance patrimonial inexplicable y presuntos intentos de obstruir la justicia en beneficio de su hermano investigado. Su conducta impropia e incompatible con la dignidad presidencial es innegable.
Sin embargo, la derecha vende patria, fiel a su historial de anteponer sus intereses mezquinos por encima del bien común, ha decidido blindar a Boluarte de la vacancia. Con una votación abrumadoramente en contra de las mociones, estos congresistas han demostrado su complicidad con la impunidad y su desprecio por la voluntad popular, que clama por justicia y el respeto al Estado de Derecho.
Es inaceptable que, ante la crisis de gobernabilidad y la violación sistemática de derechos humanos, la derecha vende patria siga respaldando a una mandataria cuestionada. Su actuar no solo traiciona los principios democráticos, sino que también desafía a la comunidad internacional, que ha condenado enérgicamente las acciones del gobierno de Boluarte.
La historia juzgará con severidad a estos congresistas que han antepuesto sus intereses partidistas por encima de la justicia y el bienestar de la nación. Su blindaje a la impunidad de Boluarte es un acto repudiable que solo alimenta la indignación popular y socava la credibilidad de nuestras instituciones.
Es momento de que la derecha vende patria rectifique su rumbo y actúe en concordancia con los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos. El pueblo peruano merece un gobierno transparente, responsable y comprometido con la justicia, no una mandataria cuestionada que se aferra al poder a costa de la sangre de sus compatriotas.
En esta hora crítica para nuestra nación, alzamos nuestra voz para denunciar el accionar de la derecha vende patria y exigir que se haga justicia. No descansaremos hasta que se rinda cuentas por los abusos cometidos y se restaure la gobernabilidad y el Estado de Derecho en nuestro país.

Corolario
Es inaudito que, pese a la contundencia de las pruebas presentadas, sectores de la derecha antepusieron sus intereses mezquinos y se negaron a admitir las mociones de vacancia contra Boluarte. Con ello, no solo blindaron la impunidad, sino que también dinamitaron la institucionalidad democrática al anteponer la lealtad partidista sobre la voluntad popular y el Estado de Derecho.
La historia juzgará con severidad este bochornoso episodio en el que la codicia de grupos de poder puso en vilo la estabilidad y la paz social de toda una nación. Ante la negativa del Congreso de actuar con responsabilidad, le corresponde ahora al pueblo peruano, a través de la movilización cívica y pacífica, seguir exigiendo justicia y rendición de cuentas.
Boluarte deberá responder por cada vida segada, por cada derecho conculcado y por cada acto de corrupción cometido. El Perú no merece tener una presidenta repudiada e ilegítima manchando el honor de la más alta magistratura. Es tiempo de recuperar la dignidad nacional y encauzar al país por la senda de la democracia y el buen gobierno.
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Trump despliega portaaviones en el Caribe y hunde lanchas venezolanas: Latinoamérica clama por soberanía

Lima, 26 de octubre de 2025 | La ofensiva unilateral de EE.UU. contra embarcaciones cerca de Venezuela escala la tensión regional y revive fantasmas de intervención. Gobiernos y sociedad civil exigen respeto al derecho internacional.
En una operación calificada por Caracas como “acto de guerra”, la Marina estadounidense hundió dos lanchas rápidas venezolanas en aguas del Caribe y posicionó al portaaviones USS Gerald Ford a menos de 200 millas de la costa. Washington justifica la acción bajo el paraguas antinarcóticos, pero analistas peruanos y regionales la señalan como maniobra política de Donald Trump para fortalecer su discurso interno de “mano dura”.
El gobierno de Nicolás Maduro, pese a sus graves señalamientos por autoritarismo y crisis humanitaria, invocó la Carta de la ONU y anunció ejercicios militares en Caracas. Desde México hasta Argentina, voces progresistas y conservadoras coinciden: ningún Estado latinoamericano —ni siquiera los más cuestionados— puede ser blanco de agresiones unilaterales que ignoren la CELAC y la OEA.
Expertos en seguridad regional advierten que la escalada no solo agrava la migración y el narcotráfico, sino que debilita la arquitectura multilateral del hemisferio.
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Lima se viste de morado en la procesión del Señor de los Milagros

Lima, 26 de octubre de 2025. Miles de fieles inundaron las calles del Centro Histórico de Lima en la tradicional procesión del Señor de los Milagros, una de las manifestaciones religiosas más importantes de Perú. La imagen del Cristo de Pachacamilla, pintada en el siglo XVII por un esclavo angoleño en una pared del conventillo de Pachacamilla, recorrió su ruta habitual desde el Monasterio de las Nazarenas hasta la iglesia de San Francisco, acompañada por el canto de coros, sahumadoras y el aroma característico del incienso que impregna el aire como un velo de tradición limeña. En este año de renovada fe, el anda pasó por avenidas emblemáticas donde el bullicio devoto se entreteje con el rumor de la ciudad eterna.
La devoción, que se remonta a los terremotos de 1655 y 1746 que no dañaron el mural original, une a limeños de todas las clases sociales en un acto de fe colectiva, donde el morado de las túnicas evoca no solo penitencia, sino el color del cielo al atardecer sobre el Rímac. Portadores vestidos de morado cargaron las andas de más de dos toneladas, mientras mujeres sahumadoras y cuadrillas de cargadores se turnaban en un ritual que simboliza esperanza en medio del ajetreo cotidiano, con vendedores de churros y anticuchos asándose en las esquinas como testigos mudos de esta costumbre que late en el corazón de la capital. Este año, la procesión incorporó medidas de seguridad reforzadas y transmisiones en vivo para los devotos que no pudieron asistir, permitiendo que el eco de las promesas se extienda más allá de las murallas coloniales.
Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2019, la festividad trasciende lo religioso para convertirse en un símbolo de identidad limeña, fusionando herencia colonial, afroperuana e indígena en una celebración que fortalece los lazos comunitarios y preserva tradiciones centenarias. Hacia 2026, se anticipa una mayor presencia de figuras públicas, como el presidente José Jeri y el cardenal Pedro Barreto, quienes, siguiendo la costumbre de rendir homenaje en la Plaza Mayor, se unirán a la procesión con mensajes de unidad, evocando cómo en Lima la política y la piedad caminan de la mano, entre rezos y el tintineo de las monedas en las colectas para los más humildes.
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Condenan a 15 años a Bermejo: ¿justicia o revancha selectiva?

El congresista Guillermo Bermejo fue sentenciado este 24 de octubre a 15 años de prisión efectiva por afiliación al terrorismo, en un tercer juicio que revierte dos absoluciones previas anuladas por la Corte Suprema. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria validó testimonios de colaboradores eficaces y fotos de 2008-2009 en el VRAEM, donde Bermejo habría sido “camarada Che”. Sin embargo, la defensa denuncia que no hay pruebas nuevas y que el caso se reactivó tras su precandidatura presidencial con Venceremos, alimentando sospechas de lawfare para sacarlo del tablero electoral.
Progresismo clama persecución; derecha exige vacancia inmediata.
Guido Bellido habló de “juez a la medida”, Sigrid Bazán de “justicia con saña selectiva” y la Bancada Socialista de “terruqueo institucionalizado”. Mientras, Patricia Juárez (Fuerza Popular) celebró el fallo y pidió vacancia sin accesitario, alegando delito grave. La polarización estalla: un 68% de peruanos rechaza congresistas con antecedentes, pero el 62% duda de la imparcialidad judicial en casos políticos, según Datum. El Congreso debate si Zaira Arias asumirá la curul o si Bermejo apelará internacionalmente antes de ingresar al penal.
Un fallo que huele a vendetta y debilita la democracia.
Tres juicios, dos absoluciones anuladas y una condena repentina cuando Bermejo amenazaba al statu quo: el patrón es conocido. La sentencia llega en plena campaña electoral y con el Ejecutivo acorralado por protestas; silenciar a un crítico del progresismo parece prioridad. Si la justicia peruana quiere credibilidad, debe explicar por qué las mismas pruebas valieron absolución dos veces y ahora 15 años.
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