Roger Mariaca fue aprehendido junto a otros funcionarios del Ministerio Público en un operativo ejecutado por la Policía Boliviana. La Fiscalía denunció un “secuestro”, mientras el Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que desarticuló una presunta red vinculada al narcotráfico. La DEA habría proporcionado información y cooperación, pero La Paz niega que sus agentes hayan ejecutado directamente la detención.

Bolivia, 01 de octubre de 2026.- El fiscal general del Estado boliviano, Roger Mariaca, fue detenido durante un amplio operativo policial que terminó también con la aprehensión de otros funcionarios del Ministerio Público. La intervención se produjo apenas dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa y lo acusara de supuestamente aceptar sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a criminales a evadir la justicia. Mariaca negó esas acusaciones y denunció una presunta presión política de Washington.

La propia Fiscalía General denunció inicialmente que Mariaca había sido “secuestrado” y cuestionó la legalidad del procedimiento. También fueron intervenidas instalaciones del Ministerio Público y detenidos funcionarios que se encontraban en su interior. Según testimonios difundidos por la institución, algunos agentes ingresaron a las oficinas sin presentar, según los denunciantes, documentación formal de allanamiento.

¿Participó la DEA?

Este es uno de los puntos más controvertidos. El ministro boliviano de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que el operativo fue realizado por la Policía Boliviana, aunque reconoció cooperación de Estados Unidos y de otros países en las investigaciones contra el narcotráfico. La versión oficial, por tanto, no confirma que agentes de la DEA hayan detenido personalmente a Mariaca.

La cooperación estadounidense, sin embargo, sí aparece vinculada al caso. Informaciones publicadas por medios internacionales señalan que datos proporcionados por la DEA fueron utilizados en las investigaciones que precedieron al operativo. La detención se produjo, además, después de que Washington sancionara a Mariaca y a otros funcionarios bolivianos.

Cerimedo queda en el centro de la disputa

El caso adquiere una dimensión política adicional porque Mariaca estaba al frente de investigaciones contra Fernando Cerimedo, consultor político argentino relacionado con campañas de sectores de derecha latinoamericanos y con el presidente boliviano Rodrigo Paz.

La Fiscalía había informado que Cerimedo afrontaba varias investigaciones penales. Entre ellas figuran procesos por presunto enriquecimiento ilícito, tentativa de feminicidio, violencia familiar o doméstica y una investigación relacionada con tráfico de sustancias controladas y confabulación.

En septiembre, la Fiscalía amplió una de las investigaciones contra Cerimedo para incorporar presuntos delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas. El acusado permanece con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

La relación con Rodrigo Paz

La relación entre Cerimedo y Paz también ha sido objeto de controversia. El propio presidente boliviano reconoció que el argentino colaboró durante la campaña electoral y durante la etapa inicial de su Gobierno, aunque negó que hubiera tenido autorización para representar institucionalmente a la Presidencia o que existiera un contrato laboral con el Estado.

Hasta el momento, no existe evidencia pública verificable que permita afirmar que Paz haya ordenado la detención de Mariaca para eliminar las investigaciones contra Cerimedo. Esa hipótesis aparece en distintas interpretaciones políticas y publicaciones, pero debe diferenciarse de los hechos acreditados: Mariaca investigaba a Cerimedo y fue detenido en medio de una operación policial respaldada por cooperación internacional.

Washington había acusado a Mariaca

El conflicto se había intensificado el 29 de septiembre, cuando Estados Unidos anunció la revocación de la visa de Mariaca. Washington lo acusó de utilizar su posición para favorecer actividades vinculadas al narcotráfico. El fiscal respondió que continuaría con las investigaciones que correspondían al Ministerio Público boliviano y cuestionó la decisión estadounidense como una forma de injerencia.

La detención posterior profundizó las dudas sobre el alcance de la nueva cooperación de seguridad entre Bolivia y Estados Unidos bajo el Gobierno de Paz. La administración boliviana ha buscado recomponer las relaciones con Washington y fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Una crisis institucional abierta

El episodio deja una disputa institucional de alto impacto: por un lado, el Gobierno sostiene que desarticuló una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público; por otro, sectores políticos y funcionarios cuestionan el procedimiento empleado para detener al fiscal general y reclaman garantías de debido proceso.

El vicepresidente Edmand Lara también cuestionó la forma de la detención y deslizó dudas sobre una eventual participación de la DEA, aunque esa participación directa no ha sido confirmada oficialmente. El Gobierno, en cambio, insiste en que la operación fue ejecutada por la Policía Boliviana.

El caso Mariaca, por tanto, cruza tres expedientes sensibles: las acusaciones estadounidenses contra funcionarios bolivianos, las investigaciones por presuntos delitos atribuidos a Fernando Cerimedo y el acercamiento político y operativo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y Washington. La principal incógnita ahora será determinar judicialmente si las acusaciones contra Mariaca están sustentadas en pruebas suficientes y si el procedimiento de su detención respetó las garantías establecidas por la legislación boliviana.

Lima, 30 de setiembre de 2026.- El dirigente de Ahora Nación anunció que cuatro bancadas de oposición presentarán un texto sustitutorio sobre el pedido de facultades del Gobierno de Keiko Fujimori. El movimiento ocurre mientras su agrupación se distancia de la censura contra el ministro del Interior, César Astudillo.

Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, confirmó que este viernes las cuatro bancadas de oposición presentarán un texto sustitutorio sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori. Según explicó a Epicentro, cada agrupación formulará su propia propuesta para luego coordinarlas y sumar coincidencias en un documento común.

El anuncio coloca a López Chau como uno de los principales articuladores de una alternativa frente al pedido del Ejecutivo, haciendo ya no de opositor sino de nuevo articulador ante el fracaso del propio Premier Galarreta. La discusión ya no se concentra únicamente en rechazar o aprobar las facultades, sino en definir qué materias serán delegadas, durante cuánto tiempo y bajo qué límites y mecanismos de control parlamentario.

La propuesta también abre una interrogante política: ¿hasta dónde llegará la oposición en su disposición a conceder facultades a un Gobierno al que ha cuestionado en otros frentes? La respuesta estará en el contenido definitivo del texto sustitutorio y, especialmente, en las materias que finalmente sean incorporadas.

Cuatro bancadas buscan una fórmula común

López Chau señaló que Ahora Nación, Juntos por el Perú (JP), Obras y Buen Gobierno (BG) coordinarán sus planteamientos. Cada bancada presentará sus propias propuestas y posteriormente estas serán articuladas para construir una posición conjunta.

El mecanismo supone pasar de una oposición fragmentada a una negociación sobre el alcance de las facultades. La clave estará en determinar si las bancadas logran mantener una delegación restringida o si algunas de las materias solicitadas originalmente por el Ejecutivo terminan reincorporándose durante el proceso de coordinación.

La negociación también expone las diferencias dentro de la oposición. Mientras algunas agrupaciones buscan limitar las facultades principalmente a seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, existen posiciones que plantean incorporar otros ámbitos de la administración pública y la economía.

La distancia frente a la censura de Astudillo

El movimiento de López Chau ocurre paralelamente al debate sobre la censura del ministro del Interior, César Astudillo. La moción cuestiona la respuesta del Gobierno frente a la criminalidad y plantea la responsabilidad política del titular del sector.

Sin embargo, Ahora Nación decidió no respaldar como bancada la censura de Astudillo, aunque algunos de sus integrantes mantienen una posición favorable a ella. Esta diferencia evidencia que no existe una postura uniforme dentro de la agrupación.

La combinación de ambos episodios genera una discusión política relevante: mientras López Chau participa en la construcción de un acuerdo que podría permitir al Ejecutivo legislar mediante facultades delegadas, su bancada adopta una posición menos confrontacional frente a uno de los ministros cuestionados por la oposición.

¿Negociación política o delimitación de facultades?

Hasta el momento, no existe evidencia pública suficiente para afirmar que López Chau esté negociando cargos, beneficios, cuotas de poder u otros acuerdos particulares con el Gobierno. Esa hipótesis no puede presentarse como un hecho sin documentación que la sustente.

Lo que sí está ocurriendo es una negociación política sobre el contenido, alcance y condiciones de las facultades legislativas. Por ello, el punto central de fiscalización será conocer qué materias acepta incorporar la oposición, cuáles quedan fuera y qué controles exige a cambio de permitir que el Ejecutivo legisle.

La eventual incorporación de JP, Obras y BG al documento común también será un elemento determinante. Si las cuatro bancadas consiguen presentar una sola propuesta, López Chau habrá logrado articular una posición opositora con capacidad para modificar sustancialmente el pedido original del Ejecutivo.

La prueba estará en el texto final

Más que las declaraciones públicas, el documento que llegue al Pleno permitirá establecer el verdadero alcance de esta negociación. Allí podrá determinarse si las bancadas mantienen una posición de facultades limitadas y sujetas a controles o si terminan ampliando la delegación solicitada por el Gobierno.

Para Ahora Nación, además, quedará pendiente explicar cómo compatibiliza su participación en esta negociación con su decisión de no apoyar la censura de Astudillo. Ambas decisiones son formalmente independientes, pero políticamente contribuyen a definir la relación que la agrupación mantiene actualmente con el Ejecutivo.

López Chau, que llegó al escenario político con un discurso crítico frente a Keiko Fujimori, ocupa ahora un papel diferente: es uno de los dirigentes opositores que participa directamente en la construcción de una fórmula que podría otorgar facultades legislativas al Gobierno.

La pregunta que queda abierta no es solamente si Keiko Fujimori recibirá facultades, sino qué está dispuesta a conceder la oposición para aprobarlas, qué límites impondrá y cuáles serán las condiciones de fiscalización. El texto sustitutorio anunciado para este viernes será la primera evidencia concreta para responder esas interrogantes.

Atenas, 29 de setiembre de 2026.- Las calles de Atenas y otras ciudades griegas vuelven a convertirse en escenario de movilizaciones sindicales y sociales contra las reformas impulsadas por el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis. Sin embargo, una precisión resulta clave: las fuentes actuales describen a su administración como de centroderecha o conservadora, no como un Gobierno de ultraderecha.

El conflicto se ha concentrado especialmente en el sector público. El 16 de septiembre, trabajadores estatales realizaron una paralización en Atenas y se movilizaron frente al Parlamento contra una propuesta de reforma constitucional que, según la central sindical ADEDY, podría debilitar las garantías laborales de los funcionarios públicos.

La organización sindical también reclama empleo permanente, mejores salarios y la defensa de la educación y la salud públicas. ADEDY anunció nuevas movilizaciones y convocó una jornada nacional de acción para el 1 de octubre, además de una posible huelga durante ese mes.

El conflicto trasciende los salarios

La disputa no se limita a las remuneraciones. Los sindicatos cuestionan modificaciones relacionadas con el empleo público y con la educación, mientras estudiantes también han salido a las calles para reclamar soluciones frente al elevado costo de la vivienda y las dificultades para acceder a residencias universitarias.

El Gobierno, por su parte, sostiene que su estrategia busca mantener la disciplina fiscal al mismo tiempo que aumenta los ingresos disponibles. En septiembre anunció un paquete económico de aproximadamente 3.500 millones de euros hasta 2030, equivalente al 1,5 % del PIB, con rebajas tributarias y aumentos de ingresos para distintos sectores.

Más ingresos, pero también presión sobre el Estado

Entre las medidas anunciadas figuran un pago anual de 400 euros para pensionistas y otro de 500 euros para trabajadores públicos desde 2027, además de reducciones tributarias para agricultores, familias con tres hijos, trabajadores independientes y empresas. El Ejecutivo también plantea elevar progresivamente el salario mínimo hasta 1.000 euros mensuales en 2028.

La contradicción que alimenta el conflicto es que estas medidas de alivio económico conviven con una agenda de reorganización y reforma del sector público. ADEDY sostiene que algunas de las modificaciones constitucionales podrían afectar las garantías de permanencia de los funcionarios y reclama que los servicios públicos continúen siendo universales y gratuitos.

Privatizaciones: qué está confirmado

En cuanto a la afirmación de que el Gobierno está preparando una ola de privatizaciones de servicios públicos, las fuentes revisadas para septiembre de 2026 no permiten sostenerla en esos términos. Lo que sí aparece documentado es una política de impulso a la inversión privada, reformas administrativas y participación de capital privado en sectores estratégicos. El Ejecutivo, además, mantiene como prioridad la reducción de la deuda y una política fiscal prudente.

El Gobierno asegura que Grecia atraviesa una etapa económica diferente a la crisis de la década pasada: estima un crecimiento cercano al 2 % y un superávit primario de alrededor del 4 % en 2026. Al mismo tiempo, el costo de vida continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población, según sondeos citados por medios griegos.

La presión social crece antes de las elecciones

Mitsotakis descartó adelantar las elecciones y confirmó que los comicios generales se celebrarán en la primavera de 2027. Su Gobierno, que fue reelegido en 2023 con el 40,5 % de los votos, enfrenta actualmente un escenario político más complicado y un descenso del respaldo registrado por las encuestas citadas por Reuters.

El Ejecutivo intenta responder a la presión social con ayudas, rebajas tributarias y aumentos salariales. El 30 de septiembre, además, solicitó a la Unión Europea mayor flexibilidad fiscal para enfrentar la crisis del costo de vida y anunció nuevas medidas sobre combustibles y deudores con dificultades de pago.

Una nueva jornada de movilización

Así, Grecia llega a octubre con un frente abierto entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. No está acreditado que el país se encuentre actualmente “paralizado” por una protesta nacional, y Euronews advirtió recientemente que videos difundidos en redes bajo esa afirmación correspondían en realidad a una manifestación de febrero de 2025.

Lo que sí está documentado es una escalada de movilizaciones contra las reformas del sector público, los salarios y el costo de vida, con una jornada nacional anunciada para el 1 de octubre. El alcance de esa convocatoria permitirá determinar si las protestas adquieren una dimensión nacional comparable con las grandes huelgas que históricamente han marcado los conflictos sociales en Grecia.