Un altercado entre el ministro del Interior, César Astudillo, el senador Iber Maraví y otros legisladores obligó a suspender temporalmente la sesión del 10 de octubre. El incidente reavivó las críticas contra el Gobierno de Keiko Fujimori, cuestionado por su presión política para obtener facultades legislativas.

Lima, 10 de octubre de 2026.- La disputa por las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori escaló este sábado 10 de octubre a un enfrentamiento verbal en la Comisión de Constitución del Senado. El incidente involucró al ministro del Interior, César Astudillo; al senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú; y a otros parlamentarios, y obligó a interrumpir temporalmente la sesión en la que se evaluaba la propuesta del Ejecutivo.

El episodio reforzó los cuestionamientos de sectores opositores sobre el comportamiento de representantes del oficialismo y sus aliados. Maraví calificó de prepotente la actuación que atribuyó al ministro y denunció un presunto intento de agresión física por parte del senador José Giampietri, de Renovación Popular. Estas últimas afirmaciones corresponden a la versión del legislador y no deben confundirse con una agresión físicamente acreditada.

El cruce comenzó con un cuestionamiento a la reforma policial

La confrontación se desencadenó durante la intervención de la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, quien cuestionó al titular del Interior por su posición frente a la necesidad de una reforma profunda de la Policía Nacional. La legisladora sostuvo que el ministro parecía tener miedo de reconocer esa necesidad, en el contexto de las medidas de seguridad que el Gobierno pretende implementar.

Astudillo reaccionó ante esas expresiones y reclamó que se retiraran, lo que provocó la intervención de Maraví. El senador pidió al presidente de la comisión, Carlos Mesía, que garantizara el uso de la palabra de Luque y llamara al orden al ministro. La discusión subió de tono y se extendió a otros participantes, entre ellos el titular de Justicia, Ernesto Álvarez, y el senador Giampietri.

Según el relato de Maraví, el ministro lo increpó de manera descortés y se produjeron gestos y expresiones que consideró intimidatorios. El legislador también denunció que Giampietri se acercó físicamente a él en una actitud que interpretó como una amenaza. El incidente llevó a suspender la sesión durante varios minutos; posteriormente, el debate fue retomado. La controversia quedó marcada por versiones enfrentadas sobre las responsabilidades de los participantes.

Fujimori respalda al ministro tras el incidente

Horas después, la presidenta Keiko Fujimori expresó su respaldo a Astudillo tras el altercado en el Senado. Su pronunciamiento trasladó la controversia al terreno político nacional y profundizó el enfrentamiento entre el Ejecutivo y sus críticos, que cuestionan tanto el tono de sus declaraciones como la forma en que sus representantes afrontan las discrepancias institucionales.

Para los sectores opositores, el incidente refleja una preocupante escalada de confrontación en un debate que debería concentrarse en la seguridad ciudadana, la reforma policial y la prevención del fenómeno El Niño. Las acusaciones de prepotencia y actitud matonesca forman parte de esa crítica política; su evaluación requiere distinguir los hechos observables, las declaraciones de cada participante y las responsabilidades que puedan establecerse.

De la “paciencia democrática” al enfrentamiento parlamentario

El episodio del Senado se suma a la controversia iniciada el 29 de septiembre, cuando Fujimori afirmó que el Congreso estaba “poniendo a prueba nuestra paciencia”. La mandataria defendió la urgencia de las medidas contra la delincuencia y sostuvo que su Gobierno actuaría “nos otorguen o no nos otorguen facultades”. También aseguró que “el único golpe que va a haber va a ser el golpe contra la criminalidad organizada”.

El premier Luis Galarreta había señalado que el Ejecutivo mantuvo “paciencia democrática y una actitud republicana hasta el momento” y pidió a las bancadas reconsiderar su posición. Sin embargo, los cuestionamientos de la oposición apuntaron a que ese lenguaje podía interpretarse como presión sobre el Legislativo para acelerar la aprobación de la delegación solicitada.

El Congreso recortó el pedido de 66 a 20 medidas

A finales de agosto, el Gobierno solicitó facultades para legislar durante 120 días sobre 66 medidas distribuidas en materias como seguridad ciudadana, fenómeno El Niño, simplificación administrativa, reforma del Estado, empleo, tributación, desarrollo productivo y vivienda. La amplitud de la propuesta generó resistencias parlamentarias, incluido un predictamen que recomendaba archivar el pedido completo.

Después de una sesión de más de 12 horas, el 6 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una versión reducida: 20 medidas, circunscritas a seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, con un plazo de 90 días. La votación final fue de 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. El texto pasó al Senado, donde el Ejecutivo buscaba recuperar parte de las atribuciones excluidas.

La Comisión de Constitución del Senado continuó el análisis el 10 de octubre, pero el altercado entre ministros y legisladores desplazó momentáneamente la discusión de sus aspectos técnicos hacia una confrontación política. Al cierre de la jornada, la comisión anunció que retomaría el debate el miércoles 14 de octubre, por lo que la delegación de facultades todavía no tenía una decisión definitiva del Senado.

La disputa pone a prueba la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo

El Gobierno de Fujimori enfrenta así dos desafíos simultáneos: obtener respaldo parlamentario para sus medidas de seguridad y contener una confrontación política que amenaza con desviar el debate de sus objetivos declarados. La delegación de facultades no constituye una autorización irrestricta para gobernar por decreto: su alcance depende de la aprobación legislativa y de los límites que establezca el Congreso.

Las críticas sobre una supuesta pérdida de la “careta democrática” expresan la interpretación de los sectores que consideran que el Ejecutivo pasó de invocar la paciencia institucional a ejercer presión pública y confrontarse con sus críticos. No obstante, el incidente del Senado, por sí solo, no demuestra una ruptura del orden constitucional; sí evidencia una escalada de tensión que exige explicaciones, respeto por las reglas parlamentarias y responsabilidad de todos los participantes.

El desenlace dependerá de la discusión que continúe en el Senado y de la capacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos sin recurrir a intimidaciones ni descalificaciones. Mientras el Ejecutivo reclama herramientas para enfrentar la criminalidad, la controversia deja una pregunta central: ¿podrá el Gobierno demostrar que su defensa de la seguridad ciudadana es compatible con el respeto a la deliberación democrática?

Lima, 07 de octubre de 2026.- Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) protagonizaron este miércoles 7 de octubre enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los exteriores del campus ubicado en San Miguel. La movilización comenzó alrededor del mediodía y tuvo como principal reclamo el rechazo a los 18 procesos disciplinarios abiertos contra estudiantes por su participación en protestas ocurridas durante el primer semestre del año.

La jornada se desarrolló en el frontis de la universidad, en inmediaciones de la avenida Universitaria. Los manifestantes realizaron una toma de pista mientras efectivos policiales permanecían desplegados en los accesos y alrededores del campus. De acuerdo con reportes periodísticos, la presencia policial se había registrado desde horas de la mañana y durante la protesta se produjeron momentos de tensión entre los agentes y los estudiantes.

Denuncian uso de arma de reglamento

Uno de los episodios que generó mayor controversia quedó registrado en videos difundidos en redes sociales por el Frente de Egresados PUCP. En las imágenes aparece un suboficial de tercera identificado por el colectivo como S. Pérez R., perteneciente a la comisaría de Maranga, quien desenfunda su arma de reglamento frente a los manifestantes. El Frente de Egresados sostuvo que el efectivo habría amenazado con disparar y exigió garantías para los estudiantes.

Otro registro difundido durante la jornada muestra al mismo efectivo increpando a un estudiante que lo grababa y exigiéndole que se identifique. Hasta el cierre de esta información, los reportes consultados no registraban un pronunciamiento público de la PNP o del Ministerio del Interior sobre la actuación específica del suboficial denunciado.

La intervención policial también fue cuestionada públicamente por la senadora Mirtha Vásquez, quien pidió al Ministerio del Interior y a la PNP investigar los hechos y garantizar la integridad de los participantes. Su pronunciamiento se produjo mientras continuaban circulando las imágenes del incidente.

Los 18 procesos disciplinarios

El origen inmediato de la protesta está en los 18 procedimientos disciplinarios abiertos por la PUCP. Según información difundida este miércoles, nueve expedientes corresponden a una protesta realizada el 30 de marzo en la Facultad de Derecho durante un debate electoral interno, mientras que los otros nueve están relacionados con la toma del edificio Dintilhac, donde funcionan oficinas del Rectorado, ocurrida en mayo.

La ocupación del edificio Dintilhac se produjo entre el 13 y el 21 de mayo, en el contexto del conflicto generado por el nuevo sistema de pensiones y escalas anunciado por la universidad para los estudiantes que ingresaran desde 2027. La PUCP sostuvo entonces que la reforma buscaba reorganizar el esquema de escalas y becas.

El conflicto, sin embargo, tuvo posteriormente una nueva etapa. La universidad y representantes estudiantiles trabajaron en mecanismos de diálogo y justicia restaurativa. En agosto, el Rectorado informó que ese proceso buscaba reconstruir las relaciones afectadas por los acontecimientos de mayo, aunque precisó que las medidas restaurativas no reemplazaban los procedimientos disciplinarios.

Sanciones de hasta 25 semanas

En septiembre se conocieron las primeras sanciones contra estudiantes investigados por acciones anteriores a la toma del edificio Dintilhac. Según un reporte de Wayka, nueve estudiantes recibieron suspensiones que iban de nueve a 13 semanas, mientras que la acumulación de faltas elevó en algunos casos la sanción hasta 25 semanas. El mismo reporte señaló que todavía estaban pendientes los procedimientos correspondientes a los estudiantes vinculados directamente con la toma del Rectorado.

La existencia de los procesos disciplinarios no implica, por sí misma, que todos los estudiantes hayan sido sancionados. El régimen disciplinario de la PUCP establece procedimientos específicos para determinar las faltas y las eventuales sanciones, con respeto de los derechos fundamentales de los estudiantes.

Justicia restaurativa y sistema de pensiones

El 2 de octubre, cinco días antes de la nueva protesta, el Rectorado publicó el protocolo para implementar el proceso de justicia restaurativa relacionado con los hechos ocurridos en el edificio Dintilhac. La universidad explicó que se trata de un mecanismo voluntario, confidencial y complementario a los procedimientos disciplinarios, y que ambos procesos pueden desarrollarse de manera independiente.

Existe además una precisión importante sobre el sistema de pensiones que originó el conflicto. La PUCP informó inicialmente que el nuevo modelo entraría en vigencia para los ingresantes de 2027-1, con cuatro escalas de pensión y cuatro niveles de becas. Sin embargo, la información institucional vigente señala que su implementación fue posteriormente suspendida mediante un acta del Consejo Universitario del 25 de mayo de 2026, por lo que el sistema actual de nueve niveles continúa vigente.

PUCP marca distancia de los enfrentamientos

La universidad ha diferenciado el conflicto disciplinario interno de los hechos ocurridos durante la protesta en la vía pública. La institución rechazó los actos de violencia y cualquier conducta que pueda poner en riesgo la integridad de las personas, precisando que los enfrentamientos registrados este miércoles ocurrieron en los exteriores del campus.

Mientras tanto, las organizaciones estudiantiles mantienen su cuestionamiento a los procedimientos disciplinarios y reclaman que se respete el enfoque de justicia restaurativa acordado después de la toma de mayo. El episodio de este 7 de octubre añade ahora un nuevo frente al conflicto: el esclarecimiento de la actuación policial durante una movilización estudiantil y la determinación de las responsabilidades que correspondan.

La comunicadora que denunciaba corrupción y minería ilegal en Áncash murió a balazos en el mercado de Caraz, a 15 días de las elecciones regionales. Hay cuatro detenidos y la Fiscalía ya habla de sicariato.

Caraz, 19 de setiembre de 2026.- La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como «China Polo», fue ejecutada a balazos este sábado 19 de setiembre, alrededor de las 12:40 horas, mientras repartía propaganda de campaña en la avenida Ramón Castilla, en pleno centro de Caraz, provincia de Huaylas. El ataque, registrado en una transmisión en vivo, dejó además cinco personas heridas que fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios.

Días antes de morir, Aponte Polo difundió videos en los que denunciaba amenazas de muerte, hostigamiento e incluso llamadas desde establecimientos penitenciarios. Señaló directamente al general PNP Víctor Revoredo Farfán de haber ordenado un atentado contra ella. Las advertencias no fueron atendidas y el sábado, en pleno día, en el mercado de Caraz, un sicario la interceptó y disparó varias veces. Testigos confundieron los tiros con pirotecnia.

Detienen al presunto sicario

La Policía Nacional detuvo horas después al presunto autor material, el ciudadano venezolano Luis Iván Obispo Díaz, de aproximadamente 30 años, a quien se le incautó una pistola Glock calibre 9 × 19 mm reportada como robada en 2023 en Villa El Salvador. En las siguientes horas se sumaron la detención de un supuesto financista, de quien habría transportado al atacante, y de otro venezolano identificado como Ronal Toro Artila. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó varios detenidos.

La Fiscalía ya habla de sicariato

La investigación, inicialmente abierta como presunto feminicidio, fue recalificada como presunto sicariato, confirmó la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, que ordenó pericias y la revisión de cámaras de seguridad de la zona, incluidas las de un hotel cercano. El Ministerio del Interior envió un equipo especializado de la División de Homicidios a Áncash.

Una voz contra la corrupción

Aponte Polo conducía el espacio digital China Polo Dominical en YouTube, desde donde denunciaba presunta corrupción, crimen organizado, minería ilegal y obras cuestionadas de autoridades locales y regionales. En 2026 postulaba al Gobierno Regional por el movimiento Socios por Áncash. Previamente había sido excluida de una candidatura a diputada por omisión de sentencias condenatorias firmes en su hoja de vida. El móvil del crimen —si responde a sus denuncias periodísticas o a otros intereses— aún no está establecido oficialmente y es materia de investigación.

Lo que está en juego

A 15 días de las Elecciones Regionales del 4 de octubre, el asesinato de China Polo abre dos frentes: la búsqueda de los autores intelectuales que pagaron por el sicariato y la urgente revisión de la seguridad de los candidatos en campaña. Para Caraz, para Áncash y para el periodismo peruano, la pregunta es una sola: ¿quién mandó matar y por qué nadie protegió a quien lo denunció antes de morir?