Lima, 19 de septiembre de 2025 - La Generación Z en Perú ha organizado nuevas movilizaciones para este 20 y 21 de septiembre en Lima y diversas provincias, en rechazo al gobierno…
Actualidad
Chile: La larga marcha que no para

El movimiento estudiantil frente al gobierno de Kast, una historia de veinte años
Las imágenes vuelven a ser las mismas: uniformes escolares en la Alameda, carros lanzaaguas, gases lacrimógenos, pancartas que reclaman educación gratuita. En marzo y mayo de 2026, miles de estudiantes secundarios y universitarios chilenos salieron a las calles de Santiago para enfrentarse al nuevo gobierno de José Antonio Kast, quien a apenas semanas de asumir ordenó un recorte del 3% al presupuesto de todos los ministerios —incluyendo Educación, que perdió 247 millones de dólares— y anunció la intención de limitar la gratuidad universitaria a personas menores de 30 años. Para quienes conocen la historia reciente de Chile, la escena no es nueva: es el mismo conflicto de siempre, librado por una nueva generación, contra un gobierno que vuelve a apostar por la misma lógica de mercado que los estudiantes chilenos llevan dos décadas rechazando.
La raíz histórica del conflicto no nace en 2026, ni siquiera en 2019. Se hunde en el modelo educativo impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet en los años 80, que privatizó el sistema escolar, lo municipalizó sin recursos y entregó la educación superior a las leyes del mercado. Fue contra esa herencia que estalló en mayo y junio de 2006 la llamada Revolución Pingüina: la mayor protesta estudiantil de la historia de Chile hasta entonces, protagonizada por secundarios con uniforme —apodados «pingüinos»— que el 7 de junio de ese año pusieron en las calles a más de un millón de personas, con medio millar de liceos paralizados en todo el país. Sus demandas incluían la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza —herencia directa de la dictadura— y la gratuidad del acceso a la universidad. Lograron la PSU gratuita, la derogación de esa ley y la aprobación de la Ley General de Educación, aunque el modelo de fondo siguió intacto. Sembraron, sin saberlo, el terreno para los ciclos que vendrían.
Cinco años después, en 2011, el movimiento estudiantil chileno alcanzó su cúspide histórica. Bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera —ironía del destino, también un presidente de derecha con agenda de austeridad— universitarios y secundarios confluyeron en un ciclo de movilizaciones que duró meses y sacudió las bases del sistema político. La consigna que unía a todos era simple y contundente: «Educación gratuita y de calidad». Al frente, una joven presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, se convirtió en el personaje del año en Chile, con mayor popularidad que el propio presidente Piñera. Junto a ella, líderes como Gabriel Boric —entonces presidente de la FECH— forjaron su identidad política en las calles. El movimiento no obtuvo la gratuidad inmediata, pero instaló definitivamente la educación como derecho social en la conciencia colectiva chilena y deslegitimó el modelo neoliberal ante una mayoría ciudadana.
Ese ciclo de movilizaciones sembró la semilla del estallido social de octubre de 2019, el evento político más disruptivo de Chile desde el fin de la dictadura. Lo que comenzó como una protesta de secundarios por el alza de 30 pesos en el pasaje del metro de Santiago —el mismo gesto que evoca hoy el «mochilazo»— se convirtió en semanas en la mayor revuelta social del país en décadas. El diagnóstico era el acumulado de 30 años: pensiones insuficientes, salud precaria, educación cara y desigual, y un modelo económico que concentraba la riqueza mientras precarizaba la vida de la mayoría. Más de un millón de personas marcharon el 25 de octubre de 2019 en Santiago. El estallido forzó un acuerdo político para abrir un proceso constituyente, y llevó, dos años después, al triunfo electoral de Gabriel Boric —el mismo líder estudiantil de 2011— con el 55,8% de los votos en segunda vuelta. El movimiento estudiantil había producido un presidente.
El gobierno de Boric (2022–2026) intentó cristalizar parte de esas demandas históricas, pero la profundidad de los cambios fue limitada. Los dos procesos constituyentes fracasaron: el primer texto fue rechazado en septiembre de 2022 con el 62% de los votos; el segundo fue repudiado en diciembre de 2023. La ciudadanía, según el PNUD, percibía que las transformaciones prometidas no se habían concretado, y el descontento social acumulado —agravado por el alza en la delincuencia y la migración irregular— catapultó a Kast a la presidencia en diciembre de 2025 con el 58% de los votos. El péndulo político chileno había girado bruscamente a la derecha. Pero el movimiento estudiantil, que construyó sus fuerzas durante cuatro décadas de neoliberalismo, no desapareció con el cambio de gobierno: esperaba.
La respuesta no tardó. En marzo de 2026, a solas dos semanas de su asunción, Kast anunció su «Plan de Reconstrucción Nacional»: recortes generalizados, posible limitación de la gratuidad universitaria por edad, eliminación de Becas Chile y endurecimiento del cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE). La CONFECH y la ACES convocaron al «mochilazo estudiantil», y miles de jóvenes volvieron a ocupar la Alameda. Carabineros respondió con lanzaaguas y gases lacrimógenos; organismos de derechos humanos denunciaron «represión desproporcionada». La segunda ola, en mayo de 2026, fue aún mayor. El resultado fue una primera victoria concreta: el gobierno retrocedió y descartó la limitación de gratuidad por edad, reconociendo especialmente el impacto que la medida tendría sobre mujeres que postergan sus estudios por la maternidad. También tuvo que dar marcha atrás en la eliminación de apoyos alimentarios a estudiantes vulnerables. En apenas dos meses, la aprobación de Kast cayó del 60% obtenido en las urnas a menos del 40%, y realizó el cambio de gabinete más temprano desde el retorno a la democracia.
El ciclo que hoy se vive en Chile no es, en rigor, una crisis educativa aislada: es el capítulo más reciente de una disputa de veinte años entre un modelo que concibe la educación como un bien de mercado y un movimiento social que la defiende como un derecho fundamental. Cada vez que un gobierno de derecha intenta recortar o mercantilizar la educación, el movimiento estudiantil responde con organización y calle. Y cada vez que lo hace, extrae concesiones, acumula experiencia política y forma a una nueva generación de líderes. Camila Vallejo hoy es ministra retirada; Gabriel Boric fue presidente. El próximo nombre que emerge de estas calles podría protagonizar la política chilena del 2030. La pregunta para Kast no es solo si puede aprobar su «Ley Miscelánea» en un Congreso fragmentado, ni si puede cumplir su promesa de llevar el crecimiento al 4%. La pregunta más profunda es si un gobierno que llegó al poder prometiendo no tocar los derechos sociales puede sostener una agenda de austeridad ante un movimiento estudiantil que lleva veinte años demostrando que sabe exactamente cómo hacerle perder.
Nacional
Congreso bicameral de Perú: 100 días y apenas dos leyes aprobadas

Casi 800 iniciativas legislativas ingresaron al nuevo Parlamento, pero la producción normativa sigue siendo reducida. La Cámara de Diputados enfrenta cuestionamientos por su escasa capacidad para convertir sus propuestas en leyes, mientras el Senado concentra la revisión definitiva y marca el ritmo de la agenda parlamentaria.
Lima, 16 de noviembre de 2026.- Los primeros 100 días del Congreso bicameral peruano dejan un balance que abre interrogantes sobre la utilidad, eficiencia y funcionamiento del nuevo sistema parlamentario: 779 iniciativas legislativas presentadas hasta el 5 de noviembre y apenas dos leyes aprobadas y promulgadas, según los balances periodísticos publicados sobre el desempeño de ambas cámaras.
El retorno a la bicameralidad, que debía establecer un sistema de mayor deliberación y revisión legislativa, ha incorporado nuevos procedimientos que están ralentizando el trámite de las propuestas. Mientras los diputados presentan proyectos y debaten iniciativas, el Senado tiene la atribución de revisarlas, modificarlas, aprobarlas o rechazarlas. Esta distribución de competencias ha generado cuestionamientos sobre el verdadero peso político y legislativo de la Cámara Baja.
Diputados: muchas iniciativas, pocos resultados
La cantidad de proyectos presentados contrasta con los resultados alcanzados. Según El Comercio, hasta el 5 de noviembre se habían registrado 779 iniciativas legislativas. Sin embargo, una parte importante permanecía en las comisiones, sin dictamen o pendiente de avanzar hacia el pleno.
Un balance posterior de La República informó que la Cámara de Diputados había dado aprobación a diez proyectos, de los cuales dos consiguieron completar el procedimiento legislativo. El propio titular de esa publicación consigna ocho proyectos, aunque su desarrollo señala diez, una diferencia que requiere precisión estadística.
La situación evidencia que presentar iniciativas no significa producir leyes ni generar cambios concretos en la legislación. La actividad parlamentaria debe medirse también por la capacidad de debatir, aprobar y convertir las propuestas en normas que respondan a los problemas del país.
¿Una Cámara de Diputados subordinada al Senado?
Uno de los principales cuestionamientos al nuevo diseño parlamentario es la distribución del poder entre las dos cámaras.
En la práctica, la Cámara de Diputados aparece como la instancia que recibe, procesa y aprueba buena parte de las iniciativas legislativas, mientras que el Senado tiene la última palabra en su revisión. Esta situación alimenta la percepción de que los diputados podrían terminar funcionando como una especie de mesa de partes legislativa de la Cámara Alta.
El problema no es únicamente administrativo. También es político: si el Senado puede modificar o rechazar las propuestas remitidas por los diputados, su capacidad de intervención adquiere un peso determinante en la orientación de la producción legislativa.
El Reglamento del Senado reconoce expresamente sus atribuciones para revisar, debatir, aprobar, modificar o rechazar las propuestas provenientes de Diputados. Por ello, la discusión sobre el equilibrio entre ambas cámaras no es secundaria: compromete la representación política y la distribución efectiva del poder parlamentario.
Dos leyes y una agenda marcada por el Ejecutivo
Durante este primer periodo, dos asuntos concentraron los resultados legislativos que llegaron a convertirse en leyes.
El primero fue la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, para legislar en materias de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño. La Ley 32743 fue publicada el 22 de octubre y otorgó facultades por 90 días calendario.
El segundo fue el crédito suplementario aprobado mediante la Ley 32744, publicada el 2 de noviembre, que autorizó la incorporación de hasta S/ 8.228 millones para financiar acciones relacionadas con el Fenómeno El Niño, infraestructura, seguridad ciudadana, salud y educación.
La concentración del debate parlamentario en la delegación de facultades también generó tensiones entre las fuerzas políticas. La discusión consumió buena parte del tiempo de trabajo legislativo y puso en evidencia los desacuerdos sobre el procedimiento y las competencias de cada cámara.
El Senado concentra decisiones estratégicas
La nueva estructura parlamentaria también ha colocado al Senado en una posición relevante para las decisiones políticas e institucionales del país. Además de revisar las propuestas legislativas, tiene competencias relacionadas con la designación, ratificación y remoción de altos funcionarios, así como otras atribuciones constitucionales.
En ese contexto, el debate sobre la delegación de facultades mostró que la Cámara Alta no solamente interviene en la revisión de proyectos, sino que también puede convertirse en el principal espacio de negociación de asuntos prioritarios para el Gobierno.
La discusión sobre el nuevo modelo debe considerar, sin embargo, que la Cámara de Diputados conserva atribuciones importantes, especialmente en materia de fiscalización directa al Poder Ejecutivo, interpelaciones, censuras e investigaciones parlamentarias.
¿Qué justifica el costo de la bicameralidad?
A cien días de su funcionamiento, el Congreso enfrenta una pregunta que trasciende las cifras de producción legislativa: ¿está justificando ante la ciudadanía la existencia de dos cámaras parlamentarias?
El nuevo modelo fue presentado como una reforma destinada a mejorar la calidad de las leyes mediante una segunda revisión. Sin embargo, sus primeros resultados muestran demoras, dificultades de coordinación y disputas sobre las competencias institucionales. Incluso control y poder desmedido de la Cámara de Senadores como en el caso de las facultades legislativas delegadas cuando en el Cámara Baja se había determinado.
La bicameralidad no debería convertirse en un mecanismo que multiplique los procedimientos, prolongue indefinidamente los debates o diluya las responsabilidades políticas. Una segunda cámara tiene sentido cuando aporta calidad legislativa, controles efectivos y mejores decisiones para el país.
El desafío inmediato consiste en demostrar que este nuevo diseño parlamentario puede responder a las demandas ciudadanas, en lugar de convertirse en una estructura más costosa y burocrática. La población necesita resultados frente a la inseguridad, la crisis de los servicios públicos, el empleo y los problemas económicos, no solamente cientos de proyectos acumulados en los despachos parlamentarios.
La pregunta permanece abierta: si la Cámara de Diputados no consigue convertir sus iniciativas en leyes y el Senado concentra la capacidad de decisión, ¿cuál es el aporte efectivo de cada cámara al funcionamiento democrático del país?
Economía
Economía peruana pierde impulso y preocupa meta del 2026

La producción nacional creció apenas 2,43 % en septiembre, afectada por las caídas de la minería y el agro. Aunque el país acumula una expansión de 3,18 % entre enero y septiembre, el menor dinamismo y los efectos del fenómeno
Lima, 15 de noviembre de 2026.- La economía peruana perdió dinamismo en septiembre y registró un crecimiento interanual de apenas 2,43 %, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), publicado este domingo. El resultado quedó por debajo de las expectativas de los analistas del mercado y reabre las preocupaciones sobre el cumplimiento de la proyección de crecimiento económico para 2026.
Minería y agro golpean la producción nacional
El retroceso de dos actividades fundamentales para la economía peruana explica buena parte del resultado. El sector Minería e Hidrocarburos cayó 6,32 % en septiembre, mientras que el sector Agropecuario retrocedió 5,44 %, de acuerdo con las cifras del INEI.
En la actividad minera, la menor extracción de cobre (-9 %), zinc (-21,1 %), oro (-6,4 %), plata (-11,8 %) y plomo (-11,1 %) incidió en el resultado negativo. La caída de la producción agrícola también estuvo vinculada a condiciones climáticas adversas y precipitaciones superiores a sus promedios históricos.
Obviamente estos resultados tienen que ver también con el liderazgo gubernamental de la presidencia de la República y algunas decisiones tomadas muy pegado al conservadurismo económico en contra del bolsillo de los trabajadores del país.
El impacto del fenómeno El Niño constituye un factor adicional de preocupación, debido a sus efectos que tendrá sobre la agricultura, la pesca y otras actividades productivas. La reducción de la producción agrícola amenaza también los ingresos de los productores y la disponibilidad de determinados alimentos.
Comercio y construcción sostienen el crecimiento
En contraste con los sectores primarios, otras actividades registraron resultados positivos. El comercio creció 6,29 %, mientras que la construcción avanzó 8,84 % respecto a septiembre del año anterior, según los datos difundidos por Reuters y el INEI.
El crecimiento de la construcción estuvo relacionado con el mayor consumo interno de cemento, que aumentó 12,22 %, y el avance físico de obras públicas, que registró una expansión de 1,14 %. También destacaron actividades como electricidad, gas y agua, que crecieron 7,22 %.
¿Está en riesgo la meta económica del 2026?
Entre enero y septiembre, la producción nacional acumuló un crecimiento de 3,18 %, mientras que la variación de los últimos doce meses llegó a 3,22 %. Sin embargo, el resultado mensual de septiembre refleja una desaceleración que obliga a observar con atención el comportamiento de la economía durante el último trimestre.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) revisó en septiembre su proyección de crecimiento económico para 2026 de 3,4 % a 3,2 %, considerando principalmente los mayores riesgos asociados al fenómeno El Niño. La autoridad monetaria estimó que este evento climático tendría un impacto negativo sobre la actividad productiva, especialmente en sectores como agricultura y pesca.
El desafío económico del país no se limita a mantener las cifras de crecimiento. También está en juego la capacidad de sostener la producción, proteger los ingresos de los trabajadores y pequeños productores y evitar que los impactos climáticos profundicen las dificultades de las actividades económicas vinculadas al mercado interno.
Los próximos resultados oficiales permitirán determinar si la economía recupera el ritmo necesario para aproximarse a la proyección del BCRP. Mientras tanto, la caída de la minería y el agro deja en evidencia la vulnerabilidad de la producción nacional frente a los problemas sectoriales y los fenómenos climáticos.
Educación
Familiares de víctimas de las protestas 2022-2023 de Perú buscaron al Papa León XIV pidiendo justicia

Deudos de Puno, Ayacucho, Apurímac y otras regiones llegaron a Cusco para pedirle a León XIV que escuche sus demandas de verdad, justicia y reparación por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023. Aunque no consiguieron una audiencia privada, mostraron los rostros de sus familiares fallecidos durante el recorrido del pontífice.
Cusco, 15 de noviembre de 2026.- Con fotografías de sus seres queridos fallecidos en las protestas sociales de 2022 y 2023, familiares de las víctimas buscaron que el papa León XIV conociera directamente el dolor de quienes todavía esperan justicia. Los deudos llegaron desde distintas localidades del sur andino y, durante el recorrido del pontífice por Cusco, exhibieron los rostros de sus familiares cuando el papamóvil pasó frente a la Municipalidad Provincial.
La acción fue el resultado de varios días de gestiones y reclamos. Un día antes, representantes de delegaciones procedentes de Ayacucho, Puno, Juliaca y Pichanaqui realizaron una conferencia de prensa y una vigilia para solicitar una audiencia con el Papa. Su objetivo era entregarle una carta abierta y exponer la situación de las familias que siguen exigiendo el esclarecimiento de las muertes, sanciones para los responsables y reparación integral.
Una búsqueda de justicia que no termina
Los familiares denunciaron que, pese al tiempo transcurrido, las investigaciones no han ofrecido respuestas suficientes. Para ellos, la falta de resultados judiciales prolonga el sufrimiento de las familias y mantiene pendiente el esclarecimiento de las responsabilidades por la violencia ejercida durante las movilizaciones.
Las protestas comenzaron a finales de 2022, luego de la destitución y detención de Pedro Castillo, y se extendieron durante los primeros meses de 2023. En distintas regiones del país, especialmente en el sur andino, se registraron muertes y personas heridas en intervenciones de las fuerzas del orden. Organismos de derechos humanos y familiares han denunciado el uso desproporcionado de la fuerza y presuntas ejecuciones extrajudiciales. Las responsabilidades individuales y de mando deben establecerse en las investigaciones y procesos correspondientes.

La demanda de los deudos no se limita a obtener una audiencia religiosa. Reclaman que el Estado esclarezca lo ocurrido, identifique y sancione a los responsables conforme a ley, garantice reparación a las víctimas y adopte medidas para que hechos similares no vuelvan a repetirse.
Denuncian obstáculos para acercarse al pontífice
La falta de una audiencia privada con los familiares generó cuestionamientos sobre la organización de la visita papal y la ausencia de sus demandas en la agenda oficial. Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que se enviaron cartas al pontífice por distintas vías institucionales, entre ellas la Nunciatura Apostólica, la Comisión Episcopal de Acción Social y el Secretariado de Comunicaciones del Vaticano.
En declaraciones recogidas por la prensa, Pariona sostuvo que las familias buscaron que León XIV conociera sus reclamos y denunció que hubo obstáculos para su participación pública. También expresó su preocupación por la intervención de actores políticos en el desarrollo de la agenda papal. Estas afirmaciones constituyen denuncias que requieren esclarecimiento y contraste con las autoridades y responsables de la organización de la visita.
Por su parte, familiares como Milagros Samillán, hermana de Marco Samillán, fallecido durante las protestas en Juliaca, manifestaron que habían enviado comunicaciones para conseguir un encuentro con el Papa, pero no lograron concretarlo. Su reclamo apunta a que la búsqueda de reconciliación nacional no puede desligarse de la verdad y la justicia para las víctimas.

Los rostros de las víctimas frente al Papa
Aunque no se concretó la audiencia privada que esperaban, los familiares consiguieron mostrar las fotografías de los fallecidos durante el paso del papamóvil por Cusco. La escena convirtió el recorrido papal en un espacio para visibilizar una demanda que continúa presente en las regiones golpeadas por la represión.
La Asociación de Víctimas de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca recordó que detrás de cada nombre existe una familia que sigue esperando respuestas. El colectivo sostuvo que continuará reclamando justicia, reparación y garantías de no repetición.
La visita de León XIV al Perú, país donde desarrolló buena parte de su labor pastoral y al que está vinculado desde hace décadas, estuvo acompañada por expectativas de distintos sectores sociales que buscaban hacerle llegar sus preocupaciones. Para los familiares de las víctimas de las protestas, el pedido fue concreto: que el sufrimiento de sus seres queridos no quede fuera de la memoria pública ni de la obligación del Estado de garantizar justicia.
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