La intervención del banco dejó sin acceso a sus cuentas a millones de clientes y comprometió fondos públicos. Ahorristas y jubilados salieron a las calles de Asunción para exigir la devolución de su dinero y responsabilidades políticas al Gobierno.

Asunción, 4 de noviembre de 2026.- La intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras digitales de Paraguay, desencadenó protestas de ahorristas y jubilados en la capital, donde cientos de ciudadanos salieron a las calles para exigir la devolución de sus depósitos, cuestionar al Gobierno de Santiago Peña y reclamar responsabilidades por la crisis que dejó bloqueadas las operaciones bancarias de aproximadamente 2,9 millones de clientes.

La decisión fue adoptada el 2 de noviembre por el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), que inició el procedimiento de resolución de la entidad después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal requerido. La medida implicó la suspensión de los servicios bancarios, incluidas las operaciones mediante tarjetas, cajeros automáticos y plataformas digitales.

Ahorristas enfrentan a la Policía y exigen respuestas

El martes 3 de noviembre, las protestas se concentraron en el microcentro de Asunción, especialmente en las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes. Los manifestantes exigieron la devolución íntegra de sus ahorros y cuestionaron los mecanismos anunciados por las autoridades para recuperar los depósitos. La movilización, que comenzó pacíficamente, derivó en incidentes, forcejeos y enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional cuando un grupo intentó avanzar hacia la sede del Congreso.

Otra concentración se desarrolló frente a Mburuvicha Róga, residencia oficial del presidente Santiago Peña. Allí, los manifestantes expresaron su rechazo a la gestión gubernamental y exigieron el juicio político y la salida del mandatario, en medio de cuestionamientos por los vínculos políticos y empresariales relacionados con la entidad financiera.

Fondos públicos y jubilaciones en el centro de la crisis

Uno de los aspectos más delicados es la exposición de recursos públicos. El Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank. Además, alrededor de 32.000 jubilados utilizaban esta entidad para recibir sus pensiones.

Ante la preocupación de los beneficiarios, el IPS aseguró que los pagos de jubilaciones y aguinaldos se realizarán conforme al calendario establecido y anunció que inició las gestiones para trasladar las cuentas de los pensionistas a otra institución financiera. Sin embargo, la recuperación de las inversiones institucionales comprometidas constituye otro problema que deberá resolverse.

El Banco Central anunció que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228.300.000 guaraníes por depositante. Asimismo, comunicó que se efectuará un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes a los ahorristas, mientras se establecen los siguientes mecanismos de devolución.

Vínculos políticos y responsabilidades bajo investigación

La crisis también ha abierto cuestionamientos sobre la relación entre el poder político y la entidad financiera. El presidente Santiago Peña mantuvo vínculos empresariales con el grupo propietario de Ueno hasta marzo de 2025, mientras que Carlos Carvallo, quien presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central a petición del mandatario, había dirigido anteriormente Ueno Bank.

La investigación sobre las operaciones crediticias vinculadas al grupo empresarial, la supervisión financiera y las decisiones que condujeron al deterioro patrimonial de la entidad serán determinantes para establecer responsabilidades. El Ministerio Público también intervino en el caso y ordenó detenciones de directivos vinculados al banco.

La crisis deja en evidencia la dimensión social de una intervención bancaria: detrás de los indicadores financieros se encuentran millones de personas que necesitan acceder a sus ahorros, trabajadores que deben cumplir obligaciones económicas y jubilados que esperan cobrar sus pensiones. Mientras avanzan las investigaciones, los afectados exigen transparencia, recuperación de sus fondos y garantías de que los recursos públicos no terminarán perjudicados.

La paralización está convocada para el 16, 17 y 18 de noviembre. El gremio reclama por el alza del diésel, la insuficiencia del subsidio estatal y la falta de soluciones frente a la informalidad en el transporte de carga.

Lima, 3 de noviembre de 2026.- Los transportistas de carga pesada anunciaron un paro nacional de 72 horas para los días 16, 17 y 18 de noviembre, en protesta por el incremento del precio del diésel, la insuficiencia de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno y la falta de respuestas frente a la informalidad en el sector. La medida, convocada por la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú, podría afectar el traslado de mercancías en Lima y distintas regiones del país.

Alza del diésel y subsidio insuficiente

Martín Ojeda, vocero de la organización gremial, confirmó la convocatoria y cuestionó el incremento del precio de los combustibles. Aunque reconoció que el encarecimiento del petróleo responde también a factores internacionales, sostuvo que el subsidio anunciado por el Gobierno no alcanza para compensar los mayores costos que afrontan los transportistas. El dirigente también cuestionó la falta de una partida presupuestal adecuada para atender esta problemática.

Otro de los principales reclamos es la creciente informalidad en el transporte terrestre de mercancías. Los transportistas exigen que el Estado adopte medidas efectivas de fiscalización y promueva condiciones de competencia que eviten que los operadores formales tengan que competir en desventaja frente a quienes trabajan al margen de las disposiciones legales.

Exigen implementar el Observatorio de Transporte Terrestre

Entre sus demandas también figura la implementación efectiva del Observatorio de Transporte Terrestre, establecido mediante la Ley 31886, que busca transparentar información sobre tarifas, precios, fletes y condiciones del servicio de transporte de mercancías. Esta herramienta debe contribuir a identificar distorsiones del mercado y promover la competencia en el sector formal.

Al respecto, existe un antecedente normativo importante: el Gobierno aprobó el reglamento de esta ley mediante el Decreto Supremo 020-2025-MTC y, posteriormente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó, en julio de 2026, una programación operativa para su implementación progresiva. El reclamo gremial pone en discusión la aplicación efectiva de estos instrumentos y sus resultados para los transportistas.

Bases regionales respaldarían la paralización

Según Martín Ojeda, la convocatoria cuenta con el respaldo de bases gremiales de Supe, Barranca, Chiclayo, Piura y Sullana, entre otras localidades. El dirigente estimó que alrededor de 20.000 transportistas de camiones y otras unidades de carga podrían participar en la medida de fuerza, aunque esta cifra corresponde a una proyección de la dirigencia.

Una paralización de esta magnitud podría repercutir en el traslado de alimentos, productos agrícolas, combustibles, materiales de construcción e insumos industriales. También podría generar retrasos en las cadenas de abastecimiento y mayores costos logísticos, con posibles consecuencias para comerciantes, productores, empresas y consumidores. La magnitud de estos efectos dependerá del nivel de acatamiento y de las rutas y actividades que resulten comprometidas.

Transportistas esperan respuesta del Ejecutivo

Pese al anuncio de la medida de fuerza, los dirigentes aseguran que mantienen su disposición al diálogo con el Gobierno y esperan que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones atienda sus demandas antes del 16 de noviembre. La apertura de una negociación permitiría evaluar soluciones sobre el precio de los combustibles, la formalización y la aplicación de los mecanismos previstos en la legislación del transporte terrestre.

Por ahora, la paralización permanece anunciada y su eventual suspensión dependerá de los resultados de las conversaciones y de las respuestas concretas del Ejecutivo. Mientras tanto, miles de transportistas esperan que sus reclamos sean atendidos y que el Gobierno presente medidas que permitan sostener sus actividades y garantizar condiciones más equitativas en el mercado nacional de transporte de carga.

El Poder Judicial rechazó revisar la medida que mantiene encarcelado al expresidente por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda. La prisión preventiva prolongada por 12 meses continúa vigente hasta marzo de 2027.

Lima, 23 de octubre de 2026.- El Poder Judicial declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva impuesta al expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por los presuntos delitos de organización criminal agravada, colusión simple y tráfico de influencias agravado, en el marco de las investigaciones acumuladas por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, mediante la Resolución N.° 8, emitida el 16 de octubre. El magistrado dispuso mantener vigente la medida coercitiva y la prolongación de 12 meses, que se extiende hasta el 8 de marzo de 2027.

¿Por qué se mantiene la prisión preventiva?

Según la resolución judicial, todavía subsisten los presupuestos que justificaron la prisión preventiva y su posterior prolongación. El juzgado consideró que la continuidad de la medida resulta necesaria y proporcional para garantizar el desarrollo de la investigación y la eficacia de una eventual decisión judicial.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que los nuevos elementos incorporados a la investigación, entre ellos declaraciones, documentos y pericias, reforzarían la hipótesis fiscal sobre la presunta existencia de una organización criminal y la participación atribuida al exmandatario. Estas imputaciones deberán ser evaluadas en el proceso penal y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

Los casos bajo investigación

La investigación comprende presuntos hechos vinculados a Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La hipótesis fiscal atribuye a Castillo una presunta participación en una estructura que habría buscado influir en decisiones y contrataciones públicas mediante el control de puestos estratégicos en entidades estatales. La responsabilidad penal del expresidente deberá determinarse conforme a las pruebas y las garantías del proceso.

Por su parte, la defensa cuestionó la continuidad de la privación de libertad y solicitó sustituirla por una medida menos gravosa, invocando los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. El juzgado desestimó la revisión de oficio, por lo que la situación jurídica de Castillo no cambió en este expediente.

¿Qué viene ahora?

La resolución mantiene la prisión preventiva, pero no resuelve de manera definitiva la responsabilidad penal de Pedro Castillo por los hechos investigados. El proceso continúa bajo control judicial y fiscal, mientras la defensa conserva las vías procesales que correspondan para cuestionar las decisiones que afecten al investigado.

El caso vuelve a poner en el centro del debate público el control judicial de las medidas que restringen la libertad y la investigación de presuntos actos de corrupción en el Estado. La exigencia es doble: esclarecer los hechos que comprometen recursos públicos y garantizar que toda decisión judicial respete el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos fundamentales.