Lima, 8 de diciembre de 2025.- El Poder Judicial ordenó la suspensión provisional del proceso electoral interno del partido Ahora Nación, lo que paralizó las votaciones programadas para este domingo 7 de diciembre destinadas a elegir la plancha presidencial encabezada por Alfonso López Chau, así como a los candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. La medida fue emitida por el Juzgado Civil de La Merced, en Junín, al declarar fundada una demanda de amparo presentada por los militantes Geraldine Estefany Ponce Llanos y Nilton César Meza Franco contra el Tribunal Electoral Nacional del partido. Según la resolución del juez Augusto Balbín Solís, la suspensión abarca los efectos jurídicos y fácticos del acta de sesión del 8 de octubre de 2025, que convocaba la elección de delegados y el cronograma general para las elecciones generales de 2026.

Los demandantes alegaron irregularidades graves en el procedimiento, como la falta de publicación oportuna de la convocatoria y el cronograma electoral, lo que les impidió presentar listas alternativas o formular tachas contra otras postulaciones. Además, denunciaron que el proceso no fue comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), violando el derecho a participar, elegir y ser elegidos de los afiliados. Otro punto controvertido fue el requisito de un pago de hasta S/ 80.000 para inscribir candidaturas, calificado como discriminatorio e irregular. La resolución judicial advierte al Tribunal Electoral Nacional, presidido por Daniel Martín Plácido Matta, que se abstenga de continuar el proceso bajo apercibimiento de denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad, hasta la resolución del fondo del caso.

A pesar de la orden judicial, Ahora Nación procedió con la elección de delegados el 30 de noviembre y las votaciones del 7 de diciembre bajo la supervisión técnica de la ONPE, argumentando que el fallo es inaplicable y que los actos ya ejecutados no pueden ser retrotraídos. El Comité Ejecutivo Nacional del partido expresó preocupación por posibles intentos de bloquear su participación en los comicios de abril de 2026, y anunció que evaluará medidas legales posteriores. Expertos electorales consultados indican que esta suspensión podría derivar en una tacha ante el JNE, invalidando la candidatura de López Chau si se confirman las infracciones a la democracia interna, en un contexto de 37 partidos que completaron sus procesos sin mayores contratiempos.

Lima, 8 de diciembre de 2025.– La congresista Margot Palacios Huamán, una de las voces más firmes y persistentes de la izquierda popular y socialista, fue confirmada como candidata al Senado Nacional con el número 8 en la lista de “Juntos por el Perú” para las elecciones generales de 2026. La plancha presidencial será liderada por el exministro Roberto Sánchez Palomino, mientras que el expresidente Pedro Castillo Terrones, líder de la alianza «Juntos con el pueblo», figura como invitado con el número 1 en la nómina senatorial, campaña que continuará desde el penal Barbadillo, donde permanece recluido por el delito de conspiración.

Palacios, quien renunció a Perú Libre en mayo de 2024 tras rechazar la alianza de ese partido con Fuerza Popular, formalizó su afiliación a Juntos por el Perú el 10 de julio del mismo año. Su postulación fue ratificada el último domingo en el congreso nacional del partido, donde la dirigencia y los delegados regionales la destacaron como “la principal figura” de la lista al Senado, ante la imposibilidad de que Castillo y la expremier Betsy Chávez participen directamente en la campaña debido a su reclusión.

Reconocida como “hija del Perú profundo”, Margot Palacios nació en Ayacucho, una de las regiones más golpeadas por la violencia política de los años ochenta y noventa. En recientes declaraciones, recordó las masacres de Accomarca, Cayara y Putis, los miles de desaparecidos y los crímenes cometidos por agentes del Estado, hechos que -afirmó- “siguen impunes mientras sus responsables reciben condecoraciones en un Congreso capturado por la derecha corrupta y represora”. En ese marco, justificó su candidatura como la continuidad de una lucha histórica contra el centralismo, el racismo y la exclusión que mantienen a departamentos como Ayacucho, Apurímac y Puno con niveles de pobreza superiores al 40 %.

Durante su gestión parlamentaria, Palacios presidió la comisión investigadora del derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla en 2022, donde se concluyó la responsabilidad penal de la transnacional española por los daños causados a más de 34 mil pescadores artesanales. Asimismo, impulsó la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho, que beneficiará a 13 mil jóvenes de sectores populares, y promovió iniciativas como el retiro de hasta 5 UIT de la ONP para 4.7 millones de jubilados y la ley de amnistía para perseguidos del pueblo y para el expresidente Castillo.

Con un mensaje que entrelaza memoria, indignación y esperanza, la candidata aseguró que su ingreso al Senado busca “poner el poder al servicio del pueblo y transformar un país donde 10 familias acumulan más riqueza que 35 millones de peruanos”. “El Perú profundo ya no pedirá permiso -afirmó-; vamos a recuperar el poder popular que nos arrebataron para redactar una nueva Constitución”. Según fuentes de Juntos por el Perú, la postulación de Palacios busca canalizar el descontento social acumulado tras el golpe del 7 de diciembre de 2022 y las 49 muertes registradas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y su sucesor, especialmente en el sur andino.

Lima, 8 de diciembre de 2025 – El ataque armado que sufrió el precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa el pasado 2 de diciembre en Cerro Azul (Cañete) ha puesto bajo la lupa no solo la inseguridad que azota a los empresarios peruanos, sino también el origen y la naturaleza del patrimonio inmobiliario que sostiene a una de las familias más tradicionales de la política peruana. Fuentes policiales aún no entregan las pericias balísticas y manejan como hipótesis principal la extorsión ligada a sus proyectos de urbanización, mientras el propio Belaúnde Llosa descarta motivación política y admite haber recibido llamadas de “vacuna” en el pasado. El incidente, sin embargo, ha terminado revelando lo que medios como Cuarto Poder han calificado como “el secreto mejor guardado” del próspero negocio familiar: la Corporación Belaúnde, dedicada al saneamiento y venta de terrenos en zonas de expansión limeña, opera en un contexto de alta vulnerabilidad a mafias de invasores y extorsionadores.

Una herencia de élite con sombras históricas
Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), dirige hoy una cartera inmobiliaria que se alimenta de una tradición de propiedades iniciada en el siglo XIX por generales y ministros de la República, consolidada durante el siglo XX y modernizada en democracia. Aunque no existen procesos judiciales que vinculen directamente al exmandatario con enriquecimiento ilícito —su imagen de probidad personal sigue siendo defendida por Acción Popular y sectores liberales—, su segundo gobierno fue escenario de escándalos como Renatto Bautista, Guvartes y Villa Coca, además de la responsabilidad estatal en miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ese pasado, nunca juzgado por su fallecimiento en 2002, reaparece ahora como telón de fondo de la fortuna que permite a su nieto financiar la precandidatura presidencial por Libertad Popular.

Libertad Popular: ¿renovación liberal o continuidad oligárquica?
Mientras Belaúnde Llosa se presenta como abanderado de un “capitalismo popular” que promete igualar oportunidades mediante infraestructura estatal y mercado libre, críticos de izquierda y derecha lo señalan como símbolo de una élite desconectada: en febrero de 2025 desconoció el salario mínimo real y el costo del transporte público. Su partido, fundado junto al expremier Pedro Cateriano y con figuras como Diana Álvarez-Calderón, busca diferenciarse del fujimorismo y del “terruqueo” tradicional, pero arrastra el peso de alianzas pasadas con Fuerza Popular y el estigma familiar de un apellido que, para muchos peruanos, aún evoca tanto carreteras emblemáticas como masacres impunes. A cuatro meses de las elecciones internas de 2026, el atentado de Cañete no solo expuso la fragilidad de los empresarios frente a la delincuencia, sino también la dificultad de vender un proyecto de “renovación liberal” cuando la riqueza que lo sustenta nació en los privilegios de la vieja oligarquía peruana.