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El Gobierno tambalea ante la crisis hídrica provocada por la minería en la cuenca del río Coralaque

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La situación en Moquegua sigue siendo de máxima preocupación. La región, golpeada por los efectos devastadores de la minería en sus cuencas hídricas, ha dado una última tregua al Gobierno central, exigiendo soluciones urgentes antes del 15 de enero de 2025. Esta medida, resultado de intensas reuniones entre autoridades locales y representantes del Ejecutivo, busca atender la creciente crisis medioambiental y social generada por la contaminación de los ríos Coralaque y Tambo, así como la peligrosa presencia de metales pesados en la población.

La minería, especialmente la unidad Florencia-Tucari de Aruntani S.A.C., ha sido señalada como la principal responsable de la devastación ecológica. Antes de su intervención, los ríos eran claros y ricos en biodiversidad, siendo vitales para el consumo humano, la agricultura y la ganadería. Hoy, sin embargo, el agua está envenenada, los peces han desaparecido y la población enfrenta una creciente crisis de salud por la exposición a altos niveles de arsénico y otros contaminantes.

La tregua fue gestándose luego de la visita del ministro de Desarrollo Agrario y Riego

La crisis social y sanitaria: una bomba de tiempo

Uno de los acuerdos alcanzados en las reuniones recientes fue la transferencia de fondos por parte del Ejecutivo para atender a los niños afectados por arsénico, una medida necesaria pero tardía, que llega cuando los daños ya son irreversibles para muchas familias. La población de Moquegua ha vivido durante años con la amenaza de metales pesados en sus venas, y aunque las autoridades han prometido recursos para la atención médica, la urgencia de la situación parece haberse visto eclipsada por la falta de acción en el terreno.

Gabriela Chipana, una de las voces más críticas de la región, ha calificado los avances como «a medio caña», señalando que los esfuerzos gubernamentales no han sido suficientes y que la respuesta ante los daños causados por las empresas mineras sigue siendo superficial y burocrática. La creación de la «Mesa Técnica para el Desarrollo Integral de Moquegua» es una de las medidas recientes aprobadas por el Gobierno, pero las expectativas son bajas. El temor es que, una vez más, el Estado actúe solo ante la presión y no se comprometa a una solución a largo plazo que garantice la recuperación del agua y la biodiversidad de la región.

Los manifestantes lograron tomar el puente Montalvo de la Panamericana Sur

El cierre de la minera Aruntani

Uno de los acuerdos más mediáticos fue el anuncio del cierre definitivo de la unidad minera Florencia-Tucari, que fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas a través de la Resolución Ministerial 458-2024. Sin embargo, muchos expertos y líderes sociales en Moquegua consideran que este cierre, aunque importante, llega demasiado tarde y no es suficiente para remediar los estragos ya causados. De hecho, las mineras de la misma empresa, como «Arasi», también han sido señaladas por incumplir los planes de cierre desde 2019, lo que pone en evidencia la falta de control y las deficiencias en las políticas medioambientales del Gobierno.

Aunque la resolución contempla la ejecución de un plan de remediación, mitigar los efectos de décadas de explotación minera descontrolada en la cuenca del río Coralaque será una tarea titánica. El agua, esencial para la vida, se ha convertido en un agente de muerte para muchas comunidades, y la solución a esta crisis requiere de un compromiso real y sostenido del Estado, no solo de promesas a corto plazo.

Los plazos se acortan

El 15 de enero será la fecha límite para que el Gobierno demuestre avances significativos. Si no se logran avances concretos en la recuperación de las cuencas hídricas y en la atención integral de las comunidades afectadas, no se descarta un reinicio de huelgas y protestas. El Frente de Lucha Regional, compuesto por las tres provincias de Moquegua, se mantiene firme en su postura y ha advertido que las acciones del Gobierno seguirán bajo estricta vigilancia.

La sociedad civil organizada ha logrado sentar en la mesa a los ministros del Ejecutivo

Los ciudadanos de Moquegua han hablado claro: no hay más tiempo para palabras vacías. Las soluciones deben ser inmediatas y profundas, no solo en términos de cierre de minas, sino en la restauración de los ecosistemas y en la mejora de las condiciones de vida de la población. La crisis hídrica no se resuelve con medidas puntuales, sino con una estrategia integral que incluya la reparación del daño ambiental, la atención de los problemas sanitarios y el impulso a proyectos productivos sostenibles.

La balanza se inclina hacia el abismo

El Gobierno ha mostrado señales de querer actuar, pero los resultados concretos hasta ahora son insuficientes frente a la magnitud de la crisis. La lucha de Moquegua por salvar sus recursos hídricos y su vida, ha sido larga y difícil. El 15 de enero será un día crucial para saber si el Estado está dispuesto a corregir sus errores del pasado o si Moquegua tendrá que seguir luchando por la vida y el agua, sin más que promesas rotas en el horizonte. La tregua social otorgada por la región es solo una pausa, y el tiempo para que el Ejecutivo cumpla con sus compromisos se agota rápidamente.

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Escándalos y pugnas internas sacuden el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña

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Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, enfrenta una de sus mayores crisis tras la revelación de una presunta red de prostitución en el Congreso. Según investigaciones, dicha red operaba con la complicidad de asesores y congresistas, intercambiando favores sexuales por votos en el Legislativo. El escándalo ha salpicado a varios parlamentarios de la agrupación, sumiendo al partido en un descrédito aún mayor.

La situación se agravó con el asesinato de Andrea Vidal Gómez, exasesora parlamentaria vinculada a la organización de estos encuentros ilícitos. Su muerte desató una ola de renuncias en APP, entre ellas la del alcalde de Magdalena, Francis Allison, y del candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo, David Morales Cárdenas. La falta de una postura clara del partido ha incrementado las tensiones internas y debilitado su imagen pública.

Luego del escándalo de la red de prostitución renunció a APP el alcalde de Magdalena, Francis Allison

No es la primera vez que APP está en el ojo de la tormenta. En 2016, César Acuña fue excluido de la contienda presidencial por haber entregado dinero a ciudadanos en plena campaña, en un claro intento de compra de votos. Además, su universidad, la César Vallejo, ha estado envuelta en denuncias de plagio, incluido el de su propia tesis doctoral.

El Congreso también ha sido escenario de otros escándalos ligados a APP. En 2022, la congresista Heidy Juárez fue expulsada tras la filtración de audios donde César Acuña instruía a su bancada a apoyar proyectos de ley con fines electoralistas. Asimismo, el alcalde de Carabayllo, Marcos Espinoza, fue detenido por presunta compra irregular de vehículos para el municipio.

La alianza férrea con el régimen de Dina Boluarte que tiene denuncias por delitos de lesa humanidad

A pesar de las constantes controversias, APP ha logrado mantener una presencia significativa en el Congreso y en gobiernos regionales. Sin embargo, la falta de una identidad ideológica clara y la acumulación de denuncias podrían afectar su desempeño en las elecciones de 2026.

El partido de Acuña se encuentra en un punto de inflexión: o se renueva y enfrenta sus problemas de corrupción y transparencia, o corre el riesgo de convertirse en un cascarón vacío destinado a colapsar bajo el peso de sus propios escándalos.

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Sindicato de Trabajadores de Petroperú Rechaza Declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas

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El Sindicato de Trabajadores de Petroperú emitió hoy un comunicado en el que rechaza las declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), quien afirmó que «no se le dará ni un sol más a Petroperú este año». El pronunciamiento, expresa preocupación por las implicaciones de estas declaraciones y defiende la importancia estratégica de la empresa estatal.

En el comunicado, el sindicato destaca seis puntos clave. En primer lugar, recuerda que el Estado Peruano mantiene una deuda aproximada de seis mil millones de soles con Petroperú, lo que convierte el financiamiento en una obligación y no en una opción discrecional. Además, critica la denominación de Petroperú como «un barril sin fondo», calificándola de errónea y descontextualizada, y subraya que la empresa es un pilar fundamental para la seguridad energética del país.

El sindicato también enfatiza que el financiamiento a Petroperú debe ser visto como una inversión estratégica y no como un subsidio gratuito. Reducir este apoyo, argumentan, comprometería la competitividad y sostenibilidad de la empresa. Asimismo, instan al MEF a abordar el déficit fiscal de manera integral, sin sacrificar inversiones clave, y a revisar los gastos de otras entidades que podrían estar afectando al Estado.

Finalmente, el comunicado exige que las decisiones sobre el financiamiento se basen en criterios técnicos y objetivos, y pide al gobierno establecer un plan de pago viable para saldar la deuda con Petroperú. El sindicato reitera su compromiso con una gestión responsable y transparente, orientada al desarrollo sostenible de la industria energética nacional.

Este pronunciamiento surge en un contexto de tensiones entre el gobierno y la empresa estatal, y refleja la preocupación de los trabajadores por el futuro de Petroperú y su papel en la economía peruana.

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Telefónica del Perú busca declararse en quiebra para evitar deuda millonaria con el Estado peruano

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En un giro estratégico que ha generado polémica, Telefónica del Perú S.A.A. anunció su decisión de acogerse al Procedimiento Concursal Ordinario bajo la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809). La medida busca reestructurar sus pasivos y garantizar la continuidad del servicio a más de 13 millones de usuarios en el país. Sin embargo, analistas y sectores políticos advierten que este movimiento podría estar orientado a eludir deudas con el Estado peruano.

Telefónica del Perú ha arrastrado problemas financieros durante más de dos décadas, en gran parte debido a controversias fiscales con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). La empresa mantiene litigios por miles de millones de soles en impuestos no pagados, los cuales han sido objeto de apelaciones y prolongados procesos judiciales.

Además de las deudas fiscales, la compañía ha enfrentado un entorno de mercado adverso, con una competencia cada vez más fuerte en el sector de telecomunicaciones. A esto se suman decisiones administrativas cuestionables y un alto costo financiero derivado de préstamos previos, que han puesto en riesgo su liquidez operativa.

Nota colgada en su página web principal el viernes 14 de febrero de 2025

Telefónica del Perú forma parte de la multinacional española Telefónica S.A., una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. En el país, compite con empresas como Claro (América Móvil), Entel y Bitel, que han ganado terreno en el mercado con ofertas más agresivas y estrategias de expansión en sectores clave como internet móvil y fibra óptica.

Medidas adoptadas por Telefónica del Perú

Obtención de crédito mercantil: Se aprobó un préstamo de hasta S/ 1,549 millones otorgado por Telefónica Hispanoamérica S.A., con una tasa de interés del 29.13 %. Estos fondos estarán destinados exclusivamente a cubrir necesidades operativas de caja en los próximos meses.

Convocatoria a Junta de Accionistas: Se programó una reunión de la Junta General de Accionistas y la Junta Especial de Accionistas de Clase B para el 17 de marzo de 2025 en la sede de la empresa en Surquillo. En la agenda figuran la aprobación de la gestión social, la revisión de estados financieros, la designación de auditores y la modificación del estatuto social.

Asesoría especializada: La empresa contrató a Kroll Advisory Ltd., consultora financiera que dirigirá el proceso concursal. Además, un miembro de su equipo asumirá el rol de Chief Restructuring Officer (CRO), supervisando la reestructuración de la compañía.

La aparente reestructuración no solamente afectará a sus clientes sino al propio Estado peruano si deja de pagar las deudas no cobradas hasta el momento

Diversos analistas han señalado que la decisión de Telefónica del Perú de acogerse al proceso concursal podría estar motivada por una estrategia para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Estado peruano. Este tipo de maniobras han sido utilizadas anteriormente por otras empresas monopólicas y transnacionales que, tras declararse en insolvencia, cambian de denominación y reestructuran su modelo de negocio sin asumir sus compromisos financieros con los gobiernos donde operan.

En el caso de Telefónica, existen precedentes en otros países de América Latina donde la empresa ha recurrido a tácticas similares para renegociar o postergar el pago de sus pasivos fiscales. En Perú, el impacto de esta medida podría afectar la recaudación tributaria y generar incertidumbre sobre la continuidad del servicio, pese a las garantías ofrecidas por la empresa.

Telefónica del Perú insiste en que este proceso permitirá una reorganización financiera responsable y sostenible. No obstante, algunos políticos y el propio Estado, a través de las entidades regulatorias, deberán estar atentos a cualquier intento de evasión fiscal o abuso del sistema concursal.

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