La decisión de Estados Unidos de restringir el ingreso al país del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, provocó una respuesta frontal del funcionario, quien aseguró que la medida no modificará el…
Actualidad
Detienen al fiscal general de Bolivia que investigaba a Fernando Cerimedo con apoyo del DEA

Roger Mariaca fue aprehendido junto a otros funcionarios del Ministerio Público en un operativo ejecutado por la Policía Boliviana. La Fiscalía denunció un “secuestro”, mientras el Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que desarticuló una presunta red vinculada al narcotráfico. La DEA habría proporcionado información y cooperación, pero La Paz niega que sus agentes hayan ejecutado directamente la detención.
Bolivia, 01 de octubre de 2026.- El fiscal general del Estado boliviano, Roger Mariaca, fue detenido durante un amplio operativo policial que terminó también con la aprehensión de otros funcionarios del Ministerio Público. La intervención se produjo apenas dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa y lo acusara de supuestamente aceptar sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a criminales a evadir la justicia. Mariaca negó esas acusaciones y denunció una presunta presión política de Washington.
La propia Fiscalía General denunció inicialmente que Mariaca había sido “secuestrado” y cuestionó la legalidad del procedimiento. También fueron intervenidas instalaciones del Ministerio Público y detenidos funcionarios que se encontraban en su interior. Según testimonios difundidos por la institución, algunos agentes ingresaron a las oficinas sin presentar, según los denunciantes, documentación formal de allanamiento.
¿Participó la DEA?
Este es uno de los puntos más controvertidos. El ministro boliviano de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que el operativo fue realizado por la Policía Boliviana, aunque reconoció cooperación de Estados Unidos y de otros países en las investigaciones contra el narcotráfico. La versión oficial, por tanto, no confirma que agentes de la DEA hayan detenido personalmente a Mariaca.
La cooperación estadounidense, sin embargo, sí aparece vinculada al caso. Informaciones publicadas por medios internacionales señalan que datos proporcionados por la DEA fueron utilizados en las investigaciones que precedieron al operativo. La detención se produjo, además, después de que Washington sancionara a Mariaca y a otros funcionarios bolivianos.
Cerimedo queda en el centro de la disputa
El caso adquiere una dimensión política adicional porque Mariaca estaba al frente de investigaciones contra Fernando Cerimedo, consultor político argentino relacionado con campañas de sectores de derecha latinoamericanos y con el presidente boliviano Rodrigo Paz.
La Fiscalía había informado que Cerimedo afrontaba varias investigaciones penales. Entre ellas figuran procesos por presunto enriquecimiento ilícito, tentativa de feminicidio, violencia familiar o doméstica y una investigación relacionada con tráfico de sustancias controladas y confabulación.
En septiembre, la Fiscalía amplió una de las investigaciones contra Cerimedo para incorporar presuntos delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas. El acusado permanece con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
La relación con Rodrigo Paz
La relación entre Cerimedo y Paz también ha sido objeto de controversia. El propio presidente boliviano reconoció que el argentino colaboró durante la campaña electoral y durante la etapa inicial de su Gobierno, aunque negó que hubiera tenido autorización para representar institucionalmente a la Presidencia o que existiera un contrato laboral con el Estado.
Hasta el momento, no existe evidencia pública verificable que permita afirmar que Paz haya ordenado la detención de Mariaca para eliminar las investigaciones contra Cerimedo. Esa hipótesis aparece en distintas interpretaciones políticas y publicaciones, pero debe diferenciarse de los hechos acreditados: Mariaca investigaba a Cerimedo y fue detenido en medio de una operación policial respaldada por cooperación internacional.
Washington había acusado a Mariaca
El conflicto se había intensificado el 29 de septiembre, cuando Estados Unidos anunció la revocación de la visa de Mariaca. Washington lo acusó de utilizar su posición para favorecer actividades vinculadas al narcotráfico. El fiscal respondió que continuaría con las investigaciones que correspondían al Ministerio Público boliviano y cuestionó la decisión estadounidense como una forma de injerencia.
La detención posterior profundizó las dudas sobre el alcance de la nueva cooperación de seguridad entre Bolivia y Estados Unidos bajo el Gobierno de Paz. La administración boliviana ha buscado recomponer las relaciones con Washington y fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Una crisis institucional abierta
El episodio deja una disputa institucional de alto impacto: por un lado, el Gobierno sostiene que desarticuló una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público; por otro, sectores políticos y funcionarios cuestionan el procedimiento empleado para detener al fiscal general y reclaman garantías de debido proceso.
El vicepresidente Edmand Lara también cuestionó la forma de la detención y deslizó dudas sobre una eventual participación de la DEA, aunque esa participación directa no ha sido confirmada oficialmente. El Gobierno, en cambio, insiste en que la operación fue ejecutada por la Policía Boliviana.
El caso Mariaca, por tanto, cruza tres expedientes sensibles: las acusaciones estadounidenses contra funcionarios bolivianos, las investigaciones por presuntos delitos atribuidos a Fernando Cerimedo y el acercamiento político y operativo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y Washington. La principal incógnita ahora será determinar judicialmente si las acusaciones contra Mariaca están sustentadas en pruebas suficientes y si el procedimiento de su detención respetó las garantías establecidas por la legislación boliviana.
Nacional
Congreso bicameral de Perú: 100 días y apenas dos leyes aprobadas

Casi 800 iniciativas legislativas ingresaron al nuevo Parlamento, pero la producción normativa sigue siendo reducida. La Cámara de Diputados enfrenta cuestionamientos por su escasa capacidad para convertir sus propuestas en leyes, mientras el Senado concentra la revisión definitiva y marca el ritmo de la agenda parlamentaria.
Lima, 16 de noviembre de 2026.- Los primeros 100 días del Congreso bicameral peruano dejan un balance que abre interrogantes sobre la utilidad, eficiencia y funcionamiento del nuevo sistema parlamentario: 779 iniciativas legislativas presentadas hasta el 5 de noviembre y apenas dos leyes aprobadas y promulgadas, según los balances periodísticos publicados sobre el desempeño de ambas cámaras.
El retorno a la bicameralidad, que debía establecer un sistema de mayor deliberación y revisión legislativa, ha incorporado nuevos procedimientos que están ralentizando el trámite de las propuestas. Mientras los diputados presentan proyectos y debaten iniciativas, el Senado tiene la atribución de revisarlas, modificarlas, aprobarlas o rechazarlas. Esta distribución de competencias ha generado cuestionamientos sobre el verdadero peso político y legislativo de la Cámara Baja.
Diputados: muchas iniciativas, pocos resultados
La cantidad de proyectos presentados contrasta con los resultados alcanzados. Según El Comercio, hasta el 5 de noviembre se habían registrado 779 iniciativas legislativas. Sin embargo, una parte importante permanecía en las comisiones, sin dictamen o pendiente de avanzar hacia el pleno.
Un balance posterior de La República informó que la Cámara de Diputados había dado aprobación a diez proyectos, de los cuales dos consiguieron completar el procedimiento legislativo. El propio titular de esa publicación consigna ocho proyectos, aunque su desarrollo señala diez, una diferencia que requiere precisión estadística.
La situación evidencia que presentar iniciativas no significa producir leyes ni generar cambios concretos en la legislación. La actividad parlamentaria debe medirse también por la capacidad de debatir, aprobar y convertir las propuestas en normas que respondan a los problemas del país.
¿Una Cámara de Diputados subordinada al Senado?
Uno de los principales cuestionamientos al nuevo diseño parlamentario es la distribución del poder entre las dos cámaras.
En la práctica, la Cámara de Diputados aparece como la instancia que recibe, procesa y aprueba buena parte de las iniciativas legislativas, mientras que el Senado tiene la última palabra en su revisión. Esta situación alimenta la percepción de que los diputados podrían terminar funcionando como una especie de mesa de partes legislativa de la Cámara Alta.
El problema no es únicamente administrativo. También es político: si el Senado puede modificar o rechazar las propuestas remitidas por los diputados, su capacidad de intervención adquiere un peso determinante en la orientación de la producción legislativa.
El Reglamento del Senado reconoce expresamente sus atribuciones para revisar, debatir, aprobar, modificar o rechazar las propuestas provenientes de Diputados. Por ello, la discusión sobre el equilibrio entre ambas cámaras no es secundaria: compromete la representación política y la distribución efectiva del poder parlamentario.
Dos leyes y una agenda marcada por el Ejecutivo
Durante este primer periodo, dos asuntos concentraron los resultados legislativos que llegaron a convertirse en leyes.
El primero fue la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, para legislar en materias de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño. La Ley 32743 fue publicada el 22 de octubre y otorgó facultades por 90 días calendario.
El segundo fue el crédito suplementario aprobado mediante la Ley 32744, publicada el 2 de noviembre, que autorizó la incorporación de hasta S/ 8.228 millones para financiar acciones relacionadas con el Fenómeno El Niño, infraestructura, seguridad ciudadana, salud y educación.
La concentración del debate parlamentario en la delegación de facultades también generó tensiones entre las fuerzas políticas. La discusión consumió buena parte del tiempo de trabajo legislativo y puso en evidencia los desacuerdos sobre el procedimiento y las competencias de cada cámara.
El Senado concentra decisiones estratégicas
La nueva estructura parlamentaria también ha colocado al Senado en una posición relevante para las decisiones políticas e institucionales del país. Además de revisar las propuestas legislativas, tiene competencias relacionadas con la designación, ratificación y remoción de altos funcionarios, así como otras atribuciones constitucionales.
En ese contexto, el debate sobre la delegación de facultades mostró que la Cámara Alta no solamente interviene en la revisión de proyectos, sino que también puede convertirse en el principal espacio de negociación de asuntos prioritarios para el Gobierno.
La discusión sobre el nuevo modelo debe considerar, sin embargo, que la Cámara de Diputados conserva atribuciones importantes, especialmente en materia de fiscalización directa al Poder Ejecutivo, interpelaciones, censuras e investigaciones parlamentarias.
¿Qué justifica el costo de la bicameralidad?
A cien días de su funcionamiento, el Congreso enfrenta una pregunta que trasciende las cifras de producción legislativa: ¿está justificando ante la ciudadanía la existencia de dos cámaras parlamentarias?
El nuevo modelo fue presentado como una reforma destinada a mejorar la calidad de las leyes mediante una segunda revisión. Sin embargo, sus primeros resultados muestran demoras, dificultades de coordinación y disputas sobre las competencias institucionales. Incluso control y poder desmedido de la Cámara de Senadores como en el caso de las facultades legislativas delegadas cuando en el Cámara Baja se había determinado.
La bicameralidad no debería convertirse en un mecanismo que multiplique los procedimientos, prolongue indefinidamente los debates o diluya las responsabilidades políticas. Una segunda cámara tiene sentido cuando aporta calidad legislativa, controles efectivos y mejores decisiones para el país.
El desafío inmediato consiste en demostrar que este nuevo diseño parlamentario puede responder a las demandas ciudadanas, en lugar de convertirse en una estructura más costosa y burocrática. La población necesita resultados frente a la inseguridad, la crisis de los servicios públicos, el empleo y los problemas económicos, no solamente cientos de proyectos acumulados en los despachos parlamentarios.
La pregunta permanece abierta: si la Cámara de Diputados no consigue convertir sus iniciativas en leyes y el Senado concentra la capacidad de decisión, ¿cuál es el aporte efectivo de cada cámara al funcionamiento democrático del país?
Economía
Economía peruana pierde impulso y preocupa meta del 2026

La producción nacional creció apenas 2,43 % en septiembre, afectada por las caídas de la minería y el agro. Aunque el país acumula una expansión de 3,18 % entre enero y septiembre, el menor dinamismo y los efectos del fenómeno
Lima, 15 de noviembre de 2026.- La economía peruana perdió dinamismo en septiembre y registró un crecimiento interanual de apenas 2,43 %, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), publicado este domingo. El resultado quedó por debajo de las expectativas de los analistas del mercado y reabre las preocupaciones sobre el cumplimiento de la proyección de crecimiento económico para 2026.
Minería y agro golpean la producción nacional
El retroceso de dos actividades fundamentales para la economía peruana explica buena parte del resultado. El sector Minería e Hidrocarburos cayó 6,32 % en septiembre, mientras que el sector Agropecuario retrocedió 5,44 %, de acuerdo con las cifras del INEI.
En la actividad minera, la menor extracción de cobre (-9 %), zinc (-21,1 %), oro (-6,4 %), plata (-11,8 %) y plomo (-11,1 %) incidió en el resultado negativo. La caída de la producción agrícola también estuvo vinculada a condiciones climáticas adversas y precipitaciones superiores a sus promedios históricos.
Obviamente estos resultados tienen que ver también con el liderazgo gubernamental de la presidencia de la República y algunas decisiones tomadas muy pegado al conservadurismo económico en contra del bolsillo de los trabajadores del país.
El impacto del fenómeno El Niño constituye un factor adicional de preocupación, debido a sus efectos que tendrá sobre la agricultura, la pesca y otras actividades productivas. La reducción de la producción agrícola amenaza también los ingresos de los productores y la disponibilidad de determinados alimentos.
Comercio y construcción sostienen el crecimiento
En contraste con los sectores primarios, otras actividades registraron resultados positivos. El comercio creció 6,29 %, mientras que la construcción avanzó 8,84 % respecto a septiembre del año anterior, según los datos difundidos por Reuters y el INEI.
El crecimiento de la construcción estuvo relacionado con el mayor consumo interno de cemento, que aumentó 12,22 %, y el avance físico de obras públicas, que registró una expansión de 1,14 %. También destacaron actividades como electricidad, gas y agua, que crecieron 7,22 %.
¿Está en riesgo la meta económica del 2026?
Entre enero y septiembre, la producción nacional acumuló un crecimiento de 3,18 %, mientras que la variación de los últimos doce meses llegó a 3,22 %. Sin embargo, el resultado mensual de septiembre refleja una desaceleración que obliga a observar con atención el comportamiento de la economía durante el último trimestre.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) revisó en septiembre su proyección de crecimiento económico para 2026 de 3,4 % a 3,2 %, considerando principalmente los mayores riesgos asociados al fenómeno El Niño. La autoridad monetaria estimó que este evento climático tendría un impacto negativo sobre la actividad productiva, especialmente en sectores como agricultura y pesca.
El desafío económico del país no se limita a mantener las cifras de crecimiento. También está en juego la capacidad de sostener la producción, proteger los ingresos de los trabajadores y pequeños productores y evitar que los impactos climáticos profundicen las dificultades de las actividades económicas vinculadas al mercado interno.
Los próximos resultados oficiales permitirán determinar si la economía recupera el ritmo necesario para aproximarse a la proyección del BCRP. Mientras tanto, la caída de la minería y el agro deja en evidencia la vulnerabilidad de la producción nacional frente a los problemas sectoriales y los fenómenos climáticos.
Educación
Familiares de víctimas de las protestas 2022-2023 de Perú buscaron al Papa León XIV pidiendo justicia

Deudos de Puno, Ayacucho, Apurímac y otras regiones llegaron a Cusco para pedirle a León XIV que escuche sus demandas de verdad, justicia y reparación por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023. Aunque no consiguieron una audiencia privada, mostraron los rostros de sus familiares fallecidos durante el recorrido del pontífice.
Cusco, 15 de noviembre de 2026.- Con fotografías de sus seres queridos fallecidos en las protestas sociales de 2022 y 2023, familiares de las víctimas buscaron que el papa León XIV conociera directamente el dolor de quienes todavía esperan justicia. Los deudos llegaron desde distintas localidades del sur andino y, durante el recorrido del pontífice por Cusco, exhibieron los rostros de sus familiares cuando el papamóvil pasó frente a la Municipalidad Provincial.
La acción fue el resultado de varios días de gestiones y reclamos. Un día antes, representantes de delegaciones procedentes de Ayacucho, Puno, Juliaca y Pichanaqui realizaron una conferencia de prensa y una vigilia para solicitar una audiencia con el Papa. Su objetivo era entregarle una carta abierta y exponer la situación de las familias que siguen exigiendo el esclarecimiento de las muertes, sanciones para los responsables y reparación integral.
Una búsqueda de justicia que no termina
Los familiares denunciaron que, pese al tiempo transcurrido, las investigaciones no han ofrecido respuestas suficientes. Para ellos, la falta de resultados judiciales prolonga el sufrimiento de las familias y mantiene pendiente el esclarecimiento de las responsabilidades por la violencia ejercida durante las movilizaciones.
Las protestas comenzaron a finales de 2022, luego de la destitución y detención de Pedro Castillo, y se extendieron durante los primeros meses de 2023. En distintas regiones del país, especialmente en el sur andino, se registraron muertes y personas heridas en intervenciones de las fuerzas del orden. Organismos de derechos humanos y familiares han denunciado el uso desproporcionado de la fuerza y presuntas ejecuciones extrajudiciales. Las responsabilidades individuales y de mando deben establecerse en las investigaciones y procesos correspondientes.

La demanda de los deudos no se limita a obtener una audiencia religiosa. Reclaman que el Estado esclarezca lo ocurrido, identifique y sancione a los responsables conforme a ley, garantice reparación a las víctimas y adopte medidas para que hechos similares no vuelvan a repetirse.
Denuncian obstáculos para acercarse al pontífice
La falta de una audiencia privada con los familiares generó cuestionamientos sobre la organización de la visita papal y la ausencia de sus demandas en la agenda oficial. Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que se enviaron cartas al pontífice por distintas vías institucionales, entre ellas la Nunciatura Apostólica, la Comisión Episcopal de Acción Social y el Secretariado de Comunicaciones del Vaticano.
En declaraciones recogidas por la prensa, Pariona sostuvo que las familias buscaron que León XIV conociera sus reclamos y denunció que hubo obstáculos para su participación pública. También expresó su preocupación por la intervención de actores políticos en el desarrollo de la agenda papal. Estas afirmaciones constituyen denuncias que requieren esclarecimiento y contraste con las autoridades y responsables de la organización de la visita.
Por su parte, familiares como Milagros Samillán, hermana de Marco Samillán, fallecido durante las protestas en Juliaca, manifestaron que habían enviado comunicaciones para conseguir un encuentro con el Papa, pero no lograron concretarlo. Su reclamo apunta a que la búsqueda de reconciliación nacional no puede desligarse de la verdad y la justicia para las víctimas.

Los rostros de las víctimas frente al Papa
Aunque no se concretó la audiencia privada que esperaban, los familiares consiguieron mostrar las fotografías de los fallecidos durante el paso del papamóvil por Cusco. La escena convirtió el recorrido papal en un espacio para visibilizar una demanda que continúa presente en las regiones golpeadas por la represión.
La Asociación de Víctimas de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca recordó que detrás de cada nombre existe una familia que sigue esperando respuestas. El colectivo sostuvo que continuará reclamando justicia, reparación y garantías de no repetición.
La visita de León XIV al Perú, país donde desarrolló buena parte de su labor pastoral y al que está vinculado desde hace décadas, estuvo acompañada por expectativas de distintos sectores sociales que buscaban hacerle llegar sus preocupaciones. Para los familiares de las víctimas de las protestas, el pedido fue concreto: que el sufrimiento de sus seres queridos no quede fuera de la memoria pública ni de la obligación del Estado de garantizar justicia.
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