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Educación

Enfrentamientos entre estudiantes de la PUCP y la PNP: policía desenfundó su arma durante protesta

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Lima, 07 de octubre de 2026.- Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) protagonizaron este miércoles 7 de octubre enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los exteriores del campus ubicado en San Miguel. La movilización comenzó alrededor del mediodía y tuvo como principal reclamo el rechazo a los 18 procesos disciplinarios abiertos contra estudiantes por su participación en protestas ocurridas durante el primer semestre del año.

La jornada se desarrolló en el frontis de la universidad, en inmediaciones de la avenida Universitaria. Los manifestantes realizaron una toma de pista mientras efectivos policiales permanecían desplegados en los accesos y alrededores del campus. De acuerdo con reportes periodísticos, la presencia policial se había registrado desde horas de la mañana y durante la protesta se produjeron momentos de tensión entre los agentes y los estudiantes.

Denuncian uso de arma de reglamento

Uno de los episodios que generó mayor controversia quedó registrado en videos difundidos en redes sociales por el Frente de Egresados PUCP. En las imágenes aparece un suboficial de tercera identificado por el colectivo como S. Pérez R., perteneciente a la comisaría de Maranga, quien desenfunda su arma de reglamento frente a los manifestantes. El Frente de Egresados sostuvo que el efectivo habría amenazado con disparar y exigió garantías para los estudiantes.

Otro registro difundido durante la jornada muestra al mismo efectivo increpando a un estudiante que lo grababa y exigiéndole que se identifique. Hasta el cierre de esta información, los reportes consultados no registraban un pronunciamiento público de la PNP o del Ministerio del Interior sobre la actuación específica del suboficial denunciado.

La intervención policial también fue cuestionada públicamente por la senadora Mirtha Vásquez, quien pidió al Ministerio del Interior y a la PNP investigar los hechos y garantizar la integridad de los participantes. Su pronunciamiento se produjo mientras continuaban circulando las imágenes del incidente.

Los 18 procesos disciplinarios

El origen inmediato de la protesta está en los 18 procedimientos disciplinarios abiertos por la PUCP. Según información difundida este miércoles, nueve expedientes corresponden a una protesta realizada el 30 de marzo en la Facultad de Derecho durante un debate electoral interno, mientras que los otros nueve están relacionados con la toma del edificio Dintilhac, donde funcionan oficinas del Rectorado, ocurrida en mayo.

La ocupación del edificio Dintilhac se produjo entre el 13 y el 21 de mayo, en el contexto del conflicto generado por el nuevo sistema de pensiones y escalas anunciado por la universidad para los estudiantes que ingresaran desde 2027. La PUCP sostuvo entonces que la reforma buscaba reorganizar el esquema de escalas y becas.

El conflicto, sin embargo, tuvo posteriormente una nueva etapa. La universidad y representantes estudiantiles trabajaron en mecanismos de diálogo y justicia restaurativa. En agosto, el Rectorado informó que ese proceso buscaba reconstruir las relaciones afectadas por los acontecimientos de mayo, aunque precisó que las medidas restaurativas no reemplazaban los procedimientos disciplinarios.

Sanciones de hasta 25 semanas

En septiembre se conocieron las primeras sanciones contra estudiantes investigados por acciones anteriores a la toma del edificio Dintilhac. Según un reporte de Wayka, nueve estudiantes recibieron suspensiones que iban de nueve a 13 semanas, mientras que la acumulación de faltas elevó en algunos casos la sanción hasta 25 semanas. El mismo reporte señaló que todavía estaban pendientes los procedimientos correspondientes a los estudiantes vinculados directamente con la toma del Rectorado.

La existencia de los procesos disciplinarios no implica, por sí misma, que todos los estudiantes hayan sido sancionados. El régimen disciplinario de la PUCP establece procedimientos específicos para determinar las faltas y las eventuales sanciones, con respeto de los derechos fundamentales de los estudiantes.

Justicia restaurativa y sistema de pensiones

El 2 de octubre, cinco días antes de la nueva protesta, el Rectorado publicó el protocolo para implementar el proceso de justicia restaurativa relacionado con los hechos ocurridos en el edificio Dintilhac. La universidad explicó que se trata de un mecanismo voluntario, confidencial y complementario a los procedimientos disciplinarios, y que ambos procesos pueden desarrollarse de manera independiente.

Existe además una precisión importante sobre el sistema de pensiones que originó el conflicto. La PUCP informó inicialmente que el nuevo modelo entraría en vigencia para los ingresantes de 2027-1, con cuatro escalas de pensión y cuatro niveles de becas. Sin embargo, la información institucional vigente señala que su implementación fue posteriormente suspendida mediante un acta del Consejo Universitario del 25 de mayo de 2026, por lo que el sistema actual de nueve niveles continúa vigente.

PUCP marca distancia de los enfrentamientos

La universidad ha diferenciado el conflicto disciplinario interno de los hechos ocurridos durante la protesta en la vía pública. La institución rechazó los actos de violencia y cualquier conducta que pueda poner en riesgo la integridad de las personas, precisando que los enfrentamientos registrados este miércoles ocurrieron en los exteriores del campus.

Mientras tanto, las organizaciones estudiantiles mantienen su cuestionamiento a los procedimientos disciplinarios y reclaman que se respete el enfoque de justicia restaurativa acordado después de la toma de mayo. El episodio de este 7 de octubre añade ahora un nuevo frente al conflicto: el esclarecimiento de la actuación policial durante una movilización estudiantil y la determinación de las responsabilidades que correspondan.

Educación

Familiares de víctimas de las protestas 2022-2023 de Perú buscaron al Papa León XIV pidiendo justicia

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Deudos de Puno, Ayacucho, Apurímac y otras regiones llegaron a Cusco para pedirle a León XIV que escuche sus demandas de verdad, justicia y reparación por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023. Aunque no consiguieron una audiencia privada, mostraron los rostros de sus familiares fallecidos durante el recorrido del pontífice.

Cusco, 15 de noviembre de 2026.- Con fotografías de sus seres queridos fallecidos en las protestas sociales de 2022 y 2023, familiares de las víctimas buscaron que el papa León XIV conociera directamente el dolor de quienes todavía esperan justicia. Los deudos llegaron desde distintas localidades del sur andino y, durante el recorrido del pontífice por Cusco, exhibieron los rostros de sus familiares cuando el papamóvil pasó frente a la Municipalidad Provincial.

La acción fue el resultado de varios días de gestiones y reclamos. Un día antes, representantes de delegaciones procedentes de Ayacucho, Puno, Juliaca y Pichanaqui realizaron una conferencia de prensa y una vigilia para solicitar una audiencia con el Papa. Su objetivo era entregarle una carta abierta y exponer la situación de las familias que siguen exigiendo el esclarecimiento de las muertes, sanciones para los responsables y reparación integral.

Una búsqueda de justicia que no termina

Los familiares denunciaron que, pese al tiempo transcurrido, las investigaciones no han ofrecido respuestas suficientes. Para ellos, la falta de resultados judiciales prolonga el sufrimiento de las familias y mantiene pendiente el esclarecimiento de las responsabilidades por la violencia ejercida durante las movilizaciones.

Las protestas comenzaron a finales de 2022, luego de la destitución y detención de Pedro Castillo, y se extendieron durante los primeros meses de 2023. En distintas regiones del país, especialmente en el sur andino, se registraron muertes y personas heridas en intervenciones de las fuerzas del orden. Organismos de derechos humanos y familiares han denunciado el uso desproporcionado de la fuerza y presuntas ejecuciones extrajudiciales. Las responsabilidades individuales y de mando deben establecerse en las investigaciones y procesos correspondientes.

Los cusqueños se volcaron a las calles por donde pasaba el Papa León XIV

La demanda de los deudos no se limita a obtener una audiencia religiosa. Reclaman que el Estado esclarezca lo ocurrido, identifique y sancione a los responsables conforme a ley, garantice reparación a las víctimas y adopte medidas para que hechos similares no vuelvan a repetirse.

Denuncian obstáculos para acercarse al pontífice

La falta de una audiencia privada con los familiares generó cuestionamientos sobre la organización de la visita papal y la ausencia de sus demandas en la agenda oficial. Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que se enviaron cartas al pontífice por distintas vías institucionales, entre ellas la Nunciatura Apostólica, la Comisión Episcopal de Acción Social y el Secretariado de Comunicaciones del Vaticano.

En declaraciones recogidas por la prensa, Pariona sostuvo que las familias buscaron que León XIV conociera sus reclamos y denunció que hubo obstáculos para su participación pública. También expresó su preocupación por la intervención de actores políticos en el desarrollo de la agenda papal. Estas afirmaciones constituyen denuncias que requieren esclarecimiento y contraste con las autoridades y responsables de la organización de la visita.

Por su parte, familiares como Milagros Samillán, hermana de Marco Samillán, fallecido durante las protestas en Juliaca, manifestaron que habían enviado comunicaciones para conseguir un encuentro con el Papa, pero no lograron concretarlo. Su reclamo apunta a que la búsqueda de reconciliación nacional no puede desligarse de la verdad y la justicia para las víctimas.

El papa León XIV celebró en el Sacsayhuamán su encuentro con sus fieles del catolicismo

Los rostros de las víctimas frente al Papa

Aunque no se concretó la audiencia privada que esperaban, los familiares consiguieron mostrar las fotografías de los fallecidos durante el paso del papamóvil por Cusco. La escena convirtió el recorrido papal en un espacio para visibilizar una demanda que continúa presente en las regiones golpeadas por la represión.

La Asociación de Víctimas de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca recordó que detrás de cada nombre existe una familia que sigue esperando respuestas. El colectivo sostuvo que continuará reclamando justicia, reparación y garantías de no repetición.

La visita de León XIV al Perú, país donde desarrolló buena parte de su labor pastoral y al que está vinculado desde hace décadas, estuvo acompañada por expectativas de distintos sectores sociales que buscaban hacerle llegar sus preocupaciones. Para los familiares de las víctimas de las protestas, el pedido fue concreto: que el sufrimiento de sus seres queridos no quede fuera de la memoria pública ni de la obligación del Estado de garantizar justicia.

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Educación

Firma de Muñante complica a Miguel Torres por delegación de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori

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La inclusión del primer vicepresidente del Senado en la autógrafa de la Ley 32743 genera nuevos cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo. Rosa María Palacios advirtió que los argumentos del titular del Congreso, Miguel Torres, podrían volverse en su contra, mientras el presidente de la Cámara de Diputados exige explicaciones.

Lima, 5 de noviembre de 2026.- La firma de Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, en la autógrafa de la Ley 32743, que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo, abrió un nuevo cuestionamiento contra el presidente del Congreso, Miguel Torres. La controversia fue comentada por la periodista Rosa María Palacios, quien sostuvo: “Es la segunda nulidad que le sacan con sus argumentos (a Miguel Torres)”.

La observación gira en torno a la participación de Muñante en la suscripción de la autógrafa. El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, pidió a Torres explicar cuál es el sustento constitucional y reglamentario que permitió incorporar la firma del primer vicepresidente del Senado en el documento remitido para la promulgación de la norma.

La firma que genera controversia

En un oficio fechado el 2 de noviembre, Reto cuestionó que la autógrafa incluyera la firma de Muñante, pese a que —según su interpretación— no existiría una disposición expresa que faculte al primer vicepresidente a suscribir ese documento. Por ello, planteó que esa actuación podría configurar una causal de nulidad.

El argumento de Reto toma como referencia una posición que el propio Miguel Torres habría sostenido anteriormente: que cualquier firma no exigida expresamente por las normas y cualquier actuación que exceda las competencias del cargo podría ser considerada nula y generar responsabilidades. Para el titular de Diputados, ese razonamiento también debería aplicarse a la firma incorporada en la autógrafa de la Ley 32743.

Una fe de erratas no cerró el cuestionamiento

La controversia se suma a las observaciones que surgieron tras la publicación de la Ley 32743, el 22 de octubre, en cuyo encabezado se consignó inicialmente que “El Senado de la República” había dado la ley. Dos días después, el 24 de octubre, se publicó una fe de erratas que reemplazó esa mención por “El Congreso de la República”.

Miguel Torres había señalado que se trataba de un error material y que la norma fue aprobada por ambas cámaras. Sin embargo, para Óscar Reto, la corrección del encabezado no resuelve todas las observaciones sobre la tramitación de la autógrafa ni sobre las firmas que aparecen en ella. Por eso solicitó conocer qué medidas adoptará la presidencia del Congreso para esclarecer el procedimiento.

¿Qué está en juego con la Ley 32743?

La Ley 32743 delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos durante 90 días calendario, en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. La norma fue otorgada al Gobierno de Keiko Fujimori y establece los ámbitos específicos en los que podrá ejercer esas facultades.

La discusión planteada por Reto y comentada por Palacios abre un debate sobre las competencias de las autoridades parlamentarias y la formalidad de los procedimientos en el nuevo Congreso bicameral. No obstante, hasta el momento, los cuestionamientos difundidos no equivalen a una declaración oficial de nulidad de la Ley 32743. La validez de la norma no debe darse por anulada mientras no exista un pronunciamiento de la autoridad competente.

El caso deja una pregunta pendiente para la conducción del Legislativo: ¿con qué fundamento se incorporó la firma del primer vicepresidente del Senado y qué medidas se tomarán para despejar las dudas sobre la validez del procedimiento? La respuesta de Miguel Torres será clave para esclarecer una controversia que vuelve a poner bajo escrutinio la conducción parlamentaria.

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Francia: protestas estudiantiles se extienden por el país y aumentan las denuncias de violencia policial

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Francia, 09 de octubre de 2026.- Miles de estudiantes de secundaria y universitarios exigen mejores condiciones educativas, más docentes y una inversión sostenida en la enseñanza pública. Los bloqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad han elevado la tensión, mientras el Gobierno anuncia medidas que los manifestantes consideran insuficientes.

Las protestas estudiantiles en Francia se han extendido desde mediados de septiembre de 2026 y han puesto bajo presión al Gobierno de Emmanuel Macron. Lo que comenzó como una movilización contra las deficiencias de un liceo de la periferia de París se convirtió en un movimiento nacional que cuestiona las condiciones de la educación pública, la desigualdad entre centros educativos y la respuesta policial frente a las manifestaciones.

Escasez de docentes y deterioro de los centros educativos

El movimiento comenzó en el liceo Saint-Exupéry, en Créteil, en la región parisina, donde las reclamaciones por la falta de personal y las deficiencias de infraestructura movilizaron a estudiantes y docentes. Posteriormente, las protestas se extendieron a otros establecimientos, con bloqueos, interrupciones de clases y concentraciones en distintas ciudades. Según Le Monde, el 1 de octubre más de 1.000 centros educativos se habían sumado a las movilizaciones.

Los estudiantes denuncian aulas saturadas, vacantes docentes sin cubrir, instalaciones deterioradas, baños inutilizables y problemas de ventilación. También cuestionan la sobrecarga de horarios y la falta de recursos para atender las necesidades académicas y de bienestar de los alumnos. Las deficiencias, sostienen los manifestantes, afectan especialmente a los centros de zonas desfavorecidas, donde las desigualdades sociales se reflejan en las condiciones de aprendizaje.

Las movilizaciones alcanzan universidades y centros históricos

París se ha convertido en uno de los principales focos de las protestas, junto con otras ciudades como Toulouse y Montpellier. La movilización también ha alcanzado el ámbito universitario, donde los estudiantes cuestionan las dificultades de acceso, la financiación y las condiciones de vida durante sus estudios. Los bloqueos de campus y las interrupciones de actividades académicas evidencian que el conflicto supera las demandas de los alumnos de secundaria.

La incorporación de instituciones de larga tradición ha ampliado el alcance simbólico del movimiento. Entre ellas figura la École nationale des Chartes, institución parisina especializada en historia y archivística, cuyos estudiantes participaron en acciones de bloqueo en apoyo a las reivindicaciones estudiantiles y contra la violencia policial. Su incorporación resulta significativa por el perfil académico de la institución, aunque la afirmación de que se trata de un hecho inédito en toda su historia requiere una verificación documental independiente.

Multitudinarias marchas y enfrentamientos con la Policía

La movilización alcanzó uno de sus puntos más altos el 6 de octubre. De acuerdo con Associated Press, más de 266.000 personas participaron en las manifestaciones celebradas en todo el país, mientras que las autoridades informaron de cerca de 500 detenciones durante esa jornada. Las cifras muestran la magnitud del conflicto, aunque deben distinguirse los balances oficiales de las estimaciones de los organizadores.

Dos días después, el 8 de octubre, el Ministerio del Interior contabilizó 71.500 participantes en las protestas nacionales, incluidos 24.500 en París. La jornada estuvo marcada por nuevos enfrentamientos, uso de gases lacrimógenos y detenciones. También se reportaron incidentes en distintas localidades, entre ellos daños en instalaciones educativas y agresiones contra personal escolar, hechos que las autoridades condenaron.

Denuncias por uso de la fuerza contra menores

La actuación policial se ha convertido en otro de los principales motivos de indignación. Reuters informó el 10 de octubre de investigaciones por lesiones graves sufridas por manifestantes, incluidos menores de edad, durante intervenciones de las fuerzas de seguridad. Entre los casos reportados figura el de un adolescente de 14 años que sufrió fracturas y lesiones dentales después de recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno.

Según el mismo medio, la inspección general de la Policía Nacional francesa examina 24 casos relacionados con lesiones provocadas durante las operaciones de control de las protestas. Las autoridades han reportado heridos entre manifestantes y agentes, mientras organizaciones de derechos humanos cuestionan el uso de determinadas armas antidisturbios. Estas denuncias han intensificado las exigencias de investigación y rendición de cuentas, sin que ello elimine la responsabilidad de investigar los actos de violencia cometidos durante las manifestaciones.

El Gobierno promete más profesores, pero persiste el desacuerdo

Ante la expansión de las protestas, el Gobierno anunció el despliegue de aproximadamente 3.000 docentes suplentes y otras medidas para responder a los problemas de los centros educativos. El primer ministro, Sébastien Lecornu, se comprometió a buscar soluciones financiadas y el Ministerio de Educación anunció acciones relacionadas con las condiciones escolares y el acceso a la universidad.

Sin embargo, los representantes estudiantiles y sectores sindicales consideran que las medidas anunciadas no resuelven las causas estructurales del conflicto. Las demandas incluyen mayor inversión pública, reducción de la saturación de las aulas, reparación de edificios y cambios en los mecanismos de acceso a la educación superior, incluido Parcoursup, el sistema de admisión universitaria francés. La discusión también se desarrolla en medio de las restricciones presupuestarias que enfrenta el Estado.

Una crisis educativa con implicaciones políticas

Las manifestaciones han recibido respaldo de familias, sindicatos y otros sectores sociales. Aunque las reivindicaciones educativas siguen siendo el eje central, la respuesta policial y las críticas a las políticas gubernamentales han ampliado el debate hacia las desigualdades sociales y el papel del Estado en la garantía de los servicios públicos.

El desafío para las autoridades consiste en atender las demandas verificables de la comunidad educativa y esclarecer las denuncias sobre el uso de la fuerza, sin confundir las movilizaciones pacíficas con los actos de violencia registrados en algunos lugares. Los estudiantes, por su parte, mantienen la presión para obtener compromisos concretos y medidas que vayan más allá de los anuncios inmediatos. La evolución de las próximas jornadas permitirá evaluar si el diálogo reduce la tensión o si el conflicto continúa extendiéndose.

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