Arequipa, 22 de agosto de 2026.- La emergencia en la Panamericana Sur, entre Ático y Ocoña, continúa afectando el transporte en el sur del país tras varios días de huaicos y deslizamientos. Más de 650 personas que permanecían varadas fueron evacuadas mediante un puente aéreo, mientras transportistas advierten sobre las dificultades para movilizar combustible y otros productos hacia las regiones del sur.

Seis días de bloqueo y cientos de pasajeros afectados

Los deslizamientos mantienen comprometidos distintos tramos de la carretera, especialmente en el sector de Quebrada Honda, Ático, donde las lluvias provocaron huaicos y derrumbes. El primer reporte de Indeci registró daños en la infraestructura de transporte desde el 15 de agosto.

La emergencia obligó a activar un puente aéreo entre Ocoña y Ático. Tres helicópteros —dos del Ejército y uno de la Fuerza Aérea— realizaron 29 vuelos para trasladar a cientos de pasajeros atrapados, mientras ómnibus militares llevaron a los evacuados hacia Camaná y Chala para que pudieran continuar sus viajes.

Más de 150 efectivos trabajan para recuperar la vía

En tierra, las Fuerzas Armadas y Provías Nacional intensificaron las labores de limpieza y recuperación de la carretera. El Ministerio de Defensa informó que el despliegue llegó a 266 efectivos y 23 vehículos, mientras maquinaria y personal trabajan en el retiro de lodo, piedras y otros materiales que interrumpen el tránsito.

La presión aumenta porque la interrupción de esta carretera no solo afecta a los viajeros. La Panamericana Sur es una ruta estratégica para el transporte de pasajeros, alimentos, mercancías y combustibles hacia el sur, por lo que una paralización prolongada puede trasladar la emergencia desde las carreteras hacia los mercados y servicios de las ciudades.

Alarma por GLP y gasolina

Los transportistas han advertido sobre el riesgo de escasez de GLP y gasolina si la interrupción continúa y dificulta el ingreso de cisternas hacia Arequipa y otras regiones. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no existe una confirmación oficial de un desabastecimiento generalizado de combustibles; por ello, la alerta debe entenderse como un riesgo asociado a la prolongación del bloqueo y no como una escasez ya confirmada.

El antecedente es preocupante: el propio Ministerio de Energía y Minas ha reconocido en anteriores emergencias que las restricciones de tránsito en la Panamericana Sur pueden afectar el desplazamiento de camiones cisterna y comprometer el suministro energético en el sur. En la actual emergencia, corresponde a las autoridades monitorear el stock y evitar que el problema derive en especulación, acaparamiento o incrementos injustificados.

Una vía que no puede volver a quedar abandonada

Aunque los trabajos permitieron habilitar parcialmente la Panamericana Sur, el tránsito todavía se encuentra condicionado por las labores de limpieza y el riesgo de nuevos deslizamientos. El Gobierno anunció que, una vez recuperada la transitabilidad, se priorizará el paso de los buses de pasajeros y posteriormente de los vehículos de carga.

La emergencia deja una advertencia que va más allá de los huaicos: cuando una carretera estratégica se corta durante días, el problema termina afectando a toda la población del sur. Ahora el desafío es recuperar completamente la vía, garantizar el abastecimiento de combustibles y alimentos y evitar que los pasajeros y transportistas vuelvan a quedar abandonados en medio de la carretera. La emergencia todavía no termina.

Coracora, Ayacucho, 20 de agosto de 2026.- Un sismo de magnitud 7.2 remeció este jueves el sur andino del Perú a las 13:00:16 horas, con epicentro ubicado a 35 kilómetros al norte de Coracora, provincia de Parinacochas, región Ayacucho. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una profundidad de 108 kilómetros e intensidad III-IV en Coracora.

El movimiento se sintió en varias regiones

El fuerte movimiento fue percibido en los ocho distritos de Parinacochas, entre ellos Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravacayco y Upahuacho. También fue sentido en zonas de Apurímac, Ica y Moquegua, incluyendo Abancay y Nazca, de acuerdo con el reporte preliminar del COEN-INDECI.

Sin víctimas, pero continúa la evaluación

Hasta el primer balance oficial difundido por el COEN, no se reportaban daños a la vida o salud de las personas. Las oficinas de gestión del riesgo de desastres de los municipios desplegaron personal para verificar posibles afectaciones en viviendas, vías y otras infraestructuras, por lo que el balance podría cambiar conforme avance la evaluación en las comunidades más cercanas al epicentro.

La situación genera especial preocupación en las zonas rurales de Parinacochas, donde una parte importante de las viviendas está construida con adobe y calamina, materiales que pueden presentar mayor vulnerabilidad frente a movimientos sísmicos. Autoridades locales advirtieron que la prioridad es llegar a los anexos y poblados ubicados al norte de Coracora para determinar si existen viviendas afectadas.

Nazca reporta interrupción eléctrica

El impacto del sismo también alcanzó la región Ica. El COEN informó preliminarmente una interrupción del servicio eléctrico en la provincia de Nazca, que dejó a unos 6.000 usuarios sin suministro mientras se realizaban las verificaciones correspondientes. En Ica, Apurímac y Ayacucho, los gobiernos locales continuaban monitoreando la situación sin reportar, hasta ese momento, daños adicionales.

La Marina de Guerra del Perú, mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación, descartó riesgo de tsunami para el litoral peruano tras el movimiento telúrico. La evaluación resulta relevante por la magnitud del evento, aunque su epicentro se ubicó en territorio continental y a considerable profundidad.

El peligro no termina con el primer movimiento

Defensa Civil recomendó a la población mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, evitar ascensores y utilizar mensajes de texto para reducir la saturación de las redes de comunicación. Las autoridades también mantienen vigilancia ante la posibilidad de réplicas, mientras brigadas municipales y regionales continúan desplazándose hacia las zonas rurales.

El terremoto vuelve a poner bajo la lupa la vulnerabilidad de las poblaciones altoandinas y la necesidad de que la evaluación no se limite a las capitales provinciales. El primer reporte no registra víctimas, pero la emergencia todavía no está cerrada: falta conocer el estado real de las viviendas y comunidades próximas al epicentro. El desafío para el Estado es llegar antes que una eventual réplica y garantizar que ninguna población quede aislada o sin asistencia.

El reclamo: seguridad para trabajar

Los transportistas sostienen que han solicitado una audiencia con la presidenta de la República para plantear medidas concretas contra el crimen organizado y conocer qué acciones ejecutará el Ejecutivo. Según los gremios, hasta ahora no se ha concretado la reunión solicitada, situación que terminó empujándolos a anunciar la medida de fuerza.

Entre sus principales pedidos figuran el fortalecimiento de las unidades policiales y fiscales especializadas, mayor control de las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios, presencia policial permanente en paraderos considerados de alto riesgo y protección para quienes denuncien casos de extorsión. Los dirigentes sostienen que ya entregaron propuestas al Gobierno, pero no han recibido una respuesta que consideren suficiente.

Una violencia que ya deja víctimas

La preocupación del sector tiene sustento en cifras oficiales. El Ministerio Público reportó 214 atentados contra el transporte público de Lima y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026, con 283 víctimas: 152 fallecidos y 131 heridos. El 94,4 % de los ataques ocurrió directamente contra unidades de transporte público.

Los gremios también recuerdan ataques recientes contra trabajadores y directivos del sector. Entre ellos figura el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, quien fue baleado el 6 de agosto en Los Olivos. Para los transportistas, estos hechos demuestran que la violencia ya no afecta solamente a quienes conducen las unidades, sino también a quienes administran las empresas.

El paro todavía puede evitarse

La paralización podría quedar sin efecto si el Ejecutivo concede antes del 25 de agosto la audiencia solicitada y establece una mesa de trabajo con compromisos verificables. Los dirigentes han señalado que su protesta será pacífica y que no buscan privilegios, sino condiciones mínimas de seguridad para continuar trabajando.

El anuncio coloca al Gobierno ante una nueva prueba frente a la inseguridad. No se trata solamente de si los buses circularán el 25 de agosto: está en juego la capacidad del Estado para proteger a trabajadores y pasajeros frente a una criminalidad que ya ha dejado cientos de víctimas. Si no hay diálogo ni respuestas concretas, Lima y Callao podrían enfrentar una nueva jornada de paralización y una creciente presión social sobre el Ejecutivo.