La revelación de una reunión no oficial, fuera de agenda y realizada bajo condiciones de evidente secretismo ha vuelto a colocar en el centro del debate público el comportamiento de un funcionario de primer nivel del Estado. José Jerí Oré, en ejercicio del más alto cargo de manera interina, sostuvo un encuentro privado que no fue informado por canales institucionales y que solo salió a la luz gracias a una investigación periodística, no por un acto de transparencia gubernamental.

El encuentro se produjo de noche, fuera de Palacio de Gobierno, con un empresario chino, y sin registro en la agenda oficial. Las imágenes difundidas muestran a Jerí ingresando encapuchado, sin comitiva visible y utilizando un vehículo oficial, pese a que posteriormente se calificó la cita como “no oficial”. La forma en que se desarrolló la reunión -lugar privado, ausencia de registros y medidas para evitar ser reconocido- refuerza la percepción de un proceder deliberadamente opaco.

Tras la difusión del caso, la versión oficial señaló que la reunión estuvo vinculada a coordinaciones por el Día de la Amistad Perú-China. Sin embargo, la explicación deja más preguntas que respuestas. Si se trataba de una actividad institucional, ¿por qué no se canalizó a través de la Cancillería?, ¿por qué no se realizó en un espacio oficial?, ¿por qué no quedó constancia documental?, ¿y por qué el interlocutor fue un empresario y no un representante diplomático formal?

El problema central no es solo con quién se reunió el funcionario, sino cómo ejerció el poder. En democracia, la transparencia no es opcional ni depende del carácter interino del cargo. La ausencia de registros y la informalidad en el manejo de una reunión de este nivel configuran un patrón de secretismo incompatible con la función pública, más aún cuando se emplean recursos del Estado.

Este episodio también expone una evidente asimetría política. Prácticas similares durante el gobierno de Pedro Castillo desencadenaron pedidos de vacancia, investigaciones y una condena política casi inmediata. Hoy, hechos comparables parecen relativizarse. La institucionalidad, sin embargo, no admite excepciones: el poder debe explicarse siempre, y cuando no lo hace, es legítimo que el periodismo y la ciudadanía exijan respuestas.

Lima, 6 de enero de 2026 – Miles de personas han tomado las calles en Venezuela y diversos países del mundo para exigir la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas, calificada por simpatizantes chavistas y gobiernos aliados como un «secuestro violento» y una violación flagrante a la soberanía nacional.

En Venezuela, las movilizaciones han sido intensas y continuas, con concentraciones masivas en Caracas organizadas por el PSUV y líderes como Diosdado Cabello. Manifestantes, incluyendo colectivos y mujeres en apoyo a Cilia Flores, han coreado consignas como «¡Devuélvannos a nuestro presidente!» y «¡Los queremos de vuelta!», denunciando la intervención como un acto imperialista que busca apoderarse de los recursos petroleros del país.

A nivel internacional, las protestas se han extendido a ciudades como São Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte en Brasil; Londres, donde más de mil personas se reunieron frente a Downing Street; Buenos Aires en Argentina; y otras urbes en México, Chile, Honduras y hasta Europa. Gobiernos como China, Rusia, Cuba e Irán han condenado la acción y demandado la liberación, mientras organizaciones antifascistas y sindicales han repudiado lo que llaman una agresión sin precedentes.

Maduro, trasladado a Nueva York, se declaró no culpable el lunes en un tribunal federal por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas, afirmando ser «un hombre inocente y decente» y calificando su detención como un «secuestro». Insistió en que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela, en un contexto de alta polarización.

Estas manifestaciones contrastan con celebraciones en la diáspora venezolana en Miami, Bogotá y otras ciudades, pero destacan el rechazo masivo de sectores progubernamentales a la operación estadounidense, que ha generado debates en la ONU sobre su legalidad y ha profundizado la crisis política en la región.

La tarde del 18 de diciembre de 2025, dos sicarios en motocicleta irrumpieron en una chocolatada navideña organizada en la plazuela del centro poblado de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope, región La Libertad, y abrieron fuego contra la regidora Elena Rojas Alcalde, quien falleció por múltiples impactos de bala. El ataque, ocurrido alrededor de las 5:00 p.m. en medio de un show infantil con decenas de familias y niños presentes, dejó además siete personas heridas, la mayoría menores de edad, que fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica.

Elena Rojas Alcalde, contadora pública de aproximadamente 65 años y regidora por el Movimiento Regional Fortaleza Perú, era conocida por su labor fiscalizadora en la municipalidad distrital. Este no fue el primer atentado contra ella: el 12 de diciembre de 2024, delincuentes colocaron un artefacto explosivo con dinamita bajo su camioneta frente a la municipalidad, el cual no detonó y llevó a la captura de dos menores vinculados a una banda criminal. Fuentes policiales indican que el objetivo principal del ataque fue la regidora, posiblemente relacionado con amenazas previas y su rol de oposición.

La Policía Nacional del Perú ha desplegado equipos especializados para capturar a los responsables, mientras el alcalde de Chicama, Edilberto Bada, declaró duelo distrital y exigió acciones urgentes al Gobierno central ante la escalada de violencia en La Libertad, donde este crimen se suma a otros atentados contra autoridades y periodistas en lo que va del año. La Fiscalía de Ascope investiga el caso, en un contexto de creciente inseguridad por extorsiones y sicariato en la región.