Connect with us

Nacional

¿Libertades en cadena? Fallos del TC, hábeas corpus y pedidos de gracia reabren el tablero político peruano

Publicado

en

Lima, 19 de julio de 2026.- En menos de una semana, varios de los políticos influyentes y controvertidos de la política peruana han comenzado a recibir noticias favorables desde los tribunales y otras instancias del Estado. El Tribunal Constitucional resolvió a favor de los hábeas corpus de Ollanta Humala y Vladimir Cerrón; el Poder Judicial admitió a trámite el recurso presentado por Pedro Castillo; mientras que Alejandro Toledo y otros procesados impulsan solicitudes de beneficios legales. La sucesión de decisiones ha encendido un intenso debate sobre si el país asiste a una coincidencia jurídica o a una nueva reconfiguración del poder.

El primer golpe lo dio el Tribunal Constitucional al declarar fundados los recursos promovidos por Ollanta Humala y Vladimir Cerrón. Aunque las sentencias completas aún deben publicarse y ejecutarse, el sentido de las votaciones abre la posibilidad de modificar sustancialmente la situación jurídica de ambos líderes políticos, protagonistas de algunos de los procesos penales más relevantes de los últimos años.

En paralelo, el expresidente Pedro Castillo obtuvo un avance importante luego de que el Poder Judicial admitiera a trámite el hábeas corpus que cuestiona su permanencia en prisión, recurso respaldado, entre otros argumentos, por el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. A ello se suma el pedido de gracia presidencial presentado por su defensa, mientras el entorno de Alejandro Toledo también insiste en un beneficio de carácter humanitario.

La coincidencia temporal de estos procesos ha generado un inevitable ruido político y suspicacias entendibles a días de la asunción de la presidenta electa Keiko Fujimori lideresa de Fuerza Popular. Juristas y analistas sostienen que cada expediente responde a fundamentos constitucionales distintos; sin embargo, la concentración de resoluciones favorables para líderes de diferentes sectores ha colocado nuevamente a la justicia en el centro de las indagaciones y el debate público.

El contexto tampoco pasa inadvertido. Los actuales magistrados del Tribunal Constitucional fueron elegidos por el Congreso actual mediante acuerdos entre diversas bancadas políticas, entre ellas Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Podemos, Avanza País, Somos Perú, Acción Popular y otras agrupaciones. Desde entonces, diversos especialistas cuestionaron el proceso de selección y advirtieron sobre la necesidad de garantizar la independencia del máximo intérprete de la Constitución frente a cualquier influencia política.

Al mismo tiempo, el gobierno del presidente José María Balcázar enfrenta una creciente presión por los pedidos de gracia e indulto de Pedro Castillo, Alejandro Toledo y otros. Hasta ahora no existe ninguna resolución presidencial que disponga la libertad de Pedro Castillo, Alejandro Toledo u otros exmandatarios, pero el debate ya se instaló en la agenda pública y política.

En este escenario también aparecen interrogantes sobre la relación que mantendrán el gobierno de transición José María Balcázar, la presidenta electa Keiko Fujimori y las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso, en particular Juntos por el Perú. Hasta la fecha no existe evidencia pública que demuestre un acuerdo o negociación entre estos actores para favorecer resoluciones judiciales o beneficios penitenciarios, aunque la coincidencia de acontecimientos ha dado pie a interpretaciones y cuestionamientos desde distintos sectores.

Lo cierto es que el Perú podría estar ingresando a una nueva etapa política y judicial. Si las resoluciones del Tribunal Constitucional quedan firmes y prosperan otros recursos constitucionales o beneficios previstos por la ley, el mapa político cambiará de manera significativa. El desenlace de estos casos no solo definirá la situación jurídica de varios exmandatarios y líderes partidarios, sino también afectarán la legitimidad del Estado peruano y el Gobierno de turno.

CONTINUAR LEYENDO
SEGUIR LEYENDO

Leave a Reply

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

Economía

Presupuesto 2027: Gobierno de Keiko prioriza Defensa sobre seguridad ciudadan

Redactor

Publicado

en

El Ejecutivo propone gastar S/266.506 millones en 2027, pero reduce en S/519 millones los recursos para Orden Público y Seguridad mientras eleva 25% el presupuesto de Defensa.

Lima, 3 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori presentó al Congreso su proyecto de Presupuesto Público 2027 por S/266.506 millones, un incremento de 3,5% respecto al presupuesto inicial de este año. Sin embargo, la distribución de los recursos abrió una controversia política: mientras el Ejecutivo coloca la lucha contra la delincuencia entre sus principales prioridades, la función Orden Público y Seguridad registra una reducción de S/519 millones y Defensa y Seguridad Nacional aumenta en S/1.812 millones.

Menos recursos para enfrentar la delincuencia

El proyecto asigna S/15.338 millones a Orden Público y Seguridad, frente a los S/15.857 millones aprobados para 2026. La reducción equivale a 3,3%.

El ajuste también alcanza al programa Reducción de delitos y faltas, directamente relacionado con las acciones de seguridad ciudadana. Sus recursos pasarían de S/6.878 millones a S/6.494 millones, una disminución de S/384 millones.

La reducción ocurre mientras el Gobierno sostiene que la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado constituyen una prioridad de su gestión.

Durante la sustentación del presupuesto ante el Congreso, el premier Luis Galarreta defendió la asignación para seguridad y señaló que alrededor de S/15.400 millones estarán orientados al orden público, la investigación del delito y el fortalecimiento de la capacidad operativa policial.

Defensa aumenta 25 %

La otra cara de la distribución presupuestal está en Defensa.

La función Defensa y Seguridad Nacional recibiría S/8.993 millones en 2027, frente a S/7.180 millones en 2026. El aumento alcanza aproximadamente los S/1.812 millones, equivalente a 25%.

El salto es todavía mayor en los proyectos de inversión. El presupuesto destinado a reparación, renovación y equipamiento de las Fuerzas Armadas pasaría de S/665 millones a S/2.548 millones, un incremento de aproximadamente 283%. Entre las inversiones figuran proyectos vinculados con capacidades militares, aviones de combate, la Fuerza de Superficie y la Base Naval del Callao.

El Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, en el Congreso de la República

Para el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, el incremento responde a un proceso de recuperación de capacidades militares acumulado durante años. Al mismo tiempo, advirtió que las adquisiciones deben ser vigiladas para garantizar que el Estado compre lo necesario y al mejor costo.

Pero desde el sector Interior la lectura es distinta. El exviceministro Ricardo Valdés cuestionó que se reduzcan recursos para enfrentar una amenaza interna como la delincuencia mientras se incrementa el gasto destinado a una eventual amenaza militar externa.

Oposición exige cambiar prioridades

El debate parlamentario realizado este jueves mostró que el proyecto no tendrá un trámite sencillo.

La diputada Roxana Rocha cuestionó la asignación para seguridad ciudadana, mientras el diputado Ernesto Zunini alertó sobre la reducción de S/519 millones. Jennifer Paredes pidió, además, restituir S/430 millones para seguridad.

Los cuestionamientos alcanzaron también la distribución territorial de los recursos. Paredes sostuvo que el gasto de capital de los gobiernos regionales crecería apenas 1,1%, mientras que Renovación Popular denunció una reducción en determinados recursos para inversión regional y pidió priorizar las zonas rurales y urbano-marginales.

Beneficios tributarios y subsidios entran en la discusión

La discusión sobre las prioridades fiscales también alcanza los beneficios tributarios.

Durante el debate, el diputado Christian Aranda pidió transparentar estos beneficios, que según sus declaraciones superarían los S/24 mil millones. La OCDE, por su parte, ha planteado revisar los beneficios tributarios que no demuestren resultados suficientes.

Uno de los casos bajo cuestionamiento es el régimen preferencial para grandes agroexportadoras, cuya menor recaudación ha sido estimada en aproximadamente S/1.888 millones anuales.

El Gobierno también ha recurrido a subsidios temporales. En agosto anunció una subvención de entre 15% y 20% para la compra de diésel destinada a determinados transportistas, con una vigencia inicial de tres meses. La medida fue presentada como respuesta al incremento internacional de los combustibles, pero especialistas cuestionaron su focalización y sostenibilidad.

Derechos laborales: otro frente abierto

La discusión presupuestaria ocurre además en medio de una disputa sobre la política laboral del Ejecutivo.

El Gobierno ha planteado al Congreso facultades para establecer un nuevo régimen laboral orientado a las MYPE, con un esquema de remuneraciones y beneficios que crecerían progresivamente. La propuesta contempla cambios que podrían reducir inicialmente gratificaciones, CTS y vacaciones para los trabajadores incorporados al nuevo régimen.

Los sindicatos han rechazado la propuesta y sostienen que podría afectar derechos laborales. En agosto, trabajadores de construcción civil convocados por la CGTP marcharon hacia el Congreso para expresar su oposición a eventuales modificaciones regresivas.

Estas reformas, sin embargo, corresponden al pedido de facultades legislativas y no constituyen partidas específicas del Presupuesto 2027.

Una batalla por las prioridades del Estado

El proyecto presentado por el Gobierno no solo pone en discusión cuánto gastará el Estado en 2027. También abre una disputa sobre en qué debe gastar más y qué problemas considera urgentes.

El Ejecutivo defiende un presupuesto de S/266.506 millones con énfasis en seguridad, educación, salud y transporte. La oposición cuestiona que esa prioridad no se refleje completamente en la distribución interna de los recursos y pone bajo la lupa el aumento del gasto militar, los beneficios tributarios, la inversión regional y las políticas laborales.

La discusión recién comienza. El proyecto será analizado por las instancias parlamentarias correspondientes antes de su aprobación definitiva.

Lo que está en juego no es únicamente una cifra de S/266.506 millones. Es la definición de las prioridades económicas del primer año completo del Gobierno de Keiko Fujimori: seguridad ciudadana frente a Defensa, gasto social frente a otras inversiones, beneficios económicos frente a mayor recaudación y flexibilidad laboral frente a derechos adquiridos.

El Congreso tendrá ahora que decidir si mantiene la distribución propuesta por el Ejecutivo o modifica las partidas para responder a las demandas que ya han puesto sobre la mesa las distintas bancadas.

CONTINUAR LEYENDO

Ambiente

El Niño pone en alerta a 893 distritos: Ejecutivo declara emergencia por 60 días ante riesgo de lluvias intensas

Publicado

en

Por

La medida alcanza a 22 departamentos y el Callao. ENFEN advierte que existe al menos 62% de probabilidad de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

Lima, 1 de setiembre de 2026.- El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 893 distritos de 154 provincias, ubicados en 22 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao, ante el peligro inminente generado por intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, publicado el 1 de septiembre en el diario oficial El Peruano.

Una emergencia de alcance nacional

La declaratoria comprende Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además del Callao. La norma establece que las jurisdicciones involucradas presentan un “muy alto riesgo” que requiere intervenciones inmediatas de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación.

La decisión no responde únicamente a una previsión meteorológica. El expediente técnico utilizado por el Ejecutivo incorpora informes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

El riesgo climático aumenta

La advertencia más reciente de ENFEN eleva el nivel de preocupación. En su Comunicado Oficial N.° 15-2026, publicado el 28 de agosto, la comisión mantiene la Alerta de El Niño Costero y estima una probabilidad igual o superior al 62% de que alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para febrero y marzo de 2027, el escenario más probable se ubica entre fuerte y extraordinario.

El organismo científico también advierte que entre septiembre y noviembre las temperaturas del aire permanecerían muy por encima de lo normal en toda la costa, con alta probabilidad de nuevos récords. Para la costa norte se prevén precipitaciones superiores a lo normal, mientras que durante el verano de 2027 las lluvias podrían superar sus valores habituales en la costa norte, costa central y sierra noroccidental.

El verano será el periodo crítico

El vocero de ENFEN, Luis Vásquez Espinoza, señaló que, si el evento alcanza una condición extraordinaria, la temperatura superficial del mar podría presentar anomalías superiores a 3,5 °C entre septiembre y enero. El periodo de mayor impacto de las lluvias intensas se proyecta para el verano, particularmente en la costa norte y la sierra noroccidental.

La dimensión del riesgo también plantea un desafío para la infraestructura pública, la agricultura, el transporte y los servicios básicos. Desbordes de ríos, inundaciones, huaicos y movimientos en masa podrían afectar poblaciones y medios de vida en territorios previamente identificados como vulnerables. Por ello, la declaratoria busca intervenir antes de que el peligro se convierta en desastre.

¿Qué podrán hacer las autoridades?

Durante los 60 días de vigencia, los gobiernos regionales y locales deberán ejecutar las medidas de excepción necesarias para reducir el muy alto riesgo existente. Estas acciones deben guardar una relación directa con el peligro que sustenta la declaratoria y podrán comprender actividades de prevención, respuesta y rehabilitación.

INDECI tendrá a su cargo la coordinación técnica y el seguimiento de las acciones, con participación de diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social.

La emergencia también pone a prueba la capacidad del Estado

El punto crítico ahora no es solamente la declaratoria, sino la capacidad de convertirla en acciones concretas antes de la temporada de mayor impacto. La propia norma establece que las intervenciones deberán ejecutarse con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades comprendidas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Para Pulso27, el dato central es que el Estado dispone ahora de un periodo limitado para reducir vulnerabilidades que ya han sido identificadas técnicamente. Con ENFEN proyectando un escenario extraordinario para los próximos meses, la eficacia de la respuesta dependerá menos de nuevas declaraciones y más de la rapidez con que gobiernos regionales, municipios y sectores nacionales conviertan los diagnósticos de riesgo en obras, limpieza de cauces, protección de infraestructura y medidas efectivas para proteger a la población y sus medios de vida.

CONTINUAR LEYENDO

Crónica

Santa Rosa de Lima: cartas, promesas y fe en el corazón del Centro Histórico

Publicado

en

Por

Centro de Lima, 30 de agosto de 2026.- El tradicional Pozo de los Deseos volvió a convertirse en punto de encuentro para miles de fieles católicos de Lima. La devoción que atraviesa generaciones también encontró un nuevo escenario en las redes sociales.

Desde temprano, el entorno del Santuario de Santa Rosa de Lima, en el Centro Histórico, comenzó a llenarse de fieles. Familias, adultos mayores, jóvenes y visitantes llegaron para participar en las celebraciones religiosas y, especialmente, para acercarse al tradicional Pozo de los Deseos.

Cada visitante llegó con una historia distinta. Algunos llevaron una carta; otros, una promesa o simplemente el deseo de agradecer. Frente al pozo, la espera dejó de ser solo una fila: se convirtió en parte de un ritual que Lima repite cada año.

El pozo y las cartas

La tradición de depositar cartas en el pozo permanece como uno de los símbolos más reconocibles de la festividad. Este domingo, los fieles volvieron a escribir sus peticiones y a confiar sus deseos a Santa Rosa, manteniendo una costumbre que continúa pasando de padres a hijos.

La escena tiene algo de íntimo en medio de la multitud. Una persona escribe, dobla el papel y espera su turno. Alrededor, cientos hacen lo mismo. El ruido de la ciudad queda por momentos relegado frente al silencio de quienes se acercan al pozo.

La tradición que también se vuelve imagen

La festividad ya no termina en las puertas del santuario. Fotografías, videos y testimonios de los visitantes circulan durante la jornada en las plataformas digitales, donde la imagen del pozo, las cartas y la concentración de fieles se convierte en una nueva forma de contar la tradición.

Sin embargo, más que afirmar una tendencia cuantitativa en TikTok o Instagram sin métricas públicas verificables, lo que puede observarse es la expansión digital de una celebración esencialmente presencial: la fe que antes quedaba en la memoria familiar ahora también queda registrada en fotografías y videos compartidos en redes.

Una tradición que moviliza a Lima

La magnitud de la celebración obligó a organizar un operativo especial. La Municipalidad Metropolitana de Lima desplegó más de 1.000 agentes municipales y coordinó acciones con la Policía Nacional ante una afluencia estimada de hasta 50.000 fieles en el Centro Histórico. También estableció ingresos diferenciados para quienes acudieron al pozo y quienes ingresaron a la iglesia.

Tradicional traslado de la sagrada imagen de Santa Rosa de Lima. Fotos Jair Alvarado

El movimiento de personas modificó durante la jornada el tránsito en los alrededores de la avenida Tacna y el jirón Callao. La ciudad tuvo que adaptarse, una vez más, a una celebración que forma parte de su calendario religioso y cultural.

Más de cuatro siglos después

Santa Rosa de Lima murió en 1617, pero su presencia continúa formando parte de la identidad religiosa peruana. Cada 30 de agosto, el santuario vuelve a demostrar que una tradición puede sobrevivir al paso del tiempo sin permanecer inmóvil.

El Pozo de los Deseos resume esa continuidad: una carta escrita a mano, una petición sencilla y una multitud que espera su turno. Cambian las generaciones y cambian las formas de comunicarse; la esperanza, sin embargo, permanece.

Lima escribe su propia historia

En el Centro Histórico, la festividad vuelve a unir lo religioso con lo cotidiano. El turista observa, el creyente reza, el vecino recuerda y el joven graba con su teléfono una escena que, probablemente, también compartirá con otros.

Pero detrás de las fotografías y los videos permanece lo esencial: una tradición limeña construida alrededor de la fe, las promesas y la esperanza.

Este 30 de agosto, Lima volvió a escribir sus deseos en el mismo lugar donde generaciones de peruanos han dejado los suyos.

CONTINUAR LEYENDO

Tendencia

Set Youtube Channel ID
Share
Tiktok