La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras las declaraciones del cirujano plástico Mario Cabani, quien confirmó haber recibido US$4,500 en efectivo por cinco intervenciones estéticas realizadas a la mandataria en junio de 2023. En un giro que intensifica las sospechas de irregularidades, Cabani exigió a Boluarte, a través de una carta notarial, que acredite el origen de dichos fondos, desatando un nuevo escándalo que se suma a las investigaciones en curso por presunto abandono de cargo y el caso “Rolexgate”.

El cirujano, quien ha colaborado con la Fiscalía proporcionando documentación que detalla los procedimientos, desmintió la versión inicial de Boluarte, quien afirmó que las cirugías respondían únicamente a motivos de salud. Según Cabani, las intervenciones fueron de carácter estético, y el pago, realizado recientemente, levanta interrogantes sobre la transparencia de los recursos utilizados por la presidenta. Fuentes cercanas al caso, difundidas en plataformas como X, señalan que Boluarte habría solicitado inicialmente que las operaciones se realizaran “fiado”, un hecho que, de confirmarse, agravaría las acusaciones de opacidad financiera.

La controversia se enmarca en un contexto de creciente desconfianza hacia la gestión de Boluarte, quien ya enfrenta críticas por no declarar el origen de relojes Rolex y joyas de lujo en su posesión. La falta de claridad sobre los US$4,500 ha llevado a congresistas de oposición y analistas a cuestionar si estos fondos provienen de ingresos lícitos o si podrían estar vinculados a actividades irregulares.

La Fiscalía, que ya investiga a Boluarte por enriquecimiento ilícito y otros cargos, ha intensificado sus pesquisas para rastrear el origen del dinero. Expertos en derecho penal, como el abogado Carlos Caro, advierten que la mandataria podría enfrentar cargos adicionales si no logra justificar los fondos con ingresos declarados. “El uso de efectivo en estas cantidades, sin un respaldo claro, es una señal de alerta que la Fiscalía no puede ignorar”, señaló Caro.

Mientras tanto, el silencio de Palacio de Gobierno agrava la percepción de secretismo. Hasta el cierre de esta nota, Boluarte no ha respondido públicamente a la solicitud de Cabani ni ha presentado documentación que explique el origen del dinero. En redes sociales, el hashtag #DinaExplica se ha viralizado, reflejando la indignación de un sector de la ciudadanía que exige respuestas en un contexto de inestabilidad política y descrédito institucional.

El Ministerio de Salud (Minsa) se encuentra en el centro de la polémica tras la eliminación de información clave sobre fallecidos con vacunas contra la covid-19, justo cuando el Tribunal Constitucional (TC) debe pronunciarse sobre una demanda contra las restricciones impuestas durante la pandemia. Este hecho ha generado serios cuestionamientos sobre la transparencia y la posible manipulación de datos oficiales.

La congresista Margot Palacios denunció que el Minsa eliminó de su base de datos TB_FALLECIDO_HOSP_VAC.csv, disponible en su portal de Datos Abiertos, toda información relacionada con fallecidos por covid-19 según el número de dosis recibidas. «Esto constituye una vulneración al derecho a la información y afecta directamente el proceso en el TC», advirtió la parlamentaria.

El caso está ligado al expediente 04742-2023-AA, impulsado por la abogada Gabriela Vidarte Mata, quien solicita la declaración de inconstitucionalidad de normativas que restringieron el derecho al trabajo, la educación y el acceso a espacios públicos a quienes no contaban con tres dosis de la vacuna. La vista de causa se realizó hace dos meses, con posturas encontradas sobre la legalidad de las restricciones impuestas.

Durante el gobierno de Francisco Sagasti, se prohibió el ingreso a diversos espacios bajo el argumento de que las personas no vacunadas representaban un riesgo de contagio. Sin embargo, posteriormente, las farmacéuticas como Sinopharm y Pfizer reconocieron que la vacunación no impedía la transmisión del virus, debilitando así la justificación de estas medidas.

La eliminación de los datos por parte del Minsa plantea serias dudas sobre la veracidad y acceso a la información pública. Además, podría constituir una violación de principios legales al afectar un caso en curso en el TC. Organismos de transparencia y parlamentarios han exigido explicaciones, mientras el país sigue enfrentando las consecuencias de decisiones gubernamentales cuestionadas por su impacto en derechos fundamentales.

El distrito de Tambogrande, en Piura, se alista para un paro macroregional este viernes 28 de marzo, en rechazo al proyecto minero El Algarrobo, cuya concesión fue otorgada recientemente a la empresa Buenaventura por ProInversión. Agricultores, ronderos y pobladores han unido fuerzas para defender la vocación agrícola del distrito, tras la entrega de la zona de Locuto a la minera. La huelga, respaldada por más de 10,000 ronderos, busca enviar un mensaje claro al gobierno: la minería no es bienvenida en esta región históricamente dedicada a la producción de mango, limón y otros cultivos emblemáticos.

Una oposición con raíces profundas

La resistencia al proyecto El Algarrobo no es un fenómeno reciente. En 2002, una consulta vecinal reveló que el 98% de los habitantes de Tambogrande rechazó la actividad minera en el valle de San Lorenzo, priorizando la agricultura como modelo de desarrollo. Alfredo Rengifo, alcalde del distrito, ha reafirmado esta postura, declarando que “el proyecto no va” y que la voluntad popular sigue intacta. Sin embargo, la firma del contrato entre Buenaventura y ProInversión ha reavivado el conflicto, generando acusaciones de imposición por parte del gobierno de Dina Boluarte.

Líderes y demandas al frente de la lucha

El Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Tambogrande, junto a las rondas campesinas y la Comunidad de San Juan Apóstol de Locuto, ha liderado las críticas. Gianfranco Mendoza Saavedra, presidente del Frente, exigió respeto a la decisión tomada hace más de 20 años y acusó al Ejecutivo de actuar dictatorialmente. Entre las demandas de la plataforma de lucha destacan la nulidad de las concesiones mineras en cabeceras de cuencas y el fin de la criminalización de la justicia comunal, temas que resonarán en las calles durante la marcha.

Denuncias de presión y condicionamiento

Enargio Maza, vicepresidente del Frente y representante de Locuto, denunció que el gobierno estaría condicionando obras de desarrollo esenciales para la comunidad a cambio de la aceptación del proyecto, una estrategia que ha encendido aún más los ánimos. Por su parte, Santos Castillo Montalbán, líder de la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas, calificó la suscripción del contrato como una “declaratoria de guerra” y anunció que la oposición se expresará tanto en protestas como en acciones legales.

El Algarrobo: un proyecto controvertido

El proyecto El Algarrobo, promovido por ProInversión, contempla la exploración y explotación polimetálica mediante una mina subterránea en la margen izquierda del río Piura, además de obras hidráulicas. Aunque el gobierno lo presenta como una oportunidad de inversión y progreso, para los pobladores de Tambogrande representa una amenaza a su modo de vida. Con una historia de resistencia y una comunidad movilizada, el futuro del proyecto pende de un hilo en medio de un conflicto que pone en juego el desarrollo sostenible de la región.