Del antifujimorismo al poder: los excríticos que hoy integran y defienden el gobierno de Keiko Fujimori

El retorno del fujimorismo al Ejecutivo no solo ha significado el regreso de Fuerza Popular al poder después de casi tres décadas, sino también la incorporación de dirigentes y personajes públicos que durante los años noventa y la transición democrática cuestionaron al régimen de Alberto Fujimori y que hoy ocupan ministerios o se han convertido en algunos de los principales defensores políticos de la administración de Keiko Fujimori.

Entre los casos más emblemáticos figura Juan Sheput, actual ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. En la década de 1990 integró el Foro Democrático, organización que lideró la resistencia cívica contra la segunda reelección de Alberto Fujimori, y posteriormente militó en Perú Posible y Peruanos por el Kambio, fuerzas políticas identificadas con el antifujimorismo. Hoy forma parte del gabinete ministerial de la presidenta Keiko Fujimori, marcando uno de los cambios políticos más notorios de las últimas décadas.

Otro caso relevante es el de Fernando Rospigliosi. Como periodista, analista y posteriormente ministro del Interior del gobierno de Alejandro Toledo, fue uno de los más severos críticos del régimen de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos. En los últimos años se incorporó a Fuerza Popular hasta convertirse en uno de los principales estrategas, voceros e impulsores de las reformas promovidas por el fujimorismo en el Congreso, consolidándose como una de las figuras políticas de mayor confianza de Keiko Fujimori.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, también representa un importante reacomodo político. Inició su carrera en el Partido Popular Cristiano (PPC), colectividad que integró la oposición democrática al gobierno de Alberto Fujimori. Tras incorporarse a Fuerza Popular, ascendió a la Secretaría General del partido y hoy lidera el primer gabinete ministerial del nuevo gobierno, siendo uno de los principales operadores políticos del oficialismo.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores fue designado Carlos Espá, conocido anteriormente por su trayectoria periodística. Durante los años finales del régimen fujimorista desarrolló una labor informativa en un contexto de fiscalización al poder político y posteriormente construyó una carrera diplomática y política independiente. Tras participar en las elecciones de 2026 con otra organización política, aceptó la invitación para integrar el gabinete de Keiko Fujimori como canciller.

La presencia de estas figuras refleja una recomposición del mapa político peruano. Mientras sectores cercanos al Gobierno sostienen que la conformación del gabinete responde a la búsqueda de perfiles con experiencia y capacidad técnica, desde la oposición se interpreta como una muestra de cómo antiguos críticos del fujimorismo han terminado integrando y defendiendo un proyecto político que en el pasado cuestionaron públicamente.

Lima, 30 de julio 2026.- La excongresista Margot Palacios Huamán, una de las principales figuras de Juntos por el Perú (JP), hizo público este miércoles un pronunciamiento en el que exhorta a las fuerzas políticas democráticas representadas en el Congreso a no aprobar la Ley de delegación de facultades solicitada por el Gobierno de Keiko Fujimori, al considerar que contiene disposiciones que podrían afectar derechos fundamentales de la población y debilitar los mecanismos de control democrático.

En el documento, Palacios sostiene que el Perú necesita inversión, crecimiento económico y modernización del Estado, pero afirma que esos objetivos no pueden alcanzarse a costa de los trabajadores, las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas, el ambiente, los empresarios nacionales ni la soberanía del país. Por ello, pidió que el Congreso formule observaciones de fondo antes de otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Entre las principales preocupaciones expuestas, la exparlamentaria advierte que los literales 2.5 b), c) y d) permitirían modificar el marco normativo del desarrollo agrario, la mecanización, el acceso al crédito y la gestión de los recursos hídricos sin establecer salvaguardas expresas para la agricultura familiar, las comunidades campesinas y nativas, ni garantizar la prioridad del agua para el consumo humano y la producción de alimentos. Asimismo, cuestiona que los literales 2.5 f), h) y l) faciliten la aprobación de proyectos mineros y de hidrocarburos y simplifiquen procedimientos ambientales, lo que —según señala— podría incrementar los riesgos para los ecosistemas y las poblaciones que habitan en los territorios.

El pronunciamiento también expresa preocupación por los cambios planteados en materia laboral. Palacios sostiene que los literales 2.3 c), d), e) y g) podrían flexibilizar el régimen de despidos, permitir acuerdos individuales sobre beneficios laborales como la CTS, gratificaciones, vacaciones y horas extras, establecer bonos de productividad sin carácter remunerativo y reducir el número de feriados nacionales, aspectos que considera podrían afectar derechos laborales consolidados.

Otro de los puntos cuestionados es la Primera Disposición Complementaria Final, que exceptúa a los futuros decretos legislativos de mecanismos como la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio. A juicio de la excongresista, cuando se legisla sobre materias que involucran derechos fundamentales corresponde fortalecer, y no restringir, la transparencia y la participación ciudadana en la elaboración de las normas.

Finalmente, Margot Palacios convocó a organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, gremios profesionales, empresarios nacionales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes y movilizados en defensa de la democracia, los recursos naturales y la soberanía nacional. «El Perú necesita crecimiento económico, pero con justicia social, respeto irrestricto a los derechos del pueblo y un desarrollo que ponga en el centro a las personas, no la concentración del poder», concluye el pronunciamiento.

Lima, 25 de julio 2026.- Las principales fuerzas políticas de oposición al fujimorismo presentaron este sábado listas unitarias para disputar las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, con el objetivo de garantizar una conducción plural del nuevo Congreso bicameral e impedir que la derecha encabezada por Fuerza Popular concentre el control de ambas cámaras durante el periodo legislativo 2026-2027.

En la Cámara de Diputados, la alianza integrada por Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación inscribió como candidato a la presidencia a Óscar de Jesús Reto Otero (Partido del Buen Gobierno), acompañado por Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) en la primera vicepresidencia, Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación) en la segunda vicepresidencia y José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras) en la tercera vicepresidencia. De acuerdo con la actual correlación de fuerzas, este bloque reuniría alrededor de 74 votos, suficientes para alcanzar la mayoría frente a los aproximadamente 56 votos que sumarían Fuerza Popular y Renovación Popular.

En el Senado también quedó conformado un bloque democrático integrado por Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación, que postula a Daniel Hugo Barragán Coloma (Partido Cívico Obras) a la presidencia de la Cámara Alta. Lo acompañan Jaime Quito Sarmiento (Juntos por el Perú) como primer vicepresidente, Jaime Delgado (Ahora Nación) como segundo vicepresidente y Nora Bonifaz Carmona (Partido del Buen Gobierno) como tercera vicepresidenta. Frente a ellos compite la lista conformada por Fuerza Popular y Renovación Popular, encabezada por Miguel Ángel Torres Morales, junto con Alejandro Muñante, Nilza Chacón Trujillo y Estanislao Mancha Pineda.

La conformación de estas candidaturas refleja la decisión de las fuerzas democráticas de la social democracia y el progresismo de actuar de manera coordinada para preservar el equilibrio de poderes en el Parlamento. Sus representantes sostienen que el resultado electoral otorgó una representación diversa a la ciudadanía y que ninguna organización política debe ejercer un control hegemónico sobre la agenda legislativa ni sobre los órganos de dirección del Congreso.

La disputa adquiere especial relevancia porque el fujimorismo busca recuperar un amplio margen de conducción parlamentaria, mientras que las bancadas opositoras sostienen que la Mesa Directiva debe responder al carácter plural del nuevo Congreso. Para estos sectores, la unidad parlamentaria constituye un mecanismo para fortalecer la fiscalización, promover el debate democrático y evitar la concentración del poder político en una sola fuerza.

La elección de las Mesas Directivas también tiene un fuerte contenido simbólico para diversos sectores ciudadanos que recuerdan que el fujimorismo mantiene como referente político el gobierno de Alberto Fujimori, cuyo régimen fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos, autoritarismo y casos de corrupción. En ese contexto, las agrupaciones opositoras consideran que la conducción del Congreso debe estar orientada por principios democráticos, respeto al Estado de derecho y defensa de la institucionalidad.

Las elecciones de este domingo 26 de julio definirán quiénes presidirán la Cámara de Diputados y el Senado durante el primer año del nuevo Congreso bicameral. El resultado marcará el inicio de una etapa política clave para el equilibrio de poderes y para la capacidad de las fuerzas democráticas de ejercer un contrapeso frente a la derecha fujimorista en el Parlamento peruano.