Los productores de arroz de distintas regiones del país anunciaron la realización de un paro nacional agrario para el próximo 18 de mayo, en protesta por la grave crisis económica que afecta al sector. Los dirigentes señalan que la caída de los precios en chacra, el incremento de los costos de producción y el ingreso de arroz importado han puesto en riesgo la sostenibilidad de miles de agricultores.

La medida de fuerza es impulsada principalmente por gremios arroceros del norte del país, quienes aseguran que el Ejecutivo no ha cumplido con los compromisos asumidos en anteriores mesas de diálogo. Los agricultores advierten que la reducción de aranceles ha favorecido el ingreso de arroz extranjero a menores precios, generando una competencia que consideran desigual frente a la producción nacional.

Emilio Ruesta Zapata, exdirigente de la Junta de Usuarios del Bajo Piura, cuestionó la falta de acciones concretas por parte del Gobierno para proteger al sector agrícola peruano. “Han bajado los aranceles en lugar de subirlos. Eso permite que ingrese arroz barato del extranjero y perjudica directamente al productor nacional, que no recibe subsidios”, sostuvo.

Los gremios también denunciaron el incumplimiento de proyectos vinculados a infraestructura hídrica, mantenimiento de canales y mecanismos de comercialización para garantizar precios justos. Según indicaron, la falta de avances en las negociaciones ha generado malestar entre las más de 200 mil familias que dependen del cultivo de arroz en regiones como Piura, Lambayeque, San Martín y la selva central.

Entre las principales demandas del pliego de reclamos figuran la revisión del Sistema de Franja de Precios para incrementar los aranceles al arroz importado, la priorización de compras estatales de arroz nacional para programas sociales y la implementación de subsidios para fertilizantes e insumos agrícolas. Asimismo, solicitan mayor inversión en obras de infraestructura y prevención ante eventos climáticos.

Los dirigentes advirtieron que, de concretarse el paro con bloqueos en vías estratégicas como la Panamericana Norte y carreteras de acceso a la selva, podría verse afectado el abastecimiento de arroz en mercados mayoristas de Lima y otras ciudades del país durante la segunda quincena de mayo.

Ante este escenario, los productores hicieron un llamado a la unidad de las organizaciones agrarias a nivel nacional y exhortaron al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a instalar una mesa de diálogo con soluciones concretas. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la medida anunciada.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó al partido político Fuerza Popular con una multa de S/198 mil tras detectar presuntas irregularidades en el uso del Financiamiento Público Directo (FPD), recursos que el Estado entrega a las organizaciones políticas para actividades específicas establecidas por ley.

Según la resolución administrativa, la agrupación liderada por Keiko Fujimori habría destinado parte de estos fondos al pago de defensa legal de dirigentes y miembros de su cúpula partidaria, un uso que excede los fines permitidos por la normativa electoral vigente.

La ONPE precisó que el Financiamiento Público Directo debe emplearse exclusivamente en actividades de capacitación, investigación, fortalecimiento institucional y funcionamiento ordinario del partido. Sin embargo, la fiscalización detectó desembolsos vinculados a honorarios de abogados que participaron en procesos judiciales personales de dirigentes de Fuerza Popular, incluida la propia Fujimori.

El organismo electoral consideró que estos gastos constituyen una infracción grave al Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, debido a que los recursos públicos no pueden ser utilizados para afrontar contingencias legales de carácter individual.

Fuerza Popular apelará sanción

Tras conocerse la medida, Keiko Fujimori cuestionó duramente a la ONPE y calificó a la institución como “desacreditada”. Además, sostuvo que la sanción responde a una supuesta persecución política contra su agrupación.

La lideresa de Fuerza Popular también criticó los criterios aplicados por el ente electoral para evaluar los gastos partidarios y afirmó que buscan perjudicar a su organización de cara a futuros procesos electorales.

En esa línea, la personería legal del partido anunció que presentará un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que deberá revisar y resolver el caso en definitiva.

La defensa de Fuerza Popular argumenta que los gastos en asesoría legal forman parte del funcionamiento ordinario del partido, especialmente en un contexto que consideran de “judicialización de la política”.

Especialistas advierten precedente

Especialistas en derecho electoral señalaron que esta sanción podría marcar un precedente importante en la supervisión del uso de recursos públicos asignados a los partidos políticos.

Recordaron que el Financiamiento Público Directo tiene como finalidad fortalecer la institucionalidad democrática mediante la formación de cuadros técnicos, la elaboración de propuestas y el funcionamiento administrativo de las organizaciones políticas, y no para cubrir gastos judiciales personales.

La resolución también advierte que, de repetirse este tipo de conductas, Fuerza Popular podría enfrentar sanciones más severas, incluyendo la suspensión temporal o definitiva de la entrega de recursos públicos.

De confirmarse la multa en segunda instancia, el partido deberá asumir el pago correspondiente o aceptar que el monto sea descontado de futuras asignaciones presupuestarias.

El caso vuelve a poner en debate la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y el control sobre el uso de recursos provenientes del Estado.

Lima, 7 de mayo de 2026.- El Pleno del Congreso de la República aprobó la Resolución Legislativa N.° 13439/2025-CR, mediante la cual se inhabilita por diez años para ejercer función pública a la fiscal Delia Espinoza. La medida fue respaldada con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, luego de que el Parlamento considerara que incurrió en infracciones constitucionales y presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

La decisión se produjo tras una primera votación fallida en la misma sesión, en la que la moción alcanzó solo 63 votos, insuficientes para lograr la mayoría calificada requerida. Sin embargo, luego de una pausa y nuevas coordinaciones entre bancadas, una segunda votación permitió reunir los apoyos necesarios para aprobar la sanción.

Entre los cambios decisivos figuraron los votos de los congresistas Katy Ugarte, José Balcázar y Kira Alcarraz, quienes pasaron de la abstención al respaldo de la medida. A ello se sumó el apoyo de legisladores de Podemos Perú y Acción Popular, consolidando la mayoría parlamentaria.

La denuncia constitucional se centró en el respaldo de Espinoza a la Resolución Fiscal 2246-2024-MP-FN, norma interna del Ministerio Público que, según el Congreso, contravenía la Ley 32130, la cual otorga a la Policía Nacional un rol operativo predominante en las investigaciones preliminares. Los impulsores de la sanción señalaron que dicha actuación alteraba el equilibrio institucional.

Durante su defensa, Delia Espinoza rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una “venganza política” promovida por sectores investigados por la Fiscalía. Asimismo, sostuvo que la disposición cuestionada respondió a criterios técnicos orientados a preservar la autonomía del Ministerio Público.

La inhabilitación recibió el respaldo mayoritario de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, además de sectores de Perú Libre y Juntos por el Perú. Organizaciones civiles y especialistas han cuestionado la objetividad del proceso, señalando que varios congresistas que votaron a favor mantienen investigaciones fiscales en curso.

Tras la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano, Espinoza quedó impedida de ejercer cargos públicos hasta 2035. Su defensa anunció acciones legales ante el Poder Judicial y organismos internacionales, mientras persiste el debate sobre el impacto de esta decisión en la independencia del sistema de justicia y la estabilidad institucional del país.