En una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), ocho trabajadores mineros secuestrados por una organización criminal fueron rescatados en una bocamina del sector Los Alisos, en el centro poblado de Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, región La Libertad. La intervención, denominada “Impacto”, se ejecutó tras varios días de labores de inteligencia que permitieron ubicar el lugar donde permanecían retenidos.

Durante el operativo se produjo un intenso enfrentamiento armado, luego de que los delincuentes abrieran fuego contra las fuerzas del orden para impedir el rescate. Como resultado, cuatro militares resultaron heridos de bala y fueron evacuados de emergencia al Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, en Lima, donde permanecen estables, según el último reporte médico.

Este nuevo episodio refleja la grave crisis de seguridad que enfrenta Pataz, una de las provincias más afectadas por la minería ilegal y el crimen organizado. Las bandas que operan en la zona utilizan armamento de largo alcance y recurren al secuestro y la extorsión para consolidar su control sobre las bocaminas con alta producción de oro.

Pese al rescate, pobladores y representantes del sector minero han expresado su preocupación por la persistencia de la violencia, a pesar de los sucesivos estados de emergencia decretados en la provincia. El sector Los Alisos es considerado uno de los puntos más críticos por la disputa territorial entre organizaciones criminales.

El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior informaron que las operaciones en Pataz continuarán de manera sostenida hasta desarticular a las bandas delictivas que mantienen en zozobra a la región. En tanto, los ocho trabajadores rescatados reciben atención médica y apoyo psicológico antes de reencontrarse con sus familiares.

La provincia argentina de San Juan, uno de los polos mineros más dinámicos del país vecino, prepara un ambicioso paquete de licitaciones para 2026 que incluye áreas con potencial en uranio y tierras raras, minerales estratégicos para la transición energética y la tecnología global. Según anunció el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), estas convocatorias —que sumarán al menos seis áreas en los primeros meses del año— buscan atraer inversiones extranjeras diversificando la oferta tradicional de cobre y oro, en un contexto de creciente demanda mundial por recursos críticos.

Estos minerales son codiciados por potencias como China, que domina cerca del 90% del procesamiento de tierras raras, e Irán, interesado en uranio para sus programas energéticos. Aunque no hay negociaciones exclusivas confirmadas, expertos destacan que la iniciativa provincial podría posicionar a Argentina como un jugador relevante en el mercado de materiales esenciales para baterías, electrónica y energía nuclear, complementando su liderazgo en litio.

El plan se enmarca en la política de apertura minera del gobierno de Javier Milei, con incentivos como el RIGI atrayendo capitales diversos. Sin embargo, analistas advierten que el verdadero boom para Argentina en 2026 se espera en litio y cobre, mientras uranio y tierras raras permanecen en fase exploratoria, con debates sobre impactos ambientales y beneficios económicos para las comunidades locales. Esta estrategia busca consolidar al país como potencia minera sudamericana, compitiendo con vecinos como Chile y Perú en un escenario geopolítico cada vez más disputado.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), liderado por Denisse Miralles, alista un Decreto de Urgencia —a evaluarse en Consejo de Ministros entre el 29 y 30 de diciembre de 2025— que habilita a ProInversión para dirigir la reorganización patrimonial de Petroperú. El borrador contempla la escisión de la empresa en bloques de activos, incluyendo la Refinería de Talara (con deudas superiores a US$5.500 millones), para atraer inversión privada mediante concesiones o asociaciones público-privadas, sin venta total de la compañía. La ministra insiste en que el objetivo es hacerla viable y autosostenible, descartando nuevos rescates estatales tras inyecciones por S/17.888 millones (2022-2024) y US$900 millones en garantías solo en 2025.

Técnicamente, la medida incorpora a Petroperú al marco del Decreto Legislativo 674 (usado históricamente para privatizaciones), otorgando a ProInversión facultades vinculantes para decisiones estratégicas, con plazos de ejecución de cinco días para el directorio actual. Analistas destacan que esta escisión podría replicar modelos de los años 90, como la Refinería La Pampilla (hoy de Repsol), al transferir operación de activos no estratégicos a privados para reducir riesgos fiscales, en un contexto de iliquidez crónica y pérdidas acumuladas que superan los US$2.500 millones en el período reciente.

La propuesta genera fuerte rechazo sindical: la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros (Fenpetrol) y otros gremios denuncian una «privatización encubierta», con protestas en San Isidro y Talara, y acusan al MEF de deteriorar la imagen financiera internacional para facilitar el proceso. Expertos advierten que, sin claridad en el cronograma y objetivos operativos, la incertidumbre podría agravar la crisis de solvencia y afectar la seguridad energética nacional.