La protesta bloqueó vías y movilizó a sindicatos y organizaciones sociales. Los dirigentes exigen al Gobierno una respuesta concreta y una mesa de diálogo para atender el costo de los combustibles y otros problemas de Loreto.

Iquitos, 25 de agosto de 2026.- Iquitos inició este martes un paro regional de 48 horas contra el incremento del precio de los combustibles, una medida que generó bloqueos y piquetes en distintos sectores de la ciudad y afectó el tránsito vehicular. La jornada fue convocada por la CGTP Loreto, el sindicato de choferes y otras organizaciones sociales, que reclaman al Gobierno central soluciones frente al encarecimiento de los costos que impactan en la población.

El combustible encabeza las demandas

El principal reclamo está relacionado con el precio de los combustibles y sus efectos sobre el transporte y el costo de vida. La dirigencia de la CGTP Loreto cuestiona que las medidas de subsidio planteadas por el Ejecutivo tengan un alcance limitado y demanda un mecanismo que permita reducir efectivamente el precio que pagan los consumidores en la región.

El reclamo se produce después de que el Gobierno aprobara en mayo un subsidio temporal de S/4 por galón de determinados tipos de diésel para transportistas autorizados, como parte de las medidas destinadas a amortiguar el impacto del incremento de los combustibles.

Para los dirigentes loretanos, sin embargo, la respuesta nacional no resuelve el problema que enfrenta la población de Iquitos. La CGTP sostiene que el alto costo del combustible repercute directamente sobre el transporte y, por esa vía, sobre el precio de productos y servicios.

Bloqueos afectan el tránsito

Desde las primeras horas de este martes se instalaron piquetes en diferentes sectores de Iquitos. También se reportó el bloqueo de la carretera Iquitos-Nauta, mientras efectivos de la Policía Nacional fueron desplegados en puntos considerados críticos para restablecer el tránsito.

La protesta fue convocada inicialmente por 48 horas, correspondientes al martes 25 y miércoles 26 de agosto. Los dirigentes han señalado que evaluarán la respuesta del Ejecutivo antes de definir nuevas acciones.

El pliego incluye electricidad y minería ilegal

La protesta no se limita al precio de los combustibles. La plataforma de reclamos también incluye la crisis del servicio eléctrico y el pedido de mayores acciones contra la minería ilegal.

La CGTP Loreto plantea, además, la interconexión de Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional como una alternativa para mejorar el suministro eléctrico. Los dirigentes también demandan medidas frente a la minería ilegal y otros problemas sociales y laborales de la región.

Piden una mesa de diálogo con el Gobierno

Uno de los puntos centrales de la protesta es la exigencia de una comisión del Gobierno con capacidad para adoptar acuerdos y una mesa de diálogo que permita discutir las demandas de Loreto.

Hasta las 11:00 de la mañana de este martes, la dirigencia de la CGTP Loreto afirmó que no había recibido una comunicación oficial de la PCM para instalar dicha mesa.

Mientras tanto, no todos los gremios de transporte respaldan la paralización. La Unión de Gremios de Transporte Nacional Multimodal Perú comunicó que sus organizaciones afiliadas no participarían del paro y que priorizarían una mesa de trabajo prevista para el miércoles en el Gobierno Regional de Loreto.

El miércoles será decisivo

La jornada del miércoles 26 será clave para conocer si el conflicto se encamina hacia el diálogo o si las organizaciones que mantienen el paro optan por ampliar la protesta.

La CGTP Loreto ha advertido que, si no obtiene respuestas concretas del Ejecutivo, podría radicalizar sus medidas. En paralelo, la mesa de trabajo que sostendrán otros gremios de transporte con autoridades regionales será otro espacio para evaluar si el Gobierno logra encauzar el reclamo por el elevado costo de los combustibles.

El problema de fondo trasciende el bloqueo de calles: en Loreto está en discusión cómo enfrentar el impacto de los combustibles sobre el transporte, los precios y el costo de vida, mientras los sectores movilizados reclaman una respuesta estatal que considere las condiciones particulares de la Amazonía.

Espinar, 9 de agosto de 2026.– A 4.500 metros de altura, donde el agua vale más que el mineral, una inversión de US$ 1.800 millones reavivó una disputa de más de diez años. La Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de Coroccohuayco, aprobada el 20 de mayo de 2026 por el SENACE mediante la Resolución Directoral N.° 00079-2026-SENACE-PE/DEAR, no cerró el debate: lo intensificó. El proyecto de Compañía Minera Antapaccay S.A. (Glencore) busca elevar la producción del clúster a 300.000 toneladas de cobre anuales y extender la operación hasta 2040, pero las comunidades de Pallpata, Condoroma, Ocoruro y Alto Pichigua ven en esta aprobación una nueva etapa de un litigio sin resolver.

Coroccohuayco se ubica a 10 kilómetros de la operación actual de Antapaccay, dentro del complejo minero Antapaccay–Tintaya, y contempla tajo abierto, labores subterráneas, modificaciones en los tajos norte y sur de Tintaya, ampliación de botaderos y reactivación de componentes existentes. Glencore destaca que la integración permitirá aprovechar infraestructura existente y evitar una nueva planta concentradora. Los números que maneja la empresa son contundentes: más de 4.500 empleos directos actualmente, compras locales superiores a S/ 300 millones en Espinar durante 2024, con un 39% de componente local, y una demanda creciente de operadores, técnicos e ingenieros. Sin embargo, el expediente ambiental y el historial de fiscalización revelan una realidad más compleja.

Para las comunidades, el eje del conflicto no es la inversión: es el agua. Desde la etapa de exploración, comuneros han denunciado la reducción o desaparición de manantes y la aparición de filtraciones vinculadas a perforaciones. En julio de 2021, en una carta dirigida al entonces presidente Francisco Sagasti, reportaron 58 zonas con disminución de caudal o pérdida de manantes y tres áreas de afloramiento de aguas que consideraban potencialmente contaminadas. También denunciaron un túnel desde donde se bombeaba agua hacia camiones mineros, con ruido y afectaciones que, según los comuneros, impactaban en animales y actividades agropecuarias. El propio expediente ambiental reconoce condiciones de suelo predominantemente ácido y una problemática de disponibilidad de agua para riego durante la época seca.

Glencore, por su parte, sostiene que utiliza principalmente agua reciclada y que, en temporada seca, recurre a sumideros para extraer agua. Kalidas Madhavpeddi, presidente del Consejo de Administración, afirmó en 2024 que las comunidades cercanas usan agua de manantial y que, desde la perspectiva de la empresa, no existe relación entre esas fuentes y el agua utilizada por la mina. La compañía también afirma que la calidad del aire es monitoreada constantemente y reportada al Gobierno. Pero entre ambas versiones contrapuestas, hay un organismo de fiscalización que ha documentado problemas concretos.

Entre 2022 y 2023, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) identificó impactos vinculados con agua, aire y vegetación: líquidos procedentes del Botadero Sur que alcanzaban el río Chalchamayo; niveles de toxicidad en el río Ccoloyo que afectaban la vida acuática; concentraciones elevadas de molibdeno, sulfatos y cobre en vegetación utilizada para alimentar ganado; y superaciones de los estándares ambientales para PM10 en localidades evaluadas. El historial sancionador es extenso: entre 2015 y 2021 se registraron 15 resoluciones de sanción contra Antapaccay, cinco de ellas con multas que sumaron S/ 382.663.

Las decisiones más recientes son las que mayor peso tienen en el debate actual. En 2025 y 2026, el OEFA emitió resoluciones que establecieron responsabilidades administrativas y medidas correctivas. Una de ellas impuso una multa de aproximadamente S/ 5,57 millones por no aplicar medidas destinadas a reducir el impacto del material particulado sobre la flora y fauna de la comunidad de Alto Huarca. El dato es revelador: la discusión sobre Coroccohuayco no ocurre sobre un territorio ambientalmente neutro, sino sobre una zona donde la autoridad fiscalizadora ya ha encontrado impactos, incumplimientos y responsabilidades administrativas.

Uno de los puntos más álgidos de la controversia es la delimitación del área de influencia directa del proyecto. Dirigentes de Pallpata sostienen que alrededor de diez comunidades no fueron consideradas dentro de esa categoría en la Segunda Modificación del EIA. La distinción no es menor: ser reconocido como parte del área de influencia determina cómo se identifican los impactos ambientales, sociales, económicos y sanitarios, y qué medidas de prevención, mitigación o compensación pueden exigirse. Este reclamo no es nuevo: desde 2018, representantes de distritos como Chorrillo, Huacroyuta, Huarcapata, Pallpata y Canlletera solicitaron al SENACE y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ser incluidos en el área de influencia directa, argumentando su cercanía con el proyecto.

En enero de 2020, más de una docena de comunidades iniciaron un paro exigiendo la nulidad de la resolución que aprobaba la MEIA y cuestionando, entre otros aspectos, el derecho a la consulta previa. La aprobación de mayo de 2026, lejos de apaciguar los ánimos, reactivó la protesta. El componente de derechos colectivos permanece abierto. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó la culminación del proceso de consulta previa con la comunidad de Huano Huano, con 24 acuerdos alcanzados después de cinco años de diálogo. Pero otro proceso judicial arrojó un resultado en sentido contrario.

En enero de 2025, la Sala Mixta de Canchis de la Corte Superior de Justicia del Cusco determinó que Antapaccay y el Estado habían vulnerado derechos fundamentales de la comunidad campesina de Huisa relacionados con consulta previa, territorio y autodeterminación. La sentencia no anuló las concesiones mineras, pero ordenó una consulta posterior. Mientras tanto, una acción constitucional presentada por comuneros de Espinar sufrió sucesivas reprogramaciones judiciales entre 2025 y 2026. La justicia, al igual que la administración ambiental, no ha logrado cerrar el conflicto.

La investigación revela un elemento que suele perderse en las narrativas polarizadas: Antapaccay tiene una presencia económica y social significativa en Espinar. Además del empleo y las compras locales, la empresa desarrolla programas sociales. En febrero de 2026 entregó nueve toneladas de compost a la comunidad campesina de Anta Ccollana para apoyar la producción de papa y forraje. Estos programas son valorados por sectores de la población y forman parte de una relación económica construida durante años de operación. Por eso Espinar enfrenta una paradoja difícil de resolver: la misma actividad que representa empleo, ingresos y oportunidades económicas también está asociada a denuncias, sanciones y un conflicto socioambiental que no cede.

Los impactos denunciados abarcan otros componentes. En materia de aire, los informes mencionados registran superaciones de PM10. En el suelo se han señalado procesos de degradación y presencia de metales. La vegetación utilizada para alimentar ganado también aparece en los reportes ambientales, mientras que las comunidades han denunciado mortandad de animales asociada a filtraciones. La expansión de tajos y botaderos implica, además, una transformación física del territorio altoandino, con reducción de espacios de pastoreo y modificaciones del paisaje. A ello se suma un componente social: las comunidades denuncian que cercos y rejas vinculados a la actividad minera han interrumpido caminos tradicionales y limitado el acceso a determinados espacios de pastoreo y fuentes de agua.

Coroccohuayco representa una apuesta de gran magnitud para Glencore y para el sector minero peruano. Pero los US$ 1.800 millones no responden por sí solos a las preguntas que plantean las comunidades. Tampoco las sanciones ambientales demuestran automáticamente que todos los impactos denunciados sean atribuibles a la expansión proyectada: esa relación debe establecerse técnicamente caso por caso. Lo que sí muestran los antecedentes es que existe un conflicto socioambiental previo, documentado y todavía activo, en un territorio donde organismos públicos han encontrado incumplimientos y donde comunidades cuestionan la delimitación del área de influencia y la protección de sus fuentes de agua.

El desafío para el Estado no consiste solo en garantizar que el proyecto cumpla las exigencias formales de su certificación ambiental. Consiste en lograr que la población perciba que las instituciones ambientales, sanitarias, mineras y judiciales actúan con independencia, transparencia y capacidad efectiva de proteger sus derechos. Porque mientras Coroccohuayco promete más cobre, inversión y empleo, Espinar continúa formulando una pregunta mucho más básica: ¿quién garantiza que el desarrollo minero no termine trasladando sus costos ambientales a quienes viven sobre el territorio? La respuesta determinará si Coroccohuayco consigue algo más difícil que una autorización administrativa: una verdadera licencia social para operar.

Bogotá, 7 de agosto de 2026.– Gustavo Petro culmina hoy su mandato presidencial dejando un legado social que redefine el rumbo de Colombia. Con cifras históricas en reducción de pobreza, desempleo y expansión de derechos, su gobierno demostró que un Estado activo frente a la desigualdad no solo es posible, sino transformador. El primer mandatario de izquierda del país deja una nación con menos millones de colombianos en la indigencia y más oportunidades para quienes históricamente quedaron al margen.

Los números respaldan el cambio. La pobreza monetaria se redujo del 36,6 % en 2022 al 28 % en 2025, sacando a cerca de 1,8 millones de personas de esa condición en el último año medido. La extrema pobreza también cedió terreno hasta el 9,6 %. En el mercado laboral, el desempleo anual cerró en 8,9 % en 2025 —el nivel más bajo desde 2001— y en junio de 2026 alcanzó el 8 %, abriendo un horizonte de estabilidad que muchos colombianos no habían conocido en décadas.

La recuperación del ingreso laboral fue otro pilar fundamental. El salario mínimo ascendió de un millón a 1.423.500 pesos, mientras que la Ley 2466 de 2025 modernizó los derechos laborales al regular jornadas, recargos y contratos de aprendizaje. Estas reformas no solo mejoraron el bolsillo de los trabajadores, sino que sentaron las bases para una economía más inclusiva y con mayor formalidad en los años venideros.

En salud, el giro hacia la prevención marcó la diferencia. Con una inversión de 4,1 billones de pesos, el Gobierno desplegó 10.850 Equipos Básicos de Salud que atendieron a más de 5,5 millones de familias. El resultado fue una reducción de hasta el 55,5 % en la mortalidad por desnutrición, una cifra que traduce políticas públicas en vidas salvadas, especialmente en los territorios más vulnerables del país.

La educación superior dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho amplio. El Ministerio de Educación reportó 425.096 nuevos estudiantes en pregrados públicos, alcanzando el 85 % de la meta de 500.000 cupos. Con el 97 % de ellos cubiertos por la gratuidad, miles de jóvenes de sectores populares y regiones históricamente excluidas accedieron por primera vez a una carrera universitaria, rompiendo cadenas de reproducción de la pobreza.

El campo colombiano también vivió una transformación sin precedentes. Más de 2,28 millones de hectáreas fueron formalizadas y 351.000 entregadas a campesinos, mientras que 806.081 hectáreas se incorporaron al Fondo de Tierras. Este proceso de reforma agraria, el más ambicioso en décadas, devolvió esperanza a comunidades rurales que ahora ven en la tierra no solo un sustento, sino un proyecto de vida digna.

La protección social se extendió con fuerza hacia los adultos mayores. A través de Colombia Mayor, tres millones de personas en situación de vulnerabilidad comenzaron a recibir una transferencia de 230.000 pesos, un ingreso que, aunque no reemplaza una pensión contributiva, representa un colchón de dignidad para quienes construyeron el país sin seguridad social. Es el reconocimiento tangible de que nadie debe envejecer en la indigencia.

Más allá de las estadísticas, el gobierno de Petro logró un cambio cultural: instaló en el centro del debate nacional a los trabajadores informales, los campesinos, los jóvenes de bajos recursos y los territorios olvidados. La desigualdad, la redistribución y el rol del Estado como garante de derechos pasaron de ser discursos marginales a ejes de una agenda que ya no puede ignorarse. Colombia descubrió que otro modelo de desarrollo es posible.

Quedan, claro está, desafíos por delante: la consolidación de la paz, la sostenibilidad fiscal y la profundización del empleo formal requerirán años de esfuerzo colectivo. Pero la semilla está sembrada. El legado de estos cuatro años no se mide solo en puntos porcentuales; se mide en la esperanza de millones de colombianos que hoy miran el futuro con mayor optimismo. Y esa esperanza, en democracia, es el cambio más profundo de todos.