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Coroccohuayco: Glencore no logra cerrar una década de conflicto en Espinar

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Espinar, 9 de agosto de 2026.– A 4.500 metros de altura, donde el agua vale más que el mineral, una inversión de US$ 1.800 millones reavivó una disputa de más de diez años. La Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de Coroccohuayco, aprobada el 20 de mayo de 2026 por el SENACE mediante la Resolución Directoral N.° 00079-2026-SENACE-PE/DEAR, no cerró el debate: lo intensificó. El proyecto de Compañía Minera Antapaccay S.A. (Glencore) busca elevar la producción del clúster a 300.000 toneladas de cobre anuales y extender la operación hasta 2040, pero las comunidades de Pallpata, Condoroma, Ocoruro y Alto Pichigua ven en esta aprobación una nueva etapa de un litigio sin resolver.

Coroccohuayco se ubica a 10 kilómetros de la operación actual de Antapaccay, dentro del complejo minero Antapaccay–Tintaya, y contempla tajo abierto, labores subterráneas, modificaciones en los tajos norte y sur de Tintaya, ampliación de botaderos y reactivación de componentes existentes. Glencore destaca que la integración permitirá aprovechar infraestructura existente y evitar una nueva planta concentradora. Los números que maneja la empresa son contundentes: más de 4.500 empleos directos actualmente, compras locales superiores a S/ 300 millones en Espinar durante 2024, con un 39% de componente local, y una demanda creciente de operadores, técnicos e ingenieros. Sin embargo, el expediente ambiental y el historial de fiscalización revelan una realidad más compleja.

Para las comunidades, el eje del conflicto no es la inversión: es el agua. Desde la etapa de exploración, comuneros han denunciado la reducción o desaparición de manantes y la aparición de filtraciones vinculadas a perforaciones. En julio de 2021, en una carta dirigida al entonces presidente Francisco Sagasti, reportaron 58 zonas con disminución de caudal o pérdida de manantes y tres áreas de afloramiento de aguas que consideraban potencialmente contaminadas. También denunciaron un túnel desde donde se bombeaba agua hacia camiones mineros, con ruido y afectaciones que, según los comuneros, impactaban en animales y actividades agropecuarias. El propio expediente ambiental reconoce condiciones de suelo predominantemente ácido y una problemática de disponibilidad de agua para riego durante la época seca.

Glencore, por su parte, sostiene que utiliza principalmente agua reciclada y que, en temporada seca, recurre a sumideros para extraer agua. Kalidas Madhavpeddi, presidente del Consejo de Administración, afirmó en 2024 que las comunidades cercanas usan agua de manantial y que, desde la perspectiva de la empresa, no existe relación entre esas fuentes y el agua utilizada por la mina. La compañía también afirma que la calidad del aire es monitoreada constantemente y reportada al Gobierno. Pero entre ambas versiones contrapuestas, hay un organismo de fiscalización que ha documentado problemas concretos.

Entre 2022 y 2023, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) identificó impactos vinculados con agua, aire y vegetación: líquidos procedentes del Botadero Sur que alcanzaban el río Chalchamayo; niveles de toxicidad en el río Ccoloyo que afectaban la vida acuática; concentraciones elevadas de molibdeno, sulfatos y cobre en vegetación utilizada para alimentar ganado; y superaciones de los estándares ambientales para PM10 en localidades evaluadas. El historial sancionador es extenso: entre 2015 y 2021 se registraron 15 resoluciones de sanción contra Antapaccay, cinco de ellas con multas que sumaron S/ 382.663.

Las decisiones más recientes son las que mayor peso tienen en el debate actual. En 2025 y 2026, el OEFA emitió resoluciones que establecieron responsabilidades administrativas y medidas correctivas. Una de ellas impuso una multa de aproximadamente S/ 5,57 millones por no aplicar medidas destinadas a reducir el impacto del material particulado sobre la flora y fauna de la comunidad de Alto Huarca. El dato es revelador: la discusión sobre Coroccohuayco no ocurre sobre un territorio ambientalmente neutro, sino sobre una zona donde la autoridad fiscalizadora ya ha encontrado impactos, incumplimientos y responsabilidades administrativas.

Uno de los puntos más álgidos de la controversia es la delimitación del área de influencia directa del proyecto. Dirigentes de Pallpata sostienen que alrededor de diez comunidades no fueron consideradas dentro de esa categoría en la Segunda Modificación del EIA. La distinción no es menor: ser reconocido como parte del área de influencia determina cómo se identifican los impactos ambientales, sociales, económicos y sanitarios, y qué medidas de prevención, mitigación o compensación pueden exigirse. Este reclamo no es nuevo: desde 2018, representantes de distritos como Chorrillo, Huacroyuta, Huarcapata, Pallpata y Canlletera solicitaron al SENACE y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ser incluidos en el área de influencia directa, argumentando su cercanía con el proyecto.

En enero de 2020, más de una docena de comunidades iniciaron un paro exigiendo la nulidad de la resolución que aprobaba la MEIA y cuestionando, entre otros aspectos, el derecho a la consulta previa. La aprobación de mayo de 2026, lejos de apaciguar los ánimos, reactivó la protesta. El componente de derechos colectivos permanece abierto. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó la culminación del proceso de consulta previa con la comunidad de Huano Huano, con 24 acuerdos alcanzados después de cinco años de diálogo. Pero otro proceso judicial arrojó un resultado en sentido contrario.

En enero de 2025, la Sala Mixta de Canchis de la Corte Superior de Justicia del Cusco determinó que Antapaccay y el Estado habían vulnerado derechos fundamentales de la comunidad campesina de Huisa relacionados con consulta previa, territorio y autodeterminación. La sentencia no anuló las concesiones mineras, pero ordenó una consulta posterior. Mientras tanto, una acción constitucional presentada por comuneros de Espinar sufrió sucesivas reprogramaciones judiciales entre 2025 y 2026. La justicia, al igual que la administración ambiental, no ha logrado cerrar el conflicto.

La investigación revela un elemento que suele perderse en las narrativas polarizadas: Antapaccay tiene una presencia económica y social significativa en Espinar. Además del empleo y las compras locales, la empresa desarrolla programas sociales. En febrero de 2026 entregó nueve toneladas de compost a la comunidad campesina de Anta Ccollana para apoyar la producción de papa y forraje. Estos programas son valorados por sectores de la población y forman parte de una relación económica construida durante años de operación. Por eso Espinar enfrenta una paradoja difícil de resolver: la misma actividad que representa empleo, ingresos y oportunidades económicas también está asociada a denuncias, sanciones y un conflicto socioambiental que no cede.

Los impactos denunciados abarcan otros componentes. En materia de aire, los informes mencionados registran superaciones de PM10. En el suelo se han señalado procesos de degradación y presencia de metales. La vegetación utilizada para alimentar ganado también aparece en los reportes ambientales, mientras que las comunidades han denunciado mortandad de animales asociada a filtraciones. La expansión de tajos y botaderos implica, además, una transformación física del territorio altoandino, con reducción de espacios de pastoreo y modificaciones del paisaje. A ello se suma un componente social: las comunidades denuncian que cercos y rejas vinculados a la actividad minera han interrumpido caminos tradicionales y limitado el acceso a determinados espacios de pastoreo y fuentes de agua.

Coroccohuayco representa una apuesta de gran magnitud para Glencore y para el sector minero peruano. Pero los US$ 1.800 millones no responden por sí solos a las preguntas que plantean las comunidades. Tampoco las sanciones ambientales demuestran automáticamente que todos los impactos denunciados sean atribuibles a la expansión proyectada: esa relación debe establecerse técnicamente caso por caso. Lo que sí muestran los antecedentes es que existe un conflicto socioambiental previo, documentado y todavía activo, en un territorio donde organismos públicos han encontrado incumplimientos y donde comunidades cuestionan la delimitación del área de influencia y la protección de sus fuentes de agua.

El desafío para el Estado no consiste solo en garantizar que el proyecto cumpla las exigencias formales de su certificación ambiental. Consiste en lograr que la población perciba que las instituciones ambientales, sanitarias, mineras y judiciales actúan con independencia, transparencia y capacidad efectiva de proteger sus derechos. Porque mientras Coroccohuayco promete más cobre, inversión y empleo, Espinar continúa formulando una pregunta mucho más básica: ¿quién garantiza que el desarrollo minero no termine trasladando sus costos ambientales a quienes viven sobre el territorio? La respuesta determinará si Coroccohuayco consigue algo más difícil que una autorización administrativa: una verdadera licencia social para operar.

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Dengue en Lambayeque supera los 4 mil casos y avanza vacunación

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Chiclayo, 3 de septiembre de 2026.- Lambayeque enfrenta un nuevo escenario de presión sanitaria por el dengue: la Gerencia Regional de Salud reporta 3,375 casos confirmados, mientras un reporte epidemiológico con corte al 27 de agosto contabiliza 4,319 casos entre confirmados y probables y nueve fallecidos. En paralelo, la campaña de vacunación escolar contra la enfermedad alcanza 3,987 dosis aplicadas en sus primeras dos semanas.

Chiclayo concentra la mayor cantidad

De acuerdo con la Geresa, Chiclayo registra la mayor incidencia, con cerca de mil casos confirmados, seguido por La Victoria. La situación también alcanza a Motupe, Olmos, Jayanca y Oyotún, distritos donde las autoridades han reportado brotes y desplegado brigadas de prevención y control.

El reporte publicado por Correo muestra una dimensión mayor del problema: 4,319 casos acumulados hasta el 27 de agosto, de los cuales 3,374 eran confirmados y 945 probables. El mismo reporte contabilizó nueve fallecimientos y hasta 32 pacientes hospitalizados durante el pico registrado entre el 17 y 19 de agosto.

La diferencia entre las cifras responde a los distintos cortes y criterios de clasificación utilizados en los reportes. Por ello, la cifra más reciente comunicada por la Geresa corresponde a los casos confirmados al 2 de septiembre, mientras que el reporte de 4,319 incluye también casos probables y tiene un corte anterior.

Mosquito y sancudos que transmite el dengue se expande en el litoral del norte peruano

El calor favorece al mosquito

La expansión del dengue ocurre en un contexto climático adverso. El 7 de agosto, Pasabar, en Olmos, alcanzó los 37.3 °C, mientras Motupe llegó a 35.5 °C y Jayanca a 35 °C, registros particularmente elevados para el invierno.

Las temperaturas altas generan condiciones favorables para el ciclo reproductivo del Aedes aegypti, vector del dengue. La Geresa ya había advertido que el calor y la posibilidad de lluvias podían impulsar nuevamente la curva de contagios.

Pero el factor climático no explica por sí solo la persistencia de la enfermedad. El almacenamiento de agua en recipientes que no permanecen correctamente tapados puede convertirse en criadero del mosquito, especialmente en zonas con dificultades de abastecimiento continuo.

Vacunación alcanza 12 %

Frente a este escenario, la campaña de vacunación dirigida a menores de 10 a 16 años registra 3,987 dosis aplicadas en Chiclayo, La Victoria y Motupe, equivalente a un avance del 12 % durante las primeras dos semanas.

La vacuna es gratuita y requiere dos dosis. La segunda debe administrarse tres meses después de la primera. La estrategia incluye intervenciones en colegios y jornadas de información dirigidas a los padres, cuya autorización es necesaria para inmunizar a los menores.

El Ministerio de Salud distribuyó previamente 199,892 dosis de la vacuna contra el dengue a cinco regiones priorizadas, entre ellas Lambayeque, debido a su elevada carga de casos.

El desafío está fuera de los colegios

La vacunación representa una nueva herramienta de prevención, pero no sustituye las medidas destinadas a eliminar los criaderos del mosquito. En agosto, el Minsa informó que más de 16 mil viviendas de la provincia de Lambayeque serían intervenidas mediante acciones de control larvario.

El desafío para las autoridades será sostener simultáneamente la vacunación, la vigilancia epidemiológica, el control del vector y la atención oportuna de los pacientes. Con temperaturas superiores a las habituales en la costa norte, cualquier relajamiento de estas acciones puede favorecer nuevos contagios.

Para las familias, la prevención continúa siendo decisiva: eliminar recipientes que acumulen agua, mantener correctamente tapados los depósitos y permitir el ingreso del personal sanitario identificado son medidas esenciales. Ante síntomas compatibles con dengue, la recomendación sanitaria es acudir oportunamente a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.

El problema que enfrenta Lambayeque ya no puede observarse únicamente como un brote localizado. El crecimiento de los casos, la presencia del vector en gran parte del territorio y las condiciones climáticas constituyen un escenario que exige una respuesta sostenida del Estado y una participación activa de la población.

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El Niño pone en alerta a 893 distritos: Ejecutivo declara emergencia por 60 días ante riesgo de lluvias intensas

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La medida alcanza a 22 departamentos y el Callao. ENFEN advierte que existe al menos 62% de probabilidad de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

Lima, 1 de setiembre de 2026.- El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 893 distritos de 154 provincias, ubicados en 22 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao, ante el peligro inminente generado por intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, publicado el 1 de septiembre en el diario oficial El Peruano.

Una emergencia de alcance nacional

La declaratoria comprende Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además del Callao. La norma establece que las jurisdicciones involucradas presentan un “muy alto riesgo” que requiere intervenciones inmediatas de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación.

La decisión no responde únicamente a una previsión meteorológica. El expediente técnico utilizado por el Ejecutivo incorpora informes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

El riesgo climático aumenta

La advertencia más reciente de ENFEN eleva el nivel de preocupación. En su Comunicado Oficial N.° 15-2026, publicado el 28 de agosto, la comisión mantiene la Alerta de El Niño Costero y estima una probabilidad igual o superior al 62% de que alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para febrero y marzo de 2027, el escenario más probable se ubica entre fuerte y extraordinario.

El organismo científico también advierte que entre septiembre y noviembre las temperaturas del aire permanecerían muy por encima de lo normal en toda la costa, con alta probabilidad de nuevos récords. Para la costa norte se prevén precipitaciones superiores a lo normal, mientras que durante el verano de 2027 las lluvias podrían superar sus valores habituales en la costa norte, costa central y sierra noroccidental.

El verano será el periodo crítico

El vocero de ENFEN, Luis Vásquez Espinoza, señaló que, si el evento alcanza una condición extraordinaria, la temperatura superficial del mar podría presentar anomalías superiores a 3,5 °C entre septiembre y enero. El periodo de mayor impacto de las lluvias intensas se proyecta para el verano, particularmente en la costa norte y la sierra noroccidental.

La dimensión del riesgo también plantea un desafío para la infraestructura pública, la agricultura, el transporte y los servicios básicos. Desbordes de ríos, inundaciones, huaicos y movimientos en masa podrían afectar poblaciones y medios de vida en territorios previamente identificados como vulnerables. Por ello, la declaratoria busca intervenir antes de que el peligro se convierta en desastre.

¿Qué podrán hacer las autoridades?

Durante los 60 días de vigencia, los gobiernos regionales y locales deberán ejecutar las medidas de excepción necesarias para reducir el muy alto riesgo existente. Estas acciones deben guardar una relación directa con el peligro que sustenta la declaratoria y podrán comprender actividades de prevención, respuesta y rehabilitación.

INDECI tendrá a su cargo la coordinación técnica y el seguimiento de las acciones, con participación de diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social.

La emergencia también pone a prueba la capacidad del Estado

El punto crítico ahora no es solamente la declaratoria, sino la capacidad de convertirla en acciones concretas antes de la temporada de mayor impacto. La propia norma establece que las intervenciones deberán ejecutarse con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades comprendidas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Para Pulso27, el dato central es que el Estado dispone ahora de un periodo limitado para reducir vulnerabilidades que ya han sido identificadas técnicamente. Con ENFEN proyectando un escenario extraordinario para los próximos meses, la eficacia de la respuesta dependerá menos de nuevas declaraciones y más de la rapidez con que gobiernos regionales, municipios y sectores nacionales conviertan los diagnósticos de riesgo en obras, limpieza de cauces, protección de infraestructura y medidas efectivas para proteger a la población y sus medios de vida.

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Perú registra temperaturas récord en agosto: SENAMHI alerta sobre valores no vistos en décadas

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Las temperaturas máximas superan registros de anteriores eventos El Niño en varias regiones de la costa. Puno y Pasco también reportan valores excepcionales.

Lima, 27 de agosto de 2026.- El Perú viene registrando durante agosto de 2026 temperaturas diurnas excepcionalmente altas, con nuevos récords en distintas regiones del país, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

En la costa, las temperaturas máximas registradas en Piura, Tumbes, La Libertad, Lima y Tacna han superado valores alcanzados durante episodios de El Niño de 1997, 2016 y 2023, según la información difundida por SENAMHI y el Ministerio del Ambiente.

El escenario se extiende también fuera de la costa. En la sierra de Puno se alcanzaron temperaturas de hasta 20,6 °C, mientras que en la selva de Pasco llegaron a 28,8 °C. De acuerdo con el reporte difundido, se trata de valores que no se registraban desde hace 61 y 51 años, respectivamente.

Un escenario que requiere seguimiento

Los registros se producen en un contexto de condiciones cálidas que ya habían sido advertidas por el sistema de monitoreo climático nacional.

El ENFEN informó en mayo que era probable la persistencia de El Niño Costero hasta febrero de 2027, con una magnitud entre débil y moderada, mientras que en la costa se esperaba que las temperaturas del aire permanecieran por encima de sus valores climatológicos debido al calentamiento del mar.

El Ministerio del Ambiente recuerda que los episodios de El Niño pueden generar incrementos de la temperatura del aire en las zonas costeras próximas al mar calentado, además de alterar otros patrones atmosféricos y climáticos.

Los nuevos registros no significan, por sí solos, que el país esté enfrentando un evento El Niño de igual magnitud que 1997-1998. La comparación corresponde específicamente a registros de temperatura, por lo que debe evitarse equiparar automáticamente ambos escenarios.

El dato que debe seguirse

La magnitud de los récords plantea un desafío para sectores sensibles al calor, entre ellos agricultura, salud, disponibilidad de agua y actividades económicas, especialmente en las zonas donde las temperaturas se mantienen por encima de sus valores habituales.

La evolución de estas condiciones será determinante para establecer si se trata de episodios puntuales o de una tendencia sostenida durante las próximas semanas.

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