Nasca, 3 de agosto 2026.- Una avioneta Cessna 208B Grand Caravan de la empresa Aerodiana se estrelló el 1 de agosto en el sector Pueblo Viejo, distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca (Ica), mientras realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nazca. El accidente dejó un saldo de 13 fallecidos: 11 turistas extranjeros —siete italianos, dos alemanes y dos españoles— y dos tripulantes peruanos, el piloto y el copiloto, sin que se registraran sobrevivientes.

De acuerdo con la información preliminar, la aeronave había despegado desde Pisco con destino a la ruta turística de las Líneas de Nazca. Durante el vuelo, la tripulación reportó una emergencia por posibles problemas mecánicos y, minutos después, se perdió toda comunicación con la aeronave, que terminó impactando contra el terreno.

Las primeras diligencias apuntan a determinar si una falla mecánica fue el factor desencadenante del siniestro. Peritos especializados analizan los restos de la aeronave y la documentación técnica de mantenimiento y operación para establecer las causas del accidente, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Como medida inmediata, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suspendió las operaciones de Aerodiana y dispuso una investigación técnica con participación de las autoridades aeronáuticas del Perú, además de organismos especializados de Italia, España y Alemania, países de origen de las víctimas, así como representantes del fabricante de la aeronave.

La tragedia constituye uno de los accidentes aéreos con mayor repercusión de los últimos años en el circuito turístico de Nasca. Además del impacto humano, el hecho plantea nuevos cuestionamientos sobre los estándares de seguridad de los vuelos turísticos y podría afectar temporalmente la confianza de visitantes nacionales y extranjeros en uno de los principales destinos turísticos del país.

Lima, 30 de julio 2026.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por el expresidente Ollanta Humala y anuló la totalidad del proceso penal seguido en su contra por el delito de lavado de activos agravado. Con cinco votos a favor y dos en contra, el máximo intérprete de la Constitución dejó sin efecto las investigaciones preliminares iniciadas en 2019, las resoluciones judiciales emitidas durante el proceso y la sentencia de 15 años de prisión dictada en abril de 2025, ordenando además el archivo definitivo del caso.

La decisión del TC se sustenta en que durante el proceso se vulneraron los principios constitucionales de legalidad y tipicidad, al haberse aplicado una figura penal que no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos investigados. Según la sentencia, los presuntos aportes de origen ilícito destinados a las campañas presidenciales de 2006 y 2011, atribuidos principalmente a Odebrecht, OAS y presuntamente a Venezuela, no podían ser procesados como lavado de activos bajo la modalidad de receptación patrimonial, debido a que esta fue incorporada al ordenamiento jurídico recién en noviembre de 2016.

El colegiado precisó que la legislación vigente en la época de los hechos exigía la existencia de operaciones más complejas para configurar el delito de lavado de activos, como las etapas de colocación, estratificación e integración del dinero ilícito. Asimismo, sostuvo que durante el proceso no se acreditó de manera suficiente que Humala tuviera conocimiento del origen ilícito de los recursos ni la existencia de un delito precedente claramente determinado.

Como consecuencia del fallo, la Fiscalía deberá archivar de manera definitiva la investigación respecto al exmandatario, mientras que el juzgado competente deberá resolver de inmediato su situación jurídica una vez reciba la notificación oficial. La defensa de Humala, encabezada por el abogado Wilfredo Pedraza, señaló que la excarcelación dependerá únicamente de trámites administrativos ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por lo que su salida del penal de Barbadillo podría concretarse en las próximas horas o días.

La sentencia contó con los votos en contra de los magistrados Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez, quienes consideraron que el Tribunal Constitucional no debía intervenir cuando el proceso penal aún se encontraba en etapa de apelación. Ambos sostuvieron que corresponde a la justicia ordinaria determinar la correcta calificación jurídica de los hechos y resolver las controversias planteadas en el expediente.

El fallo no constituye una absolución sobre el fondo del caso ni implica que el Tribunal haya descartado la existencia de aportes irregulares a las campañas electorales de Humala. La resolución únicamente establece que esos hechos no podían ser perseguidos bajo el tipo penal de lavado de activos aplicado por la Fiscalía. En ese contexto, la defensa de Nadine Heredia —quien permanece asilada en Brasil— y otros coprocesados podrían solicitar que el mismo criterio constitucional sea extendido a sus respectivos casos.

La decisión del Tribunal Constitucional marca un nuevo precedente en los procesos vinculados al financiamiento de campañas políticas, al reforzar el criterio adoptado anteriormente en el denominado «Caso Cócteles», relacionado con Keiko Fujimori. Mientras algunos sectores consideran que la sentencia fortalece el respeto al principio de legalidad y evita la aplicación retroactiva de normas penales, otros advierten que podría debilitar la lucha contra la corrupción y afectar diversos procesos derivados del caso Lava Jato, reavivando además el debate político y jurídico sobre la responsabilidad penal por el financiamiento ilícito de organizaciones políticas.

Huancavelica, 1 de julio 2026.- La corrupción vuelve a golpear a la institución encargada de combatir el delito. En Huancavelica, un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue condenado por cobrar cupos de apenas S/ 100 a postulantes de una escuela policial a cambio de entregarles las respuestas de los exámenes de admisión, conocidas popularmente como «las fijas». El caso ha generado una ola de indignación al evidenciar que prácticas ilícitas pueden infiltrarse desde el mismo proceso de selección de quienes aspiran a vestir el uniforme policial.

De acuerdo con la investigación fiscal y las pruebas valoradas por el Poder Judicial, el oficial aprovechó su posición para ofrecer información privilegiada a cambio de dinero, favoreciendo irregularmente a determinados postulantes. La sentencia confirma que el sistema de admisión fue vulnerado mediante actos de corrupción que atentaron contra los principios de igualdad, mérito y transparencia que deben regir el ingreso a la institución policial.

Aunque el monto exigido por cada postulante era relativamente bajo, especialistas advierten que el verdadero impacto del delito trasciende el aspecto económico. Permitir que personas accedan a una vacante mediante fraude debilita la calidad de la formación policial y pone en riesgo la confianza ciudadana en una institución que enfrenta permanentes cuestionamientos por casos de corrupción y abuso de autoridad.

El caso también reabre el debate sobre los mecanismos de control interno y supervisión en las escuelas policiales del país. Diversos sectores consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora para prevenir la filtración de exámenes y sancionar oportunamente a los responsables. La reiteración de este tipo de hechos demuestra que las redes de corrupción continúan encontrando espacios para operar, incluso en procesos considerados estratégicos para la seguridad nacional.

La condena contra el comandante representa un precedente importante, pero también evidencia que el problema está lejos de resolverse. Organizaciones civiles y expertos en seguridad sostienen que no basta con castigar a los responsables cuando los delitos ya fueron cometidos; resulta indispensable fortalecer los sistemas de selección, implementar controles tecnológicos más rigurosos y garantizar investigaciones independientes. Mientras la corrupción siga contaminando el ingreso a la PNP, continuará debilitándose la legitimidad de una institución que debería inspirar confianza y representar el primer frente de lucha contra la delincuencia.