El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, enfrenta una nueva controversia tras revelarse que su gestión utilizó fondos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para adquirir productos gourmet, como caviar rojo, y destinar millonarios recursos a consultorías legales extranjeras. Las denuncias, respaldadas por facturas y reportes periodísticos, han generado indignación ciudadana y cuestionamientos sobre el uso de dinero público en un contexto de promesas de austeridad y transparencia.

Según una investigación de Latina Noticias, en enero de 2023, la MML gastó S/1,765 de la caja chica municipal en alimentos premium para “almuerzos protocolares” de la alcaldía. Entre los productos adquiridos por la comercializadora Valdimar en Miraflores destacan S/360 por un kilogramo de “ovas de salmón” (caviar rojo), S/500 por cinco kilos de salmón, S/378 por pulpa de cangrejo, langostinos, pulpo y conchas, y S/527 por seis kilos de lenguado. Estas compras contradicen las afirmaciones de López Aliaga, quien el 2 de mayo de 2025, en un evento en Huaycán, aseguró haber pagado de su bolsillo. “Eso lo he pagado con mi plata y no es caviar, es huevera. El caviar es caro”, afirmó, insistiendo en que optó por productos más económicos para sus invitados, como embajadores. Sin embargo, Latina Noticias confirmó que los fondos eran municipales, desmintiendo al alcalde.

El escándalo del caviar se suma a otras acusaciones de malversación. Reportes de Infobae y Hildebrandt en sus trece señalan que la MML destinó S/8.6 millones a consultorías legales extranjeras, incluyendo S/1.8 millones a la firma colombiana Inkerlink SAS y contratos con bufetes como K&L Gates y Foley Hoag LLP, para enfrentar conflictos con la concesionaria Rutas de Lima. Estos gastos han sido criticados por su elevado costo y falta de resultados tangibles, especialmente porque López Aliaga prometió prohibir este tipo de contrataciones durante su campaña. Además, se cuestiona el uso de S/80 millones anuales en ollas comunes, que, según denuncias en plataformas como X, serían una estrategia para comprar votos de cara a una posible candidatura presidencial en 2026. Representantes de ollas comunes han reportado abandono municipal y el cierre del banco de alimentos, incumpliendo el compromiso de destinar el 10% del presupuesto a este programa.

Otros gastos controversiales incluyen S/22 millones en la compra de 400 motos y congeladoras a sobreprecio, percibidos como maniobras electorales. Estos señalamientos se producen en un contexto de alta desaprobación: según una encuesta de Ipsos, el 64% de limeños desaprueba la gestión de López Aliaga, quien también enfrenta un proceso por presunto lavado de activos. La ONG Manuela Ramos ha anunciado acciones legales contra el alcalde por acusaciones infundadas de robo, mientras usuarios en X, como @IDL_Gorriti, lo tildan de “vividor del Estado”.

El gerente municipal, Óscar Lozán, calificó la compra de alimentos gourmet como “un error corregido de inmediato” por desconocimiento de la política de austeridad, pero no abordó las consultorías ni otros gastos. Por su parte, López Aliaga ha defendido algunos desembolsos, como las consultorías, argumentando que son necesarios para combatir la corrupción de empresas como Odebrecht. Sin embargo, la falta de transparencia y las contradicciones han intensificado las críticas, mientras su equipo digital, señalado como una “granja de troles”, no ha emitido una defensa clara ante el escándalo.

Con Lima enfrentando problemas como la inseguridad ciudadana y el caos en el Centro Histórico, y un paro nacional convocado por la CGTP para el 14 de mayo, la gestión de López Aliaga está bajo un escrutinio sin precedentes. Las denuncias, respaldadas por documentos y testimonios, plantean serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos en la capital.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), liderada por su secretario general adjunto Gustavo Minaya, ha convocado un paro nacional para el próximo 14 de mayo en respuesta a las políticas del gobierno de Dina Boluarte. La movilización busca exigir el respeto a los derechos laborales, la libertad sindical y mejores condiciones de trabajo, además de demandar la renuncia de la presidenta por su gestión frente a la crisis laboral y social que atraviesa el país.

El anuncio del paro se produce tras las declaraciones de Boluarte por el Día del Trabajador, en las que destacó el supuesto avance en los derechos laborales y el progreso económico. Estas afirmaciones fueron calificadas por Minaya como una “tremenda contradicción” con la realidad, señalando que el Ministerio de Trabajo avala despidos masivos y prácticas antisindicales. “Las empresas están utilizando vacíos legales para despedir a trabajadores sindicalizados y destruir organizaciones”, denunció el dirigente en entrevista con un medio nacional.

La CGTP también criticó la persecución sindical y los despidos colectivos que, según Minaya, son constantes y contradicen el discurso oficial. Entre las demandas del paro, se incluye el aumento de la Remuneración Mínima Vital, la lucha contra la inseguridad ciudadana y el cese de la criminalización de las protestas sociales. “Rechazamos que nos llamen traidores a la patria. Queremos mostrar al mundo la verdadera situación del Perú”, afirmó Manuel Coronado Lino, otro representante de la CGTP, en referencia a la reciente criminalización de manifestaciones pacíficas.

El paro contará con la participación de diversos gremios, incluyendo transportistas, comerciantes, barberos y trabajadores de construcción, quienes se sumarán a las movilizaciones en Lima y otras regiones. En el sur, como en Puno, se espera una marcha de apoyo enfocada en la inseguridad y el rechazo al gobierno. La concentración principal en Lima está prevista para las 4:00 p.m., aunque los puntos exactos no han sido revelados por temor a represalias.

La CGTP, la mayor central sindical del país, busca con esta nueva movilización presionar al gobierno y al Congreso para que atiendan las demandas de los trabajadores y cesen las políticas que, según ellos, vulneran los derechos laborales y profundizan la crisis. “Volveremos a las calles para exigir respeto a los sagrados derechos de los peruanos que construimos riqueza para el sector empresarial”, enfatizó Minaya.

El gobierno aún no ha emitido una respuesta oficial sobre el paro, pero la tensión social aumenta en un contexto marcado por la desaprobación ciudadana hacia Boluarte, que alcanza el 71% según encuesta reciente de Datum, y un Congreso con un 88% de rechazo. La jornada del 14 de mayo se perfila como un momento clave para visibilizar las demandas de los trabajadores peruanos ante la comunidad nacional e internacional.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras las declaraciones del cirujano plástico Mario Cabani, quien confirmó haber recibido US$4,500 en efectivo por cinco intervenciones estéticas realizadas a la mandataria en junio de 2023. En un giro que intensifica las sospechas de irregularidades, Cabani exigió a Boluarte, a través de una carta notarial, que acredite el origen de dichos fondos, desatando un nuevo escándalo que se suma a las investigaciones en curso por presunto abandono de cargo y el caso “Rolexgate”.

El cirujano, quien ha colaborado con la Fiscalía proporcionando documentación que detalla los procedimientos, desmintió la versión inicial de Boluarte, quien afirmó que las cirugías respondían únicamente a motivos de salud. Según Cabani, las intervenciones fueron de carácter estético, y el pago, realizado recientemente, levanta interrogantes sobre la transparencia de los recursos utilizados por la presidenta. Fuentes cercanas al caso, difundidas en plataformas como X, señalan que Boluarte habría solicitado inicialmente que las operaciones se realizaran “fiado”, un hecho que, de confirmarse, agravaría las acusaciones de opacidad financiera.

La controversia se enmarca en un contexto de creciente desconfianza hacia la gestión de Boluarte, quien ya enfrenta críticas por no declarar el origen de relojes Rolex y joyas de lujo en su posesión. La falta de claridad sobre los US$4,500 ha llevado a congresistas de oposición y analistas a cuestionar si estos fondos provienen de ingresos lícitos o si podrían estar vinculados a actividades irregulares.

La Fiscalía, que ya investiga a Boluarte por enriquecimiento ilícito y otros cargos, ha intensificado sus pesquisas para rastrear el origen del dinero. Expertos en derecho penal, como el abogado Carlos Caro, advierten que la mandataria podría enfrentar cargos adicionales si no logra justificar los fondos con ingresos declarados. “El uso de efectivo en estas cantidades, sin un respaldo claro, es una señal de alerta que la Fiscalía no puede ignorar”, señaló Caro.

Mientras tanto, el silencio de Palacio de Gobierno agrava la percepción de secretismo. Hasta el cierre de esta nota, Boluarte no ha respondido públicamente a la solicitud de Cabani ni ha presentado documentación que explique el origen del dinero. En redes sociales, el hashtag #DinaExplica se ha viralizado, reflejando la indignación de un sector de la ciudadanía que exige respuestas en un contexto de inestabilidad política y descrédito institucional.