Lima, 8 de agosto 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori ha desatado un nuevo pulso con los trabajadores del Estado al anunciar acciones de inconstitucionalidad contra cuatro leyes aprobadas en el Congreso anterior. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, confirmó que se impugnarán las normas que otorgan gratificaciones y CTS al régimen CAS, mejoran las pensiones de maestros cesantes, homologan el CAFAE para servidores del régimen 276 en gobiernos regionales y reforman las pensiones de militares y policías. El Ejecutivo sostiene que estas disposiciones ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal.

Sin embargo, la ofensiva no es homogénea. El MEF interpondrá directamente las demandas contra la Ley 32563 (CAS) y la Ley 32424 (CAFAE). En cambio, las impugnaciones a las leyes de pensiones —32581 (maestros) y 32561 (fuerzas armadas y policiales)— ya fueron presentadas por el Colegio de Economistas del Perú, entidad con legitimidad constitucional para actuar en estas materias. El MEF, como ministerio, no figura entre los sujetos habilitados por la Constitución para demandar directamente ante el Tribunal Constitucional.

La ofensiva alcanza a cientos de miles de personas. La Ley 32563 beneficia a más de 350 mil trabajadores CAS con gratificaciones y CTS, pero el Ejecutivo ya reglamentó el pago de forma gradual: este año equivale al 10 % de la remuneración (mínimo S/300) y subirá hasta el 100 % recién en 2030. El Consejo Fiscal estima un costo anual de S/3.000 millones, lo que ha encendido las alarmas en el MEF.

Esta gradualidad ya provocó el primer choque. El Frente Nacional de Trabajadores CAS (con Derechos), que agrupa a más de 40 sindicatos, denuncia que el reglamento desnaturaliza el espíritu de la ley. Su vocera, Mirelly Ticona, ha criticado abiertamente la decisión del Ejecutivo y el gremio ya anunció movilizaciones para exigir el pago íntegro. Para ellos, no es un tema técnico: es el cumplimiento de un derecho ya reconocido.

La segunda norma, la Ley 32581, equipara la pensión de maestros jubilados con la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, unos S/3.300 mensuales. El Consejo Fiscal calcula un impacto anual de S/8.000 millones. El reglamento aún no ha sido aprobado, lo que ha generado reclamos del SUTEP. Su secretario general, Lucio Castro Chipana, ha advertido que sin financiamiento «la norma nace muerta» y ha exigido al Gobierno garantizar el presupuesto.

La tercera controversia es la Ley 32424, que homologa el incentivo CAFAE para administrativos del régimen 276 en regiones, con un costo estimado de S/2.621 millones anuales. Organizaciones como FENTRAGORES, CITE Perú, FENUTTSA y FENSUTACE han sostenido mesas técnicas con el MEF y defienden la homologación. El Congreso modificó en marzo pasado algunos artículos y estableció un nuevo plazo para su reglamentación.

La cuarta norma, la Ley 32561, reordena las pensiones de militares y policías. El Consejo Fiscal estima su impacto en S/46.000 millones en valor presente —compromisos futuros, no un desembolso anual—. Fue aprobada por insistencia del Congreso, tras ser observada por el Ejecutivo, y contó con el impulso del congresista José Cueto, quien la defendió como una reforma de largo plazo.

El MEF insiste en que el Estado no puede asumir compromisos sin respaldo financiero. El ministro Cuba advierte que, sin correctivos, el déficit fiscal podría saltar de 1,8 % a 3 % del PBI desde 2027, con efectos sobre la deuda pública y el riesgo país. Pero los trabajadores plantean otra pregunta: ¿puede hablarse de sostenibilidad cuando el Estado mantuvo durante años regímenes desiguales y funciones permanentes sin los mismos derechos? El caso CAS es paradigmático: fue el expresidente José María Balcázar quien promulgó la ley en marzo de 2026, y ahora el Gobierno fujimorista busca tumbar su constitucionalidad.

El escenario es, así, una batalla por los límites de los derechos laborales y previsionales. El Ejecutivo invoca la responsabilidad fiscal; los sindicatos defienden leyes ya aprobadas y advierten que el equilibrio presupuestario no puede ser excusa para postergar sus reivindicaciones. La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, pero mientras tanto, los gremios ya han dejado claro que no aceptarán que el costo del ajuste recaiga sobre sus derechos. La confrontación, advierten, podría volver a las calles en las próximas semanas.

Lima, 5 de agosto 2026.- El presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ítalo Andrés Díaz Horna, denunció formalmente haber recibido presiones para presentar su renuncia apenas días después del inicio del nuevo Gobierno. En un oficio dirigido al ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, sostiene que funcionarios del Viceministerio de Gestión Ambiental le solicitaron, en tres oportunidades y mediante mensajes de WhatsApp, que deje el cargo, pese a que fue designado por un período legal de cinco años.

En el documento, fechado el 3 de agosto de 2026, Díaz Horna afirma que el pedido carece de motivación y sustento legal, por lo que rechaza presentar su renuncia. Argumenta que la Presidencia del Consejo Directivo del OEFA constituye un cargo de designación o remoción regulada, no de libre remoción, conforme a la Ley del Servicio Civil y a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Asimismo, solicita el cese inmediato de cualquier presión, el respeto a la autonomía institucional del organismo y la adopción de acciones administrativas respecto de los funcionarios involucrados.

El oficio adjunta, además, un informe técnico de SERVIR, una sentencia judicial y capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp que, según el funcionario, respaldan sus afirmaciones. Hasta el momento, el Ministerio del Ambiente no ha informado públicamente si iniciará una investigación interna ni ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el contenido de la comunicación.

La denuncia adquiere relevancia política porque se produce durante la primera semana de gestión del Gobierno que asumió funciones el 28 de julio de 2026. De confirmarse los hechos descritos, el caso podría reabrir el debate sobre los límites de la discrecionalidad política en la administración pública y el respeto a los cargos cuyo período y causales de remoción se encuentran expresamente regulados por ley.

Desde una perspectiva institucional, el episodio plantea interrogantes sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y los organismos técnicos especializados. Si bien todo gobierno tiene la potestad de definir prioridades y conformar equipos en los cargos de confianza, los organismos cuyos titulares cuentan con mandatos legales buscan precisamente garantizar continuidad, autonomía técnica y estabilidad frente a cambios políticos. Cualquier intento de apartar a estos funcionarios fuera del procedimiento establecido podría generar cuestionamientos sobre la seguridad jurídica y la independencia institucional.

El caso también representa una primera prueba para la nueva administración en materia de gobernanza pública. Más allá de la veracidad de las denuncias —que deberá ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes—, la ausencia de una respuesta oficial rápida podría afectar la percepción de transparencia y respeto por el Estado de derecho. El desarrollo de este caso será determinante para evaluar si el nuevo Gobierno privilegia mecanismos institucionales y el debido proceso en la conducción de las entidades públicas.

Lima, 5 de agosto 2026.- El Ejecutivo oficializó este miércoles el Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI, mediante el cual declara en reorganización al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) por un plazo de 120 días calendario. La medida busca evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión de la entidad para proponer las reformas que correspondan.

La decisión ha generado un debate entre especialistas en gestión pública sobre la oportunidad del proceso, considerando que aún se encuentra pendiente la aprobación de la Política General de Gobierno 2026-2031, instrumento que establece las prioridades del Poder Ejecutivo y orienta el diseño de las políticas y acciones de los sectores.

Desde esa perspectiva, algunos analistas sostienen que una reorganización institucional alineada con la Política General de Gobierno facilitaría que las modificaciones organizacionales respondan a objetivos estratégicos previamente definidos. Otros consideran que un diagnóstico anticipado puede contribuir a identificar oportunidades de mejora que posteriormente se articulen con las prioridades gubernamentales.

Otro aspecto que ha sido materia de análisis es el alcance del proceso de reorganización. El decreto dispone la elaboración de un diagnóstico técnico interno, pero no establece mecanismos específicos para recoger aportes de los distintos actores vinculados al sector agrario durante esta etapa.

Diversos especialistas señalan que la participación de productores de la agricultura familiar, agricultores, organizaciones agrarias, juntas de usuarios de riego, cooperativas, agroexportadores, trabajadores agrarios, comerciantes y empresas de la cadena agroalimentaria podría enriquecer el diagnóstico, al incorporar la experiencia de quienes interactúan de manera permanente con los servicios que brinda el ministerio.

La reorganización del MIDAGRI representa una oportunidad para fortalecer la gestión institucional y adecuarla a los desafíos del desarrollo agrario. El principal reto será que las reformas logren combinar eficiencia administrativa, alineamiento con las políticas nacionales y una amplia participación de los actores del sector, con el propósito de consolidar una institución orientada a responder de manera más efectiva a las necesidades del agro peruano.