Puno, julio de 2025. La provincia de Melgar, en la región Puno, vive una crisis ambiental de graves proporciones debido a la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, la única fuente de agua para las comunidades rurales de la zona. Frente a la inacción del Ejecutivo, pobladores de distintos distritos realizaron esta semana una movilización pacífica en la ciudad de Puno para exigir la ejecución de los compromisos asumidos por el Gobierno Central y la declaratoria de emergencia ambiental.

Los manifestantes, encabezados por autoridades locales y dirigentes comunales, señalaron que la contaminación —atribuida a los pasivos mineros de la empresa Aruntani S.A.C.— ha provocado un incremento alarmante en la mortandad de animales, así como la pérdida de cultivos y forraje, pilares de la economía agropecuaria en la provincia.

“El agua que consumen nuestras familias y nuestros animales tiene niveles de acidez altísimos. Esto está matando lentamente nuestra ganadería y nuestra salud”, denunció Marcelino Surco Quispe, presidente del Frente de Defensa de los Recursos Hídricos de la Cuenca Llallimayo.

El alcalde de Melgar, Russell Nilver Mamani, confirmó que los 61 millones de soles comprometidos por el Ejecutivo para la remediación ambiental aún no han sido ejecutados, pese a haberse anunciado hace varios años. “El gobierno nos ha fallado. Nos prometen soluciones pero no hacen nada. La situación es insostenible”, afirmó.

La protesta también se motivó por la inexplicable ausencia de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quienes habían sido convocados a una reunión con los dirigentes comunales para abordar la emergencia. Ante ello, las organizaciones otorgaron un **plazo de cinco días hábiles** para que las autoridades nacionales se trasladen a la provincia de Melgar y sostengan un diálogo en territorio.

De no obtener respuesta, las comunidades han advertido que retomarán una protesta indefinida a fin de visibilizar la situación y presionar al Estado para que cumpla con sus obligaciones.

La cuenca del Llallimayo —ubicada en la zona altoandina de Puno— ha sido afectada durante más de una década por residuos mineros que han contaminado el agua, el suelo y los ecosistemas. Las consecuencias han sido devastadoras: pérdidas económicas irreparables, retroceso en la producción agropecuaria y riesgos crecientes para la salud pública.

Durante la movilización, los pobladores también exigieron la reactivación inmediata de la mesa técnica de la cuenca Llallimayo, que permanece inoperativa, así como un cronograma claro para la ejecución del proyecto de remediación ambiental. “No pedimos limosnas, exigimos justicia ambiental y respeto a nuestros derechos”, enfatizó uno de los dirigentes.

Cusco, 9 de julio de 2025 – Desde finales de junio, mineros artesanales y de pequeña escala mantienen bloqueada la vía conocida como Corredor Minero del Sur, que conecta los departamentos de Cusco, Apurímac y Arequipa, afectando el transporte de minerales de las minas Las Bambas y Hudbay. Las protestas, lideradas por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y Fenamarpe, exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la aprobación de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE).

Los bloqueos se concentran en puntos estratégicos como Chumbivilcas (Cusco), en los kilómetros 37+600 (Capacmarca) y 121 (Chamaca), y en Arequipa, en los kilómetros 619 (Chala, Caravelí) y 782 (Ocoña, Camaná) de la Panamericana Sur. En Apurímac, las interrupciones afectan el acceso a la mina Las Bambas, clave para el 40% de la producción nacional de cobre. Se estima que más de 5,000 mineros participan en Cusco y 500 en Caravelí, generando un impacto significativo en el transporte y la economía regional.

Las demandas de los mineros incluyen una prórroga del Reinfo, cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2025, según el Decreto Supremo N° 012-2025-EM, y una Ley MAPE que facilite la formalización permanente con acceso a tecnologías limpias y financiamiento. Los manifestantes también piden la derogación de concesiones mineras ociosas. En Arequipa, de 16,255 inscritos en el Reinfo, solo 3,852 mantienen registros vigentes, evidenciando las dificultades para la formalización.

El bloqueo ha generado desabastecimiento de combustible y productos esenciales en zonas como Nazca, suspensión de clases presenciales en Arequipa y la paralización de más de 1,000 unidades de transporte de carga, con pérdidas estimadas en S/ 280 millones diarios. Un trágico incidente en Arequipa dejó un conductor fallecido tras caer por un acantilado. La Policía Nacional ha desplegado más de 300 efectivos, pero los bloqueos persisten.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) sostiene que no habrá prórrogas indefinidas del Reinfo y que los mineros no formalizados serán considerados ilegales. Mientras tanto, el Congreso debate un texto sustitutorio de la Ley MAPE, aunque los mineros lo consideran insuficiente. El diálogo entre las partes sigue estancado, y se teme un aumento de la minería ilegal si no se resuelven las demandas.

La situación en el Corredor Minero del Sur continúa generando tensión, afectando la conectividad y el comercio en el sur del país. Las autoridades y los manifestantes buscan una solución que permita equilibrar la formalización minera con el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.

Lima, 9 de julio de 2025 – La reciente aprobación en segunda votación del Proyecto de Ley 7549/2023-C por la Comisión Permanente del Congreso de Perú, que otorga amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa involucrados en presuntas violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000), ha desatado una ola de indignación entre organizaciones de víctimas, afectados por el terrorismo de Estado y defensores de derechos humanos.

La norma, aprobada con 16 votos a favor y 11 en contra, beneficia a personas sin sentencia firme y a mayores de 70 años con condena, siempre que no estén vinculados a delitos de terrorismo o corrupción. Sin embargo, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Amnistía Internacional y asociaciones de víctimas y afectados han calificado la ley como un retroceso grave en la lucha por la justicia y la memoria histórica del país.

Un golpe a la justicia y la verdad

La CNDDHH advirtió que la ley podría dejar en la impunidad más de 150 sentencias y 600 procesos judiciales relacionados con crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. “Esta amnistía es una afrenta a las víctimas y sus familias, que han esperado décadas por justicia. Viola tratados internacionales y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló Ana María Vidal, representante de la CNDDHH.

Violación de compromisos internacionales 

Amnistía Internacional Perú se sumó al rechazo, argumentando que la ley contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados que prohíben amnistías para crímenes de lesa humanidad. “Perú está obligado a garantizar justicia, no a perpetuar la impunidad. Esta norma pone en riesgo los avances logrados en materia de derechos humanos”, afirmó Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

Voces de las víctimas

Asociaciones de víctimas, como la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), han convocado a movilizaciones para exigir que el Ejecutivo vete la ley. “No podemos permitir que se borre la historia de dolor que vivimos. Nuestros desaparecidos merecen justicia, no olvido”, declaró Adelina García, presidenta de ANFASEP.

Mientras la ley espera la promulgación por parte del Ejecutivo, las organizaciones de derechos humanos y víctimas han anunciado acciones legales y campañas de sensibilización para presionar por su rechazo. “No descansaremos hasta que esta ley sea derogada. La memoria de las víctimas y la dignidad del país están en juego”, concluyó Vidal.

Casos emblemáticos como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, símbolos de la lucha contra la impunidad, podrían quedar afectados. “Es una traición a la memoria de nuestros seres queridos. Esta ley protege a los victimarios y reabre las heridas de quienes seguimos buscando verdad y reparación”, expresó Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas de La Cantuta.