En una jornada que parecía sacada de un clásico futbolero, pero con más bastones que pelotas, los jubilados argentinos volvieron a copar las calles porteñas para cantarle unas verdades al gobierno de Javier Milei.La Plaza del Congreso se tiñó de pancartas caseras y cacerolas oxidadas, mientras los abuelos, con más garra que nunca, reclamaban por lo que les pertenece: una jubilación que no los condene a elegir entre remedios o un sánguche. El calor de marzo no los frenó, y menos aún las promesas vacías del Ejecutivo, que parece más interesado en retuitear memes que en resolver problemas reales.

Esta vez, los jubilados no vinieron solos: las hinchadas de los clubes más populares del país, desde Boca hasta Chacarita, se sumaron al reclamo con cánticos que, por primera vez, no apuntaban al árbitro ni al técnico rival, sino directo al ajuste económico. «¡Milei, vos sos la dictadura!», resonaba entre bombos y banderas, mientras esquivaban con agilidad de wing derecho los gases lacrimógenos que Patricia Bullrich, siempre generosa, mandó como souvenir.

La alianza entre abuelos y barras bravas fue tan inesperada como emotiva: quién diría que el fútbol, ese que llena estadios, también podía llenar de solidaridad las calles.

El origen del quilombo no es ningún misterio. Desde que Milei asumió, su paquete de medidas neoliberales ha apretado el cinturón de los más vulnerables hasta dejarlos sin aire. La eliminación de subsidios, la devaluación del peso y el recorte en programas sociales han golpeado duro a los jubilados, cuya mínima no alcanza ni para un paquete de fideos.

La movilidad jubilatoria, ajustada por decreto, se quedó corta frente a una inflación que galopa como potrillo desbocado, mientras los aumentos discrecionales del gobierno apenas sirven para comprar un café. Los abuelos, que trabajaron toda una vida, ahora se ven mendigando migajas en un país donde el «mercado libre» parece liberarlos de todo, menos de la miseria.

La protesta, ya un ritual de los miércoles más concurrido que la cancha de River un domingo, terminó como siempre: con represión, heridos y un patrullero convertido en fogata para un asado que nadie pudo pagar. Los jubilados, esos que según Milei «viven de arriba», se niegan a aceptar que sus haberes se evaporen mientras el Ejecutivo juega a la motosierra con el presupuesto. Y los hinchas, que no tienen un peso pero sí pasión de sobra, dejaron claro que pegarle a los viejos no es tan divertido como una goleada al rival. La bronca no se negocia, y menos con un gobierno que parece jugar en otra liga.

Al final, la jornada dejó más preguntas que respuestas: ¿hasta cuándo seguirán los jubilados marchando con bastones en una mano y dignidad en la otra? ¿Será que las barras bravas se convertirán en los nuevos defensores de los que menos tienen? Lo único claro es que, mientras Milei siga ajustando el torniquete neoliberal, las calles argentinas tendrán más fuego que un superclásico. ¡Qué lindo es el fútbol cuando se juega por los que no tienen ni para la entrada, che!

Cusco enfrenta una jornada de tensión y movilización social tras el inicio de un paro regional de 48 horas, convocado por la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) y diversas organizaciones sociales. La medida, que se desarrolla los días 12 y 13 de marzo, busca exigir la reactivación del Gasoducto Sur Andino, un proyecto considerado vital para la seguridad energética y el desarrollo del sur del Perú, y rechazar la propuesta del gasoducto costero impulsado por el Gobierno de Dina Boluarte.

Desde las primeras horas del paro, se han registrado bloqueos y piquetes en varias zonas del departamento. En la provincia de Anta, los accesos a Izcuchaca fueron cerrados, mientras que en la ciudad del Cusco, manifestantes tomaron las principales avenidas. Los protestantes argumentan que la paralización del Gasoducto Sur Andino ha afectado gravemente el acceso al gas para hogares e industrias, y exigen su inmediata reactivación.

El gobernador de Cusco, Werner Salcedo, junto a otras autoridades locales, se reunió con la presidenta Dina Boluarte, quien anunció la paralización definitiva del proyecto. Esta decisión ha sido duramente criticada por los manifestantes, quienes consideran que el gasoducto costero solo beneficiaría a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), sin atender las necesidades del sur peruano. Los líderes sociales exigen un compromiso firme del Gobierno con el desarrollo energético de la región.

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, no tardó en responder a las protestas, calificando el paro como “absolutamente inconsecuente” y perjudicial para los intereses de Cusco. “Es lamentable que primen intereses políticos sobre los grandes intereses de la región, que vive fundamentalmente del turismo”, declaró Adrianzén durante una rueda de prensa. Además, señaló que el paro ha causado pérdidas millonarias, afectando gravemente la actividad económica y el turismo, principal fuente de ingresos de la región.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cusco suspendió las clases en toda la provincia y en Quillabamba como medida preventiva, debido a los bloqueos y para evitar poner en riesgo a los escolares. Estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco también se sumaron a las protestas, tomando las instalaciones de su campus.

El secretario general de la FDTC, Juan Castillo, reiteró que las movilizaciones continuarán hasta que el Gobierno atienda sus demandas, incluyendo el reinicio del Gasoducto Sur Andino y la instalación de una mesa de diálogo con compromisos vinculantes. “Si no hay avances, evaluaremos continuar con medidas de fuerza”, advirtió Castillo.

Mientras tanto, el paro ha generado caos en el transporte urbano, afectando a miles de cusqueños que no pudieron llegar a sus trabajos o centros de estudio. La situación sigue en tensión, con la posibilidad de que las protestas se intensifiquen si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno.

La congresista Margot Palacios Huamán, fiel a su compromiso con la región que la eligió, ha desarrollado una intensa labor fiscalizadora que demuestra su firme voluntad de transparentar la gestión pública en Ayacucho. Su participación en la Sesión Descentralizada de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República refleja su incansable trabajo por defender los intereses de la población ayacuchana, exigiendo respuestas claras sobre el destino de los recursos públicos y la calidad de las obras ejecutadas en la región, especialmente en sectores críticos como salud, educación, saneamiento y transportes.

Durante la Sesión Descentralizada de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, realizada en el Auditorio del Consejo Regional de Ayacucho, la congresista Margot Palacios Huamán cuestionó severamente la gestión del gobernador regional Wilfredo Oscorima debido a las múltiples irregularidades detectadas en obras públicas.

La parlamentaria expuso de manera contundente las deficiencias en proyectos emblemáticos, como el Hospital San Francisco, que se ha convertido en un «elefante blanco» al ser entregado sin presupuesto para su operatividad. El hospital carece de elementos básicos como un grupo electrógeno, combustible, caldero y bombas, además de no contar con especialistas para atender a la población del VRAE.

Un caso particularmente grave es el Centro de Convenciones CANAAN, cuyo presupuesto se incrementó inexplicablemente de 34 a 87 millones de soles, lo que evidencia serias deficiencias en la elaboración y supervisión del expediente técnico.

La sesión, dirigida por Juan Burgos Oliveros, presidente de la Comisión de Fiscalización, también abordó otras problemáticas regionales, como:

1) Expedientes técnicos de hospitales con múltiples deficiencias.
2) Pagos adicionales que superan varias veces los presupuestos originales.
3) El proyecto del hospital de Puquio, ubicado sobre un puquial.
4) Alta contaminación con minerales pesados en el sur de Ayacucho.
5) Duplicidad de proyectos de saneamiento.

En su defensa, el gobernador Oscorima, se atrincheró en la sede central del Gobierno Regional de Ayacucho, junto a sus principales funcionarios y asesores, participó virtualmente, insistiendo en que «no existen obras paralizadas, sino suspendidas» y se autodenominó «autor de la construcción estratégica de los hospitales de la región». Sin embargo, no pudo justificar satisfactoriamente las graves irregularidades señaladas tanto por la congresista Palacios y los consejeros regionales, basado en los informes de la Contraloría de la República.

La intervención de la Contraloría General de la República reveló limitaciones en su capacidad de sanción durante el control concurrente de obras, ya que solo puede actuar cuando estas han sido recepcionadas y liquidadas, situación que solo se ha dado en una única obra regional.

Esta sesión descentralizada ha puesto en evidencia la crítica situación de la gestión regional en Ayacucho, caracterizada por obras inconclusas, sobrecostos injustificados y serias deficiencias en la planificación y ejecución de proyectos de vital importancia para la población, que como siempre ocurre, se sancionarán luego que Oscorima deje el cargo.

Los consejeros regionales que dejaron de apoyar la gestión del gobernador regional Oscorima, han manifestado que los hechos expuestos durante esta sesión demandan una investigación exhaustiva y la inmediata intervención de los órganos de control correspondientes. La evidente incapacidad de gestión mostrada por el Gobierno Regional de Ayacucho, que ha resultado en obras inoperativas, sobrecostos injustificados y proyectos mal planificados, no deberían quedar impunes.

Por lo que, es imperativo que se establezcan las responsabilidades administrativas y penales que correspondan, y se implementen mecanismos de control más efectivos para prevenir que estos graves hechos, que afectan directamente a la población más vulnerable de Ayacucho, vuelvan a repetirse en futuras gestiones.