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Regional

CGTP denuncia despido de dirigente sindical de Chinecas y cuestiona procedimiento disciplinario

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Lima, 22 de setiembre de 2026.-La Confederación General de Trabajadores del Perú sostiene que la separación de Johana Magdalena Castro López, dirigente del SUTRAPECH, vulneraría la libertad sindical. El pronunciamiento también cuestiona el uso de un certificado médico de incapacidad y de publicaciones en redes sociales dentro del proceso disciplinario.

Chimbote, 22 de septiembre de 2026.- La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) denunció el despido de Johana Magdalena Castro López, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Proyecto Especial Chinecas (SUTRAPECH), y calificó el caso como una controversia vinculada al ejercicio de la libertad sindical. La central sindical exige su reposición y reclama a las autoridades competentes revisar el procedimiento disciplinario que terminó con la separación de la trabajadora.

Según el pronunciamiento difundido por la CGTP este 22 de septiembre, la sanción habría sido sustentada en presuntas faltas disciplinarias que, desde la perspectiva del sindicato, terminaron afectando el ejercicio de la actividad sindical. La organización sostiene además que la dirigente no registraba antecedentes disciplinarios.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con un Certificado Médico de Incapacidad Temporal emitido por EsSalud. La CGTP afirma que el órgano sancionador habría considerado que dicho certificado constituía un impedimento para determinadas actuaciones de la trabajadora. EsSalud reconoce al CITT como el documento oficial que acredita el tipo de contingencia y el periodo de incapacidad temporal para el trabajo.

El pronunciamiento sindical también cuestiona que en la resolución disciplinaria se hayan incorporado elementos que, según la CGTP, excederían una evaluación estrictamente laboral. Entre ellos menciona la exigencia de supuestas “disculpas morales” a una autoridad política y el uso de críticas expresadas en redes sociales como parte de los fundamentos de la máxima sanción.

Un antecedente que aparece en los registros de Chinecas

La documentación pública del Proyecto Especial Chinecas permite identificar un antecedente relevante. En enero de 2024, mediante la Resolución Gerencial N.° 002-2024-GRA-P.E.CHINECAS, la entidad declaró de oficio la prescripción para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar un procedimiento administrativo disciplinario contra Johana Magdalena Castro López, debido a que había transcurrido el plazo establecido para ejercer esa potestad.

Este antecedente, sin embargo, no permite concluir que se trate del mismo procedimiento que derivó en el despido denunciado por la CGTP en septiembre de 2026. Para establecer esa relación sería necesario acceder a la resolución de despido, al expediente disciplinario y a los documentos que sustentaron la nueva sanción.

Los registros públicos también muestran que el Proyecto Especial Chinecas mantiene relaciones de negociación colectiva con organizaciones sindicales. Una resolución gerencial de 2026, por ejemplo, aprobó el acta final de negociación colectiva descentralizada correspondiente al periodo 2027.

La libertad sindical está protegida constitucionalmente

El conflicto adquiere una dimensión laboral mayor porque el artículo 28 de la Constitución peruana reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, y establece expresamente que el Estado garantiza la libertad sindical.

El Tribunal Constitucional ha señalado, además, que la libertad sindical comprende la capacidad de los trabajadores para participar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical. A nivel internacional, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo establece que los Estados que lo tienen vigente deben adoptar medidas para garantizar el libre ejercicio del derecho de sindicación.

Por ello, la controversia no se limita a determinar si existieron o no infracciones laborales. El punto central será establecer qué hechos fueron imputados, qué pruebas fueron consideradas, cómo se valoró el certificado médico, qué relación tuvieron las publicaciones en redes sociales con las faltas atribuidas y si el procedimiento respetó las garantías correspondientes.

CGTP exige reposición y debido proceso

La central sindical exige la inmediata reposición de Castro López y el cumplimiento de los compromisos asumidos en las mesas de trato directo con la Federación Nacional de Trabajadores de los Proyectos Especiales del Perú (FENTRAPEP). También demanda que las autoridades garanticen el debido proceso y descarten cualquier práctica que pueda afectar el ejercicio de la representación sindical.

El caso deja, por ahora, varios puntos pendientes de verificación documental: la resolución exacta que dispuso el despido, las imputaciones formuladas contra la trabajadora, las pruebas incorporadas al expediente, la valoración administrativa del certificado de EsSalud y la respuesta oficial del Proyecto Especial Chinecas. Sin esos documentos no es posible establecer independientemente si la sanción constituyó una vulneración de la libertad sindical, como sostiene la CGTP, o si estuvo sustentada en faltas laborales acreditadas.

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Loreto paraliza por 72 horas contra crisis eléctrica y combustible

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El paro regional comenzó este miércoles 16 de septiembre en Iquitos y se extenderá hasta el viernes 18. Los gremios reclaman soluciones por los cortes de electricidad, el costo de los combustibles y el avance de la minería ilegal.

Iquitos, 16 de septiembre de 2026.- Loreto inició este miércoles un paro regional de 72 horas convocado por organizaciones gremiales y sociales, con movilizaciones, bloqueos de vías y cierre de establecimientos comerciales en distintos sectores de Iquitos. La medida exige al Gobierno respuestas concretas frente a los cortes del servicio eléctrico, el incremento del costo de los combustibles y el avance de la minería ilegal.

Iquitos amaneció con vías bloqueadas

La jornada comenzó durante la madrugada con piquetes en diferentes puntos de la ciudad. Uno de los bloqueos fue reportado en la avenida José Abelardo Quiñones, en el distrito de San Juan Bautista, donde manifestantes restringieron el tránsito mediante la colocación de residuos y quema de llantas.

Las organizaciones convocantes exigen además que el Ejecutivo envíe una comisión de alto nivel con capacidad de decisión para atender el pliego regional. La CGTP Loreto sostiene que los problemas acumulados afectan directamente al transporte, el comercio, los servicios y el costo de vida de la población.

La crisis eléctrica es uno de los reclamos

La protesta ocurre mientras las autoridades nacionales anuncian medidas para enfrentar las deficiencias del sistema eléctrico de Iquitos. El MINEM informó que prepara un mecanismo para permitir mayor competencia en la generación y facilitar la participación del COES en la operación del sistema aislado.

El Gobierno Regional de Loreto informó además que gestiona la incorporación de 9 MW de contingencia y el avance del proyecto de interconexión de Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Combustible y minería ilegal completan el pliego

El precio de los combustibles constituye otro de los principales motivos de la paralización. El MINEM aprobó medidas temporales para facilitar el abastecimiento de gasolina en Loreto debido a las restricciones de navegación fluvial. Petroperú informó que un convoy con 15.000 barriles de gasolina se encontraba en tránsito hacia Iquitos.

La minería ilegal constituye el tercer eje del reclamo. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la exposición al mercurio de población de diversas cuencas de Loreto y pidió al Gobierno Regional recursos para reforzar la atención sanitaria de las personas afectadas.

El paro continuará durante el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, mientras los gremios esperan una respuesta del Ejecutivo. El principal punto pendiente es si las medidas anunciadas por las autoridades lograrán atender las demandas que han llevado nuevamente a Loreto a paralizar sus actividades.

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Actualidad

Videos previos a la masacre de Trujillo ponen en jaque versión policial y cuestionan a la PNP

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Trujillo, 12 de setiembre de 2026.- Nuevas imágenes de cámaras de seguridad difundidas por Hildebrandt en sus Trece vuelven a poner bajo cuestionamiento la versión oficial sobre la masacre de Trujillo, ocurrida el pasado 30 de agosto y que dejó cuatro personas asesinadas y al comerciante de oro Jenss Lara Tantaquilla secuestrado. Los registros fueron captados aproximadamente 12 horas antes del ataque y muestran a varias personas utilizando la camioneta Toyota Hilux vinculada posteriormente con el crimen.

Las imágenes fueron registradas en un grifo de la avenida España, a unas seis cuadras del lugar donde ocurrió el ataque. En la secuencia aparecen cuatro hombres vinculados a dos vehículos y, posteriormente, un hombre acompañado por dos mujeres. Parte de ellos termina abordando la Hilux, después de colocar equipaje en la tolva. La escena adquiere especial relevancia porque se trataría de los últimos ocupantes conocidos de la camioneta antes de la masacre.

¿Y los primeros detenidos?

El nuevo material golpea directamente la hipótesis policial que inicialmente presentó a los primeros intervenidos como integrantes de la organización criminal que ejecutó el ataque. Según fuentes de la Fiscalía citadas por el semanario, los hombres registrados en las nuevas imágenes presentarían una talla y contextura compatibles con quienes habrían participado en el crimen, a diferencia de algunos de los detenidos inicialmente exhibidos por la Policía.

La revelación resulta especialmente incómoda para el alto mando policial. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y el jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, han defendido públicamente los avances de la investigación y la participación de los detenidos. Revoredo llegó a sostener que entre los intervenidos había dos o tres personas que habrían disparado directamente durante el ataque.

Sin embargo, la propia Policía había reconocido que la investigación todavía estaba en desarrollo y que debía establecerse el grado de participación de cada detenido. El Ministerio del Interior informó inicialmente sobre cinco intervenidos como presuntos integrantes de “Los Pulpos”, mientras que posteriormente el número de detenidos fue aumentando y Revoredo afirmó que algunos habrían cumplido funciones directas en la escena.

Una camioneta, varias interrogantes

El caso también mantiene abierta la controversia sobre la camioneta utilizada en el ataque, cuya placa fue reportada como clonada. A ello se suma la aparición de un Suzuki relacionado con Peter Bocanegra Aguilar, detenido por su presunta vinculación con el crimen, que habría seguido los movimientos de la Hilux y vuelto a aparecer cerca de ella después del ataque.

Las nuevas imágenes no prueban por sí solas quiénes ejecutaron la masacre ni determinan responsabilidad penal. Pero sí introducen un elemento que la Fiscalía deberá contrastar con las declaraciones, pericias, registros telefónicos, cámaras de seguridad y demás evidencias. De hecho, la situación jurídica de los detenidos sigue siendo la de investigados y corresponde al Ministerio Público determinar responsabilidades con base en la evidencia reunida.

¿Cambiará el discurso del Gobierno?

La evidencia también coloca presión política sobre la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Interior, César Astudillo. El Gobierno había presentado las capturas como un resultado importante frente al crimen organizado, mientras la Policía defendía la tesis de que los detenidos tenían participación en el ataque. Las nuevas imágenes obligan, como mínimo, a revisar públicamente esa narrativa.

La pregunta que queda abierta es si el Ejecutivo mantendrá la prevista ceremonia de desagravio y despedida para el general Óscar Arriola o si, ante las nuevas evidencias, modificará su posición. Sobre todo, deberá explicar si mantiene la afirmación de que los detenidos presentados por la Policía fueron los autores materiales de la masacre o si reconocerá que la investigación enfrenta nuevas y serias interrogantes. El caso de Trujillo, lejos de estar cerrado, vuelve a colocar a la PNP y al Gobierno bajo escrutinio.

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Ambiente

Dengue en Lambayeque supera los 4 mil casos y avanza vacunación

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Chiclayo, 3 de septiembre de 2026.- Lambayeque enfrenta un nuevo escenario de presión sanitaria por el dengue: la Gerencia Regional de Salud reporta 3,375 casos confirmados, mientras un reporte epidemiológico con corte al 27 de agosto contabiliza 4,319 casos entre confirmados y probables y nueve fallecidos. En paralelo, la campaña de vacunación escolar contra la enfermedad alcanza 3,987 dosis aplicadas en sus primeras dos semanas.

Chiclayo concentra la mayor cantidad

De acuerdo con la Geresa, Chiclayo registra la mayor incidencia, con cerca de mil casos confirmados, seguido por La Victoria. La situación también alcanza a Motupe, Olmos, Jayanca y Oyotún, distritos donde las autoridades han reportado brotes y desplegado brigadas de prevención y control.

El reporte publicado por Correo muestra una dimensión mayor del problema: 4,319 casos acumulados hasta el 27 de agosto, de los cuales 3,374 eran confirmados y 945 probables. El mismo reporte contabilizó nueve fallecimientos y hasta 32 pacientes hospitalizados durante el pico registrado entre el 17 y 19 de agosto.

La diferencia entre las cifras responde a los distintos cortes y criterios de clasificación utilizados en los reportes. Por ello, la cifra más reciente comunicada por la Geresa corresponde a los casos confirmados al 2 de septiembre, mientras que el reporte de 4,319 incluye también casos probables y tiene un corte anterior.

Mosquito y sancudos que transmite el dengue se expande en el litoral del norte peruano

El calor favorece al mosquito

La expansión del dengue ocurre en un contexto climático adverso. El 7 de agosto, Pasabar, en Olmos, alcanzó los 37.3 °C, mientras Motupe llegó a 35.5 °C y Jayanca a 35 °C, registros particularmente elevados para el invierno.

Las temperaturas altas generan condiciones favorables para el ciclo reproductivo del Aedes aegypti, vector del dengue. La Geresa ya había advertido que el calor y la posibilidad de lluvias podían impulsar nuevamente la curva de contagios.

Pero el factor climático no explica por sí solo la persistencia de la enfermedad. El almacenamiento de agua en recipientes que no permanecen correctamente tapados puede convertirse en criadero del mosquito, especialmente en zonas con dificultades de abastecimiento continuo.

Vacunación alcanza 12 %

Frente a este escenario, la campaña de vacunación dirigida a menores de 10 a 16 años registra 3,987 dosis aplicadas en Chiclayo, La Victoria y Motupe, equivalente a un avance del 12 % durante las primeras dos semanas.

La vacuna es gratuita y requiere dos dosis. La segunda debe administrarse tres meses después de la primera. La estrategia incluye intervenciones en colegios y jornadas de información dirigidas a los padres, cuya autorización es necesaria para inmunizar a los menores.

El Ministerio de Salud distribuyó previamente 199,892 dosis de la vacuna contra el dengue a cinco regiones priorizadas, entre ellas Lambayeque, debido a su elevada carga de casos.

El desafío está fuera de los colegios

La vacunación representa una nueva herramienta de prevención, pero no sustituye las medidas destinadas a eliminar los criaderos del mosquito. En agosto, el Minsa informó que más de 16 mil viviendas de la provincia de Lambayeque serían intervenidas mediante acciones de control larvario.

El desafío para las autoridades será sostener simultáneamente la vacunación, la vigilancia epidemiológica, el control del vector y la atención oportuna de los pacientes. Con temperaturas superiores a las habituales en la costa norte, cualquier relajamiento de estas acciones puede favorecer nuevos contagios.

Para las familias, la prevención continúa siendo decisiva: eliminar recipientes que acumulen agua, mantener correctamente tapados los depósitos y permitir el ingreso del personal sanitario identificado son medidas esenciales. Ante síntomas compatibles con dengue, la recomendación sanitaria es acudir oportunamente a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.

El problema que enfrenta Lambayeque ya no puede observarse únicamente como un brote localizado. El crecimiento de los casos, la presencia del vector en gran parte del territorio y las condiciones climáticas constituyen un escenario que exige una respuesta sostenida del Estado y una participación activa de la población.

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