Tegucigalpa, 9 diciembre 2026.– La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este lunes que su país no reconocerá unas elecciones “marcadas por la manipulación, el chantaje y la abierta injerencia extranjera”, en referencia al proceso del 30 de noviembre donde, según resultados preliminares, el candidato respaldado por Donald Trump, Nasry Asfura, aparece como virtual ganador. En un mensaje a la nación, Castro afirmó que “un pueblo soberano no se arrodilla ante ninguna potencia extranjera” y adelantó que presentará denuncias formales ante la ONU, la OEA y la CELAC para exigir la anulación total del proceso.

El detonante de la crisis fue el indulto presidencial otorgado por Donald Trump al narcotraficante convicto y ex presidente Juan Orlando Hernández, apenas 48 horas antes de los comicios. Hernández, condenado en Nueva York a 45 años de cárcel por introducir más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, fue liberado y recibido como héroe por sectores del Partido Nacional, el mismo que postula a Asfura. Para el gobierno hondureño y amplios sectores populares, esta decisión constituye una intervención descarada de Washington para imponer un gobierno afín en Centroamérica, repitiendo el patrón del golpe de 2009 y el fraude de 2017.

Desde Perú, país que también ha sufrido históricas intromisiones extranjeras en sus procesos democráticos, se observa con solidaridad la resistencia del pueblo hondureño. La soberanía no es negociable: ningún país, por poderoso que sea, tiene derecho a decidir con indultos, amenazas de sanciones o manipulación de sistemas electorales quién debe gobernar a otro pueblo. Honduras hoy levanta la voz que América Latina entera necesita escuchar: la dignidad nacional no está en venta.

Lima, 9 de diciembre de 2025.- A cuatro meses de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, el panorama político revela un quiebre inédito: la derecha conservadora y ultraderechista, históricamente dominante en segundas vueltas, aparece diluida en más de veinte fórmulas presidenciales sin opción real de unificación. Mientras tanto, la izquierda —lejos del progresismo tibio y de las socialdemocracias defensoras del modelo capitalista— se reduce a tres candidaturas definidas. Entre ellas, Juntos por el Perú (JPP), encabezada por Roberto Sánchez y respaldada por Pedro Castillo, Betsy Chávez y Margot Palacios, emerge como la única con cohesión, soporte territorial y capacidad efectiva de movilización.

Ningún candidato de derecha supera el 12,5%, y la suma dispersa de todas sus postulaciones apenas alcanza entre 25% y 30%, pese a que más de veinte listas fueron ratificadas tras las primarias del 8 de diciembre. Estas cifras golpean a un pequeño sector que pretende retener sus privilegios y que en 2021 intentó desconocer la victoria de Pedro Castillo con acusaciones de fraude nunca comprobadas, pese al intento de fabricar evidencias mediante una comisión manipulada desde el Congreso.

La supuesta unidad derechista fracasó desde el inicio. López Aliaga y Keiko Fujimori no sellaron ninguna tregua desde 2021; César Acuña marcha solo en el norte; mientras Álvarez y Forsyth disputan el mismo voto limeño de centro-derecha, López Chau y José Luna intentan aparecer como progresistas. El resultado es un voto conservador pulverizado: lo que en 2021 llegó a concentrar más del 70% en la segunda vuelta hoy se reduce a fragmentos mínimos, en un país donde el 51% permanece indeciso, en blanco o nulo, en rechazo directo al establishment y al “régimen Boluarte” y su sucesor, José Jerí Oré.

La izquierda: tres opciones y tres rutas distintas. Al margen de los progresismos de discurso y de las izquierdas de salón, funcionales al modelo capitalista neoliberal, la izquierda auténtica pone en juego tres candidaturas concretas: Perú Libre con Vladimir Cerrón, ratificado el 8 de diciembre por los delegados, prófugo, cuestionado por sus pactos tácticos con el régimen Boluarte y con el fujimorismo en el Congreso actual, con serias posibilidades de ser inhabilitado por el JNE. Venceremos, con Ronald Atencio -candidato defensor de Guillermo Bermejo y de la línea de nacionalización radical discursiva-, que venció en internas al puneño Vicente Alanoca, enfrenta fracturas internas y rechazo de sectores indígenas por denuncias de racismo y maltrato contra su contendor perdedor. Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez Palomino, sería la única plancha con cohesión orgánica: su fórmula fue cerrada por consenso; su principal fortaleza está en el bloque castillista. Pedro Castillo encabeza la lista al Senado Nacional con el número 1, anunciado desde el penal Barbadillo; Betsy Chávez también confirmó su candidatura al Senado por JP; y la congresista Margot Palacios, una de las voces más firmes en la denuncia de la persecución política y defensora de comunidades campesinas y nativas, completa el equipo político de mayor peso.

Las encuestas nacionales le dan entre 3% y 4%, pero los estudios regionales en el sur y los Andes (Apurímac, Cusco, Puno, Ayacucho) ubican a Sánchez entre 12% y 15%, justo donde el rechazo a Dina Boluarte y al Congreso es más alto.

El escenario que la derecha teme. Con un 51% del electorado aún sin decisión, el peor escenario para la derecha es evidente: si JP capta siquiera entre el 25% y 30% del voto castigo -algo plausible con Pedro Castillo como símbolo de resistencia e indignación popular-, Roberto Sánchez podría entrar a segunda vuelta con apenas 18% a 22%, e incluso ganar en primera si la derecha mantiene su dispersión entre cinco u ocho candidatos que no bajan del 5% cada uno. Pero ya estarían copando la Cámara de Senadores del Congreso de la República, advertidos de que la derecha hizo todas las reformas para gobernar desde esa instancia.

En una segunda vuelta, el guion de 2021 podría invertirse: un candidato de izquierda, enfrentándose a cualquier fragmento derechista, tendría amplias posibilidades de triunfo, con un 60% de rechazo ciudadano al régimen actual y a la derecha que mantuvo en el poder a Dina Boluarte y José Jerí, con represión, persecución y asesinatos que siguen impunes hasta hoy. Por ello, la derecha pretendería echar mano del fraude, motivo por el cual ya estaría tomando el control de los órganos electorales del Estado.

En suma, a cuatro meses de las elecciones, la derecha conservadora y neofascista está más dividida que nunca y desgastada hasta el límite: ningún candidato supera el 12,5% y la suma de todos apenas llega a un tercio del electorado. En contraste, la izquierda real solo ofrece una opción porque posee estructura partidaria y popular, símbolo y liderazgos claros: Juntos por el Perú.

Con Roberto Sánchez y el respaldo pleno de Castillo, Chávez y Palacios, el voto de resistencia e indignación del país finalmente tiene un instrumento organizado con amplio potencial de movilización nacional.

Lima, 8 de diciembre de 2025.– La congresista Margot Palacios Huamán, una de las voces más firmes y persistentes de la izquierda popular y socialista, fue confirmada como candidata al Senado Nacional con el número 8 en la lista de “Juntos por el Perú” para las elecciones generales de 2026. La plancha presidencial será liderada por el exministro Roberto Sánchez Palomino, mientras que el expresidente Pedro Castillo Terrones, líder de la alianza «Juntos con el pueblo», figura como invitado con el número 1 en la nómina senatorial, campaña que continuará desde el penal Barbadillo, donde permanece recluido por el delito de conspiración.

Palacios, quien renunció a Perú Libre en mayo de 2024 tras rechazar la alianza de ese partido con Fuerza Popular, formalizó su afiliación a Juntos por el Perú el 10 de julio del mismo año. Su postulación fue ratificada el último domingo en el congreso nacional del partido, donde la dirigencia y los delegados regionales la destacaron como “la principal figura” de la lista al Senado, ante la imposibilidad de que Castillo y la expremier Betsy Chávez participen directamente en la campaña debido a su reclusión.

Reconocida como “hija del Perú profundo”, Margot Palacios nació en Ayacucho, una de las regiones más golpeadas por la violencia política de los años ochenta y noventa. En recientes declaraciones, recordó las masacres de Accomarca, Cayara y Putis, los miles de desaparecidos y los crímenes cometidos por agentes del Estado, hechos que -afirmó- “siguen impunes mientras sus responsables reciben condecoraciones en un Congreso capturado por la derecha corrupta y represora”. En ese marco, justificó su candidatura como la continuidad de una lucha histórica contra el centralismo, el racismo y la exclusión que mantienen a departamentos como Ayacucho, Apurímac y Puno con niveles de pobreza superiores al 40 %.

Durante su gestión parlamentaria, Palacios presidió la comisión investigadora del derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla en 2022, donde se concluyó la responsabilidad penal de la transnacional española por los daños causados a más de 34 mil pescadores artesanales. Asimismo, impulsó la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho, que beneficiará a 13 mil jóvenes de sectores populares, y promovió iniciativas como el retiro de hasta 5 UIT de la ONP para 4.7 millones de jubilados y la ley de amnistía para perseguidos del pueblo y para el expresidente Castillo.

Con un mensaje que entrelaza memoria, indignación y esperanza, la candidata aseguró que su ingreso al Senado busca “poner el poder al servicio del pueblo y transformar un país donde 10 familias acumulan más riqueza que 35 millones de peruanos”. “El Perú profundo ya no pedirá permiso -afirmó-; vamos a recuperar el poder popular que nos arrebataron para redactar una nueva Constitución”. Según fuentes de Juntos por el Perú, la postulación de Palacios busca canalizar el descontento social acumulado tras el golpe del 7 de diciembre de 2022 y las 49 muertes registradas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y su sucesor, especialmente en el sur andino.