El congresista Elías Varas, de Juntos por el Perú, presentó una denuncia constitucional contra seis magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por intentar reinstalar a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. La acusación, dirigida contra Gino Ríos, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo, señala presuntas infracciones constitucionales y delitos como usurpación de funciones y avocamiento ilegal. Francisco Távara, quien no participó en la resolución cuestionada, quedó excluido.

La denuncia se centra en la resolución de la JNJ que anuló la destitución de Benavides y ordenó su restitución, una decisión que Varas considera inconstitucional. Según el congresista, la designación del fiscal de la Nación es competencia exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos, conforme a los artículos 158 y 154 de la Constitución. Varas solicita la destitución de los magistrados y la remoción de su fuero para un eventual procesamiento judicial.

Elías Varas, conocido por su postura crítica hacia decisiones judiciales polémicas, ha defendido su iniciativa como una defensa del orden constitucional. Sin embargo, analistas advierten que esta denuncia podría intensificar las tensiones entre el Congreso y la JNJ, en un contexto de cuestionamientos a la independencia de ambos poderes.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso evaluará la denuncia en los próximos días. Este caso ha generado controversia, ya que algunos sectores consideran que la resolución de la JNJ busca corregir irregularidades en el proceso contra Benavides, mientras otros la ven como una intromisión en funciones exclusivas del Ministerio Público.

La ciudadanía espera que el proceso en el Congreso se desarrolle con transparencia, mientras el caso Benavides sigue generando debate sobre el equilibrio de poderes en el país.

Este jueves 19 de junio, miles de motociclistas se movilizaron en distintas regiones del país en protesta contra el Decreto Supremo 006 2025 MTC, norma que obliga al uso de chalecos retrorreflectantes con el número de placa visible, así como cascos con características técnicas específicas. La medida, que ya rige en Lima y Callao desde mayo y se aplicará a nivel nacional desde el 22 de junio, ha generado el rechazo de gremios como la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope) y la Asociación de Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP).

Las marchas se desarrollaron de forma pacífica en ciudades como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huánuco, Ica, Junín, Tumbes y Piura. En Lima, cientos de motociclistas se concentraron en el Campo de Marte desde las cinco de la tarde y recorrieron diversas avenidas hasta llegar al frontis del Ministerio del Interior. Los manifestantes denunciaron que la norma vulnera su derecho al libre tránsito y al trabajo, y pidieron su inmediata derogación.

Los representantes de los gremios aseguran que el reglamento no contribuye a reducir la delincuencia, como sostiene el Ejecutivo, sino que más bien estigmatiza a quienes se desplazan en motocicleta. Además, cuestionan que se sancione con multas el simple hecho de cubrir la placa con mochilas o morrales, sin tener en cuenta el contexto de los trabajadores de reparto o mensajería.

Una de las principales críticas fue dirigida al Ministerio del Interior, entidad a la que acusan de negarse a dialogar con los representantes del gremio. Según Asmope, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha reconocido que la norma no tiene un sustento técnico real en materia de seguridad vial, pero hasta el momento no se ha concretado una mesa de diálogo para revisar o modificar la disposición.

Los motociclistas anunciaron que, de no obtener una respuesta favorable, continuarán con nuevas movilizaciones a nivel nacional. Asimismo, recordaron que ya se ha presentado una acción popular ante el Poder Judicial para que la norma sea declarada inconstitucional, por considerar que vulnera derechos fundamentales. Exigen al gobierno que escuche sus demandas y adopte soluciones que realmente enfrenten la inseguridad ciudadana, sin criminalizar a todo un sector.

Lima, 18 de junio de 2025 – La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó hoy, el informe final que recomienda la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por «incapacidad moral permanente» en el marco del caso «Cirugías»; con 9 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra de los miembros titulares y alternos.

Según el documento, la mandataria incumplió su deber constitucional al no informar al Parlamento sobre su ausencia durante una cirugía estética, lo que el grupo investigador considera un abandono de funciones. La decisión, tomada en una sesión extraordinaria, marca un hito en el proceso que ahora pasará al Pleno del Congreso.

El informe, respaldado por la mayoría de los miembros de la comisión, detalla que Boluarte no notificó oficialmente su procedimiento médico, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia en su gestión. Durante la sesión, se presentaron pruebas y testimonios que sustentan la acusación, incluyendo la falta de comunicación formal al Legislativo. Este caso, conocido como «Cirugías», se suma a investigaciones previas como el caso «Cofre», aprobado el 6 de junio, pero la resolución de hoy centra la atención en la cirugía estética de la presidenta.

La aprobación del informe ha intensificado la polarización política en el país. Sectores de oposición, que lideraron la investigación, argumentan que la conducta de Boluarte refleja una grave irresponsabilidad, mientras que sus aliados sostienen que la acusación es desproporcionada y busca desestabilizar al gobierno. La decisión de la Comisión de Fiscalización, encabezada por congresistas críticos al Ejecutivo, ha generado un fuerte debate sobre las implicancias de un posible proceso de vacancia.

El siguiente paso será la discusión del informe en el Pleno del Congreso, donde se requerirán 87 votos para aprobar la destitución de la presidenta. Este proceso podría extenderse debido a las negociaciones entre bancadas y la compleja coyuntura política. Mientras tanto, la ciudadanía sigue de cerca los acontecimientos, en un contexto de creciente incertidumbre sobre el futuro del gobierno de Boluarte.