Lima, 29 de abril de 2026. – El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó este martes en conferencia de prensa un informe forense que revela presuntas incongruencias estadísticas en aproximadamente 800 a 805 actas electorales de las Elecciones Generales 2026. Según el exalcalde de Lima, estas actas muestran patrones matemáticamente improbables, como mesas donde su candidatura presidencial registra menos votos que su lista al Congreso, lo que considera una anomalía grave que afecta la voluntad popular.

López Aliaga exigió una auditoría inmediata de estas actas, señalando que “será rápido si hay voluntad”. El líder de Renovación Popular insistió en que “lo que salga producto de estos actos ilegales va a ser ilegítimo” y reiteró su denuncia contra la ONPE y el JNE por presuntos problemas logísticos el 12 de abril, como demoras en la apertura de mesas, falta de material y la creación de actas de la serie 900.000, que según su equipo habrían sido distribuidas estratégicamente.

Durante su intervención, el candidato cuestionó duramente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Burneo, acusándolos de falta de transparencia. López Aliaga denunció que se afectó el derecho al voto de cientos de miles de peruanos, especialmente en Lima, y calificó las irregularidades como un sabotaje planificado contra su candidatura. “Se está yendo gravísimamente contra el artículo 31 de la Constitución”, enfatizó.

Ante la decisión del JNE de declarar inviables las elecciones complementarias, López Aliaga anunció que su equipo presentará cuatro recursos adicionales y acudirá a instancias nacionales e internacionales para defender la transparencia del proceso. Además, convocó a una protesta pacífica cuya fecha se anunciará próximamente y no descartó que, si es necesario, las elecciones presidenciales se realicen el próximo año para garantizar legitimidad.

“Para que se auditen de una vez, son 800 actas”, reiteró López Aliaga, sosteniendo que su lucha busca proteger la democracia y el voto ciudadano por encima de cualquier resultado parcial. “No es opinión, es matemática”, afirmó en referencia a los hallazgos del informe forense. La situación electoral sigue en desarrollo mientras se resuelven las actas pendientes y los recursos presentados por Renovación Popular.

Huancavelica 27 de abril 2026.– La investigación por la muerte de cinco jóvenes durante un operativo militar en el VRAEM se ha intensificado tras la aparición de nuevas versiones que cuestionan la actuación de las fuerzas del orden y del sistema de justicia.

Un sobreviviente del hecho denunció que fue obligado por militares a declarar que el grupo transportaba droga. Según indicó, su testimonio inicial fue dado bajo amenazas y sin abogado, por lo que posteriormente se retractó ante una fiscalía de derechos humanos, asegurando que no llevaban sustancias ilícitas ni armas.

La defensa de las familias sostiene que no existe evidencia que vincule a las víctimas con el narcotráfico y que el uso de la fuerza fue injustificado. Además, cuestionó la validez de las primeras diligencias al considerar que se habrían vulnerado garantías básicas.

En paralelo, los ocho militares investigados recuperaron su libertad luego de que venciera el plazo de detención preliminar sin que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva. La defensa anunció que presentará una queja ante el órgano de control por presuntas omisiones en la actuación fiscal.

Las versiones sobre el operativo siguen enfrentadas. Mientras familiares y comuneros afirman que los jóvenes regresaban de una actividad deportiva cuando fueron atacados, las Fuerzas Armadas sostienen que actuaron en legítima defensa durante una intervención contra el narcotráfico.

La población de Colcabamba ha expresado su rechazo a lo ocurrido y denuncia un uso desproporcionado de la fuerza. Los familiares de las víctimas exigen justicia y una investigación imparcial que permita esclarecer los hechos.

El caso continúa en desarrollo y los nuevos testimonios podrían ser determinantes para establecer responsabilidades penales en un hecho que ha generado conmoción y cuestionamientos a las instituciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado este sábado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras registrarse un incidente de seguridad con detonaciones en el hotel Washington Hilton, en Washington, D.C.. El hecho generó momentos de tensión entre los asistentes, quienes fueron retirados del recinto por personal del Servicio Secreto.

De acuerdo con reportes preliminares, durante el desarrollo del evento se escucharon lo que inicialmente fueron descritos como disparos, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia. Entre los evacuados se encontraba también el vicepresidente J. D. Vance, así como funcionarios, periodistas y otras figuras públicas presentes en la tradicional gala.

Tras la evacuación, las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso vinculado al incidente. Sin embargo, hasta el momento no se han difundido detalles precisos sobre las circunstancias en que ocurrieron las detonaciones ni si estas se produjeron dentro del salón principal o en áreas adyacentes al hotel.

El propio Trump se pronunció a través de sus redes sociales, donde aseguró que la situación estaba bajo control y agradeció la rápida intervención de los equipos de seguridad. Asimismo, indicó que no se reportaron heridos de gravedad entre los asistentes, aunque la investigación continúa en curso.

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca es uno de los eventos más importantes del calendario político y mediático en Estados Unidos, por lo que el incidente ha generado gran atención a nivel nacional e internacional. Las autoridades han señalado que en las próximas horas se ofrecerá un informe más detallado para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.