En una ceremonia realizada este viernes 19 de diciembre en el Palacio Legislativo, el presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, encabezó la entrega de la Medalla de Honor del Congreso en el grado de Gran Oficial al embajador de la República Popular China, Song Yang, en reconocimiento a su labor por fortalecer las relaciones diplomáticas, económicas y culturales entre Perú y China. El acto contó con la participación destacada del presidente de la República, José Jerí Oré, quien resaltó la importancia de China como socio comercial clave y reafirmó la voluntad del Estado peruano de profundizar la asociación estratégica bilateral.

Rospigliosi, en su calidad de presidente encargado del Parlamento, subrayó el compromiso del embajador Song Yang en tender puentes de entendimiento entre ambas naciones, mientras que Jerí enfatizó el valor que tanto el Ejecutivo como el Legislativo otorgan a esta relación. Al evento asistieron también los vicepresidentes Waldemar Cerrón e Ilich López, así como la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Heidy Juárez, y representantes de la embajada china.

Sin embargo, analistas y sectores políticos han calificado la acción como oportunista y hasta rastrera, especialmente por parte de Rospigliosi, conocido por sus críticas frontales a movimientos sociales populares y al comunismo, a los que ha acusado de amenazar la estabilidad del país y prometido derrotar. Esta condecoración a un representante de un régimen comunista genera cuestionamientos sobre la coherencia ideológica del presidente interino del Congreso y del propio Jerí en el fortalecimiento de lazos con Beijing.

La tarde del 18 de diciembre de 2025, dos sicarios en motocicleta irrumpieron en una chocolatada navideña organizada en la plazuela del centro poblado de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope, región La Libertad, y abrieron fuego contra la regidora Elena Rojas Alcalde, quien falleció por múltiples impactos de bala. El ataque, ocurrido alrededor de las 5:00 p.m. en medio de un show infantil con decenas de familias y niños presentes, dejó además siete personas heridas, la mayoría menores de edad, que fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica.

Elena Rojas Alcalde, contadora pública de aproximadamente 65 años y regidora por el Movimiento Regional Fortaleza Perú, era conocida por su labor fiscalizadora en la municipalidad distrital. Este no fue el primer atentado contra ella: el 12 de diciembre de 2024, delincuentes colocaron un artefacto explosivo con dinamita bajo su camioneta frente a la municipalidad, el cual no detonó y llevó a la captura de dos menores vinculados a una banda criminal. Fuentes policiales indican que el objetivo principal del ataque fue la regidora, posiblemente relacionado con amenazas previas y su rol de oposición.

La Policía Nacional del Perú ha desplegado equipos especializados para capturar a los responsables, mientras el alcalde de Chicama, Edilberto Bada, declaró duelo distrital y exigió acciones urgentes al Gobierno central ante la escalada de violencia en La Libertad, donde este crimen se suma a otros atentados contra autoridades y periodistas en lo que va del año. La Fiscalía de Ascope investiga el caso, en un contexto de creciente inseguridad por extorsiones y sicariato en la región.

En el marco del Foro Nacional “Avances en las políticas de Reparación y el acceso a la Justicia para víctimas y afectados por la violencia política”, realizado en la sala Alberto Andrade del Congreso de la República, la congresista Margot Palacios Huamán planteó una crítica frontal al enfoque oficial sobre las reparaciones. Ante representantes de víctimas provenientes de distintas regiones del país, sostuvo que la violencia política en el Perú no fue un hecho aislado, sino una práctica sistemática del Estado contra sectores campesinos y pueblos originarios, históricamente marginados y convertidos en los principales blancos de la represión y el abandono estatal.

Durante su intervención, Palacios afirmó que las heridas del conflicto armado interno continúan abiertas debido a la ausencia de una justicia real y una reparación integral. “Mientras no haya justicia, no nos pueden pedir reconciliación”, señaló, cuestionando el discurso que busca cerrar el pasado sin sancionar a los responsables. En esa línea, fue especialmente crítica con el carácter simbólico de las reparaciones económicas, al denunciar que el Estado entrega montos que no compensan la destrucción de proyectos de vida, el desarraigo forzado ni la exclusión social que enfrentaron las familias afectadas.

La parlamentaria también estableció una continuidad entre la violencia del pasado y la represión reciente en contextos de protesta social, aludiendo a casos ocurridos en Ayacucho, Puno y Pichanaki. Asimismo, rechazó los intentos de amnistía promovidos desde el Congreso, a los que calificó como mecanismos para garantizar la impunidad. Su intervención concluyó con una consigna política clara: “Ni olvido ni perdón; sin justicia, no hay reconciliación”, reafirmando que la memoria, la verdad y la sanción son condiciones indispensables para cualquier proceso real de reconciliación en el país.