El ministro José Antonio Chang anunció que el Minedu retirará del currículo escolar lo que considera “ideología” y cuestionó la denominación de “guerra civil” para la violencia de 1980-2000. La CVR documentó también graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Lima, 16 de septiembre 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori abrió una nueva disputa sobre la enseñanza de la historia reciente del Perú al anunciar una revisión del currículo escolar y plantear que la violencia política de 1980-2000 sea enseñada sin interpretaciones que el Ejecutivo considere ideológicas. El ministro de Educación, José Antonio Chang, sostuvo el 14 de septiembre que se retirará “todo tipo de ideología” de la currícula.

Una revisión que alcanza a la historia reciente

La medida forma parte del Plan Nacional de Educación 2026-2031, presentado por Fujimori y Chang en Santa Anita. El Gobierno sostiene que el currículo debe concentrarse en conocimientos, datos, estadísticas y aprendizajes fundamentales, además de reforzar lectura, matemáticas, ciencias, educación cívica e inglés.

Pero la definición adquiere una dimensión política cuando Chang cuestiona la forma de enseñar la violencia de las décadas de 1980 y 1990. El ministro rechazó que se utilice el concepto de “guerra civil” y sostuvo que durante ese periodo hubo “terrorismo”, en referencia a la violencia ejercida por Sendero Luminoso y el MRTA.

La evidencia histórica incluye abusos del Estado

La posición anunciada por el Ejecutivo deberá contrastarse con el mandato y las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La CVR investigó el periodo 1980-2000 y concluyó que el Perú atravesó un conflicto armado interno en el que actuaron organizaciones subversivas y agentes estatales.

Su informe documentó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros graves abusos cometidos por agentes policiales y militares, además de los crímenes perpetrados por Sendero Luminoso y el MRTA. La propia creación de la CVR estableció como objetivo esclarecer responsabilidades de ambos lados.

Al respecto, la ex parlamentaria Margot Palacios cuestionó la postura del Gobierno de Keiko Fujimori, señalando que se debe condenar el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, pero al mismo tiempo deben mantenerse en la enseñanza básica los crímenes atribuidos a agentes del Estado durante los gobiernos de Fernando Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori. En su pronunciamiento, advierte que esta modificación formaría parte de un proceso de revisión de la memoria histórica sobre el conflicto armado interno y relaciona con recientes cambios legislativos sobre delitos de lesa humanidad atribuidos al gobierno fujimorista.

Aún no existe evidencia de un “borrado” curricular

Hasta ahora, el hecho comprobado es el anuncio político y ministerial de modificar el currículo. No se ha publicado todavía un nuevo currículo que permita determinar qué contenidos sobre las violaciones de derechos humanos serán eliminados, modificados o mantenidos. Por ello, presentar como hecho consumado que el Gobierno ya “borró” esos crímenes de los colegios excedería la evidencia disponible.

La controversia queda ahora centrada en el contenido concreto de la reforma: qué fuentes históricas utilizará el Minedu, cómo definirá los conceptos vinculados al periodo de violencia y qué lugar tendrán en las aulas las responsabilidades de las organizaciones subversivas y las violaciones cometidas por agentes estatales. Ese contenido aún está pendiente de conocerse.

Lima, 15 de septiembre de 2026.- El pedido de facultades legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori llega a una etapa decisiva en la Cámara de Diputados, después de que siete comisiones se pronunciaran contra la delegación solicitada por el Ejecutivo. La propuesta, que busca otorgar facultades para legislar durante 120 días en 66 materias, será materia de definición parlamentaria en los próximos días, en un escenario marcado por posiciones divergentes dentro de los grupos de trabajo.

Según el pronunciamiento desfavorable de la mayoría de las comisiones, la delegación de facultades debería desaprobarse en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, pero podría cambiar, por eso la ciudadanía sigue de cerca la actuación de cada uno de los parlamentarios de la oposición (OBRAs, Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú), que buscan no repetir lo ocurrido con el voto de la senadora Silvana Robles en la elección de la Mesa Directiva.

Siete comisiones rechazaron la delegación

Las comisiones de Energía y Minas, Justicia y Derechos Humanos, Infraestructura, Vivienda y Transportes, Producción, Trabajo y Seguridad Social, Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital, y Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos declararon no viable el otorgamiento de facultades al Ejecutivo. El último pronunciamiento correspondió a Defensa del Consumidor, que se sumó este martes al bloque de informes desfavorables.

El rechazo no se limita a una sola materia. En Justicia, por ejemplo, el informe contrario alcanzó los ámbitos de seguridad, justicia y orden interno y fue aprobado con 11 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención. Días antes, Energía y Minas, Ciencia y Tecnología, Producción, Infraestructura y Trabajo también habían recomendado no delegar facultades al Ejecutivo en sus respectivas áreas.

Seguridad y economía concentran las diferencias

El Gobierno sostiene que la delegación permitiría acelerar medidas frente a la criminalidad y atender otros problemas considerados prioritarios. El primer ministro Luis Galarreta acudió a la Comisión de Constitución acompañado de ministros para explicar el contenido del pedido y defender la necesidad de contar con estas herramientas legislativas.

La principal controversia está en el alcance de las facultades solicitadas. Mientras algunas bancadas plantean limitar la delegación a materias específicas, como seguridad ciudadana y gestión de riesgos ante el fenómeno El Niño, otras cuestionan que el Ejecutivo solicite un paquete amplio de competencias. Tres bancadas —Obras, Ahora Nación y Juntos por el Perú— incluso solicitaron al Ejecutivo presentar un nuevo proyecto concentrado en esas dos áreas.

En contraste, las comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno y Medio Ambiente y Sostenibilidad emitieron opiniones favorables al otorgamiento de facultades. La Comisión de Desarrollo Agrario también aprobó un informe favorable sobre las materias de su competencia, con 11 votos a favor y ocho en contra. El resultado evidencia que el Congreso no mantiene una posición uniforme frente al paquete presentado por el Ejecutivo.

La decisión pasa a la Cámara de Diputados

La Comisión de Constitución, presidida por Giannina Avendaño, es la encargada de integrar las posiciones de las comisiones y elaborar el dictamen correspondiente. La discusión ha quedado condicionada por los informes sectoriales y por las diferencias entre las bancadas sobre qué materias deberían ser delegadas y cuáles deberían quedar fuera.

El escenario que llega a la Cámara de Diputados es, por tanto, el de una delegación parcialmente respaldada y ampliamente cuestionada en las comisiones. El pedido original comprende 66 materias y un plazo de 120 días, pero los informes parlamentarios han planteado restricciones y rechazos en sectores estratégicos. La jornada legislativa prevista para este miércoles 16 de septiembre será clave para establecer hasta dónde avanzará la propuesta del Ejecutivo.

La disputa no solo definirá si el Gobierno obtiene facultades, sino también qué materias podrían quedar finalmente habilitadas y con qué límites. Cualquier autorización deberá continuar luego el procedimiento correspondiente en la Cámara de Senadores, por lo que el texto que eventualmente aprueben los diputados no necesariamente será el resultado definitivo del proceso.

Trujillo, 12 de setiembre de 2026.- Nuevas imágenes de cámaras de seguridad difundidas por Hildebrandt en sus Trece vuelven a poner bajo cuestionamiento la versión oficial sobre la masacre de Trujillo, ocurrida el pasado 30 de agosto y que dejó cuatro personas asesinadas y al comerciante de oro Jenss Lara Tantaquilla secuestrado. Los registros fueron captados aproximadamente 12 horas antes del ataque y muestran a varias personas utilizando la camioneta Toyota Hilux vinculada posteriormente con el crimen.

Las imágenes fueron registradas en un grifo de la avenida España, a unas seis cuadras del lugar donde ocurrió el ataque. En la secuencia aparecen cuatro hombres vinculados a dos vehículos y, posteriormente, un hombre acompañado por dos mujeres. Parte de ellos termina abordando la Hilux, después de colocar equipaje en la tolva. La escena adquiere especial relevancia porque se trataría de los últimos ocupantes conocidos de la camioneta antes de la masacre.

¿Y los primeros detenidos?

El nuevo material golpea directamente la hipótesis policial que inicialmente presentó a los primeros intervenidos como integrantes de la organización criminal que ejecutó el ataque. Según fuentes de la Fiscalía citadas por el semanario, los hombres registrados en las nuevas imágenes presentarían una talla y contextura compatibles con quienes habrían participado en el crimen, a diferencia de algunos de los detenidos inicialmente exhibidos por la Policía.

La revelación resulta especialmente incómoda para el alto mando policial. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y el jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, han defendido públicamente los avances de la investigación y la participación de los detenidos. Revoredo llegó a sostener que entre los intervenidos había dos o tres personas que habrían disparado directamente durante el ataque.

Sin embargo, la propia Policía había reconocido que la investigación todavía estaba en desarrollo y que debía establecerse el grado de participación de cada detenido. El Ministerio del Interior informó inicialmente sobre cinco intervenidos como presuntos integrantes de “Los Pulpos”, mientras que posteriormente el número de detenidos fue aumentando y Revoredo afirmó que algunos habrían cumplido funciones directas en la escena.

Una camioneta, varias interrogantes

El caso también mantiene abierta la controversia sobre la camioneta utilizada en el ataque, cuya placa fue reportada como clonada. A ello se suma la aparición de un Suzuki relacionado con Peter Bocanegra Aguilar, detenido por su presunta vinculación con el crimen, que habría seguido los movimientos de la Hilux y vuelto a aparecer cerca de ella después del ataque.

Las nuevas imágenes no prueban por sí solas quiénes ejecutaron la masacre ni determinan responsabilidad penal. Pero sí introducen un elemento que la Fiscalía deberá contrastar con las declaraciones, pericias, registros telefónicos, cámaras de seguridad y demás evidencias. De hecho, la situación jurídica de los detenidos sigue siendo la de investigados y corresponde al Ministerio Público determinar responsabilidades con base en la evidencia reunida.

¿Cambiará el discurso del Gobierno?

La evidencia también coloca presión política sobre la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Interior, César Astudillo. El Gobierno había presentado las capturas como un resultado importante frente al crimen organizado, mientras la Policía defendía la tesis de que los detenidos tenían participación en el ataque. Las nuevas imágenes obligan, como mínimo, a revisar públicamente esa narrativa.

La pregunta que queda abierta es si el Ejecutivo mantendrá la prevista ceremonia de desagravio y despedida para el general Óscar Arriola o si, ante las nuevas evidencias, modificará su posición. Sobre todo, deberá explicar si mantiene la afirmación de que los detenidos presentados por la Policía fueron los autores materiales de la masacre o si reconocerá que la investigación enfrenta nuevas y serias interrogantes. El caso de Trujillo, lejos de estar cerrado, vuelve a colocar a la PNP y al Gobierno bajo escrutinio.