Perú, 5 de octubre de 2026.- el cómputo de la ONPE avanza tras la jornada del 4 de octubre, pero todavía no permite declarar ganadores definitivos. Las actas pendientes, observadas o sometidas a revisión de los Jurados Electorales Especiales (JEE) pueden modificar el orden y los porcentajes en varias circunscripciones.

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 movilizaron el domingo 4 de octubre a más de 26 millones de electores para renovar las autoridades regionales, provinciales y distritales del país para el periodo 2027-2030. En total, el proceso contempla la elección de 25 gobernadores y 25 vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales y 10.842 regidores, lo que suma 13.148 autoridades.

ONPE concentra el cómputo y los JEE resuelven las actas observadas

La ONPE inició el procesamiento de las actas después del cierre de las mesas y habilitó su plataforma de resultados para que la ciudadanía pueda seguir el cómputo oficial. El organismo electoral señaló que el procesamiento se realiza a través de sus 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

El resultado que aparece en la plataforma de la ONPE, sin embargo, no equivale todavía a una proclamación definitiva. Las actas observadas, votos impugnados y eventuales pedidos de nulidad son remitidos a los JEE, que deben resolverlos dentro del procedimiento electoral. Posteriormente corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamar los resultados que hayan quedado firmes.

El 30 % define si una región evita la segunda vuelta

La elección de gobernador y vicegobernador tiene una regla diferente a la municipal. Una fórmula regional debe alcanzar no menos del 30 % de los votos válidos para imponerse en primera elección. Si ninguna llega a ese porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación pasan a la Segunda Elección Regional (SER 2026).

El JNE fijó el 29 de noviembre de 2026 como fecha para la eventual segunda elección regional. Asimismo, estableció el 28 de octubre como fecha límite para las audiencias públicas de recuento de votos de las elecciones regionales y dispuso medidas para acelerar la resolución de las actas observadas.

Callao, Cusco e Ica aparecen por encima del umbral

En los cortes parciales de resultados publicados durante el 5 de octubre, varias regiones mostraban a sus primeros candidatos por encima del 30 %. En Callao, Pedro Spadaro, de Renovación Popular, superaba ampliamente ese porcentaje, mientras que en Cusco Verónika Mendoza, de Venceremos, aparecía alrededor del 31 % con más del 90 % de las actas contabilizadas en uno de los cortes consultados.

También aparecían por encima del umbral Ica, Ucayali, Madre de Dios y San Martín, aunque en algunos casos el porcentaje de actas contabilizadas todavía no alcanzaba el 100 %. Por esa razón, un resultado superior al 30 % en un corte parcial debe considerarse una ventaja provisional hasta que concluya el procesamiento y se resuelvan las controversias electorales.

En Ayacucho y Apurímac la situación también mostraba fórmulas por encima del 30 %, pero con una particularidad: en Apurímac la diferencia entre las dos primeras candidaturas era estrecha. Los resultados publicados durante el avance del cómputo mostraban a Guido Chahuaylla y Elvyn Díaz disputando los primeros lugares, mientras que en Ayacucho las primeras posiciones también presentaban una competencia relevante.

Quince regiones todavía sin fórmula por encima del 30 %

En otras circunscripciones, los primeros cortes de la ONPE mostraban que ninguna fórmula había alcanzado el porcentaje exigido. Entre ellas figuran, según los avances disponibles, Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

La situación no puede considerarse cerrada en estas regiones. Un candidato ubicado cerca del 30 % todavía puede superar el umbral cuando se incorporen nuevas actas, mientras que el orden de las candidaturas que eventualmente disputarían una segunda elección también puede variar durante el proceso de revisión.

Un ejemplo es Junín, donde los primeros resultados mostraban a Fernando Orihuela cerca del límite del 30 %, mientras que en otras regiones como Amazonas y Áncash los porcentajes de las primeras candidaturas se encontraban bastante más distribuidos. Estas diferencias explican por qué la fotografía electoral del 5 de octubre todavía no equivale al resultado final.

Municipios no tendrán segunda vuelta

En las elecciones municipales no existe un mecanismo equivalente a la segunda vuelta regional. La elección de alcaldes se define por la lista que obtiene la mayor votación, de acuerdo con las reglas electorales aplicables a cada concejo.

Por ello, mientras la atención regional se concentra en determinar qué fórmulas alcanzan el 30 % y cuáles deberán disputar una SER, en las provincias y distritos el procesamiento de actas permitirá establecer progresivamente qué listas encabezan cada jurisdicción. Las cifras municipales también permanecen sujetas al cómputo de actas observadas y a las decisiones de los órganos electorales competentes.

El resultado definitivo todavía está en manos del proceso electoral

La principal conclusión de las primeras horas de cómputo es que el mapa regional todavía no está completamente definido. La ONPE continúa incorporando actas a su sistema, mientras los JEE reciben y resuelven aquellas que presentan observaciones, impugnaciones u otras incidencias.

Por ello, los porcentajes difundidos durante estos primeros días deben ser entendidos como resultados parciales y dinámicos, no como proclamaciones. La definición definitiva de los ganadores dependerá del cierre del cómputo, la resolución de las controversias y las proclamaciones correspondientes del JNE.

La ciudadanía puede consultar el avance oficial directamente en la plataforma de resultados de la ONPE. El proceso continuará durante las próximas semanas y será especialmente relevante en las regiones donde las candidaturas se encuentran cerca del umbral del 30 % o donde existe poca diferencia entre quienes ocupan los primeros lugares.

Piura, 01 de setiembre de 2026.- La inspección se originó en una solicitud de fiscalización presentada por la FETRIMAP-CGTP. SUNAFIL identificó dos infracciones muy graves que afectarían a 40 trabajadores de un establecimiento de Compañía Food Retail S.A.C., identificado en el expediente como Plaza Vea–Vivanda, en Piura.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) propuso una multa total de S/ 84 316 contra Compañía Food Retail S.A.C. por excluir de la jornada laboral el tiempo que sus trabajadores destinaban al cambio de uniforme. La actuación inspectiva se produjo a partir de una solicitud presentada por la Federación de Trabajadores de Mercados, Supermercados y Afines (FETRIMAP-CGTP).

La investigación corresponde al establecimiento ubicado en la avenida Grau N.° 555, Piura, y está contenida en el Acta de Infracción N.° 325-2025-SUNAFIL/IRE-PIU. De acuerdo con el documento, la inspección identificó dos infracciones calificadas como muy graves y consideró a 40 trabajadores afectados.

El uniforme era obligatorio, pero el tiempo para cambiarse no era reconocido

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el artículo 28 del Reglamento Interno de Trabajo de la compañía. Según lo recogido en el acta, dicha disposición excluía de la jornada efectiva el tiempo destinado al cambio de vestimenta.

El problema señalado por la inspección es que el propio reglamento establecía la obligatoriedad del uso del uniforme y contemplaba consecuencias frente a su incumplimiento, incluso la posibilidad de impedir el ingreso del trabajador a las instalaciones.

Desde la perspectiva de los trabajadores, el punto central es que la empresa imponía una condición necesaria para prestar servicios, pero trasladaba el tiempo empleado en cumplirla fuera de la jornada laboral. La FETRIMAP-CGTP considera que esta práctica supone cargar sobre el tiempo personal del trabajador una obligación vinculada directamente con la prestación del servicio.

Precedentes laborales respaldan el reconocimiento del tiempo

El acta inspectiva recoge como sustento el precedente de observancia obligatoria establecido mediante la Resolución de Sala Plena N.° 016-2023-SUNAFIL/TFL, así como el criterio desarrollado en la Casación Laboral N.° 9387-2014, Lima Norte.

De acuerdo con estos criterios, cuando el cambio de uniforme se realiza en el centro de trabajo por exigencia del empleador y resulta necesario para desarrollar las labores, dicho periodo forma parte de la jornada de trabajo.

Bajo esta interpretación, un reglamento interno no podría excluir unilateralmente ese periodo del tiempo efectivo de trabajo cuando concurren las condiciones establecidas por la normativa y la jurisprudencia laboral.

SUNAFIL ordenó corregir el reglamento

Durante la fiscalización, SUNAFIL requirió a la compañía modificar la disposición cuestionada y acreditar que el reglamento corregido había sido entregado a los trabajadores comprendidos en la investigación.

La empresa cuestionó la competencia territorial de los inspectores para disponer modificaciones sobre un documento de alcance nacional y sostuvo que el plazo otorgado para cumplir la medida era irrazonable. Sin embargo, el personal inspectivo dejó constancia de que esos argumentos no impedían el cumplimiento de la medida requerida y que no se acreditó su subsanación en ese extremo.

Por ello, la actuación inspectiva terminó considerando no solo la exclusión del tiempo de cambio de uniforme, sino también el incumplimiento de la medida de requerimiento formulada por la autoridad laboral.

Dos infracciones y S/ 84 316 en multas propuestas

La primera infracción fue calificada como muy grave, conforme al numeral 25.6 de la normativa inspectiva referida al incumplimiento de disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo. Por este concepto se propuso una multa de S/ 42 158.

La segunda corresponde al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento y fue calificada como muy grave bajo el numeral 46.7, con otra multa propuesta de S/ 42 158.

En conjunto, ambas sanciones alcanzan S/ 84 316. Sin embargo, esta cifra corresponde a una propuesta contenida en el acta de infracción y no constituye todavía una multa firme. El caso debe continuar dentro del correspondiente procedimiento administrativo sancionador.

La discusión también alcanzó las horas extras

La fiscalización incluyó además la revisión de la compensación y el pago de horas extras correspondientes a un trabajador. En ese extremo, la empresa presentó documentación que fue considerada suficiente por SUNAFIL, por lo que la autoridad dio por cumplido el requerimiento.

De esta manera, las infracciones que sustentan la propuesta económica se concentran en dos aspectos: la exclusión del tiempo destinado al cambio de uniforme de la jornada laboral y la falta de subsanación de la disposición observada.

FETRIMAP-CGTP exige reconocer el tiempo de los trabajadores

Para la FETRIMAP-CGTP, el caso pone en discusión un aspecto concreto de las condiciones laborales: el tiempo que una persona emplea para cumplir una obligación impuesta por su empleador no debería convertirse automáticamente en tiempo personal no remunerado cuando dicho cumplimiento es necesario para ingresar y prestar servicios.

La organización sindical exige que la empresa corrija la disposición cuestionada y respete íntegramente el tiempo que sus trabajadores destinan a cumplir las exigencias establecidas para el desarrollo de sus labores.

El sindicato también reivindica la intervención de la autoridad inspectiva como mecanismo para hacer cumplir las normas laborales y sostiene que la fiscalización se originó precisamente en la acción de los trabajadores organizados para denunciar una situación que, a su juicio, afectaba el reconocimiento efectivo de su jornada.

El caso de Compañía Food Retail S.A.C. queda ahora sujeto al procedimiento administrativo correspondiente. La decisión final determinará si las infracciones propuestas por SUNAFIL son confirmadas, modificadas o dejadas sin efecto, mientras que para los trabajadores la controversia de fondo permanece: si el cambio obligatorio de uniforme, realizado por exigencia de la empresa y necesario para prestar el servicio, debe ser reconocido como parte de la jornada laboral.

Tumbes, 27 de setiembre de 2026.- Las lluvias intensas de febrero marcaron en Tumbes la primera señal concreta de un fenómeno que meses después adquiriría una dimensión mayor. Aunque el ENFEN sitúa el inicio del actual Niño Costero en marzo de 2026, las precipitaciones y crecidas de ríos registradas desde el 18 y 19 de febrero ya habían puesto a prueba la capacidad de respuesta de la región norte.

Río Tumbes puso en riesgo la producción agrícola

Uno de los primeros impactos se produjo en la cuenca del río Tumbes. La crecida del cauce alcanzó niveles críticos y provocó la inundación de aproximadamente 600 hectáreas de cultivos, principalmente en sectores agrícolas de la provincia de Tumbes. El episodio afectó una economía rural altamente expuesta a las variaciones del caudal y a las lluvias procedentes también de la parte alta de la cuenca.

La situación no quedó restringida al campo. Durante la última semana de febrero se registraron calles inundadas, aniegos, interrupciones y restricciones en servicios, además de problemas de transitabilidad en distintos puntos de las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla. La dimensión inicial del daño quedó reflejada en el reporte difundido por el COER: 18 damnificados, 495 afectados, 163 viviendas afectadas —cinco inhabitables—, tres instituciones educativas dañadas y 1.100 metros de vías vecinales deterioradas.

Los distritos incluidos entre los más afectados fueron Tumbes, Corrales, San Jacinto, La Cruz, Casitas, Zarumilla y Aguas Verdes. El incremento de los caudales también generó situaciones de aislamiento. En Zarumilla, por ejemplo, agentes policiales utilizaron drones para localizar y rescatar a cuatro niños que habían quedado rodeados por las aguas en una chacra de cultivo de banano.

La emergencia llegó antes del peor escenario

La respuesta estatal no comenzó después de los desbordes. El Ejecutivo ya había declarado en enero el estado de emergencia en distritos de Tumbes y otras regiones por peligro inminente ante intensas precipitaciones mediante el Decreto Supremo N.° 005-2026-PCM. La medida buscaba habilitar acciones de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación frente al escenario climático previsto.

Cuando las lluvias se intensificaron, las medidas pasaron del plano preventivo a la atención directa. El sistema de agua potable tuvo restricciones y la Unidad Ejecutora Tumbes desplegó cisternas para atender a unas 3.500 familias. De los 19 vehículos disponibles, nueve se encontraban operativos en puntos estratégicos el 26 de febrero, mientras otros permanecían disponibles o en mantenimiento. También se intensificaron trabajos de limpieza y descolmatación del sistema de alcantarillado.

El sector productivo también ingresó en el esquema de respuesta. El 28 de febrero, un equipo técnico del Ministerio de la Producción se trasladó a Tumbes para coordinar con el COER, INDECI y el Gobierno Regional el registro de daños en el SINPAD. La delegación inspeccionó además el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Cancas, cuya operatividad había sido restablecida, mientras se ejecutaban trabajos de drenaje.

La afectación económica potencial iba más allá de la infraestructura urbana. Agricultura y pesca quedaron expuestas a una temporada de lluvias que podía prolongarse. PRODUCE verificó los niveles de los ríos Tumbes y Bocapán y mantuvo el monitoreo de ambos cauces, mientras que las lluvias obligaron a reforzar la vigilancia sobre desembarcaderos y actividades productivas.

La prevención avanzó, pero el riesgo no desapareció

Durante los meses siguientes continuaron las medidas de prevención. En julio, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes informó la culminación de trabajos de descolmatación, limpieza y eliminación de material excedente en drenes, canales y quebradas, intervenciones que, según el sector, beneficiaron a más de 265 familias agricultoras y protegieron cerca de 930 hectáreas de cultivos e infraestructura.

En paralelo, la ANIN informó avances en infraestructura de protección. La quebrada La Jardina, en San Jacinto, cuenta con diques y otras obras destinadas a reducir el riesgo de inundaciones; además, la entidad reportó la implementación del Sistema de Alerta Temprana del río Tumbes, con una población potencial beneficiaria superior a 126 mil personas.

Septiembre abre una nueva etapa de vigilancia

El escenario actual es más exigente que el registrado al comienzo del año. El último comunicado oficial disponible del ENFEN, publicado el 14 de septiembre, mantiene la Alerta de El Niño Costero y proyecta que el fenómeno continúe hasta mediados del otoño de 2027. Para la región Niño 1+2, el organismo estima la mayor probabilidad de una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

El mismo pronóstico advierte que entre septiembre y noviembre las lluvias en la costa norte podrían ubicarse por encima de lo normal, con episodios de intensidad moderada a fuerte desde noviembre. Asimismo, ENFEN prevé que los ríos del norte de la vertiente del Pacífico presenten caudales superiores a lo normal principalmente desde noviembre.

El balance de febrero, por tanto, funciona como una primera fotografía de la vulnerabilidad de Tumbes: 18 damnificados, 495 afectados, 163 viviendas dañadas, infraestructura educativa golpeada, vías deterioradas y cientos de hectáreas agrícolas bajo el agua. El desafío para las autoridades ya no consiste únicamente en responder a una emergencia, sino en determinar si las obras preventivas, los sistemas de alerta y la capacidad de evacuación y drenaje estarán operativos cuando llegue el periodo de lluvias más exigente previsto por ENFEN.