Lima, 11 de diciembre de 2025.- El presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), defendió hoy un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a miembros de las…
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Desactivación de equipos especiales: Un retroceso que amenaza la justicia por las víctimas de las protestas 2022-2023

Lima, 06 de enero 2026.- El 6 de enero de 2026, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, oficializó la desactivación de cuatro equipos especiales del Ministerio Público: Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, Eficcop y, de manera particularmente alarmante, el Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Esta medida, publicada en El Peruano, transfiere las investigaciones a fiscalías especializadas bajo el argumento de optimizar recursos y unificar la persecución penal. Sin embargo, expertos y representantes de víctimas coinciden en que representa un grave debilitamiento institucional, especialmente en los casos de violaciones a derechos humanos ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, donde al menos 49 civiles perdieron la vida por represión policial y militar.
El Eficavip, creado en marzo de 2023, era el único equipo dedicado exclusivamente a investigar las muertes y lesiones graves en protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, incluyendo episodios como la masacre de Juliaca (18 fallecidos en un solo día) y Ayacucho. Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado que muchas de estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, con uso excesivo de fuerza letal. La disolución de este equipo dispersa las carpetas fiscales, elimina la coordinación especializada y genera riesgos de dilaciones procesales, en un contexto donde las investigaciones ya avanzaban lentamente y enfrentaban estancamientos en la responsabilidad de altos mandos.
La decisión de Gálvez no es aislada: él mismo fue investigado en el caso Cuellos Blancos del Puerto —cuyo equipo también se desactiva—, por presuntos vínculos con una red de corrupción judicial que incluyó audios comprometedores con César Hinostroza. Aunque Gálvez niega cualquier implicancia y califica el caso como «una invención», su restitución en 2025 por el Tribunal Constitucional y su rol actual como fiscal interino generan un evidente conflicto de intereses. Esta sombra de parcialidad se extiende al Eficavip, donde abogados de deudos como Juan José Quispe denuncian que la medida busca «proteger» a altos mandos policiales y al Ejecutivo, instalando un «manto de impunidad».
Reacciones no se han hecho esperar. José Ugaz advierte que la desactivación favorece a investigados con aspiraciones políticas rumbo a las elecciones 2026, mientras Silvana Carrión lamenta el debilitamiento de la lucha anticorrupción. Para las víctimas de las protestas, es «un día negro para el Ministerio Público», como lo calificó Quispe, pues muchas investigaciones ni siquiera alcanzan tres años y ahora corren riesgo de prescripción o archivo. Aunque Gálvez deslinda responsabilidad personal y promete continuidad en subsistemas especializados, la pérdida de equipos autónomos implica menor especialización y mayor burocracia.
En un país marcado por la impunidad en graves violaciones de derechos humanos, esta reestructuración no solo cuestiona la independencia del Ministerio Público, sino que envía un mensaje preocupante: las vidas perdidas en 2022-2023 podrían quedar sin justicia plena. Urge una supervisión independiente para garantizar que las investigaciones no se diluyan, y que las víctimas —y no los intereses políticos— sean el centro de la persecución penal.
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Colombia irá a segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según preconteo no oficia

Los resultados preliminares de la Registraduría Nacional ubican al candidato de derecha con 43,74% y al oficialista con 40,91%. El balotaje se realizará el próximo 21 de junio.
Colombia 31 de mayo 2026.- Colombia cerró este domingo 31 de mayo la primera vuelta presidencial sin un ganador definitivo. Con más de 23,5 millones de votos válidos emitidos y un padrón superior a 41 millones de ciudadanos habilitados, ninguno de los once candidatos alcanzó el 50% más uno requerido por la Constitución para ganar la Presidencia en primera vuelta.
De acuerdo con el preconteo informativo difundido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo el 43,74% de los votos, mientras Iván Cepeda Castro, representante del Pacto Histórico, alcanzó el 40,91%. Ambos disputarán la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.
En tercer lugar quedó Paloma Valencia, del Centro Democrático, con 6,92%, seguida por Sergio Fajardo, de Dignidad & Compromiso, con 4,26%. Las autoridades electorales precisaron que estas cifras tienen únicamente carácter informativo y no representan resultados oficiales con validez jurídica.
Uno de los principales temas de la jornada fue la diferencia entre el preconteo y el escrutinio oficial. Mientras el primero corresponde a una transmisión rápida de resultados elaborada por los jurados de votación la misma noche electoral, el segundo será desarrollado por comisiones presididas por jueces de la República y determinará oficialmente las cifras definitivas.
La discusión sobre los resultados preliminares tuvo inmediatas repercusiones políticas. Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, expresaron cuestionamientos sobre el proceso electoral, mientras el presidente Gustavo Petro recordó que los únicos resultados vinculantes serán los emitidos por las comisiones escrutadoras.
En paralelo, comenzaron los primeros alineamientos rumbo al balotaje. El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella y diversos sectores políticos iniciaron negociaciones para definir apoyos en la segunda vuelta.
Colombia llega así al balotaje del 21 de junio bajo un escenario de fuerte polarización política. Mientras De la Espriella buscará ampliar su ventaja incorporando votos de candidatos eliminados, Cepeda tendrá el desafío de movilizar sectores abstencionistas y consolidar el respaldo progresista en una elección que definirá el rumbo político del país para el periodo 2026–2030.
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Debate presidencial Perú 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizan un intenso choque político rumbo a la segunda vuelta

Lima, 31 de mayo de 2026.- El último debate presidencial previo a la segunda vuelta electoral del 7 de junio estuvo marcado por fuertes confrontaciones entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, quienes protagonizaron un intercambio de acusaciones, cuestionamientos y propuestas en un escenario de alta polarización política.
El encuentro, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se desarrolló en un contexto de disputa electoral ajustada y con una elevada expectativa ciudadana. Más allá de la presentación de planes de gobierno, ambos candidatos enfocaron buena parte de sus intervenciones en consolidar una narrativa política para captar el voto indeciso en la recta final de la campaña.
Desde los primeros minutos, Roberto Sánchez adoptó una estrategia de confrontación directa contra el fujimorismo, cuestionando el papel político de Fuerza Popular y vinculando a su adversaria con la crisis institucional y el deterioro de la democracia en los últimos años. El candidato de Juntos por el Perú buscó posicionarse como una alternativa frente a los sectores tradicionales del poder político.
Por su parte, Keiko Fujimori respondió planteando la elección como una decisión entre dos modelos opuestos de país y centró parte de su discurso en temas de seguridad, estabilidad y crecimiento económico. Asimismo, intentó vincular a Sánchez con sectores políticos que considera radicales y con experiencias recientes cuestionadas por diversos sectores del país.
Los momentos de mayor tensión se produjeron cuando ambos candidatos dejaron el terreno programático para intercambiar cuestionamientos sobre responsabilidades políticas, alianzas y antecedentes de sus respectivos espacios. Los ataques directos elevaron el tono del debate y desplazaron temporalmente la discusión sobre propuestas concretas.
Otro aspecto destacado fue el intento de ambos aspirantes por conectar con el electorado desde una dimensión más personal. Sánchez reforzó un discurso centrado en el esfuerzo individual y la representación popular, mientras Fujimori buscó consolidar una imagen de experiencia y capacidad de gestión frente a la crisis política y social que atraviesa el país.
Con el cierre del debate, la campaña presidencial ingresa a su etapa decisiva bajo un escenario de fuerte polarización. Analistas y observadores políticos consideran que las reacciones posteriores en redes sociales, medios de comunicación y entre los votantes indecisos podrían resultar determinantes para definir el resultado de las elecciones del próximo 7 de junio.
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Miles marchan contra Keiko Fujimori en todo el Perú a ocho días de la segunda vuelta

La jornada nacional «Keiko No Va», convocada por una amplia coalición de colectivos ciudadanos, sindicatos y organizaciones sociales, movilizó a miles de personas en Lima y diversas regiones del país en vísperas del debate presidencial del 31 de mayo.
Lima, 30 de mayo de 2026.- A ocho días de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), miles de ciudadanos salieron este sábado a las calles de distintas ciudades del país para expresar su rechazo a la candidatura fujimorista. Bajo la consigna «Keiko No Va», la movilización reunió a organizaciones de derechos humanos, colectivos juveniles, gremios sindicales, federaciones estudiantiles, agrupaciones feministas y asociaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori. En Lima, la concentración principal partió desde la Plaza San Martín y recorrió el centro histórico hasta el Palacio de Justicia.
Las protestas también se replicaron en diversas regiones con una amplia participación ciudadana. En Trujillo, colectivos culturales, artistas y organizaciones sociales se reunieron en la Plazoleta El Recreo bajo los lemas «Keiko No Va» y «No al Kaos», mientras que en Arequipa la convocatoria tuvo como punto central la Plaza España. En Cusco, cientos de personas se congregaron en la Plaza Limacpampa; en Chiclayo, en la Plazoleta Elías Aguirre; y en Huancayo también se registraron movilizaciones de considerable asistencia. En algunos puntos del recorrido, particularmente en Trujillo, se reportaron momentos de tensión con la Policía Nacional durante el control de la marcha.
La convocatoria tomó fuerza durante los últimos días en plataformas digitales, donde afiches, videos y mensajes de organizaciones juveniles y colectivos ciudadanos circularon masivamente. Etiquetas y consignas vinculadas a «Keiko No Va», «No al Kaos» y mensajes relacionados con memoria histórica y defensa de la democracia fueron compartidos en redes sociales, impulsando la participación de sectores estudiantiles, culturales y ciudadanos independientes en distintas ciudades del país.

Entre los actores políticos que respaldaron la jornada figuraron el excandidato presidencial Alfonso López Chau, de Ahora Nación. También participó Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, quien durante una conferencia previa a la movilización sostuvo que la presencia de su organización buscaba reafirmar un compromiso con la defensa de la democracia. Como parte de esa articulación política y social, representantes de diversos colectivos suscribieron un denominado «Compromiso por el Perú» antes del inicio de las marchas.
El componente sindical y universitario también tuvo una participación destacada. Julio César Bazán, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuestionó las políticas laborales impulsadas durante el fujimorismo y advirtió sobre una eventual continuidad de dichas medidas. Desde el movimiento estudiantil, dirigentes universitarios invocaron a la memoria de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los años noventa para convocar a una mayor participación juvenil.
Las voces de las víctimas directas del régimen de Alberto Fujimori ocuparon un espacio central durante la jornada. María Elena Carbajal, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMFEP), denunció nuevamente los abusos sufridos por miles de mujeres durante aquella etapa, mientras que Gisela Ortiz, representante de familiares de víctimas de crímenes de Estado, sostuvo que las razones para rechazar el retorno del fujimorismo al poder «se levantan cada cinco años con memoria y justicia».
Los organizadores dirigieron además un mensaje al electorado aún indeciso y cuestionaron las campañas que promueven el voto blanco o nulo, al considerar que podrían terminar favoreciendo indirectamente a la candidatura de Fuerza Popular. La movilización se produjo apenas un día antes del debate presidencial del 31 de mayo, considerado uno de los eventos decisivos de la campaña electoral antes de que los peruanos acudan a las urnas el próximo 7 de junio.
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