El último reporte del INEI muestra que solo el 17% de las víctimas urbanas denunció el hecho delictivo. La principal razón para no acudir a las autoridades es considerar que hacerlo “es una pérdida de tiempo”.

Lima, 7 de setiembre de 2026.- Ocho de cada diez víctimas de hechos delictivos en el Perú urbano no denuncian lo ocurrido ante las autoridades. El dato, correspondiente al semestre móvil febrero-julio de 2026 y difundido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), vuelve a poner en el centro del debate la denominada “cifra negra” de la delincuencia y revela un problema que va más allá de la cantidad de delitos registrados oficialmente: la creciente distancia entre los ciudadanos y las instituciones encargadas de protegerlos.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), solo el 17,0% de las víctimas de hechos delictivos en el ámbito nacional urbano presentó una denuncia durante el periodo analizado. En consecuencia, alrededor del 83% no denunció.

La situación también se observa en los principales ámbitos urbanos del país. En Lima Metropolitana y el Callao, el porcentaje de víctimas que denunció descendió de 21,3% a 18,5% respecto del periodo comparable. En la Costa Urbana, pasó de 21,4% a 18,1%.

El retroceso significa que una proporción cada vez mayor de los hechos delictivos queda fuera de los registros derivados de las denuncias formales.

Una mayoría de víctimas decide no denunciar

La llamada cifra negra comprende aquellos hechos delictivos que no llegan a conocimiento de las autoridades mediante una denuncia. Por ello, las estadísticas basadas exclusivamente en denuncias pueden mostrar solo una parte del fenómeno de la delincuencia.

Los resultados del INEI permiten dimensionar la magnitud del problema:

En otros ámbitos urbanos, el porcentaje de víctimas que no denunció también alcanza niveles elevados: 85,5% en la Sierra Urbana y 85,0% en la Selva Urbana, según los indicadores consignados para el periodo.

La lectura más preocupante no es únicamente el descenso porcentual de las denuncias. El problema está en por qué las víctimas consideran que denunciar no vale la pena.

“Es una pérdida de tiempo”: la principal razón

El motivo más mencionado por quienes decidieron no denunciar es contundente: consideran que hacerlo es una pérdida de tiempo.

Esta respuesta alcanza el 45,1% a nivel nacional y llega al 50,7% en Lima Metropolitana y el Callao.

El dato plantea una interrogante fundamental para las instituciones responsables de la seguridad y la justicia: ¿qué ocurre cuando una víctima considera que acudir a la Policía, al Ministerio Público o a otras instancias competentes no producirá resultados?

La denuncia deja entonces de ser percibida como una vía efectiva para obtener protección o justicia y se convierte, para una parte importante de la población, en un trámite cuyo resultado se considera incierto.

La desconfianza en la Policía también pesa

La segunda razón señalada por las víctimas está relacionada directamente con las instituciones de seguridad. El 15,0% de quienes no denunciaron manifestó desconfianza en la Policía Nacional del Perú.

La cifra adquiere especial relevancia porque la Policía constituye, en la mayoría de los casos, la primera institución estatal a la que recurre una persona víctima de un delito.

Cuando la desconfianza se transforma en una decisión de no denunciar, se produce un círculo difícil de romper: menos denuncias generan menos información sobre determinados hechos; menos información puede dificultar la identificación de patrones delictivos; y la percepción de que las autoridades no responden puede reforzar nuevamente la decisión de no denunciar.

La percepción de que el delito “no es importante”

Otro 14,1% de las víctimas señaló que el delito era de poca importancia.

Este comportamiento puede estar asociado a hechos considerados menores, como determinados robos, hurtos o estafas, pero también evidencia un proceso de normalización de determinadas formas de delincuencia.

Cuando una persona asume que perder un objeto, sufrir una estafa o ser víctima de un robo menor forma parte de la vida cotidiana y que denunciar no cambiará la situación, el hecho desaparece de las estadísticas oficiales.

La consecuencia es una paradoja: la delincuencia puede ser más extendida de lo que muestran los registros administrativos, precisamente porque una gran parte de sus víctimas no comunica lo ocurrido.

Un problema que viene de años atrás

La pérdida de confianza no aparece de manera repentina. Los propios datos históricos de la ENAPRES permiten observar que en 2017 el 31,7% de las víctimas que no denunciaban señalaba como razón que hacerlo era una pérdida de tiempo, mientras que el 13,3% manifestaba desconfianza en la Policía.

Para 2026, ambas razones mantienen un peso considerable y la primera alcanza un nivel aún mayor. La tendencia evidencia que el problema de la denuncia no puede reducirse a la existencia de más o menos efectivos policiales. También involucra la eficacia percibida de las instituciones, la respuesta frente a las víctimas y la confianza en que una denuncia puede producir resultados concretos.

Una estadística que también interpela al Estado

La cifra negra constituye una dificultad para la elaboración de políticas públicas.

Si una parte significativa de los hechos delictivos no llega a conocimiento de las autoridades, los registros administrativos no necesariamente reflejan toda la dimensión de la inseguridad que experimenta la población.

Por ello, encuestas de victimización como la ENAPRES resultan relevantes: permiten aproximarse a hechos que no aparecen necesariamente en las estadísticas construidas a partir de denuncias policiales.

El desafío para el Estado no consiste únicamente en lograr que aumente el número de denuncias. También implica recuperar la confianza de las víctimas, mejorar los mecanismos de atención y demostrar que comunicar un delito puede conducir a una respuesta efectiva.

La pregunta que queda abierta

El dato del 83% de víctimas que no denuncia debería ser leído como algo más que una cifra sobre criminalidad. Es también un indicador de la relación entre ciudadanía e instituciones.

Cuando casi ocho de cada diez víctimas deciden no denunciar, el problema ya no es solamente cuántos delitos ocurren, sino cuántos quedan fuera del alcance del sistema institucional y por qué los ciudadanos han dejado de considerarlo una vía útil para enfrentar la delincuencia.

Santiago, 7 de setiembre de 2026.- Miles de personas volvieron este domingo 6 de septiembre a las calles de Santiago para participar en la tradicional romería hacia el Cementerio General, en el marco de las actividades por el 53° aniversario del golpe de Estado de 1973. La movilización fue convocada por el Frente Amplio, el Partido Comunista y organizaciones de derechos humanos.

La jornada de memoria ocurre en un escenario político especialmente tensionado por la llegada al poder del presidente José Antonio Kast, cuyo Gobierno de derecha enfrenta críticas de organizaciones sociales y sectores de oposición por su agenda de seguridad, sus políticas económicas y su posición frente a la memoria histórica.

Memoria frente a un Gobierno de derecha

Las movilizaciones de septiembre tienen como eje la memoria de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, pero también se han convertido en un espacio de cuestionamiento político al actual Gobierno. Sectores de izquierda y organizaciones de derechos humanos vinculan las posiciones de Kast con una tradición política de derecha que, según sus críticos, mantiene una relación problemática con el legado de la dictadura.

Kast, sin embargo, decidió no realizar actos oficiales del Gobierno por el aniversario del golpe. El mandatario señaló que las fechas forman parte de la historia de Chile, pero descartó programar homenajes institucionales desde La Moneda y optó por mantener su agenda habitual.

Protestas y agenda de seguridad

La conmemoración se produce después de varias semanas de movilización social contra políticas del Ejecutivo. Las protestas estudiantiles han cuestionado los recortes presupuestarios y, especialmente, las propuestas de seguridad que amplían las facultades del Estado frente al crimen organizado.

La agenda de seguridad constituye uno de los principales puntos de tensión. Una encuesta Cadem de agosto mostró que existe amplio respaldo ciudadano a varias medidas contra el crimen organizado, pero el apoyo es mucho menor cuando se trata de restringir libertades públicas: 49% respaldaba un nuevo estado de excepción, frente a 44% que lo rechazaba.

Kast llega debilitado a septiembre

El contexto político también juega un papel relevante. La aprobación presidencial cayó a 30% en la medición Criteria del 6 de septiembre, mientras la desaprobación llegó a 58%, el peor registro de Kast desde el inicio de su administración.

Cadem había registrado pocos días antes una aprobación de 34% y una desaprobación de 61%, además de un aumento de la percepción de que Chile marcha por un mal camino: 63% de los encuestados compartía esa opinión.

La combinación de baja aprobación, conflicto social sectorial, debate sobre seguridad y una fuerte disputa sobre la memoria histórica configura un escenario complejo para el Gobierno. Sin embargo, los antecedentes disponibles no permiten hablar de un nuevo estallido social comparable al de 2019.

La memoria vuelve al centro del debate

La movilización hacia el Cementerio General muestra que la memoria de la dictadura continúa siendo un componente activo de la política chilena. Este año, además, adquiere una dimensión adicional: por primera vez en el actual ciclo político, las organizaciones de derechos humanos conmemoran el 11 de septiembre bajo un Gobierno encabezado por Kast.

El desafío para Chile no se limita a recordar el golpe y a sus víctimas. La discusión actual pone nuevamente sobre la mesa qué relación debe mantener el Estado con la memoria histórica, cómo deben equilibrarse seguridad y libertades públicas y hasta dónde puede avanzar un Gobierno de derecha en una sociedad todavía marcada por las consecuencias de la dictadura.

Lima, 7 de setiembre de 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta su primera prueba política de envergadura: conseguir que el nuevo Congreso bicameral le delegue facultades para legislar durante 120 días. El pedido comprende 66 medidas agrupadas en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, promoción de las MYPE, empleo, desarrollo productivo, materias tributarias, simplificación administrativa y modernización del Estado.

Un Ejecutivo sin mayoría propia

La aritmética parlamentaria explica la necesidad de negociar. Fuerza Popular es la primera fuerza en ambas cámaras, pero está lejos de controlar por sí sola el Congreso: tiene 41 de 130 diputados y 22 de 60 senadores. Juntos por el Perú cuenta con 32 diputados y 14 senadores; Renovación Popular, 15 y 8, respectivamente; mientras que las otras tres fuerzas completan la composición.

El escenario obliga al oficialismo a construir mayorías caso por caso. De hecho, un análisis del trámite parlamentario identifica a Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras como fuerzas determinantes para que el oficialismo pueda alcanzar los votos necesarios, aunque estas bancadas han expresado reparos sobre materias financieras y laborales y mantienen su alianza con Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, aliado del ex presidente Pedro Castillo Terrones.

Facultades: el primer campo de negociación

El Ejecutivo presentó el pedido con carácter de “muy urgente” y la presidenta Fujimori ha defendido públicamente la necesidad de aprobarlo con rapidez, especialmente para adoptar medidas contra la criminalidad, enfrentar los riesgos asociados al fenómeno El Niño y reducir trabas administrativas.

Pero una delegación de facultades no es un cheque en blanco. El Congreso debe determinar qué materias delega, durante cuánto tiempo y bajo qué límites. En un Parlamento fragmentado, el texto final dependerá de las modificaciones que se negocien entre el Ejecutivo y las bancadas.

Presupuesto, obras y cargos: ¿coincidencia o moneda política?

Es sabido que en política no hay coincidencias. En paralelo avanza la discusión del Presupuesto 2027, se organizan las comisiones del nuevo Congreso y continúan los procesos ordinarios de inversión pública y asignación presupuestal. La Comisión Bicameral de Presupuesto, por ejemplo, quedó integrada proporcionalmente por 19 senadores y 19 diputados, con Fuerza Popular como la primera fuerza en ambos grupos.

También existen decisiones sobre designaciones de funcionarios relacionados con Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcazar, cotizaciones para el viaje parlamentarios y mecanismos de inversión como las IOARR. Todos son ámbitos susceptibles de negociación política, pero su coincidencia temporal con el pedido de facultades no demuestra por sí misma un intercambio de votos por beneficios con parlamentarios, sobre todo del interior del país.

Aquí está la diferencia fundamental para una investigación periodística: una cosa es la negociación parlamentaria legítima —apoyo político a cambio de incorporar modificaciones, prioridades regionales o compromisos de gestión— y otra muy distinta sería ofrecer cargos, obras, presupuesto, viajes u otros beneficios particulares a cambio de votos determinados para que el pedido de facultades se mantenga en gran parte tal como lo envión el gobierno fujimorista.

¿Existe evidencia de una “píldora”?

Hasta el momento, no hay documentos públicos, registros parlamentarios o denuncias un acuerdo concreto mediante el cual el Gobierno haya ofrecido beneficios específicos a congresistas a cambio de aprobar las facultades.

La hipótesis de una eventual “repartija” puede ser políticamente plausible en un sistema donde el Ejecutivo necesita construir mayorías, sin convertirse en una afirmación periodística sin evidencia.

Pero sin duda, el Gobierno necesita aliados. Fuerza Popular obtuvo 41 diputados y 22 senadores, mientras que la aprobación del pedido dependerá de acuerdos con otras fuerzas y ¿cuál es el mecanismo que usan los partidos de derecha para este tipo de acuerdos?.

La investigación recién comienza

Por ello, la ruta de investigación debe ser concreta: comparar el voto de cada congresista con sus pedidos, iniciativas, designaciones vinculadas, obras priorizadas, modificaciones presupuestales y beneficios institucionales obtenidos durante la negociación.

También será necesario estar atentos a las reuniones entre el Ejecutivo y las bancadas, las declaraciones públicas de algunos que han logrado acuerdos no públicos, las modificaciones que experimente el proyecto de facultades y la votación de cada uno de los congresistas de ambas cámaras.