El presidente argentino, Javier Milei, se reunió el 25 de septiembre de 2025 en Nueva York con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un encuentro que desató indignación en amplios sectores de la sociedad argentina. Durante los 45 minutos de charla, Milei expresó su apoyo incondicional a Israel, criticó el «sesgo antiisraelí» en la ONU y abogó por la liberación de rehenes argentinos en manos de Hamás, mientras posaba sonriente para una foto que se viralizó. La reunión, enmarcada en la Asamblea General de la ONU, ocurre en un contexto donde la Corte Penal Internacional acusa a Netanyahu de crímenes de guerra por la ofensiva en Gaza, que ha dejado más de 66.000 palestinos muertos, incluyendo cerca de 20.000 niños, según el Ministerio de Salud de Gaza.

La imagen de Milei junto a Netanyahu generó una ola de repudio en Argentina, con hashtags como #MileiGenocida y #PalestinaLibre trending en X, sumando miles de publicaciones. Organizaciones sociales, sindicatos y universidades como la UNSAM han convocado protestas, argumentando que esta postura no representa al pueblo argentino, históricamente solidario con causas humanitarias. Mientras Milei defiende su alineación con Israel como una lucha contra el terrorismo, críticos lo acusan de ignorar el sufrimiento de civiles palestinos bajo un bloqueo que ha causado hambruna y colapso humanitario.

El encuentro refuerza la polarización en Argentina sobre la política exterior de Milei, quien ha visitado Israel dos veces desde su asunción y rechazado la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu. Mientras el gobierno argentino insiste en fortalecer lazos económicos y de seguridad con Israel, el clamor popular exige justicia y un alto al fuego. La frase «no somos complicidad, no somos indiferencia» resuena en las calles, reflejando el rechazo de muchos argentinos a avalar lo que califican como un genocidio.

Estados Unidos ha ejecutado en septiembre una serie de ataques militares contra embarcaciones venezolanas en aguas del mar Caribe, bajo el argumento de combatir al narcotráfico ¿Con qué derecho?. El primer operativo, ocurrido el 2 de septiembre, dejó once muertos tras el hundimiento de una lancha rápida que, según Washington, estaba vinculada al grupo criminal Tren de Aragua. Desde entonces, se han registrado al menos otros tres ataques, con más fallecidos y la destrucción de nuevas embarcaciones, lo que ha despertado preocupación en América Latina, incluida la región andina.

Diversos gobiernos y organismos de derechos humanos han cuestionado la legalidad de estas acciones, señalando que Estados Unidos no cuenta con autorización internacional para hundir embarcaciones en aguas internacionales ni para aplicar castigos letales sin debido proceso. El presidente colombiano, Gustavo Petro, incluso ha pedido una investigación penal contra altos funcionarios estadounidenses, mientras organizaciones civiles advierten que estas operaciones violan principios básicos del derecho internacional y ponen en riesgo a pescadores y comunidades caribeñas.

El trasfondo político es evidente: la administración Trump utiliza la llamada “guerra contra las drogas” como excusa para intensificar la presión militar sobre Venezuela y proyectar fuerza en la región. Lejos de resolver el problema del narcotráfico, los ataques generan un clima de intimidación y abren la puerta a una escalada de tensiones que puede impactar también a países vecinos como Perú, que mantiene vínculos comerciales y migratorios con Venezuela. Con este accionar, Washington reaviva un escenario de injerencia que amenaza con desestabilizar aún más el continente.

Nueva York, 24 de septiembre de 2025 – La presidenta Dina Boluarte desató un escándalo diplomático al burlarse del presidente estadounidense Donald Trump durante un foro del Adam Smith Center for Economic Freedom y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) en Nueva York. «Sé que a muchos, y sobre todo al presidente Trump, no le ha gustado mucho que inauguremos el puerto de Chancay», afirmó, aludiendo al megapuerto de US$1.300 millones operado por Cosco Shipping, inaugurado en noviembre de 2024, que ha generado tensiones con EE.UU. por la creciente influencia China. El comentario, grabado por TV Perú y viral en X con miles de interacciones, fue calificado como «imprudente» por analistas, en un contexto donde Washington evalúa aranceles del 60% a mercancías que pasen por Chancay, según Bloomberg.

La mandataria, cuya aprobación cae al 5% según el IEP, agravó el papelón al invitar a 20 empresarios iberoamericanos a invertir en un Perú “estable”, ignorando las protestas masivas de la Generación Z que desde el 13 de septiembre exigen la derogación de la Ley N.º 32123 de AFP —que beneficia a bancos privados con comisiones del 1,5% en un país con 70% de informalidad laboral (INEI)— y su vacancia por corrupción. Boluarte minimizó las marchas, que dejaron 20 heridos por represión policial el 20-21 de septiembre, y las 60 muertes de 2022-2023, atribuyéndolas a “narrativas falsas” de narcotráfico y minería ilegal, mientras audios del premier Eduardo Arana evidencian vínculos con delincuencia.

Este incidente, sumado a su interrupción en la ONU por exceder el tiempo, expone la desconexión de un régimen que prioriza giras internacionales —20 días fuera en 2025— sobre una crisis interna con 205 homicidios en agosto (INEI) y protestas juveniles inspiradas en movimientos como el de Nepal. Con una nueva marcha convocada para el 27 y 28 de septiembre, expertos como Omar Coronel advierten que la burla a Trump y la negación de la realidad nacional hunden la credibilidad de Boluarte, proyectando un 2026 de mayor conflicto si no hay rectificación.