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Nacional

El 52% de peruanos rechaza a Antauro Humala y 44% a Pedro Castillo, según Datum

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Lima, 20 de abril de 2025 – Según la última encuesta de Datum, publicada por Perú21, un 52% de peruanos no votaría “definitivamente” por Antauro Humala, líder etnocacerista inhabilitado para postular a la presidencia, y un 44% rechaza de manera contundente a Pedro Castillo, exmandatario asociado al intento de golpe de Estado de 2022. Sin embargo, el sondeo ha desatado una fuerte controversia en redes sociales y entre analistas, quienes denuncian un sesgo derechista que invisibiliza al movimiento popular, manipula el antivoto de estas figuras y subestima el respaldo a fuerzas progresistas y de izquierda que se preparan para las elecciones de 2026.

Realizada el 12 de abril de 2025 a nivel nacional, la encuesta posiciona a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) al frente con un 11% de intención de voto presidencial, seguida por Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez con un 6% cada uno, y un empate al 3% entre Hernando de Soto, César Acuña y Verónika Mendoza. Otros nombres, como Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, Alfonso López Chau, Susel Paredes, Rafael Belaunde, Alfredo Barnechea, Phillip Butters y Fernando Olivera, alcanzan apenas un 2% cada uno. Un significativo 32% optaría por “ninguno”, un 10% votaría por otros líderes y otro 10% no halló a su candidato en las opciones presentadas, reflejando un electorado desencantado y fragmentado.

Lideran en la encuesta Datum: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López (Renovación Popular) y Carlos Álvarez (País para Todos)

En cuanto a partidos políticos, Fuerza Popular lidera con un 9%, seguido por Acción Popular (6%) y Perú Libre (4%). Agrupaciones como Avanza País, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Renovación Popular y FREPAP obtienen un 2% cada una. Sin embargo, un 34% no votaría por los partidos listados, un 22% no encontró su preferencia y un 15% apoyaría a otras organizaciones, evidenciando un escenario electoral volátil y adverso para quienes aparecen en dicha encuesta.

Antivoto de Humala y Castillo: ¿Estrategia política?

El elevado antivoto hacia Antauro Humala (52%), ligado a su condena por el Andahuaylazo y la inhabilitación de su partido, A.N.T.A.U.R.O., en octubre de 2024, ha generado cuestionamientos. Dado que Humala no puede postular, su inclusión en el sondeo, según críticos, busca polarizar el debate y desviar la atención de otras figuras antisistema. De manera similar, el 44% de rechazo a Pedro Castillo, sin mencionar su respaldo en sectores rurales y populares, es visto como un intento de estigmatizar al movimiento popular. “Datum resalta el antivoto de Humala y Castillo para alarmar, pero oculta el apoyo que aún tienen. Esto no es neutral”, denunció un usuario en X.

Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, fundador de Unidad Popular en proceso de inscripción

En plataformas como Facebook y X, los internautas han acusado a Datum de diseñar una encuesta que fortalece a candidatos de derecha, como Fujimori, López Aliaga, Álvarez Loayza y Phillip Butters, mientras silencia a líderes del movimiento popular con potencial electoral. “Esto es una operación de la derecha para imponer a sus candidatos y atemorizar con Humala y Castillo. ¿Dónde están los líderes populares y de izquierda?”, cuestionó otro usuario, reflejando el sentir generalizado.

Omisión de figuras del movimiento popular y de izquierda

Congresista no agrupada Margot Palacios Huamán, militante de Juntos por el Perú

La encuesta omite a líderes clave del movimiento popular y de izquierda, como Pedro Castillo, Antauro Humala, Margot Palacios, Fernando Salas, Duberlí Rodríguez, Ciro Gálvez y otros, cuyas organizaciones —Juntos por el Perú, Unidad Popular, Todo con el Pueblo, ANTAURO, RUNA, Perú te Quiero y otros— mantienen presencia a nivel nacional. Incluso Martín Vizcarra, líder de Primero Perú, quien realiza una gira con mítines masivos, ha sido completamente ignorado. “Es absurdo que Vizcarra, con eventos masivos, no aparezca. Esto es una operación política, no una encuesta”, afirmó un usuario en X.

Líderes de la izquierda tradicional “devaluados” por el régimen

El excandidato al Gobierno Regional de Puno y fundador de Perú te Quiero, Fernando Salas Tapia

El sondeo también ha sido cuestionado por minimizar el impacto de figuras como Verónika Mendoza, Guillermo Bermejo, Isabel Cortez, Susel Paredes y Roberto Sánchez, percibidos por algunos como “devaluados” debido a su tibia oposición al gobierno de Dina Boluarte —cuya desaprobación alcanza el 86%, según IEP (marzo 2024)— o por su apoyo a la mesa directiva del Congreso, dominada por Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País y Alianza para el Progreso. “El movimiento popular está fragmentado y sus líderes no conectan porque han sido complacientes con el régimen o no han capitalizado el descontento”, explicó una analista.

Ciro Alfredo Gálvez Herrera, fundador de RUNA en proceso de inscripción

Por ejemplo, Susel Paredes ha sido criticada por sectores progresistas por respaldar iniciativas conservadoras en el Parlamento, mientras que Juntos por el Perú y Nuevo Perú enfrentan reproches por no consolidar una oposición clara. Sin embargo, los detractores de Datum argumentan que esta “devaluación” es amplificada para deslegitimar al progresismo, mientras se promueve a candidatos como Cerrón, Bermejo, López Chau, Mendoza, Paredes, Álvarez, Butters, Olivera o Barnechea, porque constituyen figuras inofensivas para el establishment.

Sesgo derechista en el foco

La encuesta refuerza las acusaciones de sesgo al destacar que un 53% de los peruanos siente “preocupación por el aumento de la violencia y la inseguridad” y un 46% apoyaría a un “líder fuerte, de mano dura”. Estos sentimientos, amplificados por medios conservadores, se asocian con los discursos de Fujimori, López Aliaga, Álvarez y Butters, sugiriendo una narrativa diseñada para favorecer a la derecha. En contraste, partidos con posturas benevolentes al régimen de Dina Boluarte como Perú Libre (4%) y Nuevo Perú (2%) son relegados, mientras movimientos como los de Vizcarra, Salas y Rodríguez son ignorados.

Una de las pregunta de la encuesta de Datum publicado en el Diario Perú21

“La derecha quiere un escenario donde sus candidatos sean los únicos viables, mientras el movimiento popular y de izquierda parece inexistente. Por eso inflan el antivoto de Humala y Castillo”, denunció un usuario en X. Con un 77% de peruanos poco informados sobre política y un 80% que apoya un adelanto de elecciones (IEP, marzo 2024), el sondeo de Datum no solo refleja el desencanto, sino que, según sus críticos, busca manipular la opinión pública en favor del statu quo.

Un llamado a la vigilancia ciudadana

A más de 350 días de las elecciones, la controversia en torno a Datum expone la polarización del país y la desconfianza en las encuestas. Mientras el movimiento popular lucha por unificarse y recuperar terreno, los ciudadanos exigen transparencia en los sondeos y una cobertura equitativa de todas las fuerzas políticas. “Esta encuesta refleja la crisis, pero también un intento de manipular el debate. El pueblo debe organizarse, y los peruanos, informarse”, advirtió un analista político.

Educación

Firma de Muñante complica a Miguel Torres por delegación de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori

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La inclusión del primer vicepresidente del Senado en la autógrafa de la Ley 32743 genera nuevos cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo. Rosa María Palacios advirtió que los argumentos del titular del Congreso, Miguel Torres, podrían volverse en su contra, mientras el presidente de la Cámara de Diputados exige explicaciones.

Lima, 5 de noviembre de 2026.- La firma de Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, en la autógrafa de la Ley 32743, que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo, abrió un nuevo cuestionamiento contra el presidente del Congreso, Miguel Torres. La controversia fue comentada por la periodista Rosa María Palacios, quien sostuvo: “Es la segunda nulidad que le sacan con sus argumentos (a Miguel Torres)”.

La observación gira en torno a la participación de Muñante en la suscripción de la autógrafa. El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, pidió a Torres explicar cuál es el sustento constitucional y reglamentario que permitió incorporar la firma del primer vicepresidente del Senado en el documento remitido para la promulgación de la norma.

La firma que genera controversia

En un oficio fechado el 2 de noviembre, Reto cuestionó que la autógrafa incluyera la firma de Muñante, pese a que —según su interpretación— no existiría una disposición expresa que faculte al primer vicepresidente a suscribir ese documento. Por ello, planteó que esa actuación podría configurar una causal de nulidad.

El argumento de Reto toma como referencia una posición que el propio Miguel Torres habría sostenido anteriormente: que cualquier firma no exigida expresamente por las normas y cualquier actuación que exceda las competencias del cargo podría ser considerada nula y generar responsabilidades. Para el titular de Diputados, ese razonamiento también debería aplicarse a la firma incorporada en la autógrafa de la Ley 32743.

Una fe de erratas no cerró el cuestionamiento

La controversia se suma a las observaciones que surgieron tras la publicación de la Ley 32743, el 22 de octubre, en cuyo encabezado se consignó inicialmente que “El Senado de la República” había dado la ley. Dos días después, el 24 de octubre, se publicó una fe de erratas que reemplazó esa mención por “El Congreso de la República”.

Miguel Torres había señalado que se trataba de un error material y que la norma fue aprobada por ambas cámaras. Sin embargo, para Óscar Reto, la corrección del encabezado no resuelve todas las observaciones sobre la tramitación de la autógrafa ni sobre las firmas que aparecen en ella. Por eso solicitó conocer qué medidas adoptará la presidencia del Congreso para esclarecer el procedimiento.

¿Qué está en juego con la Ley 32743?

La Ley 32743 delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos durante 90 días calendario, en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. La norma fue otorgada al Gobierno de Keiko Fujimori y establece los ámbitos específicos en los que podrá ejercer esas facultades.

La discusión planteada por Reto y comentada por Palacios abre un debate sobre las competencias de las autoridades parlamentarias y la formalidad de los procedimientos en el nuevo Congreso bicameral. No obstante, hasta el momento, los cuestionamientos difundidos no equivalen a una declaración oficial de nulidad de la Ley 32743. La validez de la norma no debe darse por anulada mientras no exista un pronunciamiento de la autoridad competente.

El caso deja una pregunta pendiente para la conducción del Legislativo: ¿con qué fundamento se incorporó la firma del primer vicepresidente del Senado y qué medidas se tomarán para despejar las dudas sobre la validez del procedimiento? La respuesta de Miguel Torres será clave para esclarecer una controversia que vuelve a poner bajo escrutinio la conducción parlamentaria.

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Ambiente

Generación Z y colectivos sociales marchan en Lima y regiones contra Keiko Fujimori por inacción ante inseguridad y la crisis ambiental

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Las movilizaciones del 24 de octubre reunieron a jóvenes y organizaciones sociales que cuestionan la respuesta del Gobierno frente a la inseguridad ciudadana, las extorsiones y los incendios forestales. En Lima, la Policía impidió que la marcha avanzara por la avenida Abancay, mientras que en Arequipa los manifestantes exigieron medidas de prevención y atención a las comunidades afectadas.

Lima, 24 de octubre de 2026.- Jóvenes, estudiantes y colectivos sociales salieron a las calles el sábado 24 de octubre para expresar su rechazo a la inseguridad ciudadana, las extorsiones y lo que consideran una respuesta insuficiente del Gobierno frente a la crisis ambiental. Las protestas, vinculadas a la convocatoria de la denominada Generación Z, también incluyeron cuestionamientos políticos a Keiko Fujimori y demandas de mayor atención a los problemas que afectan a la población.

En la capital, los manifestantes se concentraron en la plaza San Martín desde las 4 de la tarde y recorrieron calles del Centro Histórico. Durante la movilización, avanzaron por vías como el jirón de la Unión y la avenida Grau, con dirección a la avenida Abancay. En ese sector, efectivos policiales impidieron que la marcha continuara hacia las inmediaciones del Congreso de la República. Los participantes expresaron su preocupación por la inseguridad y exigieron respuestas concretas de las autoridades.

La convocatoria también tuvo repercusión fuera de Lima. Reportes periodísticos mencionaron movilizaciones o convocatorias en Arequipa, Cusco, Ica, Huancayo, Trujillo, Puno y otros departamentos. Entre las principales preocupaciones estuvieron la inseguridad, la crisis ambiental y la exigencia de una mayor intervención estatal.

La juventud de Lima inicia la primera protesta importante contra el gobierno de Keiko Fujimori

AREQUIPA: PROTESTA TAMBIÉN POR LOS INCENDIOS FORESTALES

En Arequipa, jóvenes vinculados a la Red de Juventudes de Arequipa (RUJA), estudiantes, familias y otros ciudadanos fueron convocados a concentrarse en la plaza España. Además de la preocupación por la inseguridad, sus demandas se centraron en la prevención de incendios forestales, la protección de la flora y fauna y la atención a las comunidades perjudicadas.

David Calizaya, identificado en los reportes periodísticos como vocero de la Generación Z en Arequipa, cuestionó la respuesta de las autoridades ante los incendios y planteó la necesidad de investigar sus causas. Entre las demandas difundidas por los organizadores figuraron la creación de una comisión investigadora en el Congreso y medidas de apoyo y reparación para las poblaciones afectadas.

JULIACA: CONTINÚAN LOS RECLAMOS POLÍTICOS Y DE JUSTICIA

En Juliaca, Puno, familiares de personas fallecidas durante las protestas de enero de 2023 y dirigentes locales expresaron el viernes 23 de octubre su rechazo a la anunciada visita de Keiko Fujimori. Según un reporte de prensa, Fujimori no acudió a la actividad prevista y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, asistió en su lugar. Este episodio refleja la continuidad de los reclamos políticos y de justicia en la región, aunque corresponde a un hecho anterior y distinto de las movilizaciones convocadas para el sábado 24.

En otras ciudades también se difundieron convocatorias y expresiones de descontento relacionadas con la inseguridad y la atención de los problemas regionales. Sin embargo, es necesario distinguir entre las marchas cuya realización fue reportada y aquellas de las que solo se difundieron anuncios previos. Tampoco corresponde atribuir automáticamente todas las protestas regionales a una misma organización.

DEMANDAS QUE EXIGEN RESPUESTAS CONCRETAS

Jóvenes y estudiantes universitarios recorrieron por las calles de Cusco

Las movilizaciones pusieron en primer plano una agenda que combina el rechazo a la inseguridad ciudadana con la preocupación por los incendios forestales y la exigencia de una respuesta estatal más efectiva. Los participantes cuestionaron la actuación de las autoridades y reclamaron medidas que atiendan tanto las necesidades de Lima como las de las regiones.

El desarrollo de estas protestas plantea al Gobierno el reto de responder a las demandas ciudadanas mediante acciones verificables, transparencia y diálogo, respetando el derecho a la manifestación pacífica. La dimensión nacional de la jornada deberá precisarse con información local y balances oficiales que permitan establecer la participación y las incidencias registradas en cada ciudad.

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Economía

Pedro Castillo seguirá en prisión preventiva hasta marzo de 2027

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El Poder Judicial rechazó revisar la medida que mantiene encarcelado al expresidente por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda. La prisión preventiva prolongada por 12 meses continúa vigente hasta marzo de 2027.

Lima, 23 de octubre de 2026.- El Poder Judicial declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva impuesta al expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por los presuntos delitos de organización criminal agravada, colusión simple y tráfico de influencias agravado, en el marco de las investigaciones acumuladas por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, mediante la Resolución N.° 8, emitida el 16 de octubre. El magistrado dispuso mantener vigente la medida coercitiva y la prolongación de 12 meses, que se extiende hasta el 8 de marzo de 2027.

¿Por qué se mantiene la prisión preventiva?

Según la resolución judicial, todavía subsisten los presupuestos que justificaron la prisión preventiva y su posterior prolongación. El juzgado consideró que la continuidad de la medida resulta necesaria y proporcional para garantizar el desarrollo de la investigación y la eficacia de una eventual decisión judicial.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que los nuevos elementos incorporados a la investigación, entre ellos declaraciones, documentos y pericias, reforzarían la hipótesis fiscal sobre la presunta existencia de una organización criminal y la participación atribuida al exmandatario. Estas imputaciones deberán ser evaluadas en el proceso penal y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

Los casos bajo investigación

La investigación comprende presuntos hechos vinculados a Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La hipótesis fiscal atribuye a Castillo una presunta participación en una estructura que habría buscado influir en decisiones y contrataciones públicas mediante el control de puestos estratégicos en entidades estatales. La responsabilidad penal del expresidente deberá determinarse conforme a las pruebas y las garantías del proceso.

Por su parte, la defensa cuestionó la continuidad de la privación de libertad y solicitó sustituirla por una medida menos gravosa, invocando los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. El juzgado desestimó la revisión de oficio, por lo que la situación jurídica de Castillo no cambió en este expediente.

¿Qué viene ahora?

La resolución mantiene la prisión preventiva, pero no resuelve de manera definitiva la responsabilidad penal de Pedro Castillo por los hechos investigados. El proceso continúa bajo control judicial y fiscal, mientras la defensa conserva las vías procesales que correspondan para cuestionar las decisiones que afecten al investigado.

El caso vuelve a poner en el centro del debate público el control judicial de las medidas que restringen la libertad y la investigación de presuntos actos de corrupción en el Estado. La exigencia es doble: esclarecer los hechos que comprometen recursos públicos y garantizar que toda decisión judicial respete el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos fundamentales.

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