En octubre de 2023, el Congreso peruano aprobó la Ley N° 31914, una normativa que meses después revelaría su impacto negativo en la seguridad pública. Impulsada por Fuerza Popular y respaldada por una coalición multipartidaria que incluyó a Perú Libre, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País, esta ley restringió severamente la capacidad de los gobiernos locales para clausurar centros comerciales, incluso ante riesgos evidentes.

La tragedia del Real Plaza Trujillo, ocurrida el 21 de febrero de 2025, dejó al descubierto las consecuencias de priorizar intereses comerciales sobre la seguridad ciudadana. Ocho personas fallecieron y más de 70 resultaron heridas tras el colapso de una estructura en el centro comercial. Este desastre pudo haberse evitado si no fuera por la legislación que ató las manos de las autoridades locales. En diciembre de 2023, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, había intentado clausurar el establecimiento tras detectar riesgos estructurales, pero la nueva ley lo impidió.

La Ley N° 31914, promovida inicialmente por Fuerza Popular, estableció que las municipalidades debían levantar cualquier clausura en un plazo máximo de 48 horas si el centro comercial presentaba documentación, independientemente de la gravedad de las deficiencias detectadas. Esta disposición prácticamente anuló la capacidad de supervisión de los gobiernos locales, dejando en evidencia un marco legal que privilegió los intereses económicos sobre la vida de las personas.

El congresista Alejandro Cavero, uno de los principales defensores de la ley, argumentó en su momento que esta buscaba proteger la inversión privada de los «alcaldes populistas». Sin embargo, tras la tragedia, intentó distanciarse de las consecuencias de la normativa que él mismo promovió, alegando que su objetivo era proteger a los empresarios de clausuras arbitrarias. No obstante, la realidad demostró que la ley limitó la capacidad de las autoridades para actuar ante riesgos inminentes.

La aprobación de la ley fue el resultado de un intenso lobby liderado por Fuerza Popular. El 10 de mayo de 2023, la bancada fujimorista presentó el proyecto N° 4952, que modificaba la Ley 28976 para regular las clausuras de establecimientos. Tras un debate en el Pleno del Congreso, presidido entonces por Alejandro Soto de Alianza para el Progreso, la iniciativa fue aprobada con 85 votos a favor y solo 19 en contra. Finalmente, el 28 de octubre de 2023, el Gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley N° 31914.

Aunque la normativa establecía que los centros comerciales podían ser clausurados en caso de riesgo inminente para la vida, la salud o la seguridad, también permitía que estos reabrieran en 48 horas si presentaban documentación que «subsanara» las observaciones. Este mecanismo, en la práctica, dejó sin efecto la capacidad de las municipalidades para garantizar la seguridad pública.

La tragedia del Real Plaza Trujillo no solo expuso las fallas estructurales del centro comercial, sino también las consecuencias de una legislación que priorizó intereses económicos sobre la protección de vidas humanas. La sangre de las víctimas mancha no solo el concreto colapsado, sino también las páginas de una ley que debió proteger a los ciudadanos.

En un giro estratégico que ha generado polémica, Telefónica del Perú S.A.A. anunció su decisión de acogerse al Procedimiento Concursal Ordinario bajo la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809). La medida busca reestructurar sus pasivos y garantizar la continuidad del servicio a más de 13 millones de usuarios en el país. Sin embargo, analistas y sectores políticos advierten que este movimiento podría estar orientado a eludir deudas con el Estado peruano.

Telefónica del Perú ha arrastrado problemas financieros durante más de dos décadas, en gran parte debido a controversias fiscales con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). La empresa mantiene litigios por miles de millones de soles en impuestos no pagados, los cuales han sido objeto de apelaciones y prolongados procesos judiciales.

Además de las deudas fiscales, la compañía ha enfrentado un entorno de mercado adverso, con una competencia cada vez más fuerte en el sector de telecomunicaciones. A esto se suman decisiones administrativas cuestionables y un alto costo financiero derivado de préstamos previos, que han puesto en riesgo su liquidez operativa.

Telefónica del Perú forma parte de la multinacional española Telefónica S.A., una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. En el país, compite con empresas como Claro (América Móvil), Entel y Bitel, que han ganado terreno en el mercado con ofertas más agresivas y estrategias de expansión en sectores clave como internet móvil y fibra óptica.

Medidas adoptadas por Telefónica del Perú

Obtención de crédito mercantil: Se aprobó un préstamo de hasta S/ 1,549 millones otorgado por Telefónica Hispanoamérica S.A., con una tasa de interés del 29.13 %. Estos fondos estarán destinados exclusivamente a cubrir necesidades operativas de caja en los próximos meses.

Convocatoria a Junta de Accionistas: Se programó una reunión de la Junta General de Accionistas y la Junta Especial de Accionistas de Clase B para el 17 de marzo de 2025 en la sede de la empresa en Surquillo. En la agenda figuran la aprobación de la gestión social, la revisión de estados financieros, la designación de auditores y la modificación del estatuto social.

Asesoría especializada: La empresa contrató a Kroll Advisory Ltd., consultora financiera que dirigirá el proceso concursal. Además, un miembro de su equipo asumirá el rol de Chief Restructuring Officer (CRO), supervisando la reestructuración de la compañía.

Diversos analistas han señalado que la decisión de Telefónica del Perú de acogerse al proceso concursal podría estar motivada por una estrategia para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Estado peruano. Este tipo de maniobras han sido utilizadas anteriormente por otras empresas monopólicas y transnacionales que, tras declararse en insolvencia, cambian de denominación y reestructuran su modelo de negocio sin asumir sus compromisos financieros con los gobiernos donde operan.

En el caso de Telefónica, existen precedentes en otros países de América Latina donde la empresa ha recurrido a tácticas similares para renegociar o postergar el pago de sus pasivos fiscales. En Perú, el impacto de esta medida podría afectar la recaudación tributaria y generar incertidumbre sobre la continuidad del servicio, pese a las garantías ofrecidas por la empresa.

Telefónica del Perú insiste en que este proceso permitirá una reorganización financiera responsable y sostenible. No obstante, algunos políticos y el propio Estado, a través de las entidades regulatorias, deberán estar atentos a cualquier intento de evasión fiscal o abuso del sistema concursal.

En un hecho que ha generado una fuerte controversia política y jurídica, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha iniciado una investigación disciplinaria contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y otros magistrados de la Corte Suprema. Este proceso, impulsado por una mayoría parlamentaria afín a la derecha y sectores aliados como Perú Libre, ha sido denunciado como un intento de debilitar la independencia judicial y garantizar la impunidad de figuras políticas vinculadas a casos de corrupción y crimen organizado.

La decisión de la JNJ, organismo encargado de evaluar y sancionar a los jueces y fiscales del país, ha sido calificada por expertos y organizaciones de la sociedad civil como una maniobra política más que administrativa. Según los críticos, el objetivo real de esta investigación no es corregir supuestas faltas disciplinarias, sino remover a magistrados incómodos para el poder político y reemplazarlos con jueces afines a los intereses de grupos como el fujimorismo y sus aliados.

Conflictos de interés y falta de legitimidad

Uno de los aspectos más cuestionados de esta investigación es la participación de una consejera de la JNJ, exjueza con vínculos evidentes con un partido político cuyos líderes enfrentan graves procesos judiciales. Esta situación ha sido denunciada como un claro conflicto de interés, ya que su intervención en el caso carece de imparcialidad y pone en duda la legitimidad del proceso. Además, se ha señalado que la supuesta falta atribuida a los magistrados es de carácter jurisdiccional y no debería ser competencia de la JNJ, sino resuelta por la propia Sala mediante los mecanismos legales establecidos.

Doble rasero en la lucha contra la corrupción

La rapidez con la que se ha impulsado esta investigación contrasta con la lentitud y pasividad mostrada por la JNJ y otros organismos de control frente a denuncias de corrupción y violaciones al debido proceso. Mientras los grandes casos de lavado de activos y crimen organizado avanzan con una lentitud sospechosa, esta investigación exprés contra los máximos representantes del Poder Judicial ha sido interpretada como un intento de desviar la atención y proteger a quienes buscan evadir la justicia.

En los últimos años, el Congreso ha sido utilizado como un refugio para bloquear investigaciones y reformas que buscan fortalecer la rendición de cuentas. Mediante cambios legislativos, se han reducido penas y se han creado obstáculos para las investigaciones contra políticos y empresarios vinculados a actos de corrupción. Este contexto ha llevado a muchos a ver la investigación contra Tello Gilardi y otros magistrados como parte de una estrategia más amplia para garantizar la impunidad de los poderosos.

Un precedente peligroso para la democracia

La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia. Permitir que el poder político utilice organismos de control para remover jueces y fiscales a conveniencia no solo debilita la institucionalidad democrática, sino que también sienta un precedente peligroso para el futuro de la justicia en el país. Si esta maniobra prospera, se pondrá en riesgo la lucha contra la corrupción y se consolidará un sistema en el que la impunidad sea la norma.

Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho constitucional han llamado a la ciudadanía a estar alerta ante lo que consideran un ataque directo al Estado de derecho. Lo que está en juego no es solo el destino de algunos jueces, sino el futuro de la justicia y la democracia en el Perú. La comunidad internacional también ha comenzado a expresar su preocupación, señalando que la independencia judicial es esencial para garantizar el respeto a los derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

La investigación contra la presidenta del Poder Judicial y otros magistrados de la Corte Suprema representa un nuevo capítulo en la batalla por el control de la justicia en el Perú. Lo que comenzó como una disputa política podría convertirse en una crisis institucional si no se toman medidas para proteger la independencia del Poder Judicial. En un momento en el que la corrupción y la impunidad amenazan con socavar los cimientos del Estado de derecho, la defensa de la justicia independiente se ha convertido en una tarea urgente para todos los peruanos.