Los compromisos de cooperación firmados con el Gobierno estadounidense han generado cuestionamientos por el acceso a información geológica, la agilización de permisos mineros y los mecanismos de revisión de activos estratégicos. La discusión se centra en determinar hasta dónde llegan los acuerdos y qué garantías tiene Colombia para proteger sus recursos naturales.

Colombia, 24 de octubre de 2026.- La cooperación entre Colombia y Estados Unidos en materia de minerales críticos y tierras raras se encuentra en el centro de una controversia política. Los cuestionamientos apuntan al alcance de los compromisos asumidos por ambos gobiernos y al riesgo de que la búsqueda de inversiones extranjeras termine condicionando decisiones estratégicas sobre los recursos naturales del país.

El debate cobró fuerza después de la firma, el 8 de septiembre de 2026, de un marco de cooperación para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras. El instrumento contempla ámbitos como la minería, el procesamiento, la cartografía geológica, el reciclaje y la promoción de inversiones.

La discusión se intensificó luego de que el senador Kevin Gómez cuestionara públicamente los alcances del acuerdo y advirtiera sobre un posible mecanismo de revisión estadounidense relacionado con la venta de activos vinculados a minerales estratégicos.

¿Estados Unidos podría influir en las decisiones mineras de Colombia?

Uno de los puntos más controvertidos es la referencia a herramientas de evaluación de seguridad nacional para operaciones relacionadas con activos de minerales críticos.

Los críticos sostienen que estos mecanismos podrían otorgar a Washington una influencia considerable sobre decisiones económicas estratégicas de Colombia. Sin embargo, es necesario distinguir entre la existencia de instrumentos de revisión, la obligación de notificar determinadas operaciones y la concesión de un supuesto derecho de veto.

La información publicada hasta el momento no permite afirmar que Estados Unidos tenga, por virtud de estos acuerdos, la facultad general de escoger qué empresas pueden explotar los recursos minerales colombianos.

Por ello, conocer el texto íntegro de los documentos y sus mecanismos de aplicación resulta fundamental para establecer si existen restricciones concretas a la autonomía del Estado colombiano.

Cartografía geológica: ¿cooperación técnica o riesgo estratégico?

Otro de los aspectos que genera preocupación es la cooperación para ampliar el conocimiento geológico del territorio colombiano.

La cartografía geológica permite identificar y caracterizar recursos del subsuelo, información que puede resultar valiosa para la planificación minera, la investigación científica y el desarrollo industrial. Al mismo tiempo, los datos sobre reservas estratégicas pueden adquirir relevancia económica y geopolítica.

La pregunta central es bajo qué condiciones se compartirá esta información, qué instituciones tendrán acceso a ella y cuáles serán las garantías de protección, uso y soberanía sobre los datos.

El intercambio de conocimiento geológico no equivale, por sí mismo, a entregar la propiedad de los recursos minerales. No obstante, la transparencia sobre los compromisos asumidos es indispensable para evaluar sus consecuencias económicas y estratégicas.

Permisos mineros, inversión extranjera y fracking

La agilización de trámites y el fortalecimiento de las cadenas de suministro también forman parte del debate.

Quienes cuestionan los acuerdos advierten que una mayor rapidez en los procedimientos podría beneficiar a grandes compañías extranjeras si no está acompañada de controles ambientales, sociales y económicos adecuados.

En relación con el fracking, es necesario verificar qué compromisos específicos se adoptaron y si existe alguna disposición que obligue a Colombia a promover esta técnica. La cooperación en minerales críticos no constituye, por sí sola, una autorización para desarrollar proyectos de fracturación hidráulica.

Cualquier proyecto de explotación debe evaluarse conforme a la legislación aplicable, los procedimientos de autorización y las obligaciones ambientales correspondientes.

¿Qué ha respondido el Gobierno colombiano?

La Cancillería colombiana ha presentado los instrumentos como mecanismos de cooperación técnica y económica que deben desarrollarse respetando la legislación nacional y la soberanía sobre los recursos naturales.

Según la explicación oficial, la agenda busca fortalecer las capacidades técnicas del país, promover inversiones responsables, impulsar el procesamiento de minerales y generar oportunidades de desarrollo productivo.

El Gobierno también ha señalado que el objetivo es avanzar más allá de la exportación de materias primas y favorecer la creación de industria, tecnología y empleo.

Sin embargo, las declaraciones oficiales no eliminan la necesidad de examinar el contenido de los documentos, sus posibles efectos prácticos y los mecanismos de rendición de cuentas.

Un debate que exige transparencia

La controversia plantea una cuestión de fondo: ¿cómo puede Colombia atraer inversiones y fortalecer su cooperación internacional sin comprometer su capacidad de decidir sobre sus recursos estratégicos?

Para responder, resulta necesario conocer los textos completos de los acuerdos, identificar sus disposiciones operativas y establecer si contienen compromisos que puedan afectar las decisiones sobre concesiones, ventas de activos, información geológica o proyectos de explotación.

También es importante precisar que, hasta donde se ha podido verificar en las fuentes consultadas, no existe confirmación suficiente de una orden judicial que obligue a Abelardo De la Espriella a revelar los documentos en los términos difundidos en redes sociales.

La existencia de cuestionamientos políticos no sustituye la comprobación documental, especialmente cuando se atribuyen facultades de control sobre recursos naturales a un gobierno extranjero.

La soberanía económica debe estar en el centro del debate

Los acuerdos internacionales sobre minerales estratégicos pueden abrir oportunidades de inversión, transferencia tecnológica y desarrollo industrial. Pero también requieren controles, transparencia y una evaluación rigurosa de sus posibles consecuencias.

La ciudadanía tiene derecho a conocer qué compromisos asume el Estado, cómo se protegerá la información estratégica y qué garantías existen para que los beneficios de la explotación de los recursos naturales se traduzcan en desarrollo para el país.

La pregunta no es únicamente cuánto capital extranjero puede atraer Colombia, sino bajo qué condiciones, con qué controles y en beneficio de quién.

La intervención que comenzó en 2003 con el derrocamiento de Saddam Hussein atravesó ocupación, insurgencia, retirada, retorno para combatir al Estado Islámico y una nueva salida. Este 30 de septiembre termina la misión militar estadounidense en Irak, pero no todas las consecuencias políticas y de seguridad de aquella guerra.

Irak, 29 de setiembre de 2026.- Veintitrés años después de que Estados Unidos y sus aliados iniciaran la invasión de Irak, Washington completó este miércoles 30 de septiembre de 2026 la retirada de sus últimas fuerzas militares del país. Los últimos efectivos abandonaron una base aérea en Erbil, en la región autónoma del Kurdistán iraquí, en cumplimiento del proceso acordado entre Bagdad y Washington.

La operación militar que comenzó el 20 de marzo de 2003 tenía como objetivo declarado por Washington y sus aliados acabar con la amenaza que atribuían al régimen de Saddam Hussein. Las fuerzas de la coalición entraron en Irak y tomaron Bagdad el 9 de abril. Poco después, Estados Unidos estableció la Autoridad Provisional de la Coalición para administrar el país mientras se organizaba una transición política.

Pero la caída de Hussein no significó el final de la guerra. La desaparición del régimen abrió un prolongado periodo de insurgencia, violencia sectaria y debilitamiento institucional. La propia investigación británica sobre la guerra concluyó posteriormente que los riesgos de conflicto interno, inestabilidad regional y actividad de Al Qaeda en Irak habían sido advertidos antes de la invasión y que no fueron considerados adecuadamente en la planificación posterior.

Las armas que no aparecieron

Uno de los principales argumentos utilizados para justificar la intervención fue la supuesta existencia de armas de destrucción masiva y programas destinados a desarrollarlas. Las investigaciones posteriores cuestionaron seriamente la calidad de la inteligencia utilizada para sustentar esas afirmaciones. El informe de la investigación británica sobre Irak concluyó que la fiabilidad de la información sobre esas armas había sido sobrevalorada y que las evaluaciones resultaron erróneas.

La ausencia de los arsenales que se habían presentado como una amenaza central se convirtió en uno de los mayores problemas políticos de la intervención. La investigación Chilcot también cuestionó la preparación para la etapa posterior al derrocamiento de Hussein y señaló que la planificación de la reconstrucción y la transición política enfrentó dificultades que habían sido advertidas previamente.

Estados Unidos se fue en 2011, pero regresó en 2014

Washington retiró sus fuerzas de combate de Irak a finales de 2011. El acuerdo bilateral establecía que las tropas estadounidenses debían abandonar el territorio iraquí antes del 31 de diciembre de ese año. Sin embargo, la retirada no significó el cierre definitivo de la intervención estadounidense.

El vacío de seguridad y las disputas políticas internas contribuyeron al fortalecimiento de grupos insurgentes. El Estado Islámico de Irak y Siria, conocido como ISIS o ISIL, aprovechó la inestabilidad y la guerra en la vecina Siria. En 2014, la organización conquistó amplias zonas de Irak y Siria, obligando a Estados Unidos a regresar militarmente al país como parte de una coalición internacional contra el grupo.

Así comenzó otra etapa de la presencia estadounidense: ya no para derrocar al gobierno iraquí, sino para combatir al Estado Islámico y apoyar a las fuerzas de seguridad locales. Aunque ISIS perdió su control territorial en Irak, Washington mantuvo efectivos, asesores y capacidades de inteligencia como parte de la operación internacional contra la organización.

La última retirada

En 2024, Estados Unidos e Irak acordaron una transición en dos fases. La primera contemplaba el cierre de la misión militar de la coalición contra ISIS dentro de Irak; la segunda permitía mantener determinadas capacidades relacionadas con las operaciones contra el grupo en Siria desde territorio iraquí hasta septiembre de 2026.

Ese proceso llegó a su punto final este miércoles. El Pentágono confirmó que las fuerzas estadounidenses completaron su salida de Irak, mientras Washington y Bagdad pasan a una relación de seguridad basada principalmente en cooperación bilateral, entrenamiento e intercambio de inteligencia. La retirada marca así el final de la misión militar estadounidense en territorio iraquí, aunque Estados Unidos mantiene capacidades y operaciones relacionadas con la lucha contra ISIS en la región.

Una nueva ecuación para Irak

La salida estadounidense devuelve al Estado iraquí una responsabilidad mayor sobre su propia seguridad, pero también abre interrogantes sobre el equilibrio de fuerzas dentro del país. Reuters informó que sectores iraquíes celebraron la retirada mientras otros expresaron preocupación por un posible vacío de seguridad y por la capacidad de grupos vinculados a Irán o remanentes del Estado Islámico para aprovechar la nueva situación.

El cambio también tiene una dimensión regional. Durante más de dos décadas, la presencia militar estadounidense fue uno de los principales factores que condicionaron la política de seguridad iraquí y el equilibrio entre Washington, Teherán y las distintas fuerzas políticas y armadas del país. Con la salida de las últimas tropas, Irak entra en una etapa en la que su gobierno deberá sostener el control territorial y enfrentar las amenazas internas con menor presencia militar extranjera directa.

El final de una guerra que no termina en 2003

La cronología explica por qué la retirada de 2026 no puede analizarse como un acontecimiento aislado. La secuencia comenzó con la invasión de 2003, continuó con la administración de la ocupación, la insurgencia y la violencia sectaria, pasó por la retirada de 2011 y desembocó en el regreso de las tropas estadounidenses en 2014 para combatir al Estado Islámico.

El 30 de septiembre de 2026 termina formalmente esa última misión militar estadounidense en Irak. Pero las consecuencias de la intervención iniciada en 2003 —la transformación del sistema político iraquí, el debilitamiento y posterior reconstrucción de sus instituciones de seguridad, la expansión de la influencia iraní y el surgimiento del Estado Islámico— continúan formando parte del escenario regional. Por ello, el acontecimiento de esta semana representa menos un punto final de la historia iraquí que el cierre de un prolongado capítulo de presencia militar estadounidense.

El paro regional comenzó este miércoles 16 de septiembre en Iquitos y se extenderá hasta el viernes 18. Los gremios reclaman soluciones por los cortes de electricidad, el costo de los combustibles y el avance de la minería ilegal.

Iquitos, 16 de septiembre de 2026.- Loreto inició este miércoles un paro regional de 72 horas convocado por organizaciones gremiales y sociales, con movilizaciones, bloqueos de vías y cierre de establecimientos comerciales en distintos sectores de Iquitos. La medida exige al Gobierno respuestas concretas frente a los cortes del servicio eléctrico, el incremento del costo de los combustibles y el avance de la minería ilegal.

Iquitos amaneció con vías bloqueadas

La jornada comenzó durante la madrugada con piquetes en diferentes puntos de la ciudad. Uno de los bloqueos fue reportado en la avenida José Abelardo Quiñones, en el distrito de San Juan Bautista, donde manifestantes restringieron el tránsito mediante la colocación de residuos y quema de llantas.

Las organizaciones convocantes exigen además que el Ejecutivo envíe una comisión de alto nivel con capacidad de decisión para atender el pliego regional. La CGTP Loreto sostiene que los problemas acumulados afectan directamente al transporte, el comercio, los servicios y el costo de vida de la población.

La crisis eléctrica es uno de los reclamos

La protesta ocurre mientras las autoridades nacionales anuncian medidas para enfrentar las deficiencias del sistema eléctrico de Iquitos. El MINEM informó que prepara un mecanismo para permitir mayor competencia en la generación y facilitar la participación del COES en la operación del sistema aislado.

El Gobierno Regional de Loreto informó además que gestiona la incorporación de 9 MW de contingencia y el avance del proyecto de interconexión de Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Combustible y minería ilegal completan el pliego

El precio de los combustibles constituye otro de los principales motivos de la paralización. El MINEM aprobó medidas temporales para facilitar el abastecimiento de gasolina en Loreto debido a las restricciones de navegación fluvial. Petroperú informó que un convoy con 15.000 barriles de gasolina se encontraba en tránsito hacia Iquitos.

La minería ilegal constituye el tercer eje del reclamo. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la exposición al mercurio de población de diversas cuencas de Loreto y pidió al Gobierno Regional recursos para reforzar la atención sanitaria de las personas afectadas.

El paro continuará durante el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, mientras los gremios esperan una respuesta del Ejecutivo. El principal punto pendiente es si las medidas anunciadas por las autoridades lograrán atender las demandas que han llevado nuevamente a Loreto a paralizar sus actividades.