El 12 y 13 de marzo de 2025, el departamento de Cusco, especialmente la provincia de La Convención, vivirá un paro regional preventivo de 48 horas convocado por el Comité Central de Lucha de la Provincia de la Convención. Esta medida, respaldada por diversas organizaciones sociales, busca presionar al Gobierno Central para que avance en la ejecución de proyectos estratégicos como el gaseoducto sur andino, la planta de Kepashiato, la masificación del gas y la electrificación. Además, los manifestantes exigen la conformación de una mesa de diálogo regional vinculante y ejecutiva, que garantice el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Entre las principales demandas destacan la conclusión del gaseoducto sur andino, que mejoraría el abastecimiento de gas en la región, y la construcción de la planta de Kepashiato, clave para aprovechar los recursos energéticos locales. Asimismo, se reclama la masificación del gas y una mayor cobertura de electrificación, especialmente en zonas rurales, para impulsar el desarrollo económico y social. Los manifestantes insisten en que estos proyectos son vitales para mejorar la calidad de vida de las familias y empresas de la región.

El paro ha sido respaldado por actores sociales clave como la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDTC), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC).

También se han sumado sindicatos como el de Construcción Civil de Cusco y el Sindicato Unificado de Trabajadores Públicos del Hospital Antonio Lorena, quienes destacan la importancia de la inversión en infraestructura y salud pública. Transportistas y trabajadores de mercados locales también apoyan la medida, reclamando mejores condiciones laborales y mayor inversión en proyectos que beneficien a sus sectores.

El Gobierno Nacional ha expresado preocupación por el paro y ha instado a continuar el diálogo. El Ministerio de Energía y Minas asegura que los proyectos están en evaluación, aunque reconoce retrasos en su ejecución. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha señalado que los planes de electrificación y masificación del gas avanzan, pero requieren tiempo debido a su complejidad técnica y financiera. El Gobierno Regional de Cusco, aunque comprometido con la gestión, ha subrayado que el Gobierno Central debe asumir una mayor responsabilidad en la ejecución de estas obras.

El paro refleja el descontento generalizado en Cusco por la falta de avances en proyectos estratégicos, agravado por la ausencia de una mesa de diálogo efectiva. Mientras algunos sectores apoyan la medida como una forma de presión legítima, otros temen que afecte negativamente al turismo, uno de los pilares de la economía regional. La situación evidencia la necesidad de soluciones concretas y diálogo para evitar mayores tensiones sociales.

El lunes 17 de febrero de 2025, los pobladores del Valle de Tambo, en la provincia de Islay, iniciaron un paro indefinido en protesta contra los proyectos mineros Tía María y La Tapada, promovidos por Southern Copper Corporation.

Los manifestantes bloquearon la carretera en el sector de Boquerón, distrito de Deán Valdivia, y marcharon por varias arterias de los distritos de Cocachacra y otros puntos estratégicos de la zona, exigiendo la cancelación definitiva de ambos proyectos.

Las protestas han generado serias interrupciones en el tránsito, con vehículos varados, incluidos camiones de carga pesada y buses interprovinciales. El sector agropecuario, uno de los principales afectados, argumenta que la minería pone en riesgo sus tierras agrícolas y los recursos hídricos esenciales para su actividad.

Además, organizaciones como la FENTAP (Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú) se han sumado a las protestas, exigiendo la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos hídricos.

El congresista Jaime Quito ha expresado su apoyo a la protesta, considerando justas las demandas de la población, que lleva años solicitando un diálogo con el gobierno. También, el dirigente Lucio Calla Callata, del Comité Colegiado de Organizaciones de las 13 provincias, advirtió que, si no se llega a un acuerdo, se convocará a un paro indefinido a nivel de la macro región sur a partir del 27 de febrero.

Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) ha instado al diálogo y ha resaltado que el proyecto Tía María cuenta con los permisos correspondientes y podría generar importantes beneficios económicos, como la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Valle de Tambo. No obstante, la población se mantiene firme en su oposición y ha rechazado el impacto ambiental que consideran traerá la mina.

La situación sigue siendo tensa, con la policía en alerta y un llamado a evitar enfrentamientos y violencia en medio de la crisis.

El Sindicato de Trabajadores de Petroperú emitió hoy un comunicado en el que rechaza las declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), quien afirmó que «no se le dará ni un sol más a Petroperú este año». El pronunciamiento, expresa preocupación por las implicaciones de estas declaraciones y defiende la importancia estratégica de la empresa estatal.

En el comunicado, el sindicato destaca seis puntos clave. En primer lugar, recuerda que el Estado Peruano mantiene una deuda aproximada de seis mil millones de soles con Petroperú, lo que convierte el financiamiento en una obligación y no en una opción discrecional. Además, critica la denominación de Petroperú como «un barril sin fondo», calificándola de errónea y descontextualizada, y subraya que la empresa es un pilar fundamental para la seguridad energética del país.

El sindicato también enfatiza que el financiamiento a Petroperú debe ser visto como una inversión estratégica y no como un subsidio gratuito. Reducir este apoyo, argumentan, comprometería la competitividad y sostenibilidad de la empresa. Asimismo, instan al MEF a abordar el déficit fiscal de manera integral, sin sacrificar inversiones clave, y a revisar los gastos de otras entidades que podrían estar afectando al Estado.

Finalmente, el comunicado exige que las decisiones sobre el financiamiento se basen en criterios técnicos y objetivos, y pide al gobierno establecer un plan de pago viable para saldar la deuda con Petroperú. El sindicato reitera su compromiso con una gestión responsable y transparente, orientada al desarrollo sostenible de la industria energética nacional.

Este pronunciamiento surge en un contexto de tensiones entre el gobierno y la empresa estatal, y refleja la preocupación de los trabajadores por el futuro de Petroperú y su papel en la economía peruana.