El expresidente de Perú, Pedro Castillo, se encuentra en el centro de un nuevo capítulo de controversia judicial y política tras iniciar una huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento y el juicio que enfrenta por el presunto delito de rebelión, derivado de su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022. Esta medida de protesta ha llevado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a iniciar un proceso disciplinario en su contra, calificando su acción como una falta grave según el Código de Ejecución Penal. Como consecuencia, Castillo ha sido aislado en el penal de Barbadillo y se le han suspendido las visitas.

El INPE, en un comunicado oficial, explicó que la huelga de hambre constituye una violación de las normas penitenciarias y que el expresidente será sometido a un proceso administrativo cuyos resultados se darán a conocer en los próximos días. Aunque Castillo fue evaluado médicamente y su estado de salud fue reportado como estable, las autoridades han decidido aplicar medidas punitivas para mantener el orden en el sistema penitenciario. El INPE aseguró que estas acciones se toman respetando los derechos humanos, pero priorizando la disciplina en los centros de detención.

Por su parte, el abogado defensor de Castillo, Walter Ayala, ha defendido la huelga de hambre como un acto legítimo de protesta contra lo que considera una detención injusta. Ayala ha argumentado que el cargo de rebelión no debería aplicarse en este caso, respaldado por opiniones de expertos legales, incluso de sectores opuestos al expresidente. Además, la defensa ha presentado un hábeas corpus para solicitar la anulación de lo actuado en el juicio, alegando que el tribunal no es imparcial debido a la participación de la jueza Norma Carbajal, quien habría mostrado predisposición en contra de Castillo.

Castillo, por su parte, ha reiterado su inocencia y ha calificado el juicio como una “pantomima”. En una carta difundida en su cuenta de X, el exmandatario aseguró que su mensaje del 7 de diciembre de 2022, en el que anunció la disolución del Congreso, fue un “discurso político” y no un acto de rebelión. Sin embargo, este hecho llevó a su inmediata detención y a la declaración de vacancia presidencial por parte del Congreso. Castillo enfrenta una posible condena de hasta 34 años de prisión si es hallado culpable.

La situación de Castillo sigue generando divisiones en el ámbito político y social peruano. Mientras sus seguidores denuncian una persecución política, sus críticos sostienen que el proceso judicial es necesario para garantizar el Estado de derecho. Con el juicio en marcha y las medidas disciplinarias aplicadas, el futuro del expresidente sigue siendo incierto, en un contexto marcado por la polarización y la tensión institucional.

Cusco enfrenta una jornada de tensión y movilización social tras el inicio de un paro regional de 48 horas, convocado por la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) y diversas organizaciones sociales. La medida, que se desarrolla los días 12 y 13 de marzo, busca exigir la reactivación del Gasoducto Sur Andino, un proyecto considerado vital para la seguridad energética y el desarrollo del sur del Perú, y rechazar la propuesta del gasoducto costero impulsado por el Gobierno de Dina Boluarte.

Desde las primeras horas del paro, se han registrado bloqueos y piquetes en varias zonas del departamento. En la provincia de Anta, los accesos a Izcuchaca fueron cerrados, mientras que en la ciudad del Cusco, manifestantes tomaron las principales avenidas. Los protestantes argumentan que la paralización del Gasoducto Sur Andino ha afectado gravemente el acceso al gas para hogares e industrias, y exigen su inmediata reactivación.

El gobernador de Cusco, Werner Salcedo, junto a otras autoridades locales, se reunió con la presidenta Dina Boluarte, quien anunció la paralización definitiva del proyecto. Esta decisión ha sido duramente criticada por los manifestantes, quienes consideran que el gasoducto costero solo beneficiaría a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), sin atender las necesidades del sur peruano. Los líderes sociales exigen un compromiso firme del Gobierno con el desarrollo energético de la región.

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, no tardó en responder a las protestas, calificando el paro como “absolutamente inconsecuente” y perjudicial para los intereses de Cusco. “Es lamentable que primen intereses políticos sobre los grandes intereses de la región, que vive fundamentalmente del turismo”, declaró Adrianzén durante una rueda de prensa. Además, señaló que el paro ha causado pérdidas millonarias, afectando gravemente la actividad económica y el turismo, principal fuente de ingresos de la región.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cusco suspendió las clases en toda la provincia y en Quillabamba como medida preventiva, debido a los bloqueos y para evitar poner en riesgo a los escolares. Estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco también se sumaron a las protestas, tomando las instalaciones de su campus.

El secretario general de la FDTC, Juan Castillo, reiteró que las movilizaciones continuarán hasta que el Gobierno atienda sus demandas, incluyendo el reinicio del Gasoducto Sur Andino y la instalación de una mesa de diálogo con compromisos vinculantes. “Si no hay avances, evaluaremos continuar con medidas de fuerza”, advirtió Castillo.

Mientras tanto, el paro ha generado caos en el transporte urbano, afectando a miles de cusqueños que no pudieron llegar a sus trabajos o centros de estudio. La situación sigue en tensión, con la posibilidad de que las protestas se intensifiquen si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno.

La reciente revelación de los registros de geolocalización y audios de las radios policiales ha evidenciado un patrón de actuación que exponen la falta de control y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante las protestas del 24 y 28 de enero de 2023. Este hallazgo no solo revela la cadena de mando que operó en esas fechas, sino también la ausencia de órdenes que evitaran una escalada violenta, resultando en la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca.

Fallo en el control policial
Las comunicaciones interceptadas revelan que los jefes policiales más cercanos a la escena de los hechos —el capitán PNP Gianfranco Tolentino Farfán y el brigadier PNP Luis Inga Cerrón— tenían contacto visual directo con los incidentes. A pesar de esto, no hubo una intervención para frenar el uso excesivo de la fuerza. El informe del Ministerio Público concluye que esta omisión constituye un grave incumplimiento del deber, fortaleciendo la hipótesis de homicidio por omisión.

Uso indebido de la fuerza letal
El análisis de las radios confirmó que un agente disparó directamente una bomba lacrimógena contra Santisteban Yacsavilca en un ángulo indebido, una práctica que contraviene los protocolos internacionales para el control de disturbios. Además, se evidencia que el subgrupo Bravo del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR), bajo el mando del capitán Tolentino Farfán, avanzó sin coordinación ni medidas preventivas, lo que resultó en una tragedia evitable.

Encubrimiento y resistencia policial
Resulta alarmante que la existencia de registros de geolocalización y audio se mantuviera oculta hasta que el suboficial Ignacio Talledo Alcas reveló su existencia. Este intento de encubrimiento refleja una estructura que privilegia la protección institucional por encima de la rendición de cuentas. Además, la negativa de varios policías a brindar declaraciones y su aparente seguridad en la impunidad refuerzan la percepción de un sistema que tolera el abuso.

El sistema de radios Hytera, utilizado por la PNP, cuenta con GPS y grabación integrada, herramientas que podrían haber facilitado un control más eficiente de los operativos. Sin embargo, su uso fue limitado a aspectos tácticos, dejando de lado su potencial como herramienta de fiscalización y control del abuso policial.

El caso de la violenta represión en Lima expone la necesidad urgente de reformar los protocolos de intervención policial, garantizar la rendición de cuentas y reforzar la supervisión del uso de tecnologías como las radios Hytera. La falta de claras órdenes para evitar el uso excesivo de la fuerza revela una preocupante permisividad frente a las violaciones de derechos humanos. El Estado peruano y el Poder Judicial, enfrenta el reto de erradicar estos patrones y castigar a los culpables, para garantizar el derecho ciudadano a la protesta y prevenir futuras tragedias.