El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha vuelto a evidenciar su total incapacidad para gestionar la infraestructura vial en el Perú. Su modelo de concesionar contratos de servicio a empresas privadas, priorizando el lucro sobre el bienestar ciudadano, ha llevado al país a un estado de abandono vial que pone en riesgo la seguridad de los peruanos y frena el desarrollo regional y nacional.

Uno de los casos más alarmantes es el de la Vía Los Libertadores. El MTC cederá esta carretera fundamental a una empresa privada por un periodo de 30 años, delegando la operación, mantenimiento y explotación económica de la vía a través del cobro de peajes. En lugar de garantizar una infraestructura segura y eficiente con inversión pública, el Estado ha optado por trasladar el costo a transportistas y usuarios, quienes ahora deben pagar por un servicio que debería estar cubierto con fondos estatales. Mientras tanto, los beneficios económicos terminan en manos de privilegiados empresarios privados.

Concesiones fallidas y consecuencias mortales

Este modelo de concesión no solo evidencia la incapacidad del MTC para gestionar las carreteras, sino que también perpetúa un esquema que ha derivado en corrupción, abusos tarifarios y abandono de la infraestructura vial. Ejemplos de esta negligencia sobran. El caso de Norvial, concesionaria de la Panamericana Norte, es emblemático: el cobro de peajes sobrevalorados no ha garantizado un mantenimiento adecuado, y una prueba de ello fue la tragedia del puente Chancay, cuya caída costó la vida de tres ciudadanos. La pregunta es inevitable: ¿cuántas víctimas más serán necesarias antes de que el Estado asuma su responsabilidad?

Obras paralizadas y falsas promesas

El abandono del MTC también se refleja en la paralización de obras clave. Un caso grave es el del camino vecinal Puente Angasmayo-Huariperja, en el distrito de Vinchos, Ayacucho. Este proyecto, que debía ser entregado en ocho meses tras su inicio en marzo de 2023, lleva más de un año detenido, con la excusa de falta de material de cantera. Mientras el MTC reporta un avance del 40%, la realidad en el terreno indica que no supera el 20%.

Las comunidades afectadas han sido condenadas al abandono, con vías intransitables que limitan su acceso a bienes y servicios esenciales, afectando gravemente su calidad de vida. Mientras tanto, las autoridades del MTC se escudan en justificaciones burocráticas sin ofrecer soluciones concretas.

Carreteras en mal estado: una amenaza mortal

El deterioro de la infraestructura vial no solo obstaculiza el desarrollo regional, sino que también se ha convertido en una de las principales causas de accidentes mortales en el país. A pesar de los elevados cobros de peaje, las carreteras siguen en condiciones deplorables, con baches, puentes debilitados y tramos sin mantenimiento que representan un peligro constante para los ciudadanos.

El Perú necesita con urgencia una política de inversión pública real en infraestructura vial, con una planificación eficiente, fiscalización rigurosa y un compromiso genuino con la seguridad de la población. Es hora de que el Estado abandone la improvisación y la lógica neoliberal que prioriza intereses privados sobre el bienestar común.

En octubre de 2023, el Congreso peruano aprobó la Ley N° 31914, una normativa que meses después revelaría su impacto negativo en la seguridad pública. Impulsada por Fuerza Popular y respaldada por una coalición multipartidaria que incluyó a Perú Libre, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País, esta ley restringió severamente la capacidad de los gobiernos locales para clausurar centros comerciales, incluso ante riesgos evidentes.

La tragedia del Real Plaza Trujillo, ocurrida el 21 de febrero de 2025, dejó al descubierto las consecuencias de priorizar intereses comerciales sobre la seguridad ciudadana. Ocho personas fallecieron y más de 70 resultaron heridas tras el colapso de una estructura en el centro comercial. Este desastre pudo haberse evitado si no fuera por la legislación que ató las manos de las autoridades locales. En diciembre de 2023, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, había intentado clausurar el establecimiento tras detectar riesgos estructurales, pero la nueva ley lo impidió.

La Ley N° 31914, promovida inicialmente por Fuerza Popular, estableció que las municipalidades debían levantar cualquier clausura en un plazo máximo de 48 horas si el centro comercial presentaba documentación, independientemente de la gravedad de las deficiencias detectadas. Esta disposición prácticamente anuló la capacidad de supervisión de los gobiernos locales, dejando en evidencia un marco legal que privilegió los intereses económicos sobre la vida de las personas.

El congresista Alejandro Cavero, uno de los principales defensores de la ley, argumentó en su momento que esta buscaba proteger la inversión privada de los «alcaldes populistas». Sin embargo, tras la tragedia, intentó distanciarse de las consecuencias de la normativa que él mismo promovió, alegando que su objetivo era proteger a los empresarios de clausuras arbitrarias. No obstante, la realidad demostró que la ley limitó la capacidad de las autoridades para actuar ante riesgos inminentes.

La aprobación de la ley fue el resultado de un intenso lobby liderado por Fuerza Popular. El 10 de mayo de 2023, la bancada fujimorista presentó el proyecto N° 4952, que modificaba la Ley 28976 para regular las clausuras de establecimientos. Tras un debate en el Pleno del Congreso, presidido entonces por Alejandro Soto de Alianza para el Progreso, la iniciativa fue aprobada con 85 votos a favor y solo 19 en contra. Finalmente, el 28 de octubre de 2023, el Gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley N° 31914.

Aunque la normativa establecía que los centros comerciales podían ser clausurados en caso de riesgo inminente para la vida, la salud o la seguridad, también permitía que estos reabrieran en 48 horas si presentaban documentación que «subsanara» las observaciones. Este mecanismo, en la práctica, dejó sin efecto la capacidad de las municipalidades para garantizar la seguridad pública.

La tragedia del Real Plaza Trujillo no solo expuso las fallas estructurales del centro comercial, sino también las consecuencias de una legislación que priorizó intereses económicos sobre la protección de vidas humanas. La sangre de las víctimas mancha no solo el concreto colapsado, sino también las páginas de una ley que debió proteger a los ciudadanos.

En un giro estratégico que ha generado polémica, Telefónica del Perú S.A.A. anunció su decisión de acogerse al Procedimiento Concursal Ordinario bajo la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809). La medida busca reestructurar sus pasivos y garantizar la continuidad del servicio a más de 13 millones de usuarios en el país. Sin embargo, analistas y sectores políticos advierten que este movimiento podría estar orientado a eludir deudas con el Estado peruano.

Telefónica del Perú ha arrastrado problemas financieros durante más de dos décadas, en gran parte debido a controversias fiscales con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). La empresa mantiene litigios por miles de millones de soles en impuestos no pagados, los cuales han sido objeto de apelaciones y prolongados procesos judiciales.

Además de las deudas fiscales, la compañía ha enfrentado un entorno de mercado adverso, con una competencia cada vez más fuerte en el sector de telecomunicaciones. A esto se suman decisiones administrativas cuestionables y un alto costo financiero derivado de préstamos previos, que han puesto en riesgo su liquidez operativa.

Telefónica del Perú forma parte de la multinacional española Telefónica S.A., una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. En el país, compite con empresas como Claro (América Móvil), Entel y Bitel, que han ganado terreno en el mercado con ofertas más agresivas y estrategias de expansión en sectores clave como internet móvil y fibra óptica.

Medidas adoptadas por Telefónica del Perú

Obtención de crédito mercantil: Se aprobó un préstamo de hasta S/ 1,549 millones otorgado por Telefónica Hispanoamérica S.A., con una tasa de interés del 29.13 %. Estos fondos estarán destinados exclusivamente a cubrir necesidades operativas de caja en los próximos meses.

Convocatoria a Junta de Accionistas: Se programó una reunión de la Junta General de Accionistas y la Junta Especial de Accionistas de Clase B para el 17 de marzo de 2025 en la sede de la empresa en Surquillo. En la agenda figuran la aprobación de la gestión social, la revisión de estados financieros, la designación de auditores y la modificación del estatuto social.

Asesoría especializada: La empresa contrató a Kroll Advisory Ltd., consultora financiera que dirigirá el proceso concursal. Además, un miembro de su equipo asumirá el rol de Chief Restructuring Officer (CRO), supervisando la reestructuración de la compañía.

Diversos analistas han señalado que la decisión de Telefónica del Perú de acogerse al proceso concursal podría estar motivada por una estrategia para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Estado peruano. Este tipo de maniobras han sido utilizadas anteriormente por otras empresas monopólicas y transnacionales que, tras declararse en insolvencia, cambian de denominación y reestructuran su modelo de negocio sin asumir sus compromisos financieros con los gobiernos donde operan.

En el caso de Telefónica, existen precedentes en otros países de América Latina donde la empresa ha recurrido a tácticas similares para renegociar o postergar el pago de sus pasivos fiscales. En Perú, el impacto de esta medida podría afectar la recaudación tributaria y generar incertidumbre sobre la continuidad del servicio, pese a las garantías ofrecidas por la empresa.

Telefónica del Perú insiste en que este proceso permitirá una reorganización financiera responsable y sostenible. No obstante, algunos políticos y el propio Estado, a través de las entidades regulatorias, deberán estar atentos a cualquier intento de evasión fiscal o abuso del sistema concursal.