Puno, julio de 2025. La provincia de Melgar, en la región Puno, vive una crisis ambiental de graves proporciones debido a la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, la única fuente de agua para las comunidades rurales de la zona. Frente a la inacción del Ejecutivo, pobladores de distintos distritos realizaron esta semana una movilización pacífica en la ciudad de Puno para exigir la ejecución de los compromisos asumidos por el Gobierno Central y la declaratoria de emergencia ambiental.

Los manifestantes, encabezados por autoridades locales y dirigentes comunales, señalaron que la contaminación —atribuida a los pasivos mineros de la empresa Aruntani S.A.C.— ha provocado un incremento alarmante en la mortandad de animales, así como la pérdida de cultivos y forraje, pilares de la economía agropecuaria en la provincia.

“El agua que consumen nuestras familias y nuestros animales tiene niveles de acidez altísimos. Esto está matando lentamente nuestra ganadería y nuestra salud”, denunció Marcelino Surco Quispe, presidente del Frente de Defensa de los Recursos Hídricos de la Cuenca Llallimayo.

El alcalde de Melgar, Russell Nilver Mamani, confirmó que los 61 millones de soles comprometidos por el Ejecutivo para la remediación ambiental aún no han sido ejecutados, pese a haberse anunciado hace varios años. “El gobierno nos ha fallado. Nos prometen soluciones pero no hacen nada. La situación es insostenible”, afirmó.

La protesta también se motivó por la inexplicable ausencia de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quienes habían sido convocados a una reunión con los dirigentes comunales para abordar la emergencia. Ante ello, las organizaciones otorgaron un **plazo de cinco días hábiles** para que las autoridades nacionales se trasladen a la provincia de Melgar y sostengan un diálogo en territorio.

De no obtener respuesta, las comunidades han advertido que retomarán una protesta indefinida a fin de visibilizar la situación y presionar al Estado para que cumpla con sus obligaciones.

La cuenca del Llallimayo —ubicada en la zona altoandina de Puno— ha sido afectada durante más de una década por residuos mineros que han contaminado el agua, el suelo y los ecosistemas. Las consecuencias han sido devastadoras: pérdidas económicas irreparables, retroceso en la producción agropecuaria y riesgos crecientes para la salud pública.

Durante la movilización, los pobladores también exigieron la reactivación inmediata de la mesa técnica de la cuenca Llallimayo, que permanece inoperativa, así como un cronograma claro para la ejecución del proyecto de remediación ambiental. “No pedimos limosnas, exigimos justicia ambiental y respeto a nuestros derechos”, enfatizó uno de los dirigentes.

Cusco, 9 de julio de 2025 – Desde finales de junio, mineros artesanales y de pequeña escala mantienen bloqueada la vía conocida como Corredor Minero del Sur, que conecta los departamentos de Cusco, Apurímac y Arequipa, afectando el transporte de minerales de las minas Las Bambas y Hudbay. Las protestas, lideradas por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y Fenamarpe, exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la aprobación de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE).

Los bloqueos se concentran en puntos estratégicos como Chumbivilcas (Cusco), en los kilómetros 37+600 (Capacmarca) y 121 (Chamaca), y en Arequipa, en los kilómetros 619 (Chala, Caravelí) y 782 (Ocoña, Camaná) de la Panamericana Sur. En Apurímac, las interrupciones afectan el acceso a la mina Las Bambas, clave para el 40% de la producción nacional de cobre. Se estima que más de 5,000 mineros participan en Cusco y 500 en Caravelí, generando un impacto significativo en el transporte y la economía regional.

Las demandas de los mineros incluyen una prórroga del Reinfo, cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2025, según el Decreto Supremo N° 012-2025-EM, y una Ley MAPE que facilite la formalización permanente con acceso a tecnologías limpias y financiamiento. Los manifestantes también piden la derogación de concesiones mineras ociosas. En Arequipa, de 16,255 inscritos en el Reinfo, solo 3,852 mantienen registros vigentes, evidenciando las dificultades para la formalización.

El bloqueo ha generado desabastecimiento de combustible y productos esenciales en zonas como Nazca, suspensión de clases presenciales en Arequipa y la paralización de más de 1,000 unidades de transporte de carga, con pérdidas estimadas en S/ 280 millones diarios. Un trágico incidente en Arequipa dejó un conductor fallecido tras caer por un acantilado. La Policía Nacional ha desplegado más de 300 efectivos, pero los bloqueos persisten.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) sostiene que no habrá prórrogas indefinidas del Reinfo y que los mineros no formalizados serán considerados ilegales. Mientras tanto, el Congreso debate un texto sustitutorio de la Ley MAPE, aunque los mineros lo consideran insuficiente. El diálogo entre las partes sigue estancado, y se teme un aumento de la minería ilegal si no se resuelven las demandas.

La situación en el Corredor Minero del Sur continúa generando tensión, afectando la conectividad y el comercio en el sur del país. Las autoridades y los manifestantes buscan una solución que permita equilibrar la formalización minera con el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.

Miles de comuneros, reunidos en asambleas y reuniones provinciales y regionales a lo largo del Perú, han decidido pasar a la ofensiva contra la Ley 32293, aprobada por el Congreso en abril pasado de este año. Sostienen que la norma vulnera sus derechos históricos sobre la tierra comunal y pone en riesgo a más de 6 600 comunidades legalmente reconocidas.

Atendiendo el pedido de sus dirigentes, la congresista Margot Palacios —de origen campesino y representante del departamento sureño de Ayacucho— presentó el 6 de junio el Proyecto de Ley 11394, que plantea la derogatoria total de la controvertida disposición.

El reclamo no surgió de forma espontánea, sino que fue construido desde las bases. En Cusco, Puno, Piura, Junín, Áncash, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y otros departamentos, las comunidades convocaron asambleas para analizar el impacto de la ley. Según se supo, en el encuentro campesinos de Sicuani (Cusco), los líderes Wilberth Mescco Masa, Walter Torres y Antonio Maquera fueron comisionados para entregar un pronunciamiento al Congreso. El documento es contundente: “Esta ley es una amenaza directa a nuestra forma de vida comunal; exigimos su derogatoria inmediata”.

La Ley 32293 amplía hasta 2015 el plazo para formalizar ocupaciones individuales dentro de predios comunales, eliminando el límite que había vencido en 2003. Según las comunidades, esta ampliación abre la puerta al fraccionamiento de la propiedad colectiva, fomenta el tráfico de terrenos y contradice el principio de imprescriptibilidad establecido en el artículo 89 de la Constitución.

“La tierra comunal no se vende ni se formaliza; se defiende colectivamente”, advirtió José Carlos Gutiérrez, dirigente aimara de Puno. En Junín, el alcalde de Huay Huay, Ángel Aylas Jara, alertó que la ley “incentiva conflictos sociales y beneficia a invasores con fines comerciales”. En varias provincias se preparan encuentros comunales para coordinar un paro agrario si el Congreso no deroga la norma antes del Día del Campesino, el 24 de junio.
El Proyecto de Ley 11394 no nació en el Congreso, sino en las propias bases comunales. Elaborado con el apoyo de asesores legales de las comunidades, propone anular la Ley 32293, suspender cualquier proceso de formalización individual sobre tierras comunales y garantizar que toda decisión futura sobre esos territorios sea aprobada en asamblea y sometida a consulta obligatoria.

Universidades, centros de investigación y entidades como las ONGs CEPES, Red Muqui y Aidesep han brindado respaldo técnico a la posición de las comunidades. Sin embargo, la vocería legítima recae en los propios comuneros y sus federaciones agrarias, entre ellas la FARTAC, Consejo de Autoridades Originarias de la Región de Puno, y la Federación Departamental de Campesinos de Cusco, Apurímac, Puno y Huancavelic, que ya coordinan acciones de protesta en el mes de la Pachamama.

“El Congreso no puede legislar contra el pueblo que vive y trabaja la tierra desde hace generaciones. Esta ley no puede seguir vigente”, sentenció Walter Torres en representación de las comunidades del sur. Si el Parlamento no da trámite urgente a la derogatoria, las organizaciones anuncian un ciclo de movilizaciones que partirá desde cada territorio rural.