Desde el 26 de junio de 2025, pequeños mineros y mineros artesanales de Perú mantienen un paro indefinido en regiones como Arequipa, Cusco, La Libertad y Ayacucho, exigiendo la derogatoria del Decreto Supremo N° 012-2025-EM. Este decreto, publicado el 3 de julio, finalizó el proceso de formalización minera para más de 50,000 trabajadores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), limitando la prórroga al 31 de diciembre de 2025 solo para aquellos con inscripción vigente o suspendida por no más de un año.

Las protestas, lideradas por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros (FENAMARPE), han generado bloqueos en carreteras clave, como la Panamericana Sur y accesos en La Libertad, afectando el transporte y generando pérdidas económicas estimadas en S/ 400 millones. Los mineros denuncian que el decreto los deja en la informalidad y critican la falta de una plataforma funcional del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para completar su formalización antes del 30 de junio.

Entre sus demandas, destaca la aprobación de la Ley MAPE, que regularía de forma justa la minería artesanal y de pequeña escala. Los mineros rechazan la propuesta del Ejecutivo presentada en noviembre de 2024, por considerarla favorable a la gran minería y no atender sus necesidades. También piden un Censo Nacional Minero para reconocer a más de 500,000 trabajadores informales y el cese de las interdicciones gubernamentales, que califican de represivas.

En respuesta, algunos congresistas han presentado iniciativas para atender la crisis. El congresista Roberto Sánchez y Víctor Cutipa (Juntos por el Perú) propuso un proyecto de ley para extender el plazo de formalización hasta 2026, facilitando el acceso al Reinfo. Por su parte, el congresista Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) planteó crear una mesa de diálogo multisectorial que incluya a los mineros, el Minem y el Congreso para negociar una solución integral.

En Lima, los manifestantes han acampado frente al Congreso y el Minem, exigiendo ser escuchados. La falta de avances en el diálogo ha incrementado la tensión, con más de 300 efectivos policiales desplegados para desbloquear vías. Los mineros insisten en que no levantarán el paro hasta que sus demandas sean atendidas.

Las propuestas legislativas buscan dar una salida a la crisis, pero enfrentan críticas por su lentitud. Mientras tanto, el impacto económico y social del paro sigue creciendo, afectando a comunidades y al comercio regional. La situación permanece en un punto crítico, con el diálogo como única vía para evitar una escalada mayor.

Lima, 5 de julio de 2025 – Un grupo de congresistas, encabezado por Margot Palacios, Jaime Quito, Silvana Robles, Alfredo Pariona, Sigrid Bazán y Edgard Reymundo, ha presentado múltiples proyectos de ley para derogar el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que incrementó el sueldo de la presidenta Dina Boluarte de S/15,600 a S/35,568 mensuales.

La medida, publicada el 4 de julio, ha generado fuerte rechazo en el Congreso y la opinión pública debido a la crisis económica que atraviesa el país, con un 27.6% de la población en situación de pobreza, según el INEI en 2024. Los legisladores argumentan que el aumento, autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, contraviene la Ley 28212, que fija un tope de S/26,000 para la remuneración presidencial en 2025. Además, lo consideran éticamente cuestionable en un contexto de baja aprobación del gobierno de Boluarte, que oscila entre el 2% y 3%, y de crecientes problemas de inseguridad y estancamiento económico.

La congresista Margot Palacios calificó el incremento como “inaceptable” y una “falta de sensibilidad” hacia las necesidades de la población. Por su parte, Silvana Robles, de la Bancada Socialista, señaló que el decreto es un “insulto” para los peruanos que enfrentan dificultades económicas. Jaime Quito y Alfredo Pariona, del Bloque Democrático Popular, coincidieron en la urgencia de anular la medida para priorizar recursos en sectores como salud, educación y seguridad.

La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Juan Burgos, aprobó por unanimidad solicitar que la presidenta explique el aumento ante el Pleno y promover una iniciativa conjunta para su derogatoria. Además, se anunció la interpelación del premier Eduardo Arana y del ministro de Economía Raúl Pérez-Reyes por no asistir a una sesión convocada para justificar la decisión. Expertos como Luis Miguel Castilla han señalado que el Congreso tiene la facultad de derogar el decreto mediante una ley aprobada por mayoría simple, aunque el trámite podría retrasarse debido al receso parlamentario.

Mientras tanto, la bancada de Podemos Perú también se sumó al rechazo, presentando un proyecto adicional para anular el incremento, calificándolo como un acto de “desconexión con la realidad del país”. La controversia ha intensificado las críticas hacia el gobierno de Boluarte, en un momento de creciente tensión política y social. Los congresistas exhortan a sus colegas a respaldar las iniciativas para revertir el aumento y enviar un mensaje de austeridad y compromiso con los ciudadanos.

Lima, 3 de julio de 2025– Desde el 26 de junio, el Perú vive una escalada de tensiones debido a un paro indefinido convocado por mineros informales y artesanales, quienes exigen la derogación del Decreto Supremo N° 012-2025-EM y la aprobación de una nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). Las protestas, lideradas por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), han generado bloqueos de carreteras en regiones clave como Arequipa, Ica, Cusco y La Libertad, así como movilizaciones frente al Congreso y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en Lima.

Bloqueos y caos en las carreteras.

Los mineros han interrumpido vías estratégicas como la Panamericana Sur en Arequipa (Puente Ocoña, Chala, Yauca) y Nasca (Ica), así como la carretera Shorey-Pampa La Julia en La Libertad. Estos bloqueos han causado demoras de hasta tres días para pasajeros y transportistas, incrementos de precios en alimentos y combustibles, y desabastecimiento en mercados locales. En Arequipa, el 80% de los grifos se quedó sin combustible en noviembre de 2024 debido a protestas similares, y la situación actual amenaza con agravar la crisis.

Empresas de transporte han suspendido servicios, y los costos de movilización han aumentado hasta un 100%, con transbordos que oscilan entre S/50 y S/70 por tramo. En Caravelí, un accidente durante los bloqueos de noviembre dejó tres mineros fallecidos, mientras que en Pataz se reportaron agresiones a conductores que intentaron cruzar los puntos de protesta.

Formalización sin trabas

Los mineros exigen la derogación del Decreto Supremo 012-2025, que fija el cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para el 31 de diciembre de 2025. Argumentan que el plazo de 45 días para reactivar registros suspendidos es insuficiente y que el proceso de formalización está plagado de trabas burocráticas. Además, piden la aprobación de una Ley MAPE que contemple las necesidades reales del sector artesanal y un censo para identificar a los mineros genuinos, excluyendo a quienes operan ilegalmente. “El gobierno no nos da soluciones reales. Queremos trabajar dentro de la legalidad, pero nos cierran las puertas”, señaló Franco Bécquer, líder de Confemin, desde las protestas en Lima, donde cientos de mineros acampan frente al Congreso en la avenida Abancay y el Minem en San Borja.

Impacto económico y controversias

El paro amenaza con generar pérdidas de hasta S/400 millones para la economía nacional, según estimaciones, afectando tanto a la minería formal como a sectores como el transporte y el comercio. Empresas como Las Bambas y Hudbay enfrentan dificultades para movilizar minerales debido a los bloqueos. El conflicto también ha reavivado el debate sobre la minería ilegal. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y el Ministerio Público señalan que el Reinfo ha sido explotado por grupos vinculados a actividades ilícitas, como el lavado de activos y la trata de personas, con un movimiento económico estimado en US$12,000 millones anuales en regiones como Madre de Dios y Puno. Sin embargo, los mineros artesanales insisten en que son trabajadores que buscan formalizarse y no delincuentes.

Respuesta del gobierno

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, ha instado a los mineros a levantar los bloqueos para iniciar un diálogo, enfatizando la necesidad de combatir la minería ilegal. El Congreso, por su parte, debate proyectos para extender el Reinfo hasta 2027, pero aún no hay consenso. Los manifestantes han advertido que radicalizarán las protestas si no se atienden sus demandas.

Un país en vilo

Con bloqueos persistentes y movilizaciones en curso, el paro de los mineros informales mantiene en vilo al Perú. La interrupción de carreteras, el encarecimiento de productos básicos y las tensiones sociales reflejan la urgencia de encontrar una solución que equilibre la formalización del sector con la seguridad y el orden público.