Lima, 08 de mayo de 2026.- Decenas de agricultores y pobladores del Valle de Tambo llegaron a la capital para participar en una movilización hacia la sede del Poder Judicial, con el objetivo de exigir la anulación definitiva del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, impulsado por Southern Perú. Los manifestantes sostienen que el documento técnico se encuentra desactualizado y carece de legitimidad social.

La protesta coincidió con la audiencia de la acción de amparo presentada por dirigentes del valle contra el Ministerio de Energía y Minas. Según los demandantes, el EIA aprobado perdió vigencia técnica y legal debido a los cambios ambientales, demográficos y sociales registrados en la provincia de Islay desde su última actualización.

Con banderas verdes y consignas como “Agro sí, mina no”, los manifestantes recorrieron diversas avenidas del Centro de Lima para expresar su rechazo al proyecto extractivo. Los dirigentes señalaron que el Estado pretende reactivar la iniciativa minera sin contar con el respaldo de la población local.

Los representantes del Valle de Tambo advirtieron que la explotación minera a tajo abierto pondría en riesgo los recursos hídricos y la actividad agrícola de la zona, considerada el principal sustento económico de miles de familias. Asimismo, cuestionaron que el actual EIA no garantice la protección del ecosistema del río Tambo ni la seguridad alimentaria de la población.

“No solo defendemos nuestro territorio en las calles, también lo hacemos en los tribunales”, afirmó uno de los voceros de la delegación durante la movilización. Los manifestantes pidieron al Poder Judicial actuar con independencia y priorizar los derechos fundamentales de la población frente a los intereses económicos vinculados a la gran minería.

Por su parte, Southern Perú ha reiterado en los últimos meses su disposición al diálogo y su intención de impulsar el proyecto bajo estándares de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, los dirigentes y organizaciones sociales del Valle de Tambo consideran que la relación de confianza con la empresa quedó fracturada tras años de conflicto.

La movilización concluyó de manera pacífica en los exteriores del Palacio de Justicia, bajo resguardo policial. Los dirigentes anunciaron que permanecerán atentos a la decisión judicial y advirtieron que, si el fallo no favorece sus demandas, evaluarán intensificar las medidas de protesta en la región Arequipa.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro con los integrantes de BTS, uno de los fenómenos musicales más influyentes del mundo, en una reunión que rápidamente captó la atención de millones de seguidores en redes sociales. A través de un mensaje oficial, Sheinbaum destacó el papel de la música como puente entre naciones y reconoció el impacto positivo de la agrupación entre la juventud mexicana.

“Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, expresó la mandataria electa, en una declaración que generó amplia repercusión entre la comunidad ARMY, nombre con el que se conoce a los seguidores de la banda surcoreana. La publicación estuvo acompañada de imágenes del encuentro, las cuales rápidamente se viralizaron en plataformas digitales.

El acercamiento entre Sheinbaum y BTS ocurre en un contexto de creciente intercambio cultural entre México y Corea del Sur, impulsado por el auge global del K-pop, la industria audiovisual coreana y el interés de las nuevas generaciones por contenidos asiáticos. Especialistas en diplomacia cultural consideran que este tipo de reuniones fortalecen los vínculos bilaterales y proyectan una imagen de apertura hacia nuevas expresiones culturales y juveniles.

Además de su éxito musical, BTS ha sido reconocido internacionalmente por promover mensajes relacionados con la salud mental, la inclusión y el desarrollo personal, temas que han conectado con millones de jóvenes alrededor del mundo. En México, la agrupación mantiene una de las bases de seguidores más grandes de América Latina, con una presencia constante en tendencias digitales y eventos masivos relacionados con la cultura coreana.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre posibles actividades públicas de BTS en territorio mexicano; sin embargo, el encuentro con Claudia Sheinbaum ya es considerado uno de los momentos más comentados en redes sociales, donde usuarios celebraron la relevancia internacional del grupo y el reconocimiento institucional hacia el fenómeno cultural del K-pop.

Piura, 09 de enero 2026.- El Perú se encuentra al borde de un eventual arbitraje internacional que podría derivar en una demanda de hasta 5.000 millones de dólares, tras la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025. Desde una perspectiva político-legal, la norma introduce cambios sustanciales en la estructura patrimonial de Petroperú que, según contratos vigentes, podrían configurar un incumplimiento automático frente a acreedores internacionales. Se trata de un escenario que trasciende la gestión de una empresa estatal y coloca en riesgo directo al Estado peruano.

Los bonos emitidos por Petroperú por cerca de 2.000 millones de dólares y los créditos sindicados por otros 600 millones —destinados principalmente a la Nueva Refinería de Talara— establecieron como garantía colateral la totalidad de los activos de la empresa, incluyendo refinerías, ductos y campos de hidrocarburos. El decreto autoriza ahora la transferencia de esos activos a vehículos de propósito especial (SPV) que serían entregados a operadores privados mediante ProInversión. Para los acreedores, esta operación elimina la prenda que respaldaba su derecho de cobro, activando cláusulas de cross-default y negative pledge contempladas en los contratos.

El riesgo inmediato es financiero y jurídico. Fondos internacionales como BlackRock, Pimco o Franklin Templeton —tenedores de bonos afectados además por recientes rebajas de calificación crediticia— podrían exigir la aceleración de la deuda, reclamando el pago inmediato del capital, intereses, penalidades y costos legales. Con tasas cercanas al 7 u 8 % y cláusulas de compensación total (make-whole), la factura podría superar los 3.500 millones de dólares y escalar hasta los 5.000 millones si se incluyen daños por la pérdida de valor de las garantías.

En el plano internacional, la posición procesal del Perú aparece debilitada. Los contratos están sometidos al derecho de Nueva York y a arbitrajes en sedes como Londres o Miami, donde el análisis se centra estrictamente en el cumplimiento contractual. Además, precedentes del CIADI y de la Corte de Arbitraje de la CCI —como los casos CMS contra Argentina y Occidental contra Ecuador— han establecido que la alteración unilateral del régimen jurídico de una inversión puede constituir expropiación indirecta, obligando al Estado a indemnizar el valor total de mercado. La condición de presidente interino y la ausencia de aprobación legislativa refuerzan la tesis de arbitrariedad del acto.

Más allá del frente legal, el impacto político e institucional es significativo. Diversos analistas consideran que el Congreso, la Contraloría y el Ministerio Público deberían evaluar responsabilidades por un eventual perjuicio patrimonial al Estado. De confirmarse los riesgos advertidos en informes técnicos y financieros, el país pasaría de enfrentar los problemas de una empresa estatal endeudada a cargar con una potencial morosidad soberana. Un escenario que, según especialistas, podría hipotecar recursos públicos futuros y trasladar el costo de decisiones de corto plazo a las próximas generaciones.