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Proyectos mineros Tía María y Conga: imposición vs. rechazo y conflicto social

Arequipa y Cajamarca se enfrentan a la imposición del régimen de Dina Boluarte de los proyectos mineros que amenazan su agricultura, ganadería y fuentes de agua, con su anunciada reactivación sin licencia social.
Southern Copper Corporation prevé iniciar la construcción de Tía María a finales de este año o principios del 2025, con una producción estimada de 4 millones de toneladas de cobre para el 2028. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho , asegura que la empresa tiene la última palabra y que el Minem solo facilite la negociación.

Conga , también impulsada por el gobierno, busca su desarrollo con la construcción de ferrocarriles en Cajamarca y Apurímac. Mucho afirma que «no se permitirá que no se deje producir» este proyecto ni otros como Galeno, Michiquillay y La Granja .
Sin embargo, estos proyectos enfrentan una fuerte oposición. La congresista Margot Palacios acusa al gobierno de generar conflictos sociales y vender «a precio de ganga» los recursos naturales. María Agüero Gutiérrez exige alternativas sostenibles y defiende la seguridad alimentaria y la agricultura. Jaime Quito Sarmiento advierte sobre el conflicto de intereses del ministro Mucho y el riesgo de nuevos levantamientos.
La contaminación del agua es otra gran preocupación. En Moquegua, se detectó arsénico en la sangre de 60 niños del Centro Poblado de Yacango. El alcalde de Torata, Elvis Córdova Nina , busca establecer una mesa de trabajo para mejorar la calidad del agua.

Southern Perú , por su parte, ha enviado una carta a la SMV moderando las declaraciones de su director de finanzas, Raúl Jacob , sobre el inicio de la construcción de Tía María. En la misiva, la empresa asegura tener los recursos para iniciar el proyecto, pero señala que Tía María estaría produciendo recién en 2028.
La tensión en Arequipa y Cajamarca es palpable.La imposición de estos proyectos mineros sin licencia social y con graves impactos ambientales y sociales genera un clima de rechazo y conflicto.El gobierno debe escuchar las voces de las comunidades y buscar soluciones sostenibles que respeten sus derechos y protejan el medio ambiente.
En este contexto, surge la pregunta: ¿Desarrollo o destrucción?La decisión final sobre el futuro de estos proyectos recae en el gobierno y en las comunidades afectadas.Se necesita un diálogo abierto y transparente que permita encontrar un camino que beneficie a todos,sin sacrificar el futuro de las generaciones venideras.