El Poder Judicial rechazó revisar la medida que mantiene encarcelado al expresidente por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda. La prisión preventiva prolongada por 12 meses continúa vigente hasta marzo de 2027.

Lima, 23 de octubre de 2026.- El Poder Judicial declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva impuesta al expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por los presuntos delitos de organización criminal agravada, colusión simple y tráfico de influencias agravado, en el marco de las investigaciones acumuladas por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, mediante la Resolución N.° 8, emitida el 16 de octubre. El magistrado dispuso mantener vigente la medida coercitiva y la prolongación de 12 meses, que se extiende hasta el 8 de marzo de 2027.

¿Por qué se mantiene la prisión preventiva?

Según la resolución judicial, todavía subsisten los presupuestos que justificaron la prisión preventiva y su posterior prolongación. El juzgado consideró que la continuidad de la medida resulta necesaria y proporcional para garantizar el desarrollo de la investigación y la eficacia de una eventual decisión judicial.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que los nuevos elementos incorporados a la investigación, entre ellos declaraciones, documentos y pericias, reforzarían la hipótesis fiscal sobre la presunta existencia de una organización criminal y la participación atribuida al exmandatario. Estas imputaciones deberán ser evaluadas en el proceso penal y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

Los casos bajo investigación

La investigación comprende presuntos hechos vinculados a Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La hipótesis fiscal atribuye a Castillo una presunta participación en una estructura que habría buscado influir en decisiones y contrataciones públicas mediante el control de puestos estratégicos en entidades estatales. La responsabilidad penal del expresidente deberá determinarse conforme a las pruebas y las garantías del proceso.

Por su parte, la defensa cuestionó la continuidad de la privación de libertad y solicitó sustituirla por una medida menos gravosa, invocando los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. El juzgado desestimó la revisión de oficio, por lo que la situación jurídica de Castillo no cambió en este expediente.

¿Qué viene ahora?

La resolución mantiene la prisión preventiva, pero no resuelve de manera definitiva la responsabilidad penal de Pedro Castillo por los hechos investigados. El proceso continúa bajo control judicial y fiscal, mientras la defensa conserva las vías procesales que correspondan para cuestionar las decisiones que afecten al investigado.

El caso vuelve a poner en el centro del debate público el control judicial de las medidas que restringen la libertad y la investigación de presuntos actos de corrupción en el Estado. La exigencia es doble: esclarecer los hechos que comprometen recursos públicos y garantizar que toda decisión judicial respete el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos fundamentales.

Saludos de Juntos por el Perú y un acto simbólico en Puno marcaron el onomástico del expresidente, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. Sus simpatizantes volvieron a reclamar su libertad.

Lima, 19 de octubre de 2026.- El expresidente Pedro Castillo Terrones cumple 57 años este lunes mientras permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate. La fecha motivó mensajes de solidaridad de representantes de Juntos por el Perú y una actividad simbólica de simpatizantes en Puno, con pedidos de libertad y reencuentro con su familia.

La bancada de Diputados de Juntos por el Perú envió un saludo de cumpleaños en el que destacó la trayectoria de Castillo desde el interior del país y expresó su deseo de que recupere la libertad y vuelva a encontrarse con su familia y el pueblo.

El senador Iber Maraví y la ex congresista Margot Palacios, ambos ayacuchanos y de conocida cercanía con el ex presidente, también difundieron felicitaciones públicas. Ambos calificaron a Castillo como «preso político», expresión que refleja su posición política y no una calificación judicial acreditada.

Los pronunciamientos evidencian que sectores vinculados a Juntos por el Perú y a organizaciones afines mantienen el reclamo de libertad como una de sus principales banderas políticas.

Puno: música y torta junto al Titicaca

En Puno, dirigentes de colectivos civiles realizaron un acto simbólico a orillas del lago Titicaca. La actividad incluyó música y una torta de cumpleaños, en una expresión de respaldo que sus participantes relacionaron con la resistencia política de Castillo.

Las manifestaciones se suman a otras celebraciones organizadas por simpatizantes en años anteriores. En octubre de 2024, por ejemplo, seguidores del exmandatario se congregaron en los exteriores del penal de Barbadillo para celebrar su cumpleaños y exigir su liberación.

El reclamo político y la situación judicial

Castillo permanece recluido por el proceso penal relacionado con los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y medidas sobre el sistema de justicia. Su situación judicial constituye el contexto central de los pedidos de libertad difundidos por sus seguidores.

A sus 57 años, el exmandatario continúa generando expresiones de apoyo entre sectores de izquierda y simpatizantes que cuestionan su encarcelamiento. El debate sobre su situación exige distinguir los reclamos políticos de sus partidarios de las decisiones que corresponden a las autoridades judiciales.

Comisión de Constitución aprobó por siete votos el paquete legislativo que incorpora nuevas medidas de seguridad ciudadana y prevención ante El Niño. La ausencia de bancadas opositoras permitió sesionar con el quórum mínimo.

Lima, 19 de octubre de 2026.- La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó este lunes el dictamen que plantea delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante 90 días, con un total de 27 materias vinculadas principalmente con la seguridad ciudadana y la atención del fenómeno El Niño. La propuesta incorpora siete puntos adicionales a los 20 remitidos por la Cámara de Diputados. El dictamen deberá ser debatido y votado por el Pleno del Senado.

La votación se realizó con siete senadores presentes: Carlos Mesía, Alejandro Aguinaga, Martha Chávez y Patricia Juárez, de Fuerza Popular; Katherine Ampuero y Lourdes Alcorta, de Renovación Popular; y Roger Astucuri, del Partido Cívico Obras. El resultado fue de siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, según la información difundida por el Congreso. La presencia de Astucuri permitió completar el quórum necesario para la sesión.

La aprobación se produjo en medio de las discrepancias sobre la posibilidad de que el Senado incorpore materias que no estaban en el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Según La República, representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno no asistieron a la sesión. Su ausencia dejó a las bancadas presentes en condiciones de deliberar y votar sin la participación de esos sectores opositores.

Los siete puntos añadidos comprenden la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de penales de alta peligrosidad; el seguimiento pospenitenciario de condenados por delitos graves con riesgo concreto de reincidencia; y criterios para calificar determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles durante estados de emergencia. También incluyen medidas especiales de investigación frente a organizaciones que emplean métodos de violencia propios del terrorismo, ajustes a las reglas de legítima defensa y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

La séptima materia adicional busca facilitar la ejecución de proyectos prioritarios de infraestructura para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, entre ellos puentes, carreteras y obras de protección contra inundaciones. El alcance concreto de estas facultades dependerá del texto definitivo que apruebe el Parlamento y de las disposiciones que se emitan en su aplicación.

El respaldo del representante de Obras tiene relevancia política porque su presencia permitió completar el número necesario para sesionar y su voto integró la mayoría que aprobó el dictamen ampliado. La República informó que el senador Roger Astucuri había planteado observaciones sobre el apartado referido a inteligencia y solicitado excluir la referencia a la DINI, pero el texto final mantuvo esa materia. El episodio evidencia las diferencias entre la posición expresada previamente por sectores opositores y la decisión adoptada en esta sesión.

La aprobación en comisión no significa que el Ejecutivo ya tenga autorización definitiva para legislar sobre las 27 materias. El siguiente paso corresponde al Pleno del Senado, que deberá debatir y votar la propuesta. El desenlace determinará si el paquete se convierte en una autorización legislativa y cuáles serán sus límites. Por su impacto en la seguridad, los derechos ciudadanos, las competencias estatales y las obras preventivas frente a emergencias climáticas, el contenido del dictamen requiere seguimiento público y evaluación del texto final.