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Política

Congreso de la República modifica Ley de elecciones y organizaciones políticas del Perú

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha presentado varios proyectos de ley ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República para su estudio y dictamen. Estos proyectos, presentados en enero, febrero y marzo de 2024, tienen como objetivo modificar la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas para mejorar el proceso electoral en el Perú, y ya fueron aprobadas por la Comisión de Constitución, estando a la espera de la votación en el pleno del Congreso.

Entre las propuestas se encuentran cambios significativos, como la inclusión de nuevas causales de excusa para ser miembro de mesa, ajustes al cronograma electoral, disposiciones sobre financiamiento y propaganda electoral, entre otros aspectos.

Es relevante destacar que, según los antecedentes legislativos, no se han presentado proyectos similares desde el año 2000, lo que resalta la importancia y la novedad de estas iniciativas.

El análisis de las propuestas ha involucrado la solicitud y recepción de opiniones de diversas entidades, siendo significativas las aportaciones de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La Constitución Política del Perú establece que el sistema electoral tiene como finalidad garantizar el pleno ejercicio del derecho de sufragio y la libre participación en los asuntos públicos. En este sentido, las modificaciones propuestas parecen alineadas con estos principios fundamentales, buscando optimizar y facilitar el ejercicio de los derechos democráticos.

Por ejemplo, el proyecto que propone la excusa para ser miembro de mesa por causa de embarazo y lactancia recoge recomendaciones de organismos internacionales sobre protección a la maternidad y no discriminación. Sin embargo, se enfatiza la necesidad de una redacción cuidadosa para evitar estigmatizar estas condiciones.

Margot Palacios, vocera de Perú Libre tiene serias observaciones a la reforma electoral

Los ajustes al cronograma electoral y las disposiciones sobre financiamiento y propaganda electoral buscan dotar de mayor transparencia y seguridad jurídica al proceso, sin aparentes transgresiones a la Constitución o su reglamento.

Sin embargo, la parlamentaria Margot Palacios Huamán, vocera de la Bancara Perú Libre, votó en contra de estas reformas electorales y de las organizaciones políticas cuando se discutió en la Comisión de Constitución, al considerar una posible politización al establecerse la intervención del Poder Judicial durante el conteo e impugnación de las actas de votaciones que hasta la actualidad son determinadas en el ámbito de las instituciones electorales.

En resumen, las iniciativas legislativas parecen razonables y alineadas con los principios constitucionales electorales. No obstante, se destaca la importancia de un análisis más detallado para evitar posibles vulneraciones de derechos.

Los proyectos de ley abordan diversas áreas del proceso electoral, desde la compatibilización de la supervisión de fondos y la franja electoral con el desarrollo de elecciones primarias hasta garantizar el carácter inmodificable del cronograma electoral.

En conclusión, las propuestas buscan optimizar y mejorar la regulación de los procesos electorales en el Perú, aunque se debe velar por su conformidad con los derechos y principios fundamentales establecidos en la Constitución y el marco legal vigente.

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Escándalos y pugnas internas sacuden el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña

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Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, enfrenta una de sus mayores crisis tras la revelación de una presunta red de prostitución en el Congreso. Según investigaciones, dicha red operaba con la complicidad de asesores y congresistas, intercambiando favores sexuales por votos en el Legislativo. El escándalo ha salpicado a varios parlamentarios de la agrupación, sumiendo al partido en un descrédito aún mayor.

La situación se agravó con el asesinato de Andrea Vidal Gómez, exasesora parlamentaria vinculada a la organización de estos encuentros ilícitos. Su muerte desató una ola de renuncias en APP, entre ellas la del alcalde de Magdalena, Francis Allison, y del candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo, David Morales Cárdenas. La falta de una postura clara del partido ha incrementado las tensiones internas y debilitado su imagen pública.

Luego del escándalo de la red de prostitución renunció a APP el alcalde de Magdalena, Francis Allison

No es la primera vez que APP está en el ojo de la tormenta. En 2016, César Acuña fue excluido de la contienda presidencial por haber entregado dinero a ciudadanos en plena campaña, en un claro intento de compra de votos. Además, su universidad, la César Vallejo, ha estado envuelta en denuncias de plagio, incluido el de su propia tesis doctoral.

El Congreso también ha sido escenario de otros escándalos ligados a APP. En 2022, la congresista Heidy Juárez fue expulsada tras la filtración de audios donde César Acuña instruía a su bancada a apoyar proyectos de ley con fines electoralistas. Asimismo, el alcalde de Carabayllo, Marcos Espinoza, fue detenido por presunta compra irregular de vehículos para el municipio.

La alianza férrea con el régimen de Dina Boluarte que tiene denuncias por delitos de lesa humanidad

A pesar de las constantes controversias, APP ha logrado mantener una presencia significativa en el Congreso y en gobiernos regionales. Sin embargo, la falta de una identidad ideológica clara y la acumulación de denuncias podrían afectar su desempeño en las elecciones de 2026.

El partido de Acuña se encuentra en un punto de inflexión: o se renueva y enfrenta sus problemas de corrupción y transparencia, o corre el riesgo de convertirse en un cascarón vacío destinado a colapsar bajo el peso de sus propios escándalos.

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Ataque al Poder Judicial: Investigación contra magistrados pone en riesgo la independencia y fomenta la impunidad

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En un hecho que ha generado una fuerte controversia política y jurídica, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha iniciado una investigación disciplinaria contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y otros magistrados de la Corte Suprema. Este proceso, impulsado por una mayoría parlamentaria afín a la derecha y sectores aliados como Perú Libre, ha sido denunciado como un intento de debilitar la independencia judicial y garantizar la impunidad de figuras políticas vinculadas a casos de corrupción y crimen organizado.

La decisión de la JNJ, organismo encargado de evaluar y sancionar a los jueces y fiscales del país, ha sido calificada por expertos y organizaciones de la sociedad civil como una maniobra política más que administrativa. Según los críticos, el objetivo real de esta investigación no es corregir supuestas faltas disciplinarias, sino remover a magistrados incómodos para el poder político y reemplazarlos con jueces afines a los intereses de grupos como el fujimorismo y sus aliados.

Sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Foto Andina

Conflictos de interés y falta de legitimidad

Uno de los aspectos más cuestionados de esta investigación es la participación de una consejera de la JNJ, exjueza con vínculos evidentes con un partido político cuyos líderes enfrentan graves procesos judiciales. Esta situación ha sido denunciada como un claro conflicto de interés, ya que su intervención en el caso carece de imparcialidad y pone en duda la legitimidad del proceso. Además, se ha señalado que la supuesta falta atribuida a los magistrados es de carácter jurisdiccional y no debería ser competencia de la JNJ, sino resuelta por la propia Sala mediante los mecanismos legales establecidos.

Doble rasero en la lucha contra la corrupción

La rapidez con la que se ha impulsado esta investigación contrasta con la lentitud y pasividad mostrada por la JNJ y otros organismos de control frente a denuncias de corrupción y violaciones al debido proceso. Mientras los grandes casos de lavado de activos y crimen organizado avanzan con una lentitud sospechosa, esta investigación exprés contra los máximos representantes del Poder Judicial ha sido interpretada como un intento de desviar la atención y proteger a quienes buscan evadir la justicia.

En los últimos años, el Congreso ha sido utilizado como un refugio para bloquear investigaciones y reformas que buscan fortalecer la rendición de cuentas. Mediante cambios legislativos, se han reducido penas y se han creado obstáculos para las investigaciones contra políticos y empresarios vinculados a actos de corrupción. Este contexto ha llevado a muchos a ver la investigación contra Tello Gilardi y otros magistrados como parte de una estrategia más amplia para garantizar la impunidad de los poderosos.

Colegio de Abogados de Lima exhorta respetar la separación de poderes en el Perú

Un precedente peligroso para la democracia

La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia. Permitir que el poder político utilice organismos de control para remover jueces y fiscales a conveniencia no solo debilita la institucionalidad democrática, sino que también sienta un precedente peligroso para el futuro de la justicia en el país. Si esta maniobra prospera, se pondrá en riesgo la lucha contra la corrupción y se consolidará un sistema en el que la impunidad sea la norma.

Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho constitucional han llamado a la ciudadanía a estar alerta ante lo que consideran un ataque directo al Estado de derecho. Lo que está en juego no es solo el destino de algunos jueces, sino el futuro de la justicia y la democracia en el Perú. La comunidad internacional también ha comenzado a expresar su preocupación, señalando que la independencia judicial es esencial para garantizar el respeto a los derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

La investigación contra la presidenta del Poder Judicial y otros magistrados de la Corte Suprema representa un nuevo capítulo en la batalla por el control de la justicia en el Perú. Lo que comenzó como una disputa política podría convertirse en una crisis institucional si no se toman medidas para proteger la independencia del Poder Judicial. En un momento en el que la corrupción y la impunidad amenazan con socavar los cimientos del Estado de derecho, la defensa de la justicia independiente se ha convertido en una tarea urgente para todos los peruanos.

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La candidata Luisa Gonzáles se perfila como ganadora de la segunda vuelta electoral en Ecuador

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Tras una primera vuelta electoral ajustada, la candidata izquierdista Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el ex presidente Rafael Correa, se posiciona como una fuerte contendiente para la segunda vuelta presidencial en Ecuador, programada para el 13 de abril. Con el 92,96% de las actas escrutadas, González obtuvo el 43,87% de los votos, apenas 40,000 votos por detrás del actual presidente, Daniel Noboa, quien alcanzó el 44,25%. La estrecha diferencia ha generado un intenso debate sobre las estrategias que ambos candidatos deberán implementar para asegurar la victoria.

La izquierdista Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), lidera las mejores posibilidades de ganar en la segunda vuelta

González ha denunciado inconsistencias en el proceso de escrutinio, especialmente en provincias clave como Esmeraldas, Manabí y Guayas, donde afirma que su movimiento tiene mayor fuerza. La candidata asegura que, de resolverse estas irregularidades, su ventaja sobre Noboa sería de al menos dos puntos porcentuales. Además, ha criticado al Consejo Nacional Electoral (CNE) por permitir que Noboa realizara campaña sin pedir licencia de su cargo, lo que considera una violación a la legislación electoral.

La estrategia de González para la segunda vuelta se centrará en consolidar el apoyo de su base correísta y atraer a los votantes del movimiento indígena, liderado por Leonidas Iza, quien obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta. Iza, con un discurso enfocado en la defensa de los derechos indígenas y la justicia social, podría ser un aliado clave para González, ya que su apoyo podría inclinar la balanza a su favor.

La segunda vuelta promete ser un enfrentamiento polarizado entre dos visiones opuestas sobre Ecuador

Por su parte, Noboa, quien se declaró ganador de la primera vuelta, deberá reforzar su imagen como un líder capaz de mantener la estabilidad económica y enfrentar la inseguridad, temas que han dominado la agenda política en Ecuador. Sin embargo, su cercanía con sectores empresariales y su manejo del poder durante la campaña podrían restarle apoyo entre los votantes más críticos.

La segunda vuelta promete ser un enfrentamiento polarizado entre dos visiones opuestas: el correísmo, que busca retomar el poder después de ocho años en la oposición, y el oficialismo, que apuesta por la continuidad. Con más de 13,7 millones de ecuatorianos llamados a las urnas, el resultado final dependerá de la capacidad de ambos candidatos para movilizar a sus bases y atraer a los indecisos.

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