Lima, 8 de diciembre de 2025.– La congresista Margot Palacios Huamán, una de las voces más firmes y persistentes de la izquierda popular y socialista, fue confirmada como candidata al Senado Nacional con el número 8 en la lista de “Juntos por el Perú” para las elecciones generales de 2026. La plancha presidencial será liderada por el exministro Roberto Sánchez Palomino, mientras que el expresidente Pedro Castillo Terrones, líder de la alianza «Juntos con el pueblo», figura como invitado con el número 1 en la nómina senatorial, campaña que continuará desde el penal Barbadillo, donde permanece recluido por el delito de conspiración.

Palacios, quien renunció a Perú Libre en mayo de 2024 tras rechazar la alianza de ese partido con Fuerza Popular, formalizó su afiliación a Juntos por el Perú el 10 de julio del mismo año. Su postulación fue ratificada el último domingo en el congreso nacional del partido, donde la dirigencia y los delegados regionales la destacaron como “la principal figura” de la lista al Senado, ante la imposibilidad de que Castillo y la expremier Betsy Chávez participen directamente en la campaña debido a su reclusión.

Reconocida como “hija del Perú profundo”, Margot Palacios nació en Ayacucho, una de las regiones más golpeadas por la violencia política de los años ochenta y noventa. En recientes declaraciones, recordó las masacres de Accomarca, Cayara y Putis, los miles de desaparecidos y los crímenes cometidos por agentes del Estado, hechos que -afirmó- “siguen impunes mientras sus responsables reciben condecoraciones en un Congreso capturado por la derecha corrupta y represora”. En ese marco, justificó su candidatura como la continuidad de una lucha histórica contra el centralismo, el racismo y la exclusión que mantienen a departamentos como Ayacucho, Apurímac y Puno con niveles de pobreza superiores al 40 %.

Durante su gestión parlamentaria, Palacios presidió la comisión investigadora del derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla en 2022, donde se concluyó la responsabilidad penal de la transnacional española por los daños causados a más de 34 mil pescadores artesanales. Asimismo, impulsó la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho, que beneficiará a 13 mil jóvenes de sectores populares, y promovió iniciativas como el retiro de hasta 5 UIT de la ONP para 4.7 millones de jubilados y la ley de amnistía para perseguidos del pueblo y para el expresidente Castillo.

Con un mensaje que entrelaza memoria, indignación y esperanza, la candidata aseguró que su ingreso al Senado busca “poner el poder al servicio del pueblo y transformar un país donde 10 familias acumulan más riqueza que 35 millones de peruanos”. “El Perú profundo ya no pedirá permiso -afirmó-; vamos a recuperar el poder popular que nos arrebataron para redactar una nueva Constitución”. Según fuentes de Juntos por el Perú, la postulación de Palacios busca canalizar el descontento social acumulado tras el golpe del 7 de diciembre de 2022 y las 49 muertes registradas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y su sucesor, especialmente en el sur andino.

Lima, 7 de diciembre de 2025.- Hace exactamente tres años, el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo Terrones fue brutalmente destituido del poder por una derecha parlamentaria que, en un acto de venganza política, lo acusó injustamente de intento de golpe de Estado. En un mensaje a la Nación, Castillo denunció la interferencia constante del Congreso en su gestión, proponiendo medidas excepcionales para restablecer el Estado de derecho ante el bloqueo sistemático de la oligárquica que rechazaba al líder rural elegido por millones de peruanos. Sin embargo, el pleno congresal, dominado por intereses neoliberales y conservadores, lo vacó con 101 votos a favor, ignorando el clamor popular y las evidencias de un linchamiento institucional. Detenido ese mismo día y recluido en el penal de Barbadillo, Castillo se convirtió en símbolo de la resistencia contra un sistema que pisotea la voluntad democrática.

A pesar de las graves imputaciones de golpe de Estado y rebelión, el Poder Judicial, en una sentencia confirmada este mes, descartó por completo la calificación de golpe de Estado y rebelión al no encontrar pruebas de alzamiento armado o ejecución efectiva de las medidas anunciadas. La Corte Suprema ratificó solo una condena por conspiración, con 11 años de prisión y dos de inhabilitación, pero el fallo enfatiza la ausencia de evidencias concretas que justifiquen la narrativa golpista impulsada por la oposición burguesa y oligárquica. «No hubo golpe de Estado y rebelión ni abuso de autoridad probados», se lee en la resolución del 4 de diciembre, que reduce la pena inicial solicitada por la Fiscalía de 34 años a una sanción menor, reconociendo implícitamente la persecución política. Castillo, desde su celda, ha reiterado que su proclama fue un acto de defensa ante un «golpe permanente» orquestado por la mayoría neoliberal del Congreso y aliados mediáticos, un discurso que resuena hoy en las bases populares que lo ven como mártir de la izquierda.

En un giro que ilustra la resiliencia del pueblo peruano, Pedro Castillo, aún preso, se perfila como el número 1 en la lista al Senado por Juntos por el Perú, liderado por su ex ministro y actual congresista Roberto Sánchez Palomino, para las elecciones de 2026, flanqueado por líderes de la izquierda popular como Margot Palacios, Jaime Quito, Jorge Espelucín e Iver Maraví. A pesar de la inhabilitación temporal, su candidatura simbólica moviliza un caudal electoral masivo, con encuestas que lo proyectan ganando con amplia votación en regiones andinas y amazónicas, donde su figura encarna la lucha contra la corrupción elitista. Sánchez, candidato presidencial de la agrupación, califica esta postulación como «el retorno de la voz del pueblo al poder». Si las urnas confirman su triunfo, Castillo podría presidir la nueva Cámara de Senadores, transformando su injusta reclusión en un mandato popular que desafíe al establishment limeño y reactive el debate por una nueva Constitución. El 7 de diciembre, fecha de traición para unos, se erige como hito de esperanza para el Perú profundo.

En una decisiva sesión parlamentaria, un bloque de congresistas de izquierda socialista y del movimiento popular logró detener el nuevo intento de la derecha por inhabilitar políticamente al expresidente Pedro Castillo y a la ex primera ministra Betssy Chávez. La propuesta conservadora obtuvo solo 44 votos a favor en el caso de Castillo y 53 en el de Chávez, cifras muy por debajo de los 68 votos requeridos. La jornada dejó en evidencia la creciente resistencia frente al lawfare y al uso político de las instituciones que se profundizó tras la ruptura constitucional del 7 de diciembre de 2022.

La congresista Margot Palacios, de Juntos por el Perú, encabezó la firme oposición a estas inhabilitaciones, respaldada por legisladores de diversas bancadas de izquierda y del movimiento popular como Germán Tacuri, Roberto Sánchez, Wilson Quispe, Jaime Quito, Pasión Dávila y José María Balcázar. Para Palacios y sus colegas, las acusaciones carecen de sustento jurídico y forman parte de una estrategia destinada a impedir que líderes con amplio respaldo popular continúen participando en la vida política del país.

Palacios, candidata al Senado con el número 8 y respaldada por Pedro Castillo, se ha consolidado como una de las voces más coherentes en la defensa de los perseguidos políticos. Recientemente presentó un proyecto de ley de amnistía total para Castillo, con el fin de extinguir las condenas y procesos penales derivados de los sucesos de diciembre de 2022. Según la parlamentaria, esta iniciativa busca corregir el uso instrumental del sistema judicial para validar decisiones políticas impulsadas desde el Congreso.

La congresista sostiene que las sentencias contra Castillo y Chávez responden a un Poder Judicial subordinado a la actual mayoría parlamentaria. En reiteradas intervenciones ha denunciado la criminalización de la protesta social y el intento de excluir de la esfera electoral a quienes representan proyectos de transformación económica y social. Su voz se ha convertido en un referente del campo popular, articulando la defensa de los derechos democráticos con la exigencia de justicia para las víctimas del régimen.

La reciente votación demuestra que, pese al control ejercido por la derecha y sectores aliados —incluyendo a parte de Perú Libre— existe una resistencia firme dentro y fuera del Parlamento. Para los congresistas que votaron en contra, este resultado es una victoria parcial pero significativa en la defensa de la voluntad popular y en la lucha contra la persecución política. Mientras continúan las demandas por la libertad de Pedro Castillo y justicia para las víctimas de la represión, Margot Palacios reafirma su compromiso con una democracia al servicio del pueblo y no de los intereses económicos que buscan perpetuar su dominio.