Lima, 17 de julio de 2026.– El Poder Judicial absolvió a la diputada electa por Cajamarca, Yenifer Paredes Navarro, y a Lilia Paredes Navarro, esposa del expresidente Pedro Castillo, en el proceso penal que afrontaban por el denominado caso Anguía, investigación originada por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas y por su presunta participación en una organización criminal que, según la tesis fiscal, habría operado desde el Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Castillo. La decisión judicial marca uno de los fallos más relevantes derivados de las investigaciones iniciadas tras la caída del exmandatario.

De acuerdo con la resolución, el colegiado concluyó que durante el juicio oral el Ministerio Público no logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de ambas procesadas respecto de los delitos imputados. La Fiscalía sostenía que la presunta red habría favorecido, mediante licitaciones direccionadas, a empresas vinculadas al entonces alcalde de Anguía, José Nenil Medina, y otros investigados, para la ejecución de proyectos de saneamiento en Cajamarca, Amazonas y Lima.

Yenifer Paredes, quien fue criada por Pedro Castillo y Lilia Paredes tras el fallecimiento de su madre, alcanzó recientemente una curul por Cajamarca con Juntos por el Perú. Su nombre cobró notoriedad en 2022 luego de que la Fiscalía la investigara por presuntamente ofrecer proyectos de saneamiento en representación de la Municipalidad de Chadín, hecho que dio origen a una serie de diligencias que posteriormente se incorporaron a las investigaciones del caso Anguía.

En tanto, Lilia Paredes permanece asilada en México junto a parte de su familia desde diciembre de 2022. La Fiscalía la sindicó como presunta integrante de la organización criminal que habría captado funcionarios y direccionado contrataciones públicas durante el gobierno de Pedro Castillo, imputaciones que la ex primera dama rechazó en todo momento alegando persecución política. Días antes de este fallo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional había ordenado al Ministerio Público concluir la investigación preparatoria del caso al considerar vencidos los plazos legales para seguir investigando.

La absolución representa un duro revés para la estrategia del Ministerio Público en uno de los expedientes de mayor impacto político derivados del gobierno de Pedro Castillo. No obstante, la decisión aún podría ser impugnada mediante recurso de apelación, por lo que el proceso no necesariamente ha quedado concluido de manera definitiva.

El fallo se conoce en un escenario de alta tensión política, pocos días después de las elecciones generales y durante el proceso de transferencia de gobierno entre el presidente José María Balcázar y la presidenta electa Keiko Fujimori. Para analistas constitucionales, la resolución reabre el debate sobre la calidad de las investigaciones fiscales en casos de corrupción y vuelve a poner bajo escrutinio la actuación del sistema de justicia en procesos de alta sensibilidad política.

La revelación de una reunión no oficial, fuera de agenda y realizada bajo condiciones de evidente secretismo ha vuelto a colocar en el centro del debate público el comportamiento de un funcionario de primer nivel del Estado. José Jerí Oré, en ejercicio del más alto cargo de manera interina, sostuvo un encuentro privado que no fue informado por canales institucionales y que solo salió a la luz gracias a una investigación periodística, no por un acto de transparencia gubernamental.

El encuentro se produjo de noche, fuera de Palacio de Gobierno, con un empresario chino, y sin registro en la agenda oficial. Las imágenes difundidas muestran a Jerí ingresando encapuchado, sin comitiva visible y utilizando un vehículo oficial, pese a que posteriormente se calificó la cita como “no oficial”. La forma en que se desarrolló la reunión -lugar privado, ausencia de registros y medidas para evitar ser reconocido- refuerza la percepción de un proceder deliberadamente opaco.

Tras la difusión del caso, la versión oficial señaló que la reunión estuvo vinculada a coordinaciones por el Día de la Amistad Perú-China. Sin embargo, la explicación deja más preguntas que respuestas. Si se trataba de una actividad institucional, ¿por qué no se canalizó a través de la Cancillería?, ¿por qué no se realizó en un espacio oficial?, ¿por qué no quedó constancia documental?, ¿y por qué el interlocutor fue un empresario y no un representante diplomático formal?

El problema central no es solo con quién se reunió el funcionario, sino cómo ejerció el poder. En democracia, la transparencia no es opcional ni depende del carácter interino del cargo. La ausencia de registros y la informalidad en el manejo de una reunión de este nivel configuran un patrón de secretismo incompatible con la función pública, más aún cuando se emplean recursos del Estado.

Este episodio también expone una evidente asimetría política. Prácticas similares durante el gobierno de Pedro Castillo desencadenaron pedidos de vacancia, investigaciones y una condena política casi inmediata. Hoy, hechos comparables parecen relativizarse. La institucionalidad, sin embargo, no admite excepciones: el poder debe explicarse siempre, y cuando no lo hace, es legítimo que el periodismo y la ciudadanía exijan respuestas.

Lima, 11 de enero de 2026 – En medio de la creciente presión mediática y política, el candidato presidencial por Ahora Nación, Alfonso López Chau, confirmó públicamente que en juventud militó en el Partido Aprista Peruano (APRA) y que fue privado de libertad durante el gobierno nacionalista de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) por oponerse al régimen revolucionario.

El destape se produjo tras las declaraciones del excongresista Edgar Villanueva, quien fue apartado de la lista senatorial del partido y reveló en RPP que López Chau cumplió prisión por varios meses en penales como Lurigancho. Villanueva cuestionó la omisión de este antecedente en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que desató un intenso debate sobre transparencia en la campaña rumbo a las Elecciones Generales 2026.

A través de un comunicado oficial del equipo de prensa de Ahora Nación y en declaraciones a medios como El Comercio, Gestión y La República, López Chau precisó que su detención -ocurrida cuando tenía alrededor de 20 años- fue de naturaleza política. Como militante de la JAP del APRA y seguidor de Víctor Raúl Haya de la Torre, se opuso al gobierno velasquista, que incluía la reforma agraria, enfrentamiento con partidos políticos feudalistas y control estatal sobre la sociedad y la economía. El candidato fue beneficiado con la amnistía general otorgada por el propio régimen mediante el decreto ley 18692 de diciembre de 1970, aplicada a varios presos.

El Poder Judicial confirmó en documentos emitidos en 2025 que no registra sentencias condenatorias ni antecedentes penales contra López Chau, por lo que expertos electorales -como José Tello y Enzo Elguera- coincidieron en que no existía obligación legal de consignar el episodio en su postulación. No obstante, analistas y columnistas han señalado que, por criterios de transparencia ética, el aspirante debió incluir voluntariamente esta información en su ficha pública, especialmente al aspirar a la Presidencia de la República.

El caso ha reabierto la discusión sobre el pasado político de los candidatos y las tensiones históricas entre el APRA y el velasquismo. Mientras algunos destacan la detención como un acto de resistencia democrática contra una dictadura, otros critican el supuesto silencio inicial. López Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería y exdirector del Banco Central de Reserva durante el gobierno aprista del extinto Alan García Pérez, mantiene su candidatura vigente por Ahora Nación entre los 32 postulantes habilitados hasta la fecha.