Junín, 8 de agosto 2026.- Las comunidades campesinas de Junín han vuelto a poner en el centro del debate la defensa del agua frente a la actividad minera. En Concepción, la Comunidad Campesina de Mariscal Castilla mantiene sus denuncias contra actividades vinculadas a Chaska II, a las que atribuye una presunta contaminación del río Tulumayo y operaciones que considera no autorizadas. El caso fue incorporado por la Defensoría del Pueblo como conflicto socioambiental en enero de 2026, aunque las denuncias comenzaron en 2025, cuando los comuneros exigieron fiscalización, evaluación de la calidad del agua y suspensión de las actividades cuestionadas.

El conflicto se agravó con la emergencia del río Yuracyacu, en Pariahuanca. A fines de abril murieron cerca de 120 toneladas de truchas en siete criaderos, ocasionando pérdidas estimadas entre 5 y 6 millones de dólares. Dos semanas después, un análisis químico-toxicológico de la Policía Nacional confirmó la presencia de cianuro en el agua y en las truchas muertas y descartó otros agentes tóxicos como pesticidas y raticidas. Las autoridades inspeccionaron la unidad minera Oro Negro, inscrita en el REINFO y ubicada en la parte alta de la cuenca, y se mantuvo la prohibición de utilizar el agua del río para consumo humano, riego y piscicultura.

La magnitud del problema llevó a los dirigentes de Pariahuanca hasta Lima, a comienzos de junio, para exigir sanciones y remediación. Según cifras del propio Gobierno Regional de Junín, en la cabecera del Yuracyacu existirían 18 concesiones mineras tituladas, 16 en trámite y 6 inscritas en el REINFO. Para las comunidades, el problema ya no sería únicamente una operación minera, sino el riesgo de que múltiples actividades extractivas comprometan las fuentes de agua de toda la cuenca.

El 18 de junio, alrededor de 500 pobladores, según la posterior disposición fiscal, bloquearon los accesos al Gobierno Regional de Junín para exigir una reunión con el gobernador Zósimo Cárdenas. La Policía utilizó bombas lacrimógenas para dispersarlos, pero la protesta continuó durante más de 30 horas, hasta que representantes de las comunidades suscribieron un acta de compromisos con la vicegobernadora Milagros Inche. Cárdenas, que no estuvo presencialmente, ratificó los acuerdos por vía telefónica.

Entre los compromisos figuraba impulsar una ordenanza regional para declarar de interés regional la protección de las cabeceras de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Tulumayo y Achamayo, además de revisar concesiones mineras y registros REINFO, fortalecer la vigilancia sanitaria y apoyar a los piscicultores afectados. Sin embargo, la promesa encontró un freno en el propio Consejo Regional de Junín. A comienzos de julio, solo tres consejeros respaldaron su aprobación inmediata y la mayoría decidió enviarla durante 30 días adicionales a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, a la espera de informes de la ANA, MINAM y SERNANP.

La sesión estuvo marcada además por la intervención de abogados que se presentaron como representantes de empresas mineras de la zona, entre ellas Oro Negro. El gerente regional de Recursos Naturales, Vladimir Yáñez, cuestionó la postergación y señaló que la intervención privada generó dudas entre los consejeros, pese a que el equipo técnico había calificado la protección de las cabeceras como un asunto urgente y emergente. Así, más de un mes después del acuerdo con las comunidades, la protección formal de las cuencas continúa pendiente.

La respuesta estatal también abrió otro frente. Semanas después de la protesta, la Fiscalía Provincial Penal de Huancayo inició una investigación preliminar contra el alcalde de Pariahuanca, Wilson Quispe Camarena, y otros cinco dirigentes por el bloqueo de los accesos al Gobierno Regional. Para las organizaciones campesinas, la situación resulta preocupante: mientras los dirigentes que protestaron son investigados, hasta la fecha no existen responsables identificados por la contaminación con cianuro denunciada en el Yuracyacu.

El problema alcanza también al Gobierno Nacional. En mayo, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso abordó formalmente la contaminación del Yuracyacu y solicitó informes al OEFA y la ANA. La comisión calificó el hecho como una tragedia ambiental y cuestionó que ninguna autoridad hubiera asumido hasta entonces responsabilidad política o administrativa. En paralelo, la Defensoría ya había advertido desde 2025 la necesidad de una supervisión conjunta en el Tulumayo con participación de la DREM Junín, la autoridad del agua, la municipalidad y representantes comunales, diligencia que fue reprogramada por problemas de notificación a la empresa.

Tulumayo y Yuracyacu muestran así un conflicto que crece más allá de una comunidad y una empresa: las organizaciones campesinas están defendiendo las cabeceras de cuenca como fuente de agua, agricultura y vida. Mientras el Consejo Regional posterga la ordenanza, la Fiscalía investiga a dirigentes y el Gobierno Nacional continúa procesando informes y pedidos institucionales, las comunidades exigen algo concreto: que el Estado fiscalice antes de que tengan que salir a protestar y que proteja el agua antes de que el daño sea irreversible. Para los pueblos de Junín, el mensaje es claro: “Primero el agua. Después discutimos la minería”.

Lima, 5 de agosto 2026.- El presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ítalo Andrés Díaz Horna, denunció formalmente haber recibido presiones para presentar su renuncia apenas días después del inicio del nuevo Gobierno. En un oficio dirigido al ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, sostiene que funcionarios del Viceministerio de Gestión Ambiental le solicitaron, en tres oportunidades y mediante mensajes de WhatsApp, que deje el cargo, pese a que fue designado por un período legal de cinco años.

En el documento, fechado el 3 de agosto de 2026, Díaz Horna afirma que el pedido carece de motivación y sustento legal, por lo que rechaza presentar su renuncia. Argumenta que la Presidencia del Consejo Directivo del OEFA constituye un cargo de designación o remoción regulada, no de libre remoción, conforme a la Ley del Servicio Civil y a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Asimismo, solicita el cese inmediato de cualquier presión, el respeto a la autonomía institucional del organismo y la adopción de acciones administrativas respecto de los funcionarios involucrados.

El oficio adjunta, además, un informe técnico de SERVIR, una sentencia judicial y capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp que, según el funcionario, respaldan sus afirmaciones. Hasta el momento, el Ministerio del Ambiente no ha informado públicamente si iniciará una investigación interna ni ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el contenido de la comunicación.

La denuncia adquiere relevancia política porque se produce durante la primera semana de gestión del Gobierno que asumió funciones el 28 de julio de 2026. De confirmarse los hechos descritos, el caso podría reabrir el debate sobre los límites de la discrecionalidad política en la administración pública y el respeto a los cargos cuyo período y causales de remoción se encuentran expresamente regulados por ley.

Desde una perspectiva institucional, el episodio plantea interrogantes sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y los organismos técnicos especializados. Si bien todo gobierno tiene la potestad de definir prioridades y conformar equipos en los cargos de confianza, los organismos cuyos titulares cuentan con mandatos legales buscan precisamente garantizar continuidad, autonomía técnica y estabilidad frente a cambios políticos. Cualquier intento de apartar a estos funcionarios fuera del procedimiento establecido podría generar cuestionamientos sobre la seguridad jurídica y la independencia institucional.

El caso también representa una primera prueba para la nueva administración en materia de gobernanza pública. Más allá de la veracidad de las denuncias —que deberá ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes—, la ausencia de una respuesta oficial rápida podría afectar la percepción de transparencia y respeto por el Estado de derecho. El desarrollo de este caso será determinante para evaluar si el nuevo Gobierno privilegia mecanismos institucionales y el debido proceso en la conducción de las entidades públicas.

Jesús María, 4 de agosto 2026.- El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene alertas de nivel naranja y roja por el incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad que afectará a más de 20 regiones del país entre el 5 y el 7 de agosto. El fenómeno impactará principalmente a localidades de la costa y la sierra, donde se prevén condiciones climáticas inusuales para la temporada de invierno.

Entre las regiones comprendidas en las alertas figuran Áncash, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Ica, Piura, Tumbes, Tacna, Cusco, Puno, Ayacucho y Huancavelica, además de otras jurisdicciones. En la costa norte, ciudades como Trujillo podrían registrar temperaturas máximas cercanas a los 36 °C, mientras que en otras zonas costeras los valores oscilarían entre 30 y 37 °C, acompañados de altos índices de radiación ultravioleta y ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

De acuerdo con los especialistas, este comportamiento climático responde a la influencia del fenómeno El Niño Costero y a las condiciones oceánicas y atmosféricas asociadas al calentamiento del Pacífico, factores que alteran los patrones habituales del invierno peruano. Como resultado, se presentan jornadas excepcionalmente cálidas durante el día, pese a encontrarse el país en la estación más fría del año.

El contraste térmico también se hace evidente en la sierra sur. En los días previos, diversas localidades altoandinas registraron descensos extremos de temperatura durante la noche y la madrugada, evidenciando una marcada amplitud térmica que incrementa los riesgos para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, mantenerse hidratado, utilizar protección solar y asegurar condiciones adecuadas para las actividades agrícolas y pecuarias, sectores particularmente sensibles a las variaciones bruscas del clima.

El episodio confirma la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos en el país y pone de relieve la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, adaptación y monitoreo frente a los efectos de la variabilidad climática y del calentamiento global, fenómenos que vienen modificando el comportamiento tradicional de las estaciones en el Per