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Espinar Lanza Ultimátum al Gobierno por Incumplimiento de Compromisos

Espinar, Cusco – 21 de agosto de 2024 – La provincia de Espinar, ubicada en el departamento de Cusco, ha alcanzado un nuevo umbral de tensión y descontento. Las organizaciones sociales de la región, lideradas por la alcaldesa y otros dirigentes comunitarios, han emitido un ultimátum al Gobierno de Dina Boluarte, exigiendo respuestas inmediatas tras el incumplimiento de compromisos por parte del viceministro de Energía y Minas, Henry Luna. La crisis se ha agravado debido a la falta de acción del Ejecutivo frente a una serie de problemas críticos que afectan a la provincia, que estaban siendo abordados en una mesa de diálogo implementado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de un documento escueto ha respondido diciendo que las demandas de las autoridades y dirigentes comunales de Espinar están siendo coordinadas con los funcionarios de alta dirección de los sectores del Ejecutivo. Por lo que, han sugerido desarrollar la reunión solicitada la primera semana de setiembre del presente, donde se trataría además, la solicitud de reestructuración del espacio de diálogo conforme han propuesto los actores de la provincia de Espinar.
Incumplimiento del Viceministro de Energía y Minas
El viceministro Henry Luna había prometido visitar Espinar el 13 de agosto para abordar diversas problemáticas que afectan a la provincia. Sin embargo, su ausencia en la fecha prometida generó una fuerte reacción entre los habitantes de Espinar. La falta de cumplimiento de esta promesa ha intensificado la frustración de la comunidad, que ha percibido la ausencia del viceministro como una falta de atención y compromiso del gobierno central.
En respuesta a esta situación, las organizaciones sociales se reunieron este miércoles para discutir las acciones a seguir. Durante la reunión, se acordó un ultimátum de 72 horas para que el primer ministro y los ministros responsables lleguen a Espinar y presenten soluciones concretas a los problemas que aquejan a la región. La presión de la comunidad está centrada en la exigencia de respuestas efectivas y medidas inmediatas.

Problemas Críticos en Espinar
La principal preocupación de los residentes de Espinar es el impacto del corredor minero, una obra que se ha desarrollado para facilitar el transporte de minerales extraídos de las minas hacia los centros de procesamiento. Este proyecto ha tenido consecuencias profundas y duraderas en la región:
- Contaminación del Agua y Degradación del Suelo: Las actividades mineras han resultado en una significativa contaminación de los recursos hídricos y en la degradación del suelo. La calidad del agua ha sido comprometida, lo que afecta gravemente la agricultura y la ganadería, pilares fundamentales de la economía local.
- Escasez Crónica de Agua: La falta de agua potable es otro de los problemas críticos en Espinar. La provincia enfrenta una grave escasez de este recurso vital, exacerbada por las actividades mineras y la falta de inversión en infraestructura hídrica adecuada.
- Crisis de Salud Pública: Un informe reciente de Amnistía Internacional titulado “Estado de salud fallido: Emergencia de salud en Pueblos Indígenas de Espinar” ha revelado una alarmante crisis de salud en las comunidades indígenas, especialmente en el Pueblo K’ana. El estudio muestra que el 78% de las 150 personas examinadas tienen niveles elevados de metales tóxicos como arsénico, manganeso, cadmio, plomo y mercurio. Estos metales están asociados a graves problemas de salud, desde náuseas y vómitos hasta daño cerebral y enfermedades renales.
Impacto de las Empresas Mineras
El corredor minero es operado por importantes empresas mineras, que están en el centro de la controversia:
- Glencore: Gestiona el Proyecto Antapaccay, uno de los principales proyectos de minería de cobre en Espinar, tras adquirir Xstrata.
- Southern Copper Corporation: Opera los proyectos Cuajone y Toquepala, ubicados al sur de Espinar y de gran influencia en la región minera.
- Hudbay Minerals: Encargada del Proyecto Constancia, en la vecina provincia de Chumbivilcas, pero con un impacto significativo en el corredor minero sur.
Estas empresas están involucradas en la extracción de minerales como el cobre y otros metales, lo que genera un impacto considerable en el medio ambiente y en la salud de las comunidades locales.
Cambios Normativos y Repercusiones
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha introducido un cambio normativo que permite a las minas con concesiones activas incrementar su capacidad de procesamiento diario de 5% a 10% sin necesidad de trámites adicionales. Esta medida ha despertado preocupación entre los residentes y las organizaciones ambientales, ya que podría intensificar los problemas existentes en la región. La minera canadiense Hudbay Minerals ha mostrado interés en utilizar esta medida para aumentar la producción en su mina polimetálica Constancia en los próximos años.
El Caso de Oscar Mollohuanca
En un contexto ya cargado de tensión, el caso del exalcalde y defensor ambiental Oscar Mollohuanca añade una capa adicional de preocupación. Mollohuanca, un crítico ferviente de las prácticas mineras y defensor de los derechos ambientales, fue hallado muerto en 2022. Su caso sigue sin esclarecerse, generando desconfianza y angustia entre los residentes de Espinar, que ven en su fallecimiento un símbolo de las dificultades que enfrentan los defensores de los derechos ambientales en la región.
Demandas y Futuro
Las demandas de la comunidad son claras: una respuesta inmediata del gobierno para abordar los problemas ambientales y de salud, y una visita urgente de los funcionarios responsables. La falta de acción por parte del Ejecutivo podría llevar a nuevas movilizaciones y protestas. La comunidad de Espinar está en pie de lucha, exigiendo justicia y soluciones efectivas para sus problemas persistentes, y la presión sobre el gobierno de Dina Boluarte continúa aumentando.
Fuente: Webs y redes de noticias
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Martín Vizcarra fue excluido de las elecciones generales 2026 por la Oficina Nacional de Procesos Electores

Lima, 9 de noviembre de 2025 – El expresidente Martín Vizcarra reaccionó con firmeza a la decisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de excluirlo como candidato a la segunda vicepresidencia por el partido Perú Primero para las elecciones generales de 2026. La medida se basa en la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos impuesta por el Congreso en 2020, tras su destitución por «incapacidad moral permanente». En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, Vizcarra aseguró: «Podrán excluirme del proceso, pero no del corazón de los peruanos», y anunció que asumirá el rol de jefe de campaña de su partido, liderado por su hermano Mario Vizcarra.
La exclusión de Vizcarra ha generado una ola de reacciones en redes sociales, con más de 1.400 likes y cientos de comentarios en X, donde sus seguidores lo respaldan como víctima de una «arbitrariedad» política, mientras críticos cuestionan su insistencia en participar en política pese a las acusaciones de irregularidades durante su mandato. Perú Primero ajustó su fórmula presidencial, manteniendo a Mario Vizcarra como candidato a la presidencia, con Carlos Illanes Calderón y Judith Mendoza Díaz como primer y segunda vicepresidencia, respectivamente. Además, el expresidente afirmó que su equipo legal ha presentado recursos ante la ONPE y una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender sus derechos electorales.
El pronunciamiento de Vizcarra reaviva el debate sobre las inhabilitaciones políticas en Perú y su impacto en el derecho a la participación electoral. Mientras el país se prepara para las elecciones de 2026, la figura del expresidente sigue polarizando a la opinión pública, consolidándolo como un actor clave en la escena política nacional. Su rol como jefe de campaña promete mantenerlo en el centro de la contienda, mientras se espera la resolución de los recursos legales presentados.
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FENTAGRO denuncia intoxicación masiva y falta de prevención en empresa agroexportadora de Ica

La Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines (FENTAGRO) de Perú denunció este viernes 7 de noviembre un nuevo caso de intoxicación laboral que habría afectado a más de 50 trabajadores de la empresa Exportadora Frutícola del Sur – Grupo Athos, en el departamento de Ica. Según el pronunciamiento sindical, los afectados realizaban labores de cosecha de arándanos destinados a la exportación y fueron evacuados de emergencia a los hospitales Augusto Hernández y Félix Torrealva de ESSALUD debido a la gravedad de los síntomas, como se puede observar aquí: https://www.facebook.com/share/v/172mVeVSQn/
El gremio sindical señaló que este incidente se suma a una serie de accidentes laborales graves ocurridos en la misma empresa durante el último año, entre ellos la pérdida de extremidades por parte de trabajadores. FENTAGRO advierte que estos hechos evidencian un incumplimiento sistemático de la Ley N.º 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como una deficiente fiscalización por parte de las autoridades competentes. En su comunicado, la organización acusa a la empresa de no proporcionar equipos de protección ni capacitaciones adecuadas en seguridad laboral.
Ante esta situación, FENTAGRO solicitó a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) aumentar el número de inspectores en la región Ica, donde actualmente —según la federación— solo existen seis inspectores y quince auxiliares. El sindicato exigió además sanciones ejemplares para las empresas que incumplen las normas de seguridad, reiterando que “la exportación no debe significar exponer la vida ni la salud de los trabajadores”.
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Poder Judicial inicia proceso oral contra militares acusados de ejecutar a seis miembros de una familia en Ayacucho

La Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho ha logrado que se disponga el inicio del juicio oral contra los exmilitares Wilfredo Mori Orzo, Said Amand Pinedo y Félix Neri Aguilar Reyes por su presunta responsabilidad en el delito de crimen de lesa humanidad en la modalidad de asesinato, ocurrido en marzo de 1985 en la zona de Chungui, provincia de La Mar (Ayacucho). Según la imputación fiscal, los acusados actuaron como autores mediatos al ordenar la detención y ejecución extrajudicial de una familia conformada por un padre, una madre y sus cuatro hijos —de edades de 1, 7, 9 y 11 años—, sin orden judicial y tras sindicaciones por presunta colaboración con la organización subversiva Sendero Luminoso.
Las víctimas fueron trasladadas a la base militar de Chungui, donde, según la acusación, se les ejecutó mediante disparos de arma de fuego en la cabeza, a pesar de encontrarse en absoluta indefensión. Posteriormente, fueron enterradas en una fosa ubicada aproximadamente a 190 metros de la base, en la quebrada de Chuschihuaycco.
En su momento, familiares y sobrevivientes denunciaron que esa práctica respondía a una política represiva sistemática diseñada desde altos mandos militares para eliminar presuntos enemigos del Estado, argumentación que la Fiscalía pone en el centro de su acusación.
Para los deudos de la familia y otros habitantes de Chungui la decisión de llevar el caso a juicio oral representa un paso fundamental hacia la justicia. El engranaje procesal avanza luego de décadas de impunidad, y los familiares han expresado que esperan que la instancia garantice “verdad, justicia y reparación” integral. Ahora el caso está programado para su trámite ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, el cual deberá examinar la prueba documental, pericial y testimonial sobre la imputación.
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